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ROBO : Nulidad de sentencia : Indebida valoración la prueba necesaria – Determinación de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 864-2021
LIMA SUR

NULIDAD DE SENTENCIA

El Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad al haber omitido la Sala Superior actuar la prueba necesaria para concluir o no la existencia de responsabilidad penal. Es de rigor rescindir la sentencia recurrida y disponer un nuevo juicio público, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución. Para tal efecto, deberá realizarse un estudio pormenorizado de los autos, además de llevarse a cabo las diligencias ordenadas y decretarse todas aquellas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

DETERMINACIÓN DE LA PENA

No es de recibo el reclamo del acusado respecto a la aplicación de la responsabilidad restringida, dado que a la fecha de los hechos contaba con 21 años y 9 meses de edad. Tampoco concurren beneficios premiales. Es falso que el recurrente haya aceptado su responsabilidad durante el proceso; por el contrario, tanto en su declaración policial como en juicio oral, negó ser responsable del ilícito, motivo por el cual tampoco se acogió a la conclusión anticipada del proceso. No fue sino hasta su defensa material que aceptó haber cometido el delito, precisando considerarse como el único responsable de este; sin embargo, teniendo en cuenta las agravantes específicas, como el caso de arma de fuego y la pluralidad de agentes, la pena impuesta cumple la finalidad de prevención general y especial de la misma. Así, este Tribunal considera que la sanción impuesta por la Sala Superior en el extremo mínimo legal, debe ser ratificada.

Lima, uno de setiembre de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados Wilmer Toscano Gamboa y Harrison Reni Alvarado Ramírez contra la sentencia del seis de octubre de dos mil veinte, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Miguel Martín Cedeño Huayre, a doce años de pena privativa de libertad; y fijó en S/ 5500,00 (cinco mil quinientos soles) el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los sentenciados de manera solidaria a favor del agraviado.

De conformidad, en parte, por la fiscal suprema en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según el Dictamen Fiscal acusatorio N.° 724-20191, el marco fáctico de imputación es el siguiente:

El 26 de enero de 2019, aproximadamente a las 07:50 horas, el agraviado Miguel Martín Cedeño Huayre conducía su vehículo por inmediaciones del cruce de las avenidas Salvador Allende y Prolongación San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. Al detenerse en el semáforo, el imputado Wilmer Toscano Gamboa se colocó frente al automóvil impidiendo que el agraviado pudiera avanzar.

Seguidamente, un sujeto de sexo masculino, quien no ha sido identificado, golpeó la parte posterior del vehículo del agraviado, quien volteó a fin de visualizar qué ocurría, situación que fue aprovechada por el imputado Harrison Reni Alvarado Ramírez, quien se acercó al vehículo del agraviado e introdujo su torso por la ventana del conductor, logrando tomar un teléfono celular (marca Motorola, modelo G6), pero el agraviado logró sujetarlo, impidiendo que este escapara, produciéndose un forcejeo entre ambos, golpeando el imputado Harrison Reni Alvarado Ramírez al agraviado, a fin de que este lo soltara.

En ese momento, el sujeto no identificado también introdujo su torso por la ventana del asiento del copiloto del vehículo y logró sustraer una billetera, la cual contenía tarjetas bancarias y la suma en efectivo de S/ 350,00 (trescientos cincuenta soles). Por su parte, el imputado Wilmer Toscano Gamboa auxilió a su coprocesado tomándolo de la cintura, logrando que se soltara del agraviado. La víctima trató de impedir la fuga de ambos sujetos, lo que motivó que Harrison Reni Alvarado Ramírez sacara un arma de fuego de entre sus prendas y con ella apuntara al agraviado; ante ello, permitió que los imputados Wilmer Toscano Gamboa y Harrison Reni Alvarado Ramírez, junto al sujeto no identificado, huyeran con sus pertenencias.

Luego del ilícito, el agraviado acudió a la dependencia policial del sector a fin de solicitar auxilio, por lo que el personal policial, luego de tener conocimiento de las características físicas de los sujetos implicados, procedió con la búsqueda y captura de los mismos, logrando intervenir únicamente al imputado Harrison Reni Alvarado Ramírez, a quien se le halló en poder de una réplica de arma de fuego.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria2 en contra del recurrente, declarando probadas las siguientes premisas:

2.1. La declaración del agraviado cumple con los parámetros establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116.

