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Delito contra la administración pública – Conversión de pena de multa y principio de legalidad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
APELACIÓN N.° 23-2022
CORTE SUPREMA

Conversión de pena de multa y principio de legalidad

I. La censura de apelación estriba en determinar si es procedente la conversión de pena de multa.

Sin embargo, la lectura integral del precepto sustantivo evidencia que, en el artículo 56, último párrafo, del Código Penal, se estipula un supuesto jurídico adicional: “Cuando se impone conjuntamente pena privativa de libertad y multa, se adiciona a la primera la que corresponde a la multa convertida”.

Así, en el caso, según trasciende ut supra, se impuso a JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ, de modo conjunto, cinco años de pena privativa de la libertad y trescientos días de pena de multa, equivalentes a S/ 1938 (mil novecientos treinta y ocho soles).

En ese sentido, de acuerdo con la normativa apuntada, el ejercicio de conversión que concierne realizar no es disminuir la pena privativa de libertad acortando su plazo; sino, por el contrario, adicionar o sumar la multa convertida a la privación de la libertad.

Por consiguiente, la solicitud formulada —en el modo en que se postuló— es inatendible.

II. Por su parte, de acuerdo con el Decreto Legislativo número 1300, del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, la exclusión del delito de cohecho pasivo específico —previsto en el artículo 395 del Código Penal—, de los supuestos de conversión punitiva tiene como propósito que la pena privativa de libertad aplicada se mantenga inalterable, es decir, que no sea afectada en su dimensión cuantitativa y cualitativa.

Si el artículo 1 fija como objeto la conversión de toda pena que sea no mayor de seis años, la interdicción fijada en el artículo 3 se refiere al género —o a todo tipo de conversión de pena—, lo que incluye a la especie, que es la conversión de la multa en privación de la libertad.

III. Entonces, se declarará infundado el recurso de apelación y se confirmará el auto de primera instancia, del siete de noviembre de dos mil veintiuno.

AUTO DE APELACIÓN

Lima, tres de agosto de dos mil veintidós

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el encausado JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ contra el auto de primera instancia, del siete de noviembre de dos mil veintiuno (foja 316), emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la solicitud de conversión de pena de multa; en el proceso penal que se le siguió por el delito contra la administración pública-cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

CONSIDERANDO

§ I. Del procedimiento en primera instancia

Primero. Mediante disposición del veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 29) se formalizó investigación preparatoria contra JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ por el delito de cohecho pasivo específico, en perjuicio del Estado.

A través del auto del veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 41), se tuvo por comunicada la investigación preparatoria.

Además, mediante requerimiento del veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 44), se solicitó la imposición de prisión preventiva por el plazo de nueve meses y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el término de cinco años.

Luego, a través del auto del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 61), se le aplicó prisión preventiva por el plazo de nueve meses y se le impuso suspensión temporal en el ejercicio del cargo por el término de cinco años.

Segundo. A su turno, el acta del veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 2) dio cuenta de que el representante del Ministerio Público y JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ arribaron al acuerdo de terminación anticipada.

Asimismo, mediante auto del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 20), se admitió a trámite el proceso especial de terminación anticipada.

Tercero. Posteriormente, a través de sentencia del siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 115), se resolvió lo siguiente:

a. Se aprobó el acuerdo de terminación anticipada.

b. Se condenó a JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ como autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

c. Se le impuso cinco años de pena privativa de la libertad, cinco años de pena de inhabilitación y trescientos días de pena de multa, equivalentes a S/ 1938 (mil novecientos treinta y ocho soles).

d. Se fijó como reparación civil la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles), que deberá abonar a favor del agraviado.

Así también, se declaró consentida la sentencia anticipada. Se declaró probado el siguiente factum criminal:

3.1. En principio, JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ, en su condición de juez superior y presidente de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó al abogado Luis Carlos Simeón Hurtado la suma S/ 30 000 (treinta mil soles) en dos partes, con el propósito de influir en la decisión que como ponente poseía en el proceso penal seguido contra José Luis García Vélez, Manuel Jesús Lizama Valladolid, Emilio Huamaní Pacotaype, Ofelia Calixto Castro, Juana Alejandra Puma García, Juan Ernesto Arias Castilla, Dora Lomo Licapa de Castro y Víctor Germán Castillo Carrillo (representados por el letrado), por el delito de estafa, en perjuicio de la empresa Comercial Marlon Magaly E. I. R. L., Victoria Loa Romero y otros.

3.2. Convenido el ilegal acuerdo, que denunció previamente ante la Fiscalía, el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el abogado Luis Carlos Simeón Hurtado entregó a JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ el monto de S/ 4000 (cuatro mil soles) en su despacho, situado en el edificio Anselmo Barreto, avenida Abancay, Cercado de Lima. Empero, en ese momento, fue intervenido por autoridades policiales y fiscales.

Los hechos delictivos fueron subsumidos en el artículo 395 del Código Penal.

Cuarto. Después, en etapa de ejecución de sentencia, mediante el escrito del tres de noviembre de dos mil veintiuno (foja 313), JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ solicitó la conversión de pena de multa.

Sin embargo, a través del auto de primera instancia, del siete de noviembre de dos mil veintiuno (foja 316), se declaró improcedente la aludida solicitud.

Quinto. Contra el auto de primera instancia, JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ interpuso recurso de apelación, del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno (foja 339).

Denunció la infracción de los derechos fundamentales de la libertad y el honor.

Señaló que existió incongruencia procesal, pues no se resolvió el pedido de conversión de pena de multa, de acuerdo con el artículo 56 del Código Penal. Sostuvo que se invocó innecesariamente el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1300, del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, que regula la conversión de penas privativas de libertad no mayores de seis años, lo que constituye un supuesto diferente. Afirmó que realizó el pago del monto establecido por concepto de pena de multa; además, cumplió carcelería por mil ciento sesenta y ocho días, esto es, ha superado los trescientos días de multa aplicados. Aseveró que el resultado de la deducción respectiva es que la pena privativa de libertad debería vencer el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós.

En ese sentido, solicitó que se revoque el auto apelado y se declare procedente la solicitud de conversión de pena de multa.

Por ello, a través del auto del siete de febrero de dos mil veintidós (foja 344), la impugnación fue concedida y se dispuso elevar los actuados al superior en grado.

§ II. Del procedimiento en la instancia suprema

Sexto. De acuerdo con el artículo 405, numeral 3, del Código Procesal Penal, se expidió el auto del diecisiete de mayo de dos mil veintidós (foja 27 en el cuaderno supremo), que declaró bien concedido el recurso de apelación.

Las partes procesales fueron instruidas sobre la admisión de la apelación, según la notificación concernida (foja 31 en el cuaderno supremo).

Séptimo. A continuación, se emitió el decreto del veinte de julio de dos mil veintidós (foja 32 en el cuaderno supremo), que señaló el tres de agosto del mismo año como fecha para la vista de la apelación.

Se emplazó a los sujetos procesales, conforme a la cédula correspondiente (foja 33 en el cuaderno supremo).

Octavo. Llevada a cabo la audiencia de apelación, se celebró de inmediato la deliberación en sesión privada. Efectuada la votación, y por unanimidad, corresponde dictar el presente auto de vista, según el plazo previsto en el artículo 420, numeral 7, del Código Procesal Penal.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Noveno. La censura de apelación estriba en determinar si es procedente la conversión de pena de multa.

Al respecto, el artículo 56, tercer párrafo, del Código Penal prevé lo siguiente: “El condenado puede pagar la multa en cualquier momento descontándose el equivalente a la pena privativa de libertad o prestación de servicios comunitarios cumplidos a la fecha”.

Sin embargo, la lectura integral del precepto sustantivo evidencia que, en el último párrafo, se estipula un supuesto jurídico adicional: “Cuando se impone conjuntamente pena privativa de libertad y multa, se adiciona a la primera la que corresponde a la multa convertida” (subrayado propio).

Así, en el caso, según trasciende ut supra, se impuso a JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ, de modo conjunto, cinco años de pena privativa de la libertad y trescientos días de pena de multa, equivalentes a S/ 1938 (mil novecientos treinta y ocho soles).

En ese sentido, de acuerdo con la normativa apuntada, el ejercicio de conversión que concierne realizar no es disminuir la pena privativa de libertad acortando su plazo; sino, por el contrario, adicionar o sumar la multa convertida a la privación de la libertad.

Por consiguiente, la solicitud formulada —en el modo en que se postuló— es inatendible.

Décimo. Por lo demás, si bien, desde la perspectiva literal, el artículo 56, tercer párrafo, del Código Penal describe un enunciado jurídico que no contempla excepciones respecto a determinados delitos y, por ello, aparenta autorización para su aplicación en toda clase de ilícitos; es relevante abordar el tratamiento de la interpretación gramatical y los límites del tenor textual.

Al respecto, las consideraciones lingüísticas —tanto las de tipo semántico acerca del significado de las palabras como las de corte gramatical sobre la comprensión correcta del texto de la norma— representan, únicamente, el punto de partida de la exégesis. De modo que los motivos lingüísticos, si bien son significativos, pasan a segundo plano cuando existan razones de peso para ello1.

En ese orden de ideas, es pertinente acudir a la interpretación sistemática, según la cual los preceptos normativos y sus disposiciones no son examinados de modo aislado, en cuanto deben armonizar con el contenido general del ordenamiento jurídico al que pertenecen.

Undécimo. Al respecto, el artículo 3, segundo párrafo, del Decreto Legislativo número 1300, del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, prescribe lo siguiente:

El procedimiento especial de conversión no procede para condenados que, no obstante encontrarse en los supuestos señalados en el artículo anterior, se encuentren bajo las siguientes modalidades delictivas tipificadas en los artículos: 107, 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 170 al 174,176-A,177, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 279-F, 296 al 297, 307, 317, 317-A, 319, 320, 321, 325 al 333, 382, 383, 384, 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401 del Código Penal; condenados por delitos tipificados en el Decreto Ley N.º 25475; condenados por delitos cometidos como miembros o integrantes de una organización criminal o como persona vinculada o que actúa por encargo de ella, conforme a los alcances de la Ley N.º 30077.

A la vez, en el artículo 1 se estableció que su objeto es “regular el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad no mayores de seis (06) años, por una pena alternativa, cuando se trate de condenados internos en establecimientos penitenciarios que revistan determinadas condiciones previstas en la presente ley”; en tanto que, en el artículo 2, se instituyó que su finalidad es “posibilitar una adecuada reinserción social para aquellos condenados que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad no mayores de seis (06) años, que además revistan ciertas características señaladas en la presente norma”.

De todo ello se aprecia que la exclusión del delito de cohecho pasivo específico —previsto en el artículo 395 del Código Penal—, de los supuestos de conversión punitiva tiene como propósito que la pena privativa de libertad que se aplique, se mantenga inalterable, es decir, que no sea afectada en su dimensión cuantitativa y cualitativa.

Si el artículo 1 fija como objeto la conversión de toda pena que sea no mayor de seis años, la interdicción fijada en el artículo 3 se refiere al género —o a todo tipo de conversión de pena—, lo que incluye a la especie, que es la conversión de la multa en privación de la libertad.

La proscripción enunciada se alinea con la Convención de Mérida o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, propuesta en Mérida, Yucatán, México; suscrita en la ciudad de Nueva York el treinta y uno de octubre de dos mil tres; aprobada por Resolución Legislativa número 28357, del seis de octubre de dos mil cuatro; y ratificada por Decreto Supremo número 075-2004-RE, del catorce de diciembre de dos mil cinco.

Como se trata de una norma sustantiva anterior a la sentencia anticipada, es de aplicación al supuesto evaluado.

Duodécimo. No puede soslayarse que los derechos públicos subjetivos2 (como los beneficios penitenciarios, las conversiones de pena, el instituto procesal de impugnación general, etcétera), así como algunos de los derechos fundamentales y garantías constitucionales y convencionales, abiertos o indeterminados (como el debido proceso, la tutela juridicial efectiva o el derecho al recurso de las sentencias por el condenado o el demandante), son normas de configuración legal.
En este escenario, el bloque de la constitucionalidad, en el caso de derechos fundamentales, o bien, el bloque de legalidad, en el supuesto de los derechos públicos subjetivos, desempeña un rol especialmente preponderante para entender, interpretar, explicar y aplicar los derechos en juego, según corresponda.

El principio de legalidad despliega un doble efecto: por un lado, viabiliza la comprensión y extensión del derecho del cual se trate; y, por otro lado, autoriza al legislador a definir sus alcances y limitaciones.

Decimotercero. En ese sentido, esta Sala Penal Suprema no distingue motivos pertinentes, menos aún invocados en la impugnación, para inaplicar el Decreto Legislativo número 1300, del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis.

Según se indicó, al legislador le corresponde definir los contornos de los derechos públicos subjetivos, en particular, cuando define la política criminal del Estado, basada en razones de prevención general y prevención especial —como en el caso que nos ocupa—.

En esa óptica, la pretensión formulada transgrede el principio lógico de identidad, pues, de acuerdo con el artículo 56, último párrafo, del Código Penal, no se trata de una detracción, sino de una adición punitiva.

Entonces, se declarará infundado el recurso de apelación y se confirmará el auto de primera instancia cuestionado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de apelación.

II. CONFIRMARON el auto de primera instancia, del siete de noviembre de dos mil veintiuno (foja 316), emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró improcedente la solicitud de conversión de pena de multa formulada por JUAN EMILIO GONZÁLES CHÁVEZ; en el proceso penal que se le siguió por el delito contra la administración pública-cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

III. DISPUSIERON que el presente auto de apelación se publique en la página web del Poder Judicial. Hágase saber y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones de la señora juez suprema Carbajal Chávez.

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