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COHECHO – Infundado : Prolongación de impedimento de salida del país.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

AUTO DE APELACIÓN N.° 133-2022
CORTE SUPREMA
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Prolongación de impedimento de salida del país

Sumilla. 1. La medida de impedimento de salida, en tanto coerción personal, está sujeta, de modo general, a los presupuestos y requisitos establecidos en el artículo 256 del Código Procesal Penal (suficientes elementos de convicción o sospecha reveladora, entidad del injusto cometido y presencia de riesgos de fuga, obstaculización o, incluso, de reiteración delictiva –para determinados supuestos y medidas menos intensas que la prisión preventiva–). Dado el elemento provisionalidad que la integra, es de acotar que, conforme a la regla rebus sic stantibus, tan solo puede permanecer, o prolongarse en su caso, si el presupuesto o los requisitos que la sustentan subsistan]. 2. A ello se agrega, cuando se trata de prolongación, según la concordancia de los artículos 296, apartado 4, y 274, apartado 1, del Código Procesal Penal, el cumplimiento de los requisitos específicos (i) de concurrencia de especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso –el más relevante y diferenciado, en tanto en cuanto da cuenta de una situación excepcional que impide la realización de actos de investigación o procesales en los tiempos razonablemente previstos y controlables–, y (ii) de la subsistencia de dos riesgos procesales: de fuga o de obstaculización. El presupuesto del fumus delicti comissi está sobreentendido, pues es la conditio sine qua non de toda limitación procesal de derechos fundamentales, en este caso de la libertad de tránsito. 3. Desde la perspectiva de lo estrictamente necesario y de la exigencia de aplicación subsidiaria y proporcionada a los fines constitucionalmente legítimos que la condicionan, y tomando en consideración las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, uno de los criterios jurídicos para enjuiciar la razonabilidad de la prolongación del arraigo estriba en que los requisitos exigidos en el momento inicial de su adopción no son necesariamente los mismos que deben exigirse con posterioridad para decretarlo. Así las cosas, debe tenerse presente al respecto que el mero transcurso del tiempo, al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas, va disminuyendo el peligro de fuga puesto que si bien es cierto que la gravedad de la pena que amenaza al imputado podría constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga, no contrarrestable con otras medidas de aseguramiento, también lo es que este argumento se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el imputado.

–AUTO DE APELACIÓN–

Lima, ocho de agosto de dos mil veintidós

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de apelación interpuesto por el señor FISCAL SUPREMO PROVISIONAL ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS contra el auto de fojas doscientos ochenta y cinco, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que declaró infundado el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país que planteó contra el encausado Ysrael Castillo Espilco; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido a este último por delito de cohecho activo especifico en agravio del Estado.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ 1. DE LOS CARGOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

PRIMERO. Que se imputa al encausado YSRAEL CASTILLO ESPILCO los siguientes hechos: (i) haber accedido a la solicitud del entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo, y haberle entregado un donativo consistente en doce unidades del producto “Protos Pack Reserva 2Bot X750 ML +2Copas”, valorizado en tres mil ochocientos sesenta y seis soles con cuarenta céntimos; (ii) haber ofrecido a Walter Ríos Montalvo un almuerzo en los ambientes privados del restaurante “Cabos Restaurante del Puerto”, ubicado en la Avenida Jorge Chávez ciento veinte – Callao; y, (iii) haber prometido a Walter Ríos Montalvo apoyarlo en todo lo que le pidiese en relación al direccionamiento y trámite de procesos judiciales que fueran de interés del primero. Estos comportamientos se realizaron entre los días quince y dieciséis de abril de dos mil dieciocho, y perseguían influir en su decisión de ser designado juez supernumerario del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil del Callao.

§ 2. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

SEGUNDO. Que el señor FISCAL SUPREMO PROVISIONAL ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS en su escrito de recurso de apelación de fojas trescientos doce, de uno de julio de dos mil veintidós, requirió la revocatoria del auto proferido por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria de fojas doscientos ochenta y cinco, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que declaró infundado la solicitud de prolongación de la medida de impedimento de salida del país que formuló. prolongación de impedimento de salida del país del encausado Castillo Espilco.

Argumentó que si bien el imputado se sometió al proceso especial de terminación anticipada no es fundamento pertinente para denegar el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida; que, para valorar la subsistencia del peligro procesal, no consideró el estadio del proceso –que está próximo a la formulación de acusación–; que los motivos de riesgo procesal para dictar la medida no han sido enervados; que los hechos de la causa se desarrollaron en el ámbito de una organización criminal; que en la audiencia de prolongación de la medida de impedimento de salida el impedimento se allanó a este pedido.

