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ROBO : Absolución – Duda razonable en la materialización de los hechos y gravedad de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1002-2021
LIMA SUR

Absolución por duda razonable en la materialización de los hechos y gravedad de la pena

Sumilla. En la determinación de participación del acusado confluyen razones opuestas que además del factum imputativo postulado por el titular de la acción penal podrían responder a un supuesto fáctico incriminatorio distinto, lo que impide arribar a una condena penal plena. Subsiste duda razonable en la dilucidación de la imputación, al no haberse acreditado de forma indubitable que participó de manera conjunta en el evento delictivo.

En atención a lo expuesto, considerando que la presunción de inocencia del imputado, prevista en el apartado e, del inciso 24, del artículo 2, de la Constitución Política del Perú, se mantiene incólume, corresponde disponer su absolución ante la duda razonable, al amparo de lo regulado en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales.

La gravedad de la lesión sufrida que ha superado los 30 días de asistencia facultativa, por lo que constituye una lesión grave quedando comprobada la intensidad de la violencia ejercida por parte del acusado Marvin Maycon, por lo tanto la pena impuesta debe quedar determinada en la aplicación de la agravante del párrafo in fine del citado artículo. No obstante, estando lo opinado por el fiscal supremo en lo penal, este Supremo Tribunal advierte que la gravedad del injusto debe ser proporcional a la gravedad de la pena.

Lima, doce de septiembre de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la defensa de los sentenciados Junior Julio Sánchez Acosta, Marvin Maycon Sánchez Acosta y el representante del Ministerio Público contra la sentencia del veintidós de septiembre de dos mil veinte emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur (foja 491) que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Guillermo Mudarra Sandoval; y como tal se le impuso a Junior Julio Sánchez Acosta diez años y doce días de pena privativa de libertad; y, a Marvin Maycon Sánchez Acosta doce años de pena privativa de libertad; se fijó en S/ 10 000,00 (diez mil soles) el monto por concepto de reparación civil que deberán pagar los sentenciados en forma solidaria al agraviