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Cohecho y colusión- Las medidas de coerción limitativas de la libertad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
APELACIÓN N.° 85-2021
CORTE SUPREMA

Las medidas de coerción limitativas de la libertad

En el presente caso, las medidas de coerción procesal de comparecencia con restricciones y de impedimento de salida del país, se encuentran debidamente sustentadas, toda vez que los elementos de convicción actuados orientan al órgano jurisdiccional a emitir una decisión que varíe las medidas inicialmente solicitadas, frente a lo cual los argumentos del impugnatorio no lo desvirtúan, por lo que la decisión recurrida debe confirmarse. En cuanto a la caución, estando evidenciado que el procesado ha acreditado gastos prioritarios que atender, deviene en que la caución impuesta debe ser aminorada.

AUTO DE APELACIÓN

Lima, veintidós de febrero de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Alberto Carlo Chang Romero (foja 3743) contra la Resolución número 4, del seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 3641), emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que: 1) declaró fundado el requerimiento fiscal de mandato de comparecencia con restricciones—las previstas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal—; 2) impuso al procesado las restricciones consistentes en: a) la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del Ministerio Público; b) la obligación de presentarse en el despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades; c) la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado; d) la prohibición consistente en no comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación; e) la prestación de una caución económica de S/ 100 000 (cien mil soles), que deberá depositar en el Banco de la Nación, dentro de los tres días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal; 3) declaró fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de dieciocho meses, contra el investigado Alberto Carlo Chang Romero; con lo demás que contiene; en la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de autor del presunto delito de colusión simple y otros, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del requerimiento de comparecencia con restricciones

Primero. Dentro de la investigación preparatoria seguida contra el recurrente, se formuló el pedido de requerimiento de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país, que se sustentó en lo siguiente:

1.1. Hecho número 1 «Contrataciones periodo 2018» (foja 3642)

1.1.1. Con referencia al delito de colusión simple

Se imputa a Alberto Carlo Chang Romero la calidad de cómplice primario del delito de colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, al apreciarse, de los actos de investigación recabados, que habría concertado con Walter Ríos Montalvo (en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y titular de la referida entidad de la más alta autoridad ejecutiva, que ejercía las funciones previstas en la ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras) para obtener a su favor (mediante empresas y personas naturales vinculadas al mencionado cómplice) las contrataciones correspondientes a la obra de «Acondicionamiento del tercer piso de la nueva sede de la Corte Superior de Justicia del Callao (ubicada entre las avenidas Colonial y Santa Rosa), para la implementación del II tramo del NCPP», ejecutada en el mes de mayo de dos mil dieciocho; contrataciones en las cuales se habrían efectuado fraccionamientos indebidos de los servicios contratados por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y se habría simulado la contratación de diversos proveedores, cuando los servicios habrían sido prestados por un solo proveedor (SRV Quality Services E. I. R. L., cuyo gerente es el empresario Alberto Carlo Chang Romero), con lo cual se habría defraudado al Estado (Corte Superior de Justicia del Callao), a cambio de donativos, ventajas, y/o beneficios a favor de Ríos Montalvo (pago de pasajes, hoteles, cenas, dinero, trabajos en su casa y otros por verificar).

1.1.2. Con relación al delito de cohecho pasivo específico (foja 3643)

Al investigado Alberto Carlo Chang Romero se le imputa, en calidad de autor, el delito de cohecho activo específico, descrito en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, conforme al siguiente detalle:

El investigado Chang Romero habría dado ventajas, beneficios y/o donativos a Walter Benigno Ríos Montalvo, tales como pago de pasajes aéreos y hoteles, pago de cenas, realización de diversos trabajos (de albañilería, tabiquería, carpintería, etcétera) en su casa y la entrega de donativos en dinero en efectivo, entre otros, para que Walter Ríos influya en la contratación de las empresas vinculadas a Chang Romero, en el marco de la implementación del segundo tramo del Código Procesal Penal, en la Corte Superior de Justicia del Callao.

