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Delito de violación sexual -Jurisprudencia vinculante- Actuación de la prueba de ADN en los casos de embarazo de la víctima.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1704-2021
LAMBAYEQUE

Valoración probatoria

Sumilla. Si la valoración probatoria expuesta en la sentencia recurrida no es adecuada ni consistente corresponde declarar nula la citada resolución y proceder al desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior.

Lima, cinco de septiembre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado VIDAL DELGADO TORO contra la sentencia condenatoria del 22 de septiembre de 2021 emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La cual condenó a Vidal Delgado Toro como autor del delito contra la libertad sexual- violación sexual de mayor de 14 años y menor de 18 años edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales M. N. O. D. Como tal le impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en 4000,00 soles la reparación civil que deberá pagar a favor de la víctima.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

FUNDAMENTOS

I. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

Primero. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante ACPP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del CPP.

II. HECHOS IMPUTADOS

Segundo. Según la acusación fiscal2 se imputa al procesado:

2.1. Haber abusado de su calidad de padre adoptivo de la menor agraviada para ultrajarla sexualmente en el año 2006, cuando se encontraban solos en la casa, pues la madre adoptiva de la agraviada salió al pueblo a comprar y mandó a su hermana Hermelinda Coronel Meléndez a pastear los animales de su tía Victoria. Fue en esas circunstancias que ingresó al dormitorio de la menor agraviada y con empleo de fuerza la desvistió y ultrajó sexualmente. El ataque se repitió en otras oportunidades, siempre con empleo de fuerza, violencia y amenaza de muerte para que no contara lo sucedido.

2.2. Fruto de esos vejámenes quedó la agraviada embarazada y dio a luz un niño el 25 de julio de 2007, lo que generó que Santos Coronel Meléndez, hermano de la madre adoptiva de la menor, interpusiera denuncia policial el 26 de julio de 2007. Señaló que el padre del niño era el conviviente de su hermana María Juana Coronel Meléndez.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Tercero. La defensa técnica del sentenciado VIDAL DELGADO TORO en su recurso formalizado3 argumentó lo siguiente:

3.1. La Sala Superior infringió el derecho a una debida motivación ya que la sentencia recurrida no cumplió con las exigencias o estándares probatorios, puesto que el acusado fue sentenciado a pesar de existir duda razonable respecto a su responsabilidad, pues la menor agraviada primero sindicó a otra persona y no se realizó la prueba biológica de ADN por causa imputable a la agraviada.

3.2. La aseveración de la Sala de que la menor no contó lo sucedido porque estuvo amenazada y que por temor dio el nombre de otra persona al dar a luz, no se encuentra respaldada con una pericia psicológica de la menor, la que no se practicó. Tampoco se citó a declarar a la persona de Ricardo Silva Bravo y no se le preguntó a la menor mayores detalles sobre esa persona.

3.3. La Sala prescindió de la actuación de la prueba de ADN al considerar que la declaración preliminar de la agraviada cumplía con los presupuestos de ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del relato y persistencia en la incriminación, conforme con el Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116. Sin embargo, ante la falta de corroboración de la versión inculpatoria era exigible que se realizara la prueba de ADN para determinar quién fue el agresor sexual de la agraviada y padre de su menor hijo.

3.4. La prueba de ADN no se realizó porque la agraviada no se presentó en las dos oportunidades que fue citada, pese a estar debidamente notificada, lo que desvirtúa la responsabilidad del recurrente porque no se cumple el requisito de verosimilitud y persistencia en la incriminación.

IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO

Cuarto. La fiscal suprema en lo penal opina porque este Supremo Tribunal declare NULA la sentencia recurrida sobre la base de los siguientes argumentos:

4.1. La Sala Superior se desvinculó de la acusación fiscal únicamente respecto a la edad de la víctima, en la sentencia de vista4, por ello los hechos imputados al acusado fueron subsumidos en el delito de violación de la libertad sexual, previsto y penado en el numeral 2 del artículo 170 del Código Penal5 vigente al momento de ocurridos los hechos, en agravio de la menor de iniciales M .N. O. D. (14 años).

