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Encubrimiento personal – Desistimiento de pruebas admitidas – Excepción de improcedencia de acción.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
APELACIÓN N.º 50-2021
ÁNCASH

Infundado el recurso de apelación

La excepción de improcedencia de acción se concretiza en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o punibilidad. Los hechos como han quedado expresados constituyen en principio delitos de encubrimiento personal. La valoración de la actuación del recurrente, la valoración de los elementos probatorios y su vinculación con los hechos, por referirse al juicio procesal de la responsabilidad penal, no pueden examinarse en una excepción de improcedencia de acción.

Lima, veintisiete de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Paul Grower Cabanillas Ynouye contra el auto de primera instancia del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (folios 87 a 90), que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por el recurrente, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio del Estado.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Fundamentos del impugnante

El recurrente Paul Grower Cabanillas Ynouye postuló recurso de apelación mediante el escrito formalizado (folios 176 a 180) y alegó lo siguiente:

1.1. El Juzgado de primera instancia vulneró las garantías constitucionales del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de la resolución judicial y el principio de congruencia, dado que el recurrente dedujo la excepción de improcedencia de la acción en el supuesto de que el hecho no constituye delito, pero el Juzgado respondió en función de que no es justiciable penalmente.

1.2. La conducta del recurrente está dentro de los parámetros legales previstos en los artículos 61 y 387, numeral 4, del Código Procesal Penal, así como el artículo 5 de la Ley Orgánica del Misterio Público, en el estadio de juzgamiento, mas no en la etapa de investigación y tampoco estuvo a cargo de la investigación, conforme lo encuadra el tercer párrafo del artículo 404 del Código Penal —que textualmente expresa lo siguiente: “Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente”—.

1.3. No se consideró que existe una absoluta falta de acción delictiva y que no hay pruebas que corroboren las imputaciones. No se efectuó una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos.

En la audiencia de apelación la defensa técnica del investigado desarrolló los agravios citados en el considerando anterior. Asimismo, el representante del Ministerio Público, en la citada audiencia, solicitó oralmente que se confirme la resolución venida en grado y se desestime la apelación formulada por la defensa.

Segundo. Imputación fáctica

Conforme al requerimiento acusatorio del dos de agosto de dos mil diecinueve (folios 1 a 20), el hecho incriminado refiere, a la letra, lo siguiente:

Circunstancia precedente
Como circunstancia anterior a los hechos antes atribuidos, se tiene que Armando Gamarra Cerna, ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huacaybamba, formuló una denuncia penal contra el asistente en Función Fiscal Norman Dashiel Porras Arancial, por el presunto delito de violación sexual, en agravio de Gil Armando Gamarra Flores; investigación que fue signada inicialmente con el número 2013-61 (posteriormente carpeta números 31-2013 y51-2015) y asignada a la Fiscal Adjunta Felicita Subheyes Llontop Guzmán, con fecha 02 de abril de 2013. Sin embargo, la referida magistrada, por orden superior, fue destacada a la provincia de Huánuco con fecha 05 de abril de 2013, retornando aproximadamente en mayo del mismo año. A su retorno se encargó de dar impulso a sus casos en trámite y a fines de julio empezó a revisar sus carpetas archivadas percatándose de la ausencia de la Carpeta Fiscal número 61-2013. Por ello solicitó buscarla al asistente Pablito Cuyubamba Ninahuanca, quien señaló que dicha carpeta la tenía el asistente Norman Porras Arancial. De la revisión de la misma se da cuenta que la firma estampada en la declaración y disposición de archivo no le correspondía.

En merito a ello, se apertura la investigación en la Carpeta Fiscal número 2006104501-2013-79-0 (Exp. Judicial número 2013-29) contra Norman Dashiel Porras Arancial, Rita Zenaida Chambi Huayta y Félix Dulio Sobrado Chávez por la presunta comisión del delito de Falsificación de Documentos, en agravio del Ministerio Público y de la Fiscal Felicita Subheyes Llontop Guzmán. Dentro de dicha tesitura, la Primera Fiscalía Provincial de Huaycabamba, mediante Disposición número 04-2013-MP-1FPPC-HBBA, de fecha 16 de diciembre de 2013, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Rita Zenaida Chambi Huayta por la presunta comisión del delito de Falsificación de Documentos en agravio del Ministerio Pùblico y de la Fiscal Felicita Subheyes Llontop Guzmán (Fs. 152-158), ampliándose la investigación contra Norman Dashiel Porras Arancial y Félix Dulio Sobrado Chávez mediante disposiciones números 06 y 10-2014-MP- 1FPPC-HBBA de fecha 10 de abril y 05 de setiembre de 2014 respectivamente (Fs. 193-196 y 228-231). Posteriormente mediante Disposición número 132015-MP-1FPPC-HBBA, de fecha 06 de abril de 2015 se dispuso la conclusión de la investigación preparatoria contra los investigados antes mencionados.