1.2. Hecho número 2 «Contrataciones periodo 2017» (foja 3643)

1.2.1. Con referencia al delito de colusión simple

Se imputa a Alberto Carlo Chang Romero, en calidad de cómplice primario, el delito de colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, al apreciarse de los hechos objeto de investigación, que habría concertado con Walter Ríos Montalvo (en su calidad de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y titular de la referida entidad de la más alta autoridad ejecutiva, que ejercía las funciones previstas en la ley y su reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras) para obtener a su favor (mediante la empresa SRV Quality Services E. I. R. L. y el proveedor Jhonny Vásquez Matto, vinculado a este) las contrataciones correspondientes a los cuatro servicios de acondicionamiento contenidos en las Órdenes de Servicio números 282-2017-S, 283-2017-S, 393-2017-S y 439-2017-S, contrataciones en las que se habrían efectuado fraccionamientos indebidos de los servicios contratados por montos menores a 8 UIT, a fin de evitar la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y se habría simulado la contratación de diversos proveedores cuando los servicios habrían sido prestados por un solo proveedor (SRV Quality Services E. I. R. L., cuyo gerente es el empresario Alberto Carlo Chang Romero), con lo cual se habría defraudado al Estado (Corte Superior de Justicia del Callao) a cambio de determinadas ventajas y beneficios.

1.2.2. Con relación al delito de negociación incompatible — imputación alternativa— (foja 3643)

Igualmente se le imputa, en calidad de cómplice primario, el delito de negociación incompatible —imputación alternativa— previsto en el artículo 399 del Código Penal, al apreciarse de los actos de investigación recabados que, en el año 2017, habría tenido la calidad de tercero beneficiado con las contrataciones provenientes de las Órdenes de Servicio números 282-2017-S, 283-2017-S, 393-2017-S y 439-2017-S, realizadas para el acondicionamiento de diversos ambientes de la nueva sede de la CSJC, en las que Walter Ríos Montalvo habría evidenciado un interés indebido; al tener conocimiento Chang Romero del fraccionamiento irregular de las referidas contrataciones de servicios efectuadas en su beneficio y del otro proveedor, Jhonny Vásquez Matto (vinculado a Chang Romero), se prestó para simular la realización de una contratación regular con el objeto de acceder a dichas contrataciones, realizando, a cambio de ello, trabajos de construcción, como un sol y sombra en la terraza de la casa de Ríos Montalvo, ubicada en el distrito de San Miguel.

Cabe precisar que Chang Romero era amigo cercano de César Hinostroza Pariachi, quien a su vez era amigo cercano de Ríos Montalvo, entre quienes existía una relación de estrecha confianza.

II. Auto de comparecencia con restricciones impugnado

Segundo. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ante el requerimiento del Ministerio Público, emitió pronunciamiento en su Resolución número 4, del seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 3641), amparando sus pretensiones, es así que:

2.1. Declaró fundado el requerimiento fiscal de mandato de comparecencia con restricciones —establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal—.

2.2. Impuso al investigado las restricciones consistentes en: a) la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, sin autorización del Ministerio Público; b) la obligación de presentarse en el despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades; c) la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado; d) la prohibición consistente en no comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación; e) la prestación de una caución económica por la suma de S/ 100 000 (cien mil soles), que deberá depositar en el Banco de la Nación, dentro de los tres días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal.

2.3. Declaró fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de dieciocho meses, contra el investigado Alberto Carlo Chang Romero; con lo demás que contiene; en la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de autor del presunto delito de cohecho activo específico, en agravio del Estado.

III. Expresión de agravios

Tercero. Con el propósito de que se revoque la Resolución número 4 y, reformándola, se declare infundado el requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones, caución e impedimento de salida del país, el investigado fundamenta su recurso de apelación (foja 3743), en los siguientes términos:

3.1. Motivación impertinente que lesiona el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato procesal, en el sentido de que se pretende estigmatizar su caso vinculándolo con el exmagistrado César Hinostroza Pariachi, quien no tiene la calidad de investigado en la Carpeta Fiscal número 984-2018, ni relación con la materia de investigación, esto es, los contratos que SRV Quality Service E. I. R. L. suscribió con la Corte Superior de Justicia del Callao. En ese sentido, la motivación de los sub-numerales 2.1 al 2.4 de la resolución recurrida infringe el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal.

3.2. Apreciación parcial de la declaración testimonial de Walter Benigno Ríos Montalvo, en el sentido de que la declaración de este último sobre el recurrente haya sido apreciada como elemento de convicción, pero no como elemento de descargo, lo que denota afectación de los derechos de motivación y de prueba.

