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Tráfico ilícito de drogas – Principio de inmediación – Valor de las actuaciones policiales y nueva audiencia de apelación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 684-2020
TUMBES

Tráfico ilícito de drogas, principio de inmediación, valor de las actuaciones policiales y nueva audiencia de apelación

I. Se observa que la Sala Penal Superior contravino lo previsto en el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal, pues, pese a que no se actuaron elementos de juicio en la etapa de apelación, otorgó un valor distinto a la prueba personal sometida a inmediación por los jueces sentenciadores de primera instancia. Esto es, analizó de forma distinta las declaraciones de los efectivos Wilder Espinoza, Manuel Reyes Albújar y Jorge Vía Oviedo y, en esas condiciones, estableció que existieron contradicciones.

Se enfatiza que, en sede de apelación, no se recabaron pruebas que contradigan el sentido inculpatorio de las deposiciones policiales, por lo cual su aptitud debió mantenerse incólume.

II. Por otro lado, las inferencias esgrimidas para invalidar el operativo policial de interdicción carecen de racionalidad. Las irregularidades apuntadas no tienen la entidad suficiente para menoscabar su valor epistémico.

Si bien los operativos policiales, per se, carecen de idoneidad originaria para fundar una condena penal, la situación varía absolutamente si su contenido es reiterado y ratificado en el juicio oral mediante las declaraciones testificales de los agentes policiales intervinientes, a fin de posibilitar la contradicción y la inmediación procesal.

Como se trata de pruebas personales, su estimación está a cargo del órgano jurisdiccional sentenciador, según los criterios de apreciación instituidos por la jurisprudencia penal, tales como: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

También se relievan los datos objetivos y verificables subyacentes, como las actas policiales y sus derivados, que se introducirán al juzgamiento como prueba documental, conforme al artículo 383 del Código Procesal Penal.

III. En consecuencia, esta Sala Penal Suprema aprecia que, en la sentencia de vista sometida a control casacional, se infringieron preceptos constitucionales y procesales: el principio jurisdiccional de motivación de las resoluciones judiciales y el principio de inmediación, regulados en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado y en el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal.

Después, en aplicación del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, el recurso de casación evaluado se declarará fundado, se casará la sentencia de vista respectiva y, con reenvío, se dispondrá la realización de una nueva audiencia de apelación, a fin de que se emita la decisión judicial correspondiente, teniendo en consideración lo expuesto en esta sede suprema.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, diecisiete de mayo de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR contra la sentencia de vista, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que revocó la sentencia de primera instancia, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 120), que condenó a LUIS GERARDO CRUZ REYES como autor del delito contra la salud pública- tráfico ilícito de drogas-favorecimiento al consumo mediante actos de tráfico, en agravio del Estado, le impuso ocho años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/2000 (dos mil soles), que deberá abonar a favor del agraviado; reformándola, lo absolvieron del requerimiento de acusación por el delito y el agraviado antes mencionados.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Según el requerimiento, del cinco de abril de dos mil diecinueve (foja 19), se formuló acusación fiscal contra LUIS GERARDO CRUZ REYES por el delito de favorecimiento al consumo de drogas mediante actos de tráfico, en perjuicio del Estado.

Los hechos fueron calificados de conformidad con el artículo 296, primer párrafo, del Código Penal.

Se solicitó la imposición de las siguientes consecuencias jurídicas:

(i) ocho años de pena privativa de libertad, (ii) ocho años de pena de inhabilitación y (iii) ciento ochenta días de pena de multa.

No se requirió reparación civil, pues hubo constitución en actor civil, según el artículo 11, numeral 1, del Código Procesal Penal.

Posteriormente, se emitió el auto de enjuiciamiento, del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 27), en los mismos términos del dictamen acusatorio.

A la vez, se expidió el auto de citación a juicio oral, del seis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 35).

Segundo. Se realizó el juzgamiento según las actas (fojas 43, 70, 79, 90, 100, 106, 112 y 133).

Seguidamente, se emitió la sentencia de primera instancia, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179), que condenó a LUIS GERARDO CRUZ REYES como autor del delito de favorecimiento al consumo mediante actos de tráfico, en agravio del Estado. Se le impuso ocho años de pena privativa de libertad, cinco años de inhabilitación y ciento ochenta días multa, y se fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles).

En esta fase procesal, se declaró probado lo siguiente:

2.1. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 23:00 horas, personal policial antidrogas de Tumbes realizó un operativo de control en la vía Panamericana Norte, por inmediaciones de la iglesia evangélica “Movimiento Misionero Mundial”.