Con fecha 21 de abril del 2015 el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de la Provincia de Huacaybamba, Jaime Agustín Báez Janampa, formula requerimiento de acusación contra Norman Dashiel Porras Arancial como autor y contra Rita Zenaida Chambi Huayta y Félix Dulio Sobrado Chávez como coautores del delito de falsificación de documentos en agravio del Ministerio Público y la Fiscal Felicita Subheyes Llontop Guzmán (Fs. 325-338), la misma que fue subsanada con fecha 07 de julio de 2015 (Fs. 401-422); llevándose a cabo la audiencia de control de acusación el 08 de julio del mismo año.

Estando a ello el Juzgado de investigación Preparatoria de Huacaybamba emitió la Resolución número 11, de fecha 10 de julio del 2015, mediante la cual se dictó Auto de Enjuiciamiento contra Norman Dashiel Porras Arancial como Autor, y Rita Zenaida Chambi Huayta y Félix Dulio Sobrado Chávez, como coautores, por la presunta comisión del delito de falsificación de documentos, en agravio del Ministerio Público y de la Fiscal Felicita Subheyes Llontop Guzmán, en la cual se admitieron los medios probatorios presentado por el Ministerio Público. El Juzgado Penal Unipersonal de Huacaybamba emitió la resolución número 01 de, fecha 24 de julio del 2015, por la cual se resolvió citar a Juicio Oral la causa seguida contra los acusados, ordenado notificarse a los sujetos procesales y precisando los medios de prueba en el auto de enjuiciamiento (fojas 449-456 – cuaderno principal).

Circunstancias concomitantes
Es así que en la audiencia de Juicio Oral de fecha 25 de agosto de 2015 bajo la dirección del Juez Unipersonal David Daniel Yauri Sánchez intervino el acusado Paul Grower Cabanillas Ynouye, en su condición de Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huacaybamba; continuándose con la audiencia de juicio oral el 04 de setiembre del año 2015.

Circunstancias posteriores
Ante el retiro de acusación solicitado por el Fiscal imputado, el Juzgado Penal Unipersonal de Huacaybamba emitió la Resolución número 05, de fecha 16 de setiembre de 2015, discrepando con dicho requerimiento. En consecuencia, dispuso elevar los actuados a la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huánuco (Fs. 763- 765). Elevados los actuados, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Huánuco, expidió la Disposición número 081-2015-MP-EraFSP- Huánuco de fecha 14 de octubre 2015, resolviendo a) mantener la acusación obrante a folios 745-749; para luego retirar la acusación formulada contra los acusados Norman Dashiel Porras Arancial, Rita Zenaida Chambi Huayta y Félix Dulio Sobrado Chávez, por el delito de Falsificación de Documentos; y b) excluir del presente proceso al Fiscal Adjunto Provincial Paul Grower Cabanillas Ynouye, por haber incurrido en irregularidades en su Actuación Funcional, disponiendo remitirse copias certificadas de los actuados a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Huánuco, a efectos de proceda de acuerdo a sus legales atribuciones.