2.2. El relato del agraviado es descriptivo y ha sido expuesto con suficiencia respecto a las circunstancias precedentes y concomitantes al hecho. Ha realizado una descripción de la participación delictiva de cada uno de los acusados, quienes ingresaron a su vehículo de manera violenta para sustraerle su celular y billetera.

2.3. Existe persistencia en la incriminación, pues el agraviado ha reconocido a los acusados como los autores del ilícito, tanto en sede policial como durante el juzgamiento. Además, se advierte que se cumple con el requisito de ausencia de incredibilidad subjetiva.

2.4. Días después del evento delictivo, el agraviado acudió al lugar de los hechos y observó al imputado Wilmer Toscano Gamboa simulando limpiar vehículos de la vía pública. La autoridad policial le proporcionó apoyo y lo condujeron a la dependencia policial.

2.5. Los efectivos policiales Pablo Isaías Pecho Cueva y Eduardo Palacios Ponce han corroborado la versión del agraviado. También está el Certificado Médico Legal suscrito por la médico legista Clotilde Santillán Berlanga, quien concurrió a juicio oral.

2.6. La preexistencia de los bienes sustraídos ha sido debidamente acreditada con prueba documental.

2.7. Si bien el acusado Harrinson Reni Alvarado Ramírez señaló que los efectivos policiales lo conocen y le tienen animadversión, no existe prueba objetiva que demuestre ello.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El recurrente Wilmer Toscano Gamboa, en su recurso de nulidad fundamentado3, plantea como pretensión que se declare haber nulidad en la recurrida y se revoque la condena. Reclamó lo siguiente:

3.1. No existe una imputación necesaria ni objetiva en su contra.

3.2. El agraviado ha declarado que lo reconoció después de quince días de ocurridos los hechos, solo porque se encontraba en el mismo lugar en donde se produjo el robo. Además, afirmó haberlo reconocido porque observó que a la altura del abdomen tenía un hueco, logrando advertir ello porque vestía un bividí. Sin embargo, ello no ha sido demostrado.

3.3. Su intervención no se produjo de manera instantánea como la de su coacusado Harrison Reni Alvarado Ramírez, quien ha indicado no conocerlo. No fue capturado en flagrancia delictiva, motivo por el cual no hay prueba alguna que corrobore que participó en el ilícito.

3.4. El reconocimiento médico legal practicado al agraviado se formuló varios días después y su contenido no lo vincula con el ilícito.

3.5. No existen medios probatorios suficientes que demuestren que cometió el delito.

3.6. Al fijarse la sanción, no se ha tenido en cuenta el principio de humanidad de las penas, la realidad carcelaria ni la emergencia sanitaria por la COVID-19.

4. Por su parte, el recurrente Harrison Reni Alvarado Ramírez en su recurso de nulidad fundamentado4, plantea como pretensión que se declare haber nulidad en el extremo de la pena impuesta y, reformándola, se le imponga una sanción menor. Reclamó lo siguiente:

4.1. La Sala Superior no valoró que ha reconocido plenamente ser autor de los hechos, tanto en etapa preliminar como en el juicio oral, demostrando en todo momento su arrepentimiento.

4.2. La sanción impuesta es muy drástica y fue dictada sin tener en consideración que tenía responsabilidad restringida, así como tampoco sus condiciones personales.

4.3. El delito cometido en perjuicio del agraviado no causa un hecho gravoso o de alarma social, lo cual no se tomó en cuenta.

4.4. El Colegiado, al imponer la sanción no observó el principio de humanidad de las penas, la realidad carcelaria ni la pandemia generada por la COVID-19.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

5. Los hechos atribuidos a los sentenciados Wilmer Toscano Gamboa y Harrison Reni Alvarado Ramírez fueron calificados jurídicamente como delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, previsto en el artículo 188, concordante con los incisos 3 y 4 del artículo 189 del Código Penal, que prescribe:

Artículo 188. Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para provecharse de él sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física.

Artículo 189. Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […] 3.
A mano armada. 4. Con el concurso de dos o más personas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. En el caso concreto, el recurrente Wilmer Toscano Gamboa argumenta que no se efectuó una debida apreciación de los hechos materia de imputación, así como tampoco se compulsó adecuadamente las pruebas actuadas y producidas en el proceso. En tal sentido, este Tribunal analizará si la decisión de la Sala en los extremos impugnados tiene respaldo en la prueba actuada y se valida la decisión o si, caso contrario, tienen amparo los reclamos del impugnante. Por su parte, el recurrente Harrinson Reni Alvarado Ramírez, únicamente cuestiona la sanción que le fue impuesta, por lo que el pronunciamiento respecto a él se circunscribirá a los términos de su impugnación.