4.2. Se verifica de los actuados que la defensa del procesado ofreció como medios probatorios la prueba de ADN, la partida de nacimiento de la menor y la pericia médico legal que determine su edad cronológica; los que fueron admitidos como nuevos medios probatorios en la audiencia de juicio oral del 3 de agosto de 20216.

4.3. Sin embargo, los medios probatorios consistentes en la prueba de ADN y el peritaje médico legal no pudieron llevarse a cabo por inconcurrencia de la menor agraviada, a pesar de haber sido debidamente notificada en dos oportunidades. Por tal razón, la Sala Superior prescindió de ellos en la audiencia del 6 de setiembre de 20217.

4.4. Al respecto, resulta importante señalar que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la Casación N.° 292-2014- ÁNCASH ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante, el siguiente criterio respecto a la actuación de la prueba de ADN para aquellos casos de embarazo a consecuencia de una violación sexual:

Cuando en el proceso se presenta una prueba científica de ADN que guarde una relación directa con el hecho principal que se pretende probar, esta debe actuarse en sede de instancia y en tiempo oportuno, así como efectuar su valoración previa a la emisión de sentencia. El juzgador no puede sentenciar si no se ha efectuado la actuación probatoria de dicha evidencia científica. Lo contrario afectaría el derecho a la prueba que es consustancial al principio de inocencia. […] 3.3.6. En los delitos contra la libertad sexual, cuando se trata de imputación contra una sola persona que ha mantenido relaciones sexuales con la presunta agraviada y a consecuencia de ello procrea un menor, es necesario la realización de la prueba científica de ADN a fin de determinar la paternidad y la responsabilidad penal o no del encausado.

4.5. En este orden de ideas, consideramos que la Sala Superior habría vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales del recurrente, y por conexidad, el principio a la presunción de inocencia y su derecho de prueba.

V. ANÁLISIS DEL RECURSO

Quinto. El recurso impugnatorio planteado por la defensa técnica del procesado VIDAL DELGADO TORO radica en cuestionar la valoración probatoria efectuada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, pues a su consideración no existen suficientes pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia. En ese sentido, solicita que se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva a su defendido por insuficiencia probatoria.

Sexto. Ahora bien, para analizar el caso sub judice resulta pertinente considerar que la sentencia recurrida justificó la condena del acusado VIDAL DELGADO TORO solo sobre la base del relato incriminador de la agraviada. La cual se mantuvo firme en señalar (en fase policial y judicial) que el imputado fue la persona que abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones al interior de su vivienda desde el año 2006. Como producto de dichas agresiones sexuales quedó embarazada y dio a luz a un niño el 25 de julio de 2007. Además, que en relación a Ricardo Silva Bravo cuyo nombre fue brindado por la menor como progenitor del recién nacido, el Tribunal decidió asumir que ese dato fue revelado por temor ya que se encontraba bajo las amenazas del imputado.

Asimismo, que la Sala Superior estimó como cierta la fecha de nacimiento brindada en el relato de la agraviada pese a que el acta de nacimiento registraba una fecha distinta. Lo que se hizo con la finalidad de subsumir los hechos dentro de los alcances del inciso 2 del artículo 170 del Código Penal, puesto que el imputado tenía particular autoridad sobre la víctima porque con su conviviente estaban a cargo de su cuidado y crianza.

Séptimo. Es también pertinente destacar que tanto el delito de violación sexual de menor de edad en agravio de la menor identificada con las iniciales M. N. O. D. como el momento de consumación del evento delictivo se declararon acreditados con el Certificado Médico Legal N.º 001378-PF-DD8 a través del cual se da cuenta que el himen de la víctima presenta desgarros antiguos múltiples y restos de carúnculas mirtiformes propias de un parto y signos de periodo de lactancia. Aunado a ello, en el plenario, se oralizó el acta de verificación9 donde se registró el relato de la menor, quien señaló haber dado a luz a su menor hijo el pasado 25 de julio de 2007. En ese contexto, igualmente no ha sido posible establecer la verdadera edad que tenía la agraviada al momento de ocurrido el evento delictivo, ya que la partida de nacimiento anexada en autos registra como fecha de su nacimiento el 19 de marzo de 1993, pero en su manifestación referencial como en el acta de verificación se consignó que la agraviada nació el 19 de marzo de 1992.