Posteriormente a los hechos, conforme a los informes a fojas 1123 al 1125, emitidos por el Fiscal Adjunto Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huacaybamba Luis Danty Trinidad Trujillo, en resumen, con fecha 08 de noviembre de 2015, pasadas las nueve de la noche, llegó a las oficinas de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de -—Huacaybamba, el Fiscal imputado Paul Grower Cabanillas Ynouye, acompañado de Rita Zenaida Chambi Huayta, pidiendo el primero de los mencionados revisar la carpeta y sacar copias de la carpeta número 79-2013, ante lo cual, el Fiscal Luis Trinidad Trujillo, les indicó que eso no era posible, ya que el estante se encuentra asegurado, pese a lo cual Cabanillas Ynouye fue con dirección al estante y pidió sacar copias de ciertos actuados, ante lo cual Trinidad Trujillo se lo negó, percatándose luego que el estante había sido forcejeado para sacar la carpeta. Ante ello Trinidad Trujillo le reclamó. Al respecto, se tiene que el día siguiente, 09 de noviembre de 2015, se iba a realizar los alegatos finales en el caso 79-2013, de lo que se advierte que el ahora acusado habría tenido interés en acceder a dicha carpeta pese a ya no tenerla a su cargo. Cabe señalar conforme al informe de folios 1129 al 1130, emitido por el agente de seguridad de las Fiscalías Penales Provinciales Corporativas de Huacaybamba, para ingresar aquella noche a las oficinas del al fiscalía en la localidad de Huacaybamba, el imputado Paul Grower Cabanillas Ynouye, habría sacado la llave, pese a la negativa del personal de seguridad.

Tercero. Calificación jurídica de los hechos delictivos

El titular de la acción penal calificó los hechos descritos en lo normado en el primer y tercer párrafo del artículo 404 del Código Penal, que regula el delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal con la agravante de calidad del agente. Solicitó la pena de once años con ocho meses y el pago de S/ 3000 (tres mil soles) de reparación civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El principio de congruencia o limitación recursal

1.1. El derecho a recurrir se rige, a su vez, por principios o criterios limitadores, uno de los cuales —de aplicación general en materia de impugnación— es el principio de limitación recursal (tantum apellatum quantum devolutum). Este principio deriva del principio dispositivo y está referido al límite que tiene el Tribunal revisor en cuanto a su ámbito de alzada, pues solo le está permitido emitir pronunciamiento en relación con la resolución recurrida y con lo que ha sido objeto de cuestionamiento por quien recurre, sin omitir, alterar o exceder pretensiones formuladas por los impugnantes. Esto es, la decisión del Tribunal encuentra su barrera en los puntos a los que se refieren los motivos del agravio. En otras palabras, quien conoce la impugnación no puede apartarse de los límites fijados por los argumentos de quien recurre un fallo que le resulta injusto. La apelación no es un nuevo juicio íntegro: su objeto es más limitado que el de la instancia. Está marcado por los contornos prefijados por el apelante —y, en su caso el impugnante adhesivo— en su recurso (TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de Casación número 10185/2020, del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, fundamento de derecho segundo, sexto párrafo, parte in fine)1.

1.2. Este principio se encuentra establecido en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal, cuyo texto es el siguiente: “La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”.

Dicha normativa procesal establece una excepción al principio de limitación, pues, en caso de que se adviertan nulidades absolutas o sustanciales no invocadas por el impugnante, el Tribunal revisor tiene expedita la posibilidad de declarar nula la resolución recurrida; sin embargo, esta excepción no puede ser utilizada en perjuicio del imputado (prohibición de la reformatio in peius).

La excepción de improcedencia de acción

Segundo. La excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra, cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. En virtud de la exigencia del principio de legalidad, conforme lo prevé el artículo 6, inciso 1, literal b), del Código Procesal Penal: (1) el hecho no constituye delito y (2) el hecho no es justificable penalmente. El primer punto abarca la antijuridicidad penal del objeto procesal: tipicidad y antijuridicidad. El segundo se ubica en la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria —son circunstancias que guardan relación con el hecho o que excluyen o suprimen la necesidad de pena—2.

Para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos en la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria. A su vez, el juez, al evaluar dicha excepción, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. Se concreta, por su propia configuración procesal, en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad, en cuanto categorías del delito, distintas de la culpabilidad —tanto como juicio de imputación personal cuanto como ámbito del examen de su correlación con la realidad— (Recuso de Nulidad número 628-2013/Cusco, del cuatro de octubre de dos mil trece).

Consideraciones respecto al delito de encubrimiento personal

Tercero. El tipo penal de encubrimiento personal, regulado en el artículo 404 del Código Penal, establece, en lo pertinente, lo siguiente:

El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años […] Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente, la pena será privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.

De conformidad con la descripción normativa reseñada en el tercer párrafo, se advierte que el fundamento de la punición se erige en la salvaguarda del cumplimiento de los actos funcionales referidos a la administración de justicia, de cara a las expectativas de los miembros de la sociedad.