2.2. Seguidamente, observaron que el automóvil de placa de rodaje T2N-323 se estacionó fuera de la pista y descendió un sujeto portando una bolsa de plástico (roja y blanca). Se le solicitó su documento nacional de identidad, él indicó que no lo tenía y adujo llamarse LUIS GERARDO CRUZ REYES. A la vez, se le requirió que exhibiera lo que llevaba consigo. En ese momento, se descubrieron tres paquetes rectangulares, se extrajo una porción de sustancia vegetal y se estableció que se trataba de Cannabis sativa (marihuana).

2.3. De acuerdo con el informe pericial respectivo, la aludida droga tuvo como peso neto 2.990 kg (dos punto novecientos noventa kilogramos).

Tercero. Contra la sentencia de primera instancia, LUIS GERARDO CRUZ REYES interpuso el recurso de apelación, del seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 141).

A través del auto del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 148), la impugnación fue concedida. Se dispuso elevar los actuados al superior en grado.

Cuarto. En la audiencia de apelación, conforme a las actas (fojas 179 y 176), no se actuaron medios probatorios, solo se expusieron las alegaciones de las partes procesales intervinientes y se realizaron las réplicas y dúplicas respectivas.

Posteriormente, mediante sentencia de vista, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179), se revocó la sentencia de primera instancia, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 120), que condenó a LUIS GERARDO CRUZ REYES como autor del delito de favorecimiento al consumo mediante actos de tráfico, en agravio del Estado, le impuso ocho años de pena privativa de libertad, cinco años de inhabilitación y ciento ochenta días multa, y fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles); reformándola, lo absolvió del requerimiento de acusación por el delito y el agraviado antes mencionados.

Quinto. Frente a la sentencia de vista, el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR formalizó el recurso de casación, del veintinueve de julio de dos mil veinte (foja 200).

Invocó la causal prevista en el artículo 429, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal.

A través del auto del siete de agosto de dos mil veinte (foja 218), se tuvo por interpuesta la casación. El expediente judicial fue remitido a este órgano jurisdiccional.

§ II. Del procedimiento en la Sede Suprema

Sexto. De acuerdo con el artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal, se expidió el auto del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (foja 61, en el cuaderno supremo), que declaró bien concedido el recurso de casación por las causales contempladas en el artículo 429, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal.

Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión de la casación, según los cargos (foja 75, en el cuaderno supremo).

Séptimo. La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República era competente para dilucidar el recurso de casación.

Sin embargo, a través de la Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República debía tramitar los expedientes correspondientes del Código Procesal Penal.

Después, mediante decreto del veintitrés de marzo de dos mil veintidós (foja 77, en el cuaderno supremo), esta Sala Penal Suprema se avocó al conocimiento de la causal penal.

Como se observa, desde que la casación fue concedida hasta que los actuados fueron derivados, transcurrieron seis meses.

A continuación, se expidió el decreto del primero de abril de dos mil veintidós (foja 69, en el cuaderno supremo), que señaló el veinticinco de abril de dos mil veintidós como data para la vista de casación.

Se emplazó a los sujetos procesales, conforme a la cédula (foja 70, en el cuaderno supremo).

Octavo. Llevada a cabo la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación en sesión privada. Efectuada la votación y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se aprecia que se declaró bien concedido el recurso de casación planteado por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR por las causales contenidas en el artículo 429, numerales 1 y 2, del Código Procesal Penal.

En el auto del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (foja 61, en el cuaderno supremo), se precisó lo siguiente:

[…] la Sala Penal Superior al dar respuesta al recurso de apelación y exponer los fundamentos jurídicos que sustentan esa conclusión, habría incurrido en una inobservancia del derecho de motivación de resoluciones judiciales y del contenido normativo del inciso 2, del artículo 425, del Código Procesal Penal […] Por tanto, este [T]ribunal [S]upremo estima necesario admitir el presente recurso […] para conocer el fondo de la causa, bajo las causales previstas en los incisos 1 y 2, del artículo 429, del CPP (Cfr. considerandos tres punto cuatro y tres punto cinco).

Segundo. Así, en la sentencia de vista, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179), se precisó lo siguiente:

2.1. En primer lugar, no hubo coincidencia en las versiones policiales respecto a si se trató de un operativo de control de identidad o si este se originó por información confidencial.

2.2. En segundo lugar, el término “peso anormal [sic]” utilizado por el efectivo Wilder Espinoza Romero es una apreciación subjetiva; además, si bien el policía Manuel Reyes Albújar anotó que la persona sospechosa poseía una bolsa de colores celeste y blanco, en el acta se detalló que era roja y blanca.

