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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1717-2021
LIMA NORTE

NULIDAD DE SENTENCIA CONDENATORIA Y NUEVO JUICIO

Se ha incurrido en una causal de nulidad insubsanable, conforme lo prevé el artículo 298 del Código de Procedimientos Penales, al no haberse motivado adecuadamente los hechos probados; por consiguiente, se infringió la garantía prevista en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución, por lo que se declara nula la sentencia impugnada y se ordena un nuevo juicio oral por otro colegiado llamado por ley.

Lima, seis de setiembre de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de VÍCTOR GAUDENCIO PÉREZ ESPINOZA y JAVIER PÉREZ AQUINO contra la sentencia del dieciséis de setiembre de dos mil veintiuno (folios 388-400) expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Mediante dicha sentencia se les condenó como coautores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Jhune Rojas Clemente y Junior Kelmen Cocha Sandonas. En consecuencia, se les impuso doce años de pena privativa de libertad y fijó en quinientos soles el monto de la reparación civil; con lo demás que contiene.

Con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal. Intervino como ponente el juez supremo GUERRERO LÓPEZ.

CONSIDERANDO

Primero. MARCO LEGAL DEL PRONUNCIAMIENTO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

Segundo. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

2.1. De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público (folios 263-271), la atribución fáctica en este caso, consiste puntualmente en lo siguiente:

El dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 04:00 horas, los procesados Víctor Gaudencio Pérez Espinoza y Javier Pérez Aquino, mediante amenaza, sustrajeron las pertenencias de los agraviados Jhune Rojas Clemente y Junior Kelmen Cocha Sandonas.

Lo narrado se produjo cuando los referidos agraviados se dirigían a la casa de la agraviada Rojas Clemente a la altura del Mercado Mega 80 de Comas. Los procesados los interceptaron y los amenazaron con un arma de fuego y los despojaron de sus pertenencias (una cartera que contenía zapatos, cosméticos, ropa, una bolsa de regalo con una pijama y un teléfono celular marca Lenovo N.° 996-997-022 Movistar, además de una billetera y morral), para luego darse a la fuga con dirección desconocida.

El procesado Víctor Gaudencio Pérez Espinoza les expresó: “Ya perdieron”, apuntó y amenazó con un arma de fuego a los agraviados; mientras que Javier Pérez Aquino fue quien los despojó de sus pertenencias.

Luego de sucedidos los hechos, personal policial (SO3 PNP Gunter Jean Mejía Gabriel y SOT1 PNP Vértiz Arias), que realizaba patrullaje motorizado por la avenida Honduras C-1, se percataron de que el vehículo marca Kia-Cerato de placa de rodaje AKM-042, conducido por Víctor Gaudencio Pérez Espinoza, circulaba de manera sospechosa. Al solicitarles que desciendan de la unidad para ser identificados, las personas que iban en la parte posterior, entre los que se encontraba Javier Pérez Aquino, intentaron darse a la fuga. De este modo, se inició la persecución y se consiguió capturar a este último. Asimismo, se encontró en el interior del vehículo las pertenencias de los agraviados y una réplica de arma de fuego. Los procesados fueron conducidos a la unidad policial. En dicho lugar, se logró comunicar con amistades y familiares de Jhune Rojas Clemente; posteriormente, cuando los agraviados se apersonaron, reconocieron plenamente a los intervenidos.

2.2. Los hechos se subsumieron en el delito de robo con agravantes —previsto en el artículo 188 del Código Penal (en adelante CP), en concordancia con los numerales 3 (a mano armada) y 4 (con el concurso de dos o más personas) del primer párrafo del artículo 189 del mismo cuerpo legal— a título de coautores.