Cuarto. El bien jurídico protegido es la administración de justicia, porque las conductas que se castigan afectan a lo que constituye el núcleo central de la función jurisdiccional en su sentido más estricto. De esta forma, solo son típicas las conductas que generen un riesgo prohibido intolerable al bien jurídico protegido, debiendo quedar la sanción de conductas que no sobrepasen este baremo axiológico para el derecho administrativo u otras formas de control social3.

Quinto. Este tipo penal en su tercer párrafo se erige en un delito especial propio y, como tal, únicamente dicho extremo imputado puede ser cometido por quien ostente la calidad de funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente.

Sexto. El delito de encubrimiento personal es un delito de mera actividad por comisión por acción, en tanto en cuanto se configura con la sustracción de la acción de la justicia mediante la desaparición o el ocultamiento del agente de un delito precedente.

De aquí que, a nivel subjetivo, este tipo penal es de carácter eminentemente doloso, no admite la culpa.

Análisis del caso concreto

Séptimo. En lo referente a la alegación del recurrente de que se vulneraron las garantías constitucionales del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la debida motivación de la resolución judicial y el principio de congruencia, porque, si bien dedujo la excepción de improcedencia de la acción, en el supuesto de que el hecho no constituye delito, el Juzgado de primera instancia respondió en función de que no es justiciable penalmente, al respecto, aun cuando el Juzgado de primera instancia inició el análisis —tercer fundamento de la recurrida— sobre el supuesto de que no es justiciable penalmente, en el fundamento cuarto de la recurrida alineó su razonamiento al supuesto de que el hecho denunciado no constituye delito y sustentó que el representante del Ministerio Público indicó que la conducta del recurrente estaba enmarcada en los alcances del artículo 404, tercer párrafo, del Código Penal.

Además, se advierte que el Juzgado realizó un adecuado razonamiento de juicio de tipicidad —juicio de subsunción normativa del hecho atribuido—, con la descripción del verbo rector de encubrir en el actuar del recurrente, quien habría desarrollado una conducta de encubrimiento personal de la persecución de la acción penal al haberse desistido de pruebas admitidas, para luego retirar la acusación fiscal a los investigados en su condición de fiscal interviniente en juicio oral —contraviniendo así sus funciones—.

Octavo. Sobre las alegaciones formuladas en los puntos 1.2. y 1.3. de la presente ejecutoria, acerca de que la conducta del recurrente estaba amparada dentro de un marco normativo, que no existen pruebas que corroboren las imputaciones y que no se valoraron de forma racional los elementos fácticos y jurídicos, al respecto, el Juzgado razonó que el recurrente no se centró en desarrollar las circunstancias, la descripción de los hechos y el cotejo normativo para que sea amparable la excepción deducida; además, indicó que su mecanismo de defensa se centró en señalar que la actuación del recurrente estaba amparada en la ley —Ley Orgánica del Ministerio Público—.

Sin embargo, es pertinente concluir que los hechos —sin ingresar a realizar una valoración de los elementos probatorios—, como ha quedado expresado, constituirían en principio delitos de encubrimiento personal. La valoración de la actuación del recurrente y su vinculación con los hechos, por referirse al juicio procesal de la responsabilidad penal, deberán examinarse en el estado procesal correspondiente.

Noveno. En suma, el auto emitido por el Juzgado de primera instancia contiene fundamentos coherentes que sustentan su decisión (efectuó un mínimo juicio de tipicidad). Es más, el auto recurrido contiene respuestas a los cuestionamientos presentados por el recurrente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la defensa técnica del procesado Paul Grower Cabanillas Ynouye.

II. CONFIRMARON el auto de primera instancia del nueve de septiembre de dos mil veintiuno (folios 87 a 90), que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por el recurrente, en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento personal, en agravio del Estado.

III. ORDENARON que se remita el presente cuaderno al Juzgado de procedencia. Hágase saber y devuélvase.

Intervino el señor juez supremo Núñez Julca por vacaciones del señor juez supremo Coaguila Chávez.


1 Véase la Sentencia de Casación número 1864-2019/Ayacucho, del once de febrero de dos mil veintidós, fundamentos décimo y decimoprimero.
2 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2015). Derecho procesal penal. Lecciones. Lima: INPECCP, p. 284.
3 Sentencia de Casación número 684-2016/Huaura, del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, fundamento jurídico 10.2.

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