2.3. En tercer lugar, el efectivo Jorge Vía Oviedo precisó las circunstancias de la captura, en las cuales solo aludió a LUIS GERARDO CRUZ REYES, sin embargo, no individualizó a los demás pasajeros, por lo que no pudieron ser convocados como testigos de los hechos.

2.4. En cuarto lugar, en el registro vehicular, no se detalló la presencia de una bolsa oscura, ni que LUIS GERARDO CRUZ REYES estuvo sentado en la parte posterior. Tampoco se detalló que el acusado notó que había una mochila y un paquete, por lo que consultó al conductor, y éste le respondió que era un encargo.

Tercero. Se observa, entonces, que la Sala Penal Superior contravino lo previsto en el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal, pues, pese a que no se actuaron elementos de juicio en la etapa de apelación, otorgó un valor distinto a la prueba personal sometida a inmediación por los jueces sentenciadores de primera instancia. Esto es, se analizó de forma distinta las declaraciones de los efectivos Wilder Espinoza, Manuel Reyes Albújar y Jorge Vía Oviedo y, en esas condiciones, estableció que existieron contradicciones.

El principio de inmediación impide revisar las pruebas en segunda instancia para hacer una nueva valoración respecto a las declaraciones de testigos, peritos y acusados, y la credibilidad que merecen estas testificales1.

Con razón, la garantía de inmediación permite acceder a la totalidad de los aspectos comunicativos verbales y no verbales del declarante y de terceros y, a la vez, autoriza la intervención del juez para “comprobar la certeza de los elementos de hecho [sic]”2.

A la par, desde la perspectiva de la sana crítica, se soslayaron criterios básicos de valoración de prueba oral; esto es, no toda disparidad autoriza a rescindir la virtualidad de una testifical. Antes bien, su fiabilidad dependerá de si se trata de detalles centrales, periféricos o colaterales. Solo si se constata lo primero, se restaría virtualidad a la sindicación. En cambio, si se coteja lo segundo y tercero, no existe desmerecimiento objetivo.

Se enfatiza que, en sede de apelación, no se recabaron pruebas que contradigan el sentido inculpatorio de las deposiciones policiales, por lo cual su aptitud debió mantenerse incólume.

Cuarto. Por otro lado, las inferencias esgrimidas para invalidar el operativo policial de interdicción carecen de racionalidad.

Las irregularidades apuntadas no tienen la entidad suficiente para menoscabar su valor epistémico.

De ahí que, es relevante puntualizar el bloque de legalidad:

Se advierte que las atribuciones policiales, relativas al registro personal, recojo y conservación de objetos e instrumentos del delito, identificación y captura de autores y partícipes en flagrancia, han sido previstas en el artículo 68, numeral 1, literales c, d, e y h, del Código Procesal Penal.

A la vez, el registro personal y la detención policial por delito flagrante poseen una regulación autónoma y específica en los artículos 210 y 259 del Código Procesal Penal.

Así también, la jurisprudencia penal ha establecido lo siguiente:

[…] la actuación de las diligencias de investigación preliminar –las denominadas “diligencias urgentes e inaplazables”– son aquellas que se realizan bajo las exigencias de una situación concreta que requiere el rápido aseguramiento de las fuentes de investigación, diligencias que, por tal motivo, no pueden esperar […] desde la perspectiva de la calificación de la flagrancia del delito […] e incluso en el supuesto de prueba evidente del delito, es de tener en consideración […] todo aquello que constaba en determinados momentos procesales. Para el primer supuesto: la información que se tenía momentos previos y en el mismo instante de la detención (información de la víctima o de un testigo presencial del hecho, vestigios materiales o información videográfica, entre otros). Para el segundo supuesto: los actos de investigación acopiados en el curso de las diligencias preliminares […]3.

Como se sabe, existen supuestos excepcionales en los que se permite una actuación policial preventiva, como, por ejemplo, cuando la intervención judicial (o fiscal) no es factible. Tal situación faculta realizar actuaciones policiales con proyección probatoria si concurren razones de urgencia y objetividad. Si se alude a la primera, se verifica en los registros vehiculares y personales, y en la medición del grado de alcoholemia. En tanto, si se refiere a la segunda, se exige que sean aspectos constatables, ajenos a valoraciones o apreciaciones subjetivas de la Policía4.