3.3. Apreciación defectuosa del Informe de Auditoria número 2109-2019- CG/JUSPE-AC, en el sentido de que omitió ponderar que las conclusiones de las contrataciones del periodo 2017 no mencionan como responsable del fraccionamiento a Walter Ríos Montalvo; el recurrente precisó que en la investigación preparatoria de la Carpeta Fiscal número 984-2018, solo se tiene como investigados al recurrente y al mencionado Walter Ríos Montalvo. Considera que el Juzgado apreció defectuosamente el Informe de Auditoria número 2109-2019- CG/JUSPE-AC, pues la Fiscalía no lo presentó de manera completa o íntegra; asimismo, dicho informe no concluyó que Walter Ríos Montalvo sea el responsable del fraccionamiento de las contrataciones del año 2017 que se le imputan al recurrente. como producto de un pacto colusorio.

3.4. Motivación aparente sobre el delito de cohecho activo específico, en el sentido de que no hay elemento de convicción que evidencie que el recurrente dio ventajas, beneficios o donativos a Walter Ríos Montalvo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento y competencia, dado que no se encuentra en el grupo de funcionarios intervinientes en la contratación del período 2018 (hecho número 1).

3.5. No se valoró la violación del principio non bis in idem en la investigación del hecho número 1; la defensa alegó en audiencia que el hecho número 1 venía siendo investigado en el distrito fiscal del Callao (Carpeta Fiscal número 206-2019). Asimismo, se aportó la Disposición número 1, del diez de febrero de dos mil veinte (inicio de diligencias preliminares), y la Disposición número 5, del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Este hecho no fue negado por la Fiscalía, en tanto que la resolución recurrida no emitió pronunciamiento alguno, lo que constituye una grave omisión.

3.6. Motivación defectuosa sobre los fundados y graves elementos de convicción, en el sentido de que se indica que el recurrente y Walter Ríos Montalvo mantuvieron muchas llamadas telefónicas en el mes de enero de dos mil dieciocho, pero de tales llamadas no se infiere un supuesto pacto colusorio ni la conducta del delito de cohecho pasivo específico. El Juzgado solo corrobora la fecha de la reunión, pero no el contenido de las llamadas.

3.7. Motivación defectuosa sobre el arraigo laboral, en el numeral 6.1 de la resolución recurrida se indica que el recurrente es un trabajador independiente, pero que no tiene arraigo laboral. Esa conclusión parte de que su empresa, SRV Quality Service E. I. R. L., tiene como domicilio fiscal la dirección que figura en su ficha Reniec, que es de propiedad de su concubina, y que ante el OSCE registra otra dirección, que es el domicilio de sus padres. Dicha motivación es defectuosa porque, como precisa el Recurso de Casación número 1145-2018.Nacional, para el arraigo laboral “se requiere de una persona que realiza labores concretas y percibe ingresos para mantenerse y sustentar a su familia”; a su turno, el Recurso de Casación número 631-2015-Arequipa precisa que: “El arraigo laboral se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país”. En consecuencia, queda claro que el arraigo laboral no se relaciona con el domicilio fiscal o con el domicilio registrado ante el OSCE. Por otro lado, el Juzgado no valoró las constancias del IGV-renta mensual correspondientes al año 2021, que evidencian su real capacidad económica, que proviene de su trabajo independiente.

3.8. Motivación defectuosa sobre el peligro de fuga; la motivación expuesta en el considerando sexto es defectuosa, porque el Juzgado omitió evaluar que el recurrente carece de antecedentes, que permitan colegir razonadamente que tratará de eludir la acción de la justicia, tal como lo exige el literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal, la resolución recurrida no cita ningún antecedente. El Juzgado tampoco valoró el comportamiento del recurrente en otras investigaciones fiscales, que evidencia su voluntad de someterse a la persecución penal.

Asimismo, no se valoró que en la investigación preparatoria que originó el Expediente número 47-2018, concretamente el incidente de prisión preventiva, se desistió del requerimiento de prisión preventiva en su contra (Expediente número 47-2018-3, caso “Edwin Oviedo Picchotito” por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico).

Asimismo, el Juzgado omitió evaluar que en la Carpeta Fiscal número 206-2019 (cómplice primario en el delito de colusión agravada), el recurrente es investigado por el mismo hecho del actual proceso (Carpeta Fiscal número 948-2018).

Aseguró que no es investigado por el delito de organización criminal, conforme se aprecia de la disposición número 4 de la Carpeta Fiscal número 43-2018.

3.9. Motivación aparente sobre el peligro de obstaculización, en el sentido de que no existe elemento de convicción que lo evidencie, ni un hecho que permita verificar que incurriera en alguna de las conductas previstas en el artículo 270 del Código Procesal Penal (ausencia de arraigos y la gravedad de la pena).