Octavo. Asimismo, en cuanto al relato incriminador de la agraviada se observa que tanto en su declaración referencial (sin presencia fiscal) como en su preventiva sindicó al acusado VIDAL DELGADO TORO como la persona que la violentó sexualmente y es padre de su menor hijo. No obstante, previamente –durante la diligencia de verificación de hechos– adujo que el progenitor de su menor hijo era Ricardo Silva Bravo. Aunado a ello, este Supremo Tribunal tiene en cuenta que durante el juicio oral se admitió la realización de una prueba de ADN entre el acusado VIDAL DELGADO TORO y el hijo de la víctima; así como una pericia para determinar la edad cronológica de aquella. No obstante, tales pruebas no pudieron actuarse debido a la inconcurrencia de la agraviada quien fue notificada –por debajo de la puerta– dos veces en su domicilio registrado en autos (según se dio cuenta en la sesión respectiva de audiencia del juicio oral).

Tampoco se aprecia de la revisión de los actuados que el imputado haya sido sometido a una evaluación psicológica y/o psiquiátrica pertinente en estos casos para determinar una potencial proclividad al abuso de menores de edad. Por consiguiente, cabe considerar que resulta necesaria la actuación de los medios de prueba citados, pues coadyuvarían a esclarecer y sustentar mejor lo atinente a la responsabilidad del acusado en los hechos imputados.

Noveno. Así, para este Supremo Tribunal es una condición esencial de justicia que se promueva y garantice una legítima actividad probatoria y evitar con ella una infracción al debido proceso y al derecho de defensa. En consecuencia, resulta indispensable llevar a cabo un nuevo juicio oral en el que deberá hacer uso de los apercibimientos que la ley prevé para asegurar la realización del examen de homologación de ADN del acusado VIDAL DELGADO TORO, por lo que también se deberá asegurar la presencia en el plenario de la víctima, teniendo en cuenta las limitaciones que ella presenta al no saber leer ni escribir. También deberá llamarse al denunciante Santos Coronel Meléndez, a la madre de la agraviada María Juana Coronel Meléndez y previa verificación de su ficha Reniec a la persona que responde al nombre Ricardo Silva Bravo. Asimismo, queda a criterio del Tribunal Superior la actuación de otros medios de prueba que faciliten el real esclarecimiento de los hechos.

Décimo. En atención a la falta de motivación descrita, cabe declarar nula la sentencia recurrida y proceder a la realización de un nuevo juicio oral, que será llevado a cabo por otro Colegiado Superior.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal, los jueces y juezas de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declararon: NULA la sentencia condenatoria del 22 de septiembre de 2021 emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. La cual condenó a VIDAL DELGADO TORO como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de mayor de 14 años y menor de 18 años edad, en agravio de la menor identificada con las iniciales M. N. O. D. Como tal le impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en 4000,00 soles la reparación civil que deberá pagar a favor de la víctima. ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral, en el que se deberán observar los fundamentos expuestos en la presente resolución. Dicho juzgamiento será llevado a cabo por otra Sala Penal de la Corte Superior de origen. DISPUSIERON LA LIBERTAD inmediata del procesado VIDAL DELGADO TORO salvo que exista otro mandato de prisión vigente en su contra. Además, se le impuso medida de comparecencia con las restricciones siguientes: a) obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización de la autoridad competente; b) obligación de dar cuenta de sus actividades cada mes al despacho de la Sala Superior; c) obligación de concurrir a las diligencias y sesiones del juicio oral programadas por la autoridad judicial las veces que sea requerido; d) prohibición de comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en el desarrollo del juicio oral. Todo ello bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restringida por el de detención y/o prisión preventiva, en caso de incumplir con las reglas fijadas en esta resolución y se haga saber.


1 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
2 Véase a folio 101.
3 Véase a folio 416.
4 Véase a folio 408, considerando octavo.
5 Artículo 170 del Código Penal establecía lo siguiente: “El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. La pena será no menor de 12 ni mayor de 18 años e inhabilitación conforme corresponda: […]
2 Si para la ejecución del delito se haya prevalido de cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima, o de una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge de este, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines de la víctima”.
6 Véase a folio 288.
7 Véase a folio 357.
8 Realizado el 1 de julio de 2011, véase a folio 124.
9 Véase a folio 7.

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