Tercero. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD DE VÍCTOR GAUDENCIO PÉREZ ESPINOZA Y JAVIER PÉREZ AQUINO

Los impugnantes expusieron esencialmente los siguientes agravios:

3.1. Es falso que los agraviados hayan reconocido a Víctor Gaudencio Pérez Espinoza como la persona que participó en el robo, Junior Kelmen Cocha no los sindica de forma directa y Jhune Rojas Clemente entra en contradicciones pues indicó que durante el asalto bajó la mirada. Ello incluso fue tomado en cuenta por el juzgado penal al momento de declarar no haber lugar a la apertura de instrucción. Además, el reconocimiento realizado por Jhune Rojas Clemente carece de las formalidades previstas en el artículo 189 del Nuevo Código Procesal Penal.

3.2. El acta de intervención policial contiene datos que no se ajustan a la verdad de los hechos, ya que se indica que los efectivos policiales patrullaban por la avenida Honduras C-1; sin embargo, Gunter Jean Mejía Gabriel indicó que patrullaban “a la altura de la cincuenta”, lo cual se condice con lo señalado por el imputado Pérez Espinoza. Asimismo, el referido documento indica que este imputado se encontraba en compañía de dos personas, lo cual es ratificado por el policía Mejía Gabriel.

3.3. El Informe Policial N.° 194-2016-REGP0L-LIMAI/DIVTER N2-CTA-DEINPOL acredita que en la parte trasera del vehículo había una tercera persona a quien el efectivo policial no logró capturar y a la que pertenecían los bienes hallados; por ese motivo, las actas de registro personal realizadas a los procesados no fueron suscritas por ellos.

3.4. No se consignó que el imputado Pérez Espinoza tenía dinero en su poder producto de su trabajo como taxista y colectivero, lo cual se encuentra acreditado con prueba documental como su licencia de conducir, carné de educación y seguridad vial de la Municipalidad del Callao, la tarjeta única de circulación especial (taxi remisse) y la habilitación de conductor.

3.5. No se ha considerado que Javier Pérez Aquino estaba sentado en la parte de atrás como pasajero porque el vehículo de Víctor Gaudencio Pérez Espinoza hacía colectivo y no era copiloto. Tampoco que transitaban a una velocidad normal en una auxiliar de la avenida Túpac Amaru, por lo que no tenía intenciones de huir.

3.6. A los procesados no se les encontró en posesión de los cincuenta soles que había retirado la agraviada Jhune Rojas Clemente.

Cuarto. DICTAMEN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Dictamen N.° 182-2022-MP-FN-1FSP (folios 54-58), la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia impugnada. Considera que existen suficientes pruebas para desvanecer la presunción de inocencia que asistía a los justiciables y la sentencia recurrida se encuentra arreglada a derecho.

Quinto. ÁMBITO DEL RECURSO DE NULIDAD

Este Supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en el recurso de nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales (principio conocido como tantum devollutum quantum apellatum). Se tiene en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental y la competencia del órgano de revisión está delimitada objetiva y subjetivamente, precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

Sexto. GARANTÍA DE DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

6.1. El derecho a la motivación de resoluciones judiciales, previsto en el numeral cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú, garantiza que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que lo llevan a tomar una determinada decisión.

6.2. Con relación a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela señaló que:

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado.

6.3. En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales importa que los jueces, al momento de resolver, expresen las razones o justificaciones objetivas, considerando no solo el ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino los hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso2.

Sétimo. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

7.1. Este Tribunal Supremo, luego de la revisión de la sentencia impugnada y de los argumentos expuestos por los recurrentes advierte que el Tribunal de Instancia no ha realizado una debida valoración de los medios de prueba que obran en autos. Además, no se realizaron las diligencias necesarias para esclarecer la responsabilidad penal de los imputados y garantizar así la tutela judicial efectiva contemplada en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

7.2. De este modo, la sentencia impugnada esgrimió una motivación insuficiente; e, incluso, realizó conclusiones que no se condicen con el contenido del material probatorio que analizó, puesto que:

7.2.1. Afirmó que el agraviado Junior Kellmen Concha Sandonas realizó una sindicación y reconoció plenamente a los acusados como los participantes del robo; sin embargo, no señaló en qué extremo de su declaración policial habría realizado tal incriminación, más aún cuando en una de sus respuestas, esta víctima indicó que no los pudo reconocer porque no los vio bien.