8. Conforme con el Acta de Intervención Policial del 26 de enero de 2019, en la fecha, el agraviado Miguel Martín Cedeño Huayre solicitó apoyo policial a las 09:00 horas, señalando que haber sido víctima del delito de robo agravado mientras conducía su vehículo por inmediaciones del cruce de las avenidas Salvador Allende y prolongación San Juan del distrito de San Juan de Miraflores. Sostuvo que al detenerse en el semáforo, se acercaron a su vehículo tres sujetos, uno de ellos se ubicó en la parte delantera mientras el segundo se acercó por la ventana del copiloto, provisto de un objeto, al parecer un arma de fuego, con la que lo amenazó de muerte. En esos momentos, introdujo parte de su cuerpo en el vehículo y sustrajo una billetera de color marrón que estaba en el asiento delantero del copiloto, la misma que contenía S/ 350,00 (trescientos cincuenta soles), tarjetas y documentos personales y su teléfono celular (marca Motorola, G6). El tercer sujeto se aproximó por el lado del piloto y lo amenazó con una navaja.

9. Ante ello, los efectivos policiales Eduardo Palacios Ponce y Pablo Isaías Pecho Cueva patrullaron por los alrededores con el agraviado. En la manzana 2 del sector Nuevo Horizonte encontraron al acusado Harrison Reni Alvarado Ramírez, a quien el agraviado reconoció por su vestimenta, el mismo que conforme con el Acta de registro personal fue hallado en poder de una réplica de arma de fuego de color negro, por lo que fue conducido a la dependencia policial.

10. No fue sino hasta el 29 de enero de 2019 que se produjo la intervención del imputado Wilmer Toscano Gamboa. Así quedó consignado en el Parte N.° S/N-2019-DIRINCRI-PNP-DIVDIC-L-S-DEPINCRI-PNP, en el que se dejó constancia que en la fecha, el agraviado se presentó en la dependencia policial y adujo que el 26 de enero del mismo año había sido víctima del delito de robo agravado y que, en la fecha, mientras circulaba por el lugar donde ocurrieron los hechos (ubicado en el cruce de las avenidas San Juan con Salvador Allende) pudo observar a otro de los sujetos que participó del ilícito.

Por ello, acudieron al lugar el agraviado y tres efectivos policiales pertenecientes a la DEPINCRI de San Juan de Miraflores. Al llegar, observaron a un sujeto limpiando las lunas de los vehículos que transitaban, el mismo que fue sindicado directamente por el recurrente como uno de los individuos que tomó parte del delito cometido en su agravio y logró huir el día de los hechos. A razón de ello, el personal policial le solicitó identificarse; mas, como no portaba documento de identidad alguno, fue trasladado a la dependencia policial, siendo finalmente identificado como Wilmer Toscano Gamboa y seguidamente puesto en libertad debido a que no tenía orden de captura vigente en su contra, ni había sido intervenido en flagrancia delictiva.

11. A pesar de ello, la Sala Superior no llamó a declarar al efectivo policial que suscribió el parte antes referido, alférez Daniel Ángel Villalta Cárdenas, a fin de que proporcione la identidad de los tres efectivos policiales que participaron en la intervención del acusado Wilmer Toscano Gamboa. Tales declaraciones son de particular relevancia, puesto que el agraviado, al concurrir a la tercera sesión de audiencia de juicio oral efectuada el 13 de agosto de 2020, señaló que al momento de la intervención, el recurrente Wilmer Toscano Gamboa reconoció los hechos e indicó que su coacusado era su amigo del barrio.

12. Es cierto que en autos obra la declaración policial del agraviado efectuada el 26 de enero de 2019, así como el reconocimiento formulado con posterioridad a la intervención del acusado, además de su declaración en juicio oral; sin embargo, todos estos medios probatorios tienen como fuente la versión del agraviado y si bien dan cuenta de la persistencia en la sindicación que realizó contra los acusados, no han sido corroboradas en cuanto a la vinculación del recurrente Wilmer Toscano Gamboa con el hecho materia del presente proceso, por lo que no es suficiente para ello el Certificado Médico Legal ni su ratificación en juicio oral, así como las documentales que acreditan la preexistencia de los bienes del agraviado, dado que estas solo dan cuenta de la materialidad del delito, mas no de la participación del mencionado recurrente.