§ 3. DEL ITINERARIO DEL CUADERNO INCIDENTAL

TERCERO. Que por disposición fiscal de once de diciembre de dos mil veinte se formalizó la investigación preliminar contra Walter Benigno Ríos Montalvo y Gian Franco Martín Paredes Sánchez por delito de cohecho pasivo específico (autor y cómplice primario, respectivamente) en agravio del Estado, así como contra YSRAEL CASTILLO ESPILCO por delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

En mérito al requerimiento de la Fiscalía Suprema en lo Penal, el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria por resolución tres de veintitrés de diciembre de dos mil veinte impuso al encausado Castillo Espilco la medida de impedimento de salida del país por dieciocho meses; resolución que fue confirmada por la Sala Penal Especial Suprema por resolución dos de tres de febrero de dos mil veintiuno.

Posteriormente, el diecisiete de junio de dos mil veintidós [vid.: fojas dos] la Fiscalía Suprema requirió la prolongación del impedimento de salida, que fue denegado por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria por auto de fojas doscientos ochenta y cinco, de veintisiete de junio de dos mil veintidós. Contra esta resolución se interpuso el recurso de apelación por la Fiscalía corriente a fojas trescientos doce, de uno de julio de dos mil veintidós, que fue concedido por auto de fojas trescientos diecinueve, de cuatro de julio último.

CUARTO. Que el cuaderno de apelación fue recibido por este Tribunal Supremo el día cinco de julio de dos mil veintidós. Por decreto de fojas cincuenta y cuatro, de doce de julio de este año, se señaló fecha para la audiencia de apelación el día de la fecha ocho de agosto. Ésta se realizó con la intervención de la señora Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal, doctora Jacqueline Elizabeth Del Pozo Castro, y del propio encausado Castillo Espilco, conforme al acta precedente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que el análisis de la censura en apelación se circunscribe a determinar si el auto de primera instancia interpretó y aplicó correctamente la legalidad procesal al desestimar el requerimiento fiscal de prolongación del mandato de impedimento de salida.

Es de precisar que la investigación preparatoria formalizada se inició el once de diciembre de dos mil veinte; y, por disposición de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se dispuso su conclusión. La acusación fiscal –a la fecha de la audiencia preparatoria de prolongación de la medida de impedimento de salida– está pendiente de emitirse [vid.: folio diez del auto de primera instancia, quinto fundamento]; esto es, aún no se había iniciado el procedimiento intermedio.

Asimismo, dictada la medida de impedimento de salida o arraigo por dieciocho meses, ésta venció el veintiocho de junio de dos mil veintidós, pero la prolongación de la misma se planteó días antes, el diecisiete de junio [vid.: auto de primera instancia, folios uno y trece]. Además, como consecuencia de los hechos investigados, surgió un proceso especial de terminación anticipada que el Juez de la Investigación Preparatoria desestimó y que se encuentra pendiente de resolver en apelación [vid.: folio diecinueve del auto de primera instancia, fundamento cuatro, numeral 2]. Según el Sistema de Información Judicial – SUPREMO, en efecto, esta apelación está registrada bajo el número 100-2021/Suprema, y por auto de veintiséis de abril de este año se declaró bien concedida y está pendiente de programación.

SEGUNDO. Que el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria estimó que si bien en la presente causa existen circunstancias que han importado una especial dificultad o prolongación del proceso, no subsiste, en cambio, el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Sobre el requisito del peligrosismo –incluso consideró que el presupuesto del fumus delicti comissi se confirmó con las actuaciones de investigación–, puntualizó que durante el procedimiento de investigación preparatoria el imputado no mostró una conducta obstruccionista, ha cumplido con las restricciones y con las citaciones para el desarrollo de los actos de investigación, así como se acogió al proceso de terminación anticipada. La Fiscalía Suprema no incidió en estos aspectos, ni justificó si el riesgo de fuga se consolidó o acrecentó en el curso del procedimiento; solo se sustentó en la gravedad de los hechos punibles materia de imputación.

TERCERO. Que, ahora bien, atento al ámbito de la pretensión impugnatoria y al marco de la decisión de primera instancia (tantum devolutum quantum apellatum), no está en cuestión el presupuesto de la medida de coerción personal de arraigo (fumus comissi delicti), la especial dificultad o prolongación del proceso y la gravedad del hecho punible. En consecuencia, solo corresponde examinar el requisito del peligrosismo procesal.

El impedimento de salida, en tanto medida de coerción personal, está sujeta, de modo general, al presupuesto y a los requisitos establecidos en el artículo 256 del Código Procesal Penal: (i) suficientes elementos de convicción o sospecha reveladora (presupuesto), (ii) entidad del injusto cometido y (iii) presencia de riesgos de fuga, obstaculización o, incluso, de reiteración delictiva –para determinados supuestos y medidas menos intensas que la prisión preventiva– (requisitos o motivos de arraigo). Dado el elemento provisionalidad que la integra, es de acotar que, conforme a la regla rebus sic stantibus, tan solo puede permanecer (o prolongarse en su caso) si el presupuesto o los requisitos que la sustentan subsistan [GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, 3ra. Edición, Editorial Civitas, Pamplona, 2019, p. 638]. A ello se agrega, cuando se trata de prolongación, según la concordancia de los artículos 296, apartado 4, y 274, apartado 1, del Código Procesal Penal, el cumplimiento de los requisitos específicos (i) de concurrencia de especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso –el típico, y más relevante y diferenciado, en tanto en cuanto da cuenta de una situación excepcional que impide la realización de actos de investigación o procesales en los tiempos razonablemente previstos y controlables–, y (ii) de la subsistencia de dos riesgos procesales: de fuga o de obstaculización. El presupuesto del fumus delicti comissi está sobreentendido, pues es la conditio sine qua non de toda limitación procesal de derechos fundamentales, en este caso de la libertad de tránsito [CUBAS VILLANUEVA, VÍCTOR: El nuevo proceso penal peruano, 2da. Edición, Editorial Palestra, Lima, 2015, p. 478. ORÉ GUARDIA, ARSENIO: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial Reforma, Lima, 2014, p. 232] –derivado del principio de intervención indiciaria–.