3.10. Motivación aparente sobre la caución económica, refirió que no existe peligro procesal respecto a su participación en el proceso; el monto de la caución (cien mil soles) afecta el principio de proporcionalidad, al no concordar con su capacidad económica, toda vez que tiene que afrontar gastos como un préstamo hipotecario o el pago de la pensión escolar de dos de sus hijos, en la cual se encuentra en mora; asimismo, cubre los gastos de una terapia de lenguaje a otro de sus hijos, a quien ha retirado del colegio, ante la disminución de sus ingresos económicos. En cuanto a su movimiento migratorio, indicó que, si bien salió del país en los años 2018 y 2021, el argumento de la Fiscalía es falaz y tergiversa la realidad.

3.11. Motivación aparente sobre el impedimento de salida del país, en el sentido de que no existe un hecho objetivo para sostener que el procesado obstruirá la investigación o escapará de la acción de la justicia; el artículo 259 del Código Procesal Penal justifica el impedimento de salida cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad, por lo que el decimotercer considerando de la resolución recurrida presenta motivación insuficiente, lo mismo que el decimoquinto considerando de la recurrida, en cuanto alude a la existencia de una pluralidad de investigados con solo dos personas. Asimismo, alega que hay especial complejidad en las actuaciones de las partes, pese a que no se alegó en el requerimiento ni se indicó qué actuación era de especial complejidad. Finalmente, señala que es incongruente conceder el impedimento de salida del país por dieciocho meses, cuando el plazo de la investigación preparatoria es de ocho meses.

3.12. Motivación lesiva del derecho a la identidad de los niños, en razón de que la identidad de los tres hijos menores del investigado fue expuesta innecesariamente, siendo lesivo al interés superior del niño

FUNDAMENTOS DE DERECHO

IV. Respecto de la comparecencia con restricciones

Cuarto. Remitidos a la jurisprudencia, la comparecencia con restricciones es conceptuada como:

Aquella medida de coerción procesal limitativa del derecho a la libertad por la cual el imputado —aparte de su comparecencia al juzgado—, es sometido a una serie de medidas de aseguramiento con la finalidad de garantizar su sometimiento a la jurisdicción penal para que el proceso penal llegue a sus cometidos esenciales; es decir esta medida supone que el imputado se somete a la persecución penal bajo un régimen de libertad personal, empero ha de verse restringido en ciertos derechos fundamentales, a efectos de asegurar la eficacia de la investigación, así como la integridad de ciertas personas […]. En ese sentido, se tiene que, la comparecencia con restricciones no solo le impone una obligación genérica de concurrir al llamado del órgano jurisdiccional, sino que, a su vez, comprende una serie de limitaciones al ejercicio de la libertad del procesado, cuyo incumplimiento puede llevar al juez a disponer mayores restricciones o, incluso aplicar la prisión preventiva, previo requerimiento fiscal en ese sentido1.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que:

Conforme a las normas que rigen las medidas de coerción personal, establecidas en el Código Procesal penal, se dictará mandato de prisión preventiva en los casos en que concurran fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, la pena privativa de libertad a imponer sea mayor a los cuatro años (prognosis de pena) y el peligro de fuga y obstaculización (peligro procesal). De no existir todos estos presupuestos de forma copulativa y en estricta observancia del principio de proporcionalidad, se dictará mandato de comparecencia restrictiva, en los casos en los que pueda evitarse razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad.

V. Respecto de la caución

Quinto. Conforme al artículo 289 del Código Procesal Penal, la caución consiste en la suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las ordenes de la autoridad.

Remitidos a la doctrina se tiene que la caución es una garantía real que entronca al investigado con el proceso a efectos de su aseguramiento y para disminuir el peligro procesal. En ese sentido, el mismo no tiene por finalidad de garantizar la responsabilidad civil ante una eventual condena, la pérdida de la caución se destinará a cubrir los costos de la administración de justicia generados por el estado de cosas objeto de valoración3.

La caución se determinará considerando la naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás circunstancias que incidan en el imputado para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. La caución no se puede equiparar al monto del perjuicio o daño materia de denuncia o como parte de la reparación civil, ni en su totalidad, pues se trata de dos institutos distintos que demás podría significar una doble afectación patrimonial al procesado4.