13. Esto es así, si se considera además que los coacusados han negado conocerse, pues ambos señalaron durante el juicio oral ser inocentes. Cabe resaltar que el recurrente Wilmer Toscano Gamboa no cuenta con declaración alguna previa a la del plenario y en esta solo se le formularon tres preguntas relativas a si conocía a su coimputado y al agraviado, así como si se consideraba inocente. Es decir, no se le preguntó en dónde se encontraba el día de los hechos y demás aspectos en relación con los cargos materia de imputación y a su entorno social o familiar, que son de interés a fin de determinar si conocía o no a su coacusado previamente a la comisión del ilícito penal.

14. Otro factor relevante del cual no obra elemento probatorio alguno, es que una de las razones por las que el agraviado logró reconocer al acusado Wilmer Toscano Gamboa fue que observó que “tenía un hueco en el pecho” o “el pecho hundido”. La Sala Superior no incidió en formular preguntas en relación a ello, pese a que no había sido mencionado con anterioridad por el agraviado; tampoco se realizó un reconocimiento médico con el que se pueda contrastar tal información, ni se le preguntó al acusado al respecto.

15. En ese sentido, a efectos de contrastar la sindicación formulada por el agraviado en contra del recurrente Wilmer Toscano Gamboa y determinar si está o no vinculado con el ilícito penal, resulta necesario que, bajo los apercibimientos de ley, declaren en juicio oral el agraviado, los efectivos policiales que participaron de la intervención del acusado, debiendo para ello previamente llamarse a declarar al alférez Daniel Ángel Villalta Cárdenas a fin de que proporcione sus nombres; y formularse el reconocimiento médico del precitado acusado, quien también deberá ser examinado en juicio oral. Para cada una de las diligencias antes señaladas, deberá tenerse en cuenta lo precisado en los considerandos que anteceden.

16. En estas condiciones, este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad respecto al acusado Wilmer Toscano Gamboa, al haber omitido la Sala Superior actuar la prueba necesaria para concluir o no en la existencia de responsabilidad penal. Es de rigor rescindir la sentencia recurrida y disponer un nuevo juicio público, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presente resolución. Para tal efecto, deberá realizarse un estudio pormenorizado de los autos, además de llevarse a cabo las diligencias ordenadas y decretarse todas aquellas que se consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

17. Finalmente, dado que el recurrente se encontraba con prisión preventiva y en la sentencia rescindida se aplicó pena efectiva, debe ordenarse su inmediata libertad; siempre y cuando no tenga mandato de prisión dictado por otra autoridad competente. Sin embargo, en salvaguarda de que el proceso no sufra dilaciones indebidas, a causa de una posible inconcurrencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, deben dictarse las medidas de aseguramiento personal previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse lo prescrito en el artículo 276 del mencionado cuerpo legal.

18. Respecto al recurrente Harrinson Reni Alvarado Ramírez, en cuanto al procedimiento de determinación de la pena se advierte que la Sala Superior aplicó el “sistema de tercios” previsto en el artículo 45-A del Código Penal. Precisa que la sanción a imponer al mencionado recurrente debía ser fijada en el tercio inferior. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de esta Suprema Corte, tal proceder es incorrecto pues cuando se está frente a tipos penales que incorporan circunstancias agravantes específicas no es de aplicación tal sistema, sino que se toma en cuenta el número de circunstancias para determinar proporcionalmente el marco punitivo5. Ello obedece a que, entre circunstancias genéricas y específicas, existe una relación normativa de exclusión ya que poseen una estructura propia y autónoma, por ende, sus componentes no pueden intercambiarse o mezclarse entre sí al momento de su aplicación al caso concreto, debiendo primar las circunstancias específicas, con lo cual se pretende evitar la duplicidad valorativa y la lesión al principio non bis in ídem. Las circunstancias genéricas y específicas6.

19. El marco punitivo para el delito de robo agravado es de 12 a 20 años. Luego, el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal establece ocho circunstancias agravantes específicas del mismo nivel, por lo que a cada una de ellas debe asignársele un valor cuantitativo similar (el espacio punitivo de 1 año por cada una). De tal manera que a mayor número de circunstancias agravantes específicas la posibilidad de alcanzar el extremo máximo de la pena también es mayor, del mismo modo, a menor cantidad de circunstancias agravantes específicas, genera la fijación de una pena en el mínimo legal o cercano a él.

En el caso concreto, concurren dos circunstancias agravantes específicas del tipo penal, como son que el hecho se produjo a mano armada y con pluralidad de agentes. Por ello, partiendo del mínimo legal y en línea ascendente, determinaría que el marco punitivo en el cual se fijará la pena concreta está entre los 12 a 14 años. Luego, se debe valorar que concurre una circunstancia atenuante genérica, puesto que en autos no se ha acreditado que el recurrente cuente con antecedentes penales. De igual manera, son relevantes las circunstancias personales del acusado Harrison Reni Alvarado Ramírez, entre las cuales se tiene su grado de instrucción (primaria incompleta-tercer grado de primaria), 21 años a la fecha de los hechos y desempeñaba el oficio de jardinero. Aquellas fueron consideradas por la Sala Superior de manera general.

En suma, todas estas circunstancias solo permiten fijar la pena parcial dentro de los márgenes establecidos por el legislador, pues el caso del SARS-COV-2 no es causal de disminución de la punibilidad. Tampoco está acreditado que el recurrente presente tal afectación para disponer que el INPE tome las medidas del caso. Por ello, en atención al principio de legalidad, lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos II, IV y VIII del Título Preliminar del Código Penal, resulta razonable fijar la pena en el extremo mínimo del citado intervalo, esto es 12 años.

20. Entonces, sobre este resultado parcial deben aplicarse las causales de disminución de la punibilidad o los beneficios premiales que concurran. En este caso, no es de recibo el reclamo del acusado respecto a la aplicación de la responsabilidad restringida, dado que a la fecha de los hechos contaba con 21 años y 9 meses de edad. Tampoco concurren beneficios premiales, pues es falso que el recurrente haya aceptado su responsabilidad durante el proceso; por el contrario, tanto en su declaración policial como en juicio oral, negó ser responsable del ilícito, motivo por el cual tampoco se acogió a la conclusión anticipada del proceso. No fue sino hasta su defensa material que aceptó haber cometido el delito, precisando considerarse como el único responsable de este; sin embargo, teniendo en cuenta las agravantes específicas, como el caso de arma de fuego y la pluralidad de agentes, la pena impuesta cumple la finalidad de prevención general y especial de la misma. Así, este Tribunal considera que la sanción impuesta por la Sala Superior en el extremo mínimo legal, debe ser ratificada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del seis de octubre de dos mil veinte, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que le impuso a Harrison Reni Alvarado Ramírez doce años de pena privativa de libertad por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Miguel Martín Cedeño Huayre; y fijó en S/ 5500,00 (cinco mil quinientos soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá pagar de manera solidaria el sentenciado a favor del agraviado.

II. NULA la precitada sentencia, en el extremo que condenó a Wilmer Toscano Gamboa como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Miguel Martín Cedeño Huayre, a doce años de pena privativa de libertad y al pago solidario de S/ 5500,00 (cinco mil quinientos soles) por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

III. ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, llevándose a cabo las diligencias descritas en el decimoquinto fundamento jurídico, así como aquellas que la Sala Superior considere necesarias, en observancia de las consideraciones expuestas en la presente resolución.

IV. DISPONER la inmediata libertad del acusado Wilmer Toscano Gamboa; siempre y cuando no subsista en su contra, orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente; y conforme con el artículo 288 del Código Procesal Penal, ESTABLECER, como reglas de conducta, que el recurrente: i) no se comunique con el agraviado y su familia; ii) no se ausente del lugar de su residencia ni varíe su domicilio sin previa comunicación y autorización de la Sala Penal Superior; y, iii) se presente al local de la Sala Penal Superior el último día hábil de cada mes, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades, y las veces que se le requiera; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarse lo prescrito en el artículo 276 del mencionado cuerpo legal.

V. DISPONER que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.


1 Cfr. páginas 230-249 del expediente principal.
2 Cfr. páginas 425-442 del expediente principal.
3 Cfr. páginas 338-342 del expediente principal.
4 Cfr. páginas 343-346 del expediente principal.
5 Cfr. Recurso de Nulidad N.° 393-2018/Sullana, del 24 de julio de 2018, fundamento jurídico cuarto. Emitido por la Sala Penal Permanente.
6 Cfr. Recurso de Nulidad N.° 1434-2019/Lima Norte, emitido el 27 de enero de 2020, por la Sala Penal Permanente.

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