CUARTO. Que, en el sub judice, la subsistencia de alguno de los dos peligros: fuga u obstaculización es especialmente relevante para definir, desde el principio de proporcionalidad, la prolongación del arraigo. Nada de esto se planteó por la Fiscalía con el énfasis y valoración que corresponde, más aún si coincidió en que el imputado cumplió con las restricciones impuestas y no obstaculizó ni acudió a mecanismos de mala fe procesal para dilatar indebidamente las actuaciones –lo que siempre cuestionó fue la extensión de las limitaciones procesales impuestas–. En todo caso nada dice que emprendió o realizó maniobras o algún tipo de actividad que pueda denotar un apartamiento de la sujeción al proceso o que, directa o indirectamente, ocultó, destruyó o amenazó alguna fuente u órgano de prueba.

Es verdad que el delito, de imponerse una condena, merecería una pena muy superior al mínimo legal previsto en el artículo 295, apartado 1, del Código Procesal Penal: tres años de privación de libertad, y que la gravedad de la pena que se espera es un factor para determinar el riesgo de fuga (artículo 269, apartado 2, del Código Procesal Penal). Sin embargo, a estas alturas del procedimiento necesariamente debe evaluarse la presencia de otros factores, tales como el de arraigo social y el comportamiento del imputado durante el procedimiento u otros procedimientos (artículo 269, apartados 1 y 4), pues la gravedad de la pena aisladamente no es de recibo.

El encausado Castillo Espilco, es de reiterar, tiene arraigo social (dato ni siquiera enfocado como discutible) y en el procedimiento penal en curso está actuando con buena fe procesal y, especialmente, cumpliendo las restricciones impuestas. Otro dato que abona a la falta de riesgo de fuga o de obstaculización es que se ha sometido a un proceso de terminación anticipada, lo que es indicio serio o considerable de que asume su responsabilidad y las sanciones que puedan corresponder, situación que también enerva los riesgos en cuestión.

Por lo demás, desde la perspectiva de lo estrictamente necesario y de la exigencia de aplicación subsidiaria y proporcionada a los fines constitucionalmente legítimos que condicionan toda medida de coerción personal, y tomando en consideración las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, uno de los criterios jurídicos para enjuiciar la razonabilidad de la prolongación del arraigo estriba en que los requisitos exigidos en el momento inicial de su adopción no son necesariamente los mismos que deben exigirse con posterioridad para decretarlo. Así las cosas, debe tenerse presente al respecto que el mero transcurso del tiempo, al margen de propiciar la aparición de circunstancias sobrevenidas, va disminuyendo el peligro de fuga puesto que si bien es cierto que la gravedad de la pena que amenaza al imputado podría constituir en un primer momento razón suficiente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga, no contrarrestable con otras medidas de aseguramiento, también lo es que este argumento se debilita por el propio paso del tiempo y la consiguiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el imputado. Así lo ha establecido, por ejemplo, las SSTEDH, caso Wemhoff de veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y ocho, y caso Matznetter de diez de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, así como las SSTCE de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cinco, fundamento jurídico cuarto, y 66/1997, de siete de abril.

El imputado Castillo Espilco ya tiene cumplido dieciocho meses de impedimento de salida, y si bien la causa sigue en trámite no resulta proporcionado que, por esa sola consideración, de tutela de la continuación del proceso, bajo un riesgo abstracto, no concreto, de peligrosismo procesal, se prolongue esta medida.

Por tanto, el recurso acusatorio no puede prosperar.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor FISCAL SUPREMO PROVISIONAL ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS contra el auto de fojas doscientos ochenta y cinco, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, que declaró infundado el requerimiento de prolongación de la medida de impedimento de salida del país que planteó contra el encausado Ysrael Castillo Espilco; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido a este último por delito de cohecho activo especifico en agravio del Estado. II. En consecuencia, CONFIRMARON el auto de primera instancia. III. DISPUSIERON se transcriba la presente resolución al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, a donde se remitirán las actuaciones; registrándose. IV. MANDARON se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial. INTERVINO el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones de la señora jueza suprema Carbajal Chávez. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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