Si bien los operativos policiales, per se, carecen de idoneidad originaria para fundar una condena penal, la situación varía absolutamente si su contenido es reiterado y ratificado en el juicio oral mediante las declaraciones testificales de los agentes policiales intervinientes, a fin de posibilitar la contradicción y la inmediación procesal.

Como se trata de pruebas personales, su estimación está a cargo del órgano jurisdiccional sentenciador, según los criterios de apreciación instituidos por la jurisprudencia penal, tales como: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

También se relievan los datos objetivos y verificables subyacentes, como las actas policiales y sus derivados, que se introducirán al juzgamiento como prueba documental, conforme al artículo 383 del Código Procesal Penal.

Por todo ello, en el caso, la sentencia de primera instancia, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 127), dio cuenta de la interpretación individual y conjunta de las pruebas personal, documental y pericial recaída. Estas son las declaraciones de los policías Manuel Reyes Albújar, Carlos Enrique Castro Huamán, Ángel de Jesús Abel Pérez Flores, Wilder Espinoza Romero y Jorge Vía Oviedo, y del testigo Carlos Alfredo Rodríguez Hernández; las actas de orientación, descarte, pesaje, comiso, embalaje, lacrado, intervención, registro y deslacrado; y el informe de análisis químico de drogas (Cfr. considerando cuarto, in extenso).

Se reseñaron conclusiones lógicas y razonables, según las cuales, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se desarrollaron labores de inteligencia y recopilación de información en la provincia de Zarumilla (departamento de Tumbes), y se sospechó de una persona que poseía una bolsa y que subió al vehículo de placa de rodaje número T2N-323. Esto dio lugar a un operativo que permitió la captura de LUIS GERARDO CRUZ REYES, quien poseía tres paquetes que contenían marihuana, con peso neto de 2.990 kg (dos punto novecientos noventa kilogramos). En tales circunstancias, se verificó flagrancia criminal.

En esas condiciones, los elementos de prueba que emergen de las instrumentales personales, documentales y periciales son coincidentes, se relacionan intrínsecamente y apuntan a la misma conclusión jurídica: se enervó la presunción de inocencia.

Quinto. En consecuencia, esta Sala Penal Suprema aprecia que, en la sentencia de vista sometida a control casacional, se infringieron preceptos constitucionales y procesales: el principio jurisdiccional de motivación de las resoluciones judiciales y el principio de inmediación, regulados en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado y en el artículo 425, numeral 2, del Código Procesal Penal.

Según lo expuesto, el discurso argumentativo de la Sala Penal Superior carece de probabilidad atendible de producción, pues se constatan hipótesis alternativas que, razonablemente, poseen un mayor nivel de conclusividad lógica.

Los vicios de motivación detectados comprometen negativamente la legalidad de la decisión absolutoria del ad quem, que, por ende, no puede ser subsanada o corregida. En esa línea, el artículo 150, literal d), del Código Procesal Penal autoriza a rescindirla.

Después, en aplicación del artículo 433, numeral 2, del Código Procesal Penal, el recurso de casación evaluado se declarará fundado, se casará la sentencia de vista respectiva y, con reenvío, se dispondrá la realización de una nueva audiencia de apelación, a fin de que se emita la decisión judicial correspondiente, teniendo en consideración lo expuesto en esta sede suprema.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el señor FISCAL ADJUNTO SUPERIOR contra la sentencia de vista, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179), emitida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que revocó la sentencia de primera instancia, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 120), que condenó A LUIS GERARDO CRUZ REYES como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas-favorecimiento al consumo mediante actos de tráfico, en agravio del Estado, le impuso ocho años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 2000 (dos mil soles), que deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que contiene; reformándola, lo absolvieron del requerimiento de acusación por el delito y el agraviado antes mencionados.

II. CASARON la sentencia de vista, del veinticuatro de marzo de dos mil veinte (foja 179) y, con reenvío, DISPUSIERON que se realice una nueva audiencia de apelación a cargo de otra Sala Penal Superior.

III. ORDENARON que la presente sentencia se lea en audiencia pública, se notifique a las partes apersonadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de casación en esta Sala Penal Suprema. Hágase saber.


1 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Casación número 4745/2019, del veinte de octubre de dos mil veintiuno, fundamento de derecho segundo.
2 SALA PRIMERA. Tribunal Constitucional de España. Sentencia número 16/2009, del veintiséis de enero de dos mil nueve, fundamento jurídico quinto.
3 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso de Casación 692-2016/Lima Norte, del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, fundamentos de derecho cuarto y quinto.
4 CLIMENT DURAND, Carlos. La prueba penal. Segunda edición. Tomo II. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch, 2005, pp. 1104-1106.

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