La tutela cautelar que busca proporcionar la caución económica está relacionada al objeto del proceso y no asegurar la posible reparación civil.5

VI. Respecto del impedimento de salida del país

Sexto. El impedimento de salida del país es comprendido como una medida de coerción personal que restringe la libertad ambulatoria del investigado y de los testigos considerados importantes, con el propósito de que, dentro de un plazo determinado, no salgan o abandonen el país, la localidad de su domicilio o del lugar fijado por el juez. Para su imposición, la norma adjetiva asigna al juez el verificar que esta medida atienda a dos finalidades: i) contrarrestar la posibilidad de fuga del imputado; y, ii) evitar el entorpecimiento en la averiguación de la verdad.

Por otro lado, en el Acuerdo Plenario N° 3-2019/CIJ-116, del diez de septiembre de 2019 (fundamento 23), señala que el impedimento de salida es una medida de coerción cautelar personal que tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal – esto es, controlar el riesgo de fuga–, incluso desde las diligencias preliminares; y, también, de una medida de aseguramiento personal destinada a los testigos importantes. En relación a ello, el artículo 295 del Código Procesal Penal no condiciona la imposición del impedimento de salida del país a que la investigación se encuentre formalizada, ni mucho menos a que los sujetos incursos en la investigación tengan la calidad de imputados.

Además, el acotado artículo 295 consigna los requisitos y condiciones que debe cumplir el fiscal en su requerimiento. Entre estos requisitos tenemos: i) que debe tratarse de la investigación de un delito sancionado con pena privativa de la libertad mayor de tres años, ii) que la medida sea necesaria e indispensable para la indagación de la verdad; y, iii) que deberá estar motivada por quien lo solicita. Complementario a ello, conforme a los criterios jurisprudenciales, debe acreditarse de manera concurrente, el riesgo concreto de fuga, pero de menor intensidad en comparación a la imposición de otras medidas de coerción personal.

VII. Respecto al recurso de apelación

Séptimo. El libro IV del Código Procesal Penal, referido a la impugnación, otorga a los justiciables el modo, forma y plazo para fundamentar los concretos agravios que, según su parecer, le causó la resolución judicial que cuestiona, lo cual supone expresar la insatisfacción total o parcial de cualquiera de sus pretensiones (principales o accesorias), plantear oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso. Por tanto, el recurso escrito interpuesto es la base de la sustentación oral en la audiencia respectiva. No es posible en este acto adicionar nuevos agravios que no fueron planteados inicialmente dentro del plazo legal y antes de su concesión6.

En lo que atañe al recurso de apelación, y para los fines del presente, tienen incidencia los artículos 409 (numeral 1) y 419 (numeral 1) del Código Procesal Penal, que establecen tanto los límites de lo impugnable como las opciones procesales de la revisión en segunda instancia (anular o revocar en todo o en parte la resolución impugnada).

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

A. Acerca del requerimiento de comparecencia con restricciones formulado por el Ministerio Público

Octavo. La resolución recurrida impuso la medida de comparecencia con restricciones, en razón de lo siguiente:

8.1. Respecto de Alberto Carlo Chang Romero, el Juzgado Supremo de investigación preparatoria estableció lo siguiente:

a) Elementos de convicción, la medida de coerción solicitada se encuentra respaldada con numerosos elementos de convicción personal y documental (setenta y tres elementos) que a criterio del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la actividad desplegada por el Ministerio Publico durante la fase preliminar y la investigación preparatoria hasta el momento en que se presentó el requerimiento muestra suficiencia en la materialización delos hechos ilícitos investigados, como también de la participación de los investigados, entre estos del investigado recurrente, como autor del delito de cohecho activo especifico y cómplice primario en los delitos de colusión y alternativamente de negociación incompatible, por los hechos que se le viene investigando (primer y segundo hecho), los cuales se describen en el requerimiento fiscal (foja 98 del cuaderno de medida de coerción).

En efecto, no es impertinente señalar los hechos antecedentes que postula el representante del Ministerio Público, respecto a la vinculación entre Hinostroza Pariachi y el recurrente, por cuanto el ex magistrado supremo fue quien presentó y acercó al empresario Chang Romero con el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, de ese modo habría generado predisposición en las actuaciones de Ríos Montalvo para facilitar la obtención de dichas contrataciones públicas. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la presente investigación, es producto de otra denominada “Cuellos Blancos del Puerto”, donde se vinculan los ex magistrados (César Hinostroza Pariachi y Walter Ríos Montalvo), quienes pertenecerían a la cúpula de dicha red criminal. El hecho que no se encuentren en una sola investigación -como carpeta fiscal única-, todas las investigaciones referidas a esta red criminal o sus derivados, no impide que la presente investigación posea dicha vinculación.

La defensa refiere que fue otro sujeto (Carlos Coronado) quien habría llevado al procesado Romero Chang a la Corte Superior de Justicia del Callao, lo que en tesis de la defensa, conllevaría a un elemento de descargo que incide en la falta de pacto colusorio; ante ello, las máximas de la experiencia sostienen que este tipo de delitos se ejecutan clandestinamente, por ello que el estándar probatorio se circunscribe a la sana crítica: la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, así como a la prueba indiciaria. Además, debe tenerse presente el carácter de dinamismo y progresividad de la investigación preparatoria, ya que el simple hecho de que el recurrente habría sido llevado por otro sujeto diferente al imputado Walter Ríos a la sede judicial como proveedor, no estima la inexistencia del pacto colusorio; pues amparar dicho argumento por sí, solo sería desestimar los demás elementos de convicción que recaen en imprecisiones sobre las contrataciones, irregularidades en las ejecuciones de obras, registros históricos, geolocalizaciones, entre otros.

El hecho que solo se encuentren incursos los procesados Walter Ríos Montalvo y Romero Chang, no implica que otros sujetos no hayan intervenido en la ejecución del presunto evento criminal, pues, de los hechos se observa la participación del órgano de contratación; de ese modo, el Informe de Auditoría revela que dichas contrataciones se habrían realizado a pesar de incurrir en prohibiciones de fraccionamiento, aspecto que limitó la libre concurrencia de postores y trato justo e igualitario en las contrataciones, pues como señala el mismo informe, los hechos no son concordantes con lo dispuesto en la norma que regula las contrataciones con el Estado. La inmediatez entre las órdenes de servicio, no define el indicio de pacto colusorio, más aún si posterior a esta primera orden de servicio (26 de junio de 2017) se le entregó otras al proveedor Jhonny Vásquez Matto (28 de junio de 2017 y el 28 de setiembre de 2017), quien es amigo del recurrente (tesis de la fiscalía, pues dicho proveedor estaría vinculado al recurrente), para así continuar con la empresa SRV Quality Services EIRL (26 de octubre de 2017). Sostener que Walter Ríos, no tendría ninguna participación en la contratación, sería negar que su persona, como Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao desempeñaba funciones de dirección y representación, dentro de su gestión, como supervisor de la Unidad Ejecutora; además de haber designado a quien estaría a cargo de la verificación y aprobación de los certificados presupuestales y así realizar las coordinaciones para el fraccionamiento irregular de las obras y ser direccionado a favor de Chang Romero, conforme lo indicó el colaborador eficaz N° 010A- 2018: “El señor Alberto Chang demostraba insistente interés en ser la persona designada para construir los ambientes nuevos de este denominado 2° tramo del NCPP. Señalaba a César [Hinostroza]: ‘Césitar tu sabes que en tu gestión del año 2015 en el Callao hemos trabajado muy bien, inclusive fraccionamos cuatro o cinco áreas y nunca hubo ningún problema; tú sabes que yo tengo 4 hasta 5 empresas diferentes vinculadas a mí y no va haber ningún problema’. César Hinostroza le indicaba a Walter Ríos Montalvo para que lo ‘apoye a Alberto y le dé la chamba’” y Gianfranco Paredes Sánchez: “la jugada sería el fraccionamiento mediante órdenes directas para favorecer siempre a Alberto Chang”.

Al referirse a la supuesta falta de evidencia de la entrega de alguna dádiva o donativo a fin de interceder a favor de sus intereses, debe tenerse en cuenta que el presente proceso se encuentra en etapa de investigación preparatoria y que al tratarse de fundamentos para la imposición de medidas coercitivas, el estándar o grado de convicción no es el mismo que se exige en otras etapas del proceso; conforme al principio de progresividad en el desarrollo de la acción penal, toda vez que a medida que se va avanzando en las etapas, las exigencias son mayores; de ese modo seguridad, certeza y verdad, existen recién al final del juicio oral, cuando el juez arriba a un convencimiento de los eventos fácticos, mientras que lo demás se funda en la sospecha. Entonces, no se puede exigir la acreditación del hecho ilícito, sino que el grado de sospecha sea acorde con la etapa procesal en la que se encuentra, pero al no tratarse de una medida coercitiva más gravosa como la prisión preventiva (sospecha fuerte) se encuentra acorde el grado de sospecha con los elementos de convicción que se cuenta.