7.2.2. No se ha explicado cómo es que, existiendo aspectos que es necesario aclarar, no se ha insistido en la concurrencia de la agraviada Jhune Rojas Clemente al juicio oral para efectos de que corrobore la forma en que logra identificar a los imputados, tomando en cuenta las circunstancias en que se habrían suscitado los hechos.

7.2.3. No se han establecido con claridad las circunstancias en las que ocurrió la intervención policial a los procesados; entre ellas, el lugar de la intervención, las razones que motivaron dicha actuación — dado que se afirmó que fue por una actitud sospechosa—, la manera en la que algunos de sus ocupantes descendieron del vehículo, así como sus ubicaciones.

7.3. En tal sentido, se ha incurrido en una causal de nulidad insubsanable, conforme lo prevé el artículo 298 del C de PP, al no haberse motivado adecuadamente los hechos que consideró probados; por consiguiente, se infringió la garantía prevista en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución3.

7.4. En tal sentido, es necesario que se lleve a cabo un nuevo juicio oral, en el cual se llevarán a cabo las siguientes diligencias:

7.4.1. Declaración de los agraviados, especialmente la de Jhune Rojas Clemente; con la finalidad de esclarecer la manera que fue abordada por los procesados y ratifique su reconocimiento.

7.4.2. Declaración de los policías Gunter Jean Mejía Gabriel y Américo Vértiz Arias, quienes intervinieron a los acusados, con la finalidad de que expliquen las circunstancias en que se dio dicha actuación policial y ratifiquen el contenido de las actas suscritas, entre ellas el Acta de registro vehicular.

7.4.3. Actualizar los antecedentes de los procesados, tanto policiales, judiciales como penales.

7.4.4. Lo anterior no limita la actividad probatoria que puedan postular las partes procesales.

7.5. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 298 del C de PP corresponde declarar nula la sentencia impugnada y disponer que se realice un nuevo juzgamiento por otro colegiado.

7.6. En cuanto a la condición jurídica de los recurrentes, estos se encuentran con orden de ubicación y captura, como consecuencia de la sentencia condenatoria que es declarada nula y a la fecha no se cuenta con información acerca de si fueron capturados. En ese sentido, corresponde levantar dichas órdenes y disponer que continúen con las reglas pertinentes a fin de que puedan quedar sujetos al presente proceso4.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. Declarar NULA la sentencia del dieciséis de setiembre de dos mil veintiuno (folios 388-400) expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a VÍCTOR GAUDENCIO PÉREZ ESPINOZA y JAVIER PÉREZ AQUINO como coautores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Jhune Rojas Clemente y Junior Kelmen Cocha Sandonas; en consecuencia, se les impuso doce años de pena privativa de libertad, y fijó en quinientos soles el monto de la reparación civil; con lo demás que contiene.

II. ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otra Sala Penal Superior llamada por ley, que debe considerar las diligencias indicadas en la presente Ejecutoria Suprema y emitir pronunciamiento con debida diligencia.

III. DISPONER que se dejen sin efecto las órdenes de ubicación y captura que pesan sobre los imputados, y que los recurrentes continúen con mandato de comparecencia restringida, debiendo cumplir las siguientes reglas: a) no variar el domicilio señalado en autos sin autorización del órgano jurisdiccional; b) comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico; c) presentarse puntualmente a las citaciones y la autoridad y al nuevo juzgamiento las veces que el Tribunal Superior lo requiera; todo bajo apercibimiento de revocársele el mandato de comparecencia y disponerse su prisión preventiva.

IV. DISPONER se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la sala superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
2 STC N.° 1480-2006-AA/TC, fundamento 2.
3 Principios de la Administración de Justicia: Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
4 Mediante auto de procesamiento del diecinueve de noviembre de dos mil diecisiete (folios 171/176) se les dictó mandato de comparecencia con restricciones a ambos imputados.

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