En atención a los registros telefónicos, en la presente investigación se cuenta con registros de comunicaciones entre César Hinostroza con el empresario Romero Chang, del cual se advierte la preocupación de que se propale información respecto a los supuestos fraccionamientos ante la renuncia de Aldo Mayorga Balcázar (Jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte Superior de Justicia del Callao), con respecto a las obras públicas; así también, se cuenta con registros de comunicación que datan sobre conversaciones entre Walter Ríos y Carlos Parra, donde se refieren a la reunión “sobre el tema de nuevo código”, donde se convoca a Alberto Chang Romero, de las que se infiere la coordinación en cómo se llevaría la ejecución de los contratos fraccionados, así, como otras comunicaciones que versan en dicha gestión; además se cuenta, con registros históricos de llamadas, las mismas que serían concomitantes a las supuestas reuniones entre los involucrados, donde presuntamente se habría llevado a cabo coordinaciones para favorecer al empresario, lo que refuerza la tesis de la fiscalía.

b) Prognosis de pena, que conlleva el análisis de la posible pena a imponer, que debe comprender los circunstancias agravantes y atenuantes, causales de disminución, la presencia de un concurso real de delitos y las formulas del derecho premial. En el presente caso, los delitos imputados, corresponde a los tipos penales de los artículos 384 (colusión) 395 (cohecho pasivo específico) y 398 (cohecho activo específico) del Código Penal, lo que implicaría que una sentencia condenatoria superaría ampliamente los cuatro años de pena privativa de libertad.

Con relación a la concurrencia de los presupuestos de peligro de fuga y peligro de obstaculización, se tiene lo siguiente:

c) Peligro de fuga: (i) respecto al arraigo domiciliario del investigado se advierte que, pese a las inconsistencias sobre la ubicación de su domicilio, el hecho de que las notificaciones cursadas al domicilio que indicó hayan cumplido su propósito permite inferir que cuenta con arraigo domiciliario; (ii) respecto al arraigo familiar, de los actuados recabados en las diligencias preliminares se aprecia que el investigado cuenta con familia, a la cual acredita vincularse y mantenerla; (iii) respecto al arraigo laboral, se tiene que el investigado es un trabajador independiente, que tiene una empresa, pero no logra evidenciar su sede, por lo que cuenta con arraigo laboral no obstante con un grado de sujeción o la magnitud que aquel desempeño laboral con lugar y horario fijo establecido; es decir, su arraigo es de menor intensidad; (iv) según su reporte migratorio el investigado ha tenido múltiples salidas al extranjero entre los años 2018 a 2021, por lo que existen razones fundadas que prevén la posibilidad de que abandone el país o permanezca oculto, sino que además posee capacidad para poder viajar al extranjero.

d) La gravedad de la pena, se tiene que una eventual condena por los delitos de colusión, cohecho activo y alternativamente negociación incompatible conllevarían la imposición de una sanción superior a los 03 años de pena privativa de libertad.

e) La magnitud del daño causado, el comportamiento del investigado afecta en gran medida al Poder Judicial, tanto más que los hechos investigados guardan relación con la organización criminal de los “Cuellos Blancos del Puerto”, resultando latente tanto un peligro de fuga, como de obstaculización.

f) El no poseer antecedentes sobre una conducta en concreto que denote peligro de fuga o de obstaculización, no exime de poder imponerse la medida coercitiva de comparecencia con restricciones, pues lo que busca es cautelar la sujeción del imputado al proceso; la materialización de eventos antecedentes que denoten una conducta procesal negativa en cuanto al peligrosismo procesal, generarían la imposición de una prisión preventiva (en cuanto al nivel de peligro procesal), sin embargo en el presente caso no se estima o valora en dichas circunstancias, sino, que se busca prevenir eventos que vulneren los fines del proceso.

g) Duración de la medida, se establece el plazo de dieciocho meses, el cual, en interpretación del Acuerdo Plenario número 03-2019/CJ-116, no debe circunscribirse a la etapa de la investigación preparatoria, sino a todo el proceso, por lo que se encuentra conforme al principio de proporcionalidad.

B. Acerca de la medida coercitiva de impedimento de salida del país

Noveno. El Ministerio Público —al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal— solicitó requerimiento de impedimento de salida del país e indicó que este tiene como fin asegurar la residencia o evitar la fuga del investigado; asimismo, precisó que la medida es procedente, porque los delitos imputados tienen una penalidad superior a tres años, que resulta proporcional, conforme a los indicios de los delitos cometidos por el investigado, que fueron oralizados en la audiencia respectiva.

Considerando lo anterior, la impugnación del recurrente debe desestimarse, pues, en el presente caso, de las consideraciones precedentes se desprende que los elementos de convicción acopiados, implican asumir la presencia de una sospecha reveladora de la comisión de los delitos imputados, posición sustentada jurisprudencialmente en el Proceso número 32-2019-2, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia (fundamento jurídico 2.1), lo que posibilita el dictado de medidas de impedimento de salida del país para situaciones similares a la analizada.

El impedimento de salida impide que el peligro de fuga (fuera del territorio nacional) se materialice, por lo que resulta idónea la medida para arraigar al imputado al proceso, ya que su ausencia originaria una seria afectación a la averiguación de la verdad, resultando necesaria, pues los fines que se busca no pueden alcanzarse con otra medida menos gravosa que suponga un coste menor; ahora bien, con relación a la proporcionalidad, esta se cumple por la dimensión lesiva de los delitos que se imputan.

C. Respecto al extremo de la caución impuesta

Décimo. En cuanto al extremo de la caución económica impuesta al investigado, cuestionado en el sentido de que no guarda proporcionalidad con su actual situación económica y no puede incrementar dicha capacidad; al respecto, es claro que los delitos imputados son graves y los daños generados a la imagen de la institucionalidad del Estado, igualmente lo son; sin embargo, no puede soslayarse su condición económica, su personalidad, antecedentes y gravedad del daño; así, se debe demostrar que tiene la suficiente solvencia económica para soportar una caución económica a imponer, pero que no debe comprometerse la subsistencia de quienes dependen de él; desde esa perspectiva se advierte que el impugnante, ha acreditado que tiene una serie de obligaciones pecuniarias de carácter prioritario (préstamo hipotecario, pensión escolar de sus hijos, gastos de terapia de lenguaje de uno de sus hijos), lo que obviamente incide en su capacidad de pago; así las cosas, el argumento que sustenta el recurso impugnatorio debe ser atendida en parte; por consiguiente, la caución debe ser reajustada y aminorada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Alberto Carlo Chang Romero (foja 3743) contra la Resolución número 4, del seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 3641), emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; en consecuencia, CONFIRMARON el requerimiento fiscal de mandato de comparecencia con restricciones —establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 288 del Código Procesal Penal— que: 1) impuso al procesado las restricciones consistentes en: a) la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del Ministerio Publico; b) la obligación de presentarse en el despacho de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, el primer día hábil de cada mes, con el fin de dar cuenta de sus actividades; c) la obligación de concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sea citado; d) la prohibición consistente en no comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación; y 2) declaró fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país, por el plazo de dieciocho meses contra el investigado Alberto Carlo Chang Romero; con lo demás que contiene.

II. REVOCARON la regla de conducta que impuso la prestación de una caución económica de S/ 100 000 (cien mil soles), que debía depositar en el Banco de la Nación dentro de los tres días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial consentida o firme que ampare el requerimiento fiscal; y, reformándola, IMPUSIERON el pago de la suma de S/ 30 000 (treinta mil soles) por concepto de caución económica y dentro del plazo aquí indicado; en la investigación preparatoria que se le sigue en calidad de autor del presunto delito de colusión simple y otros, en agravio del Estado.

III. DISPUSIERON que se publique la presente resolución en la página web del Poder Judicial. Hágase saber.


1 Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Expediente número 0008-2018-8-5001-JS-PE- 01. Resolución número 2, del uno de febrero de dos mil uno.
3 Clariá Olmedo, Jorge A. Derecho Procesal Penal, Tomos I y II. Actualizado por Jorge Eduardo Vásquez Rossi. Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina. Pág. 379.
4 Sánchez Velarde, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Idemsa. Lima, 2004. Pág. 277.
5 Reyna Alfaro, Luis Miguel, Manual de Derecho Procesal Penal, Lima, 2015, Instituto Pacifico, pág. 440.
6 Sala Penal Transitoria. Sentencia del once de diciembre de dos mil veinte, en la Casación número 1658-2017-Huaura, fundamentos jurídicos 10° a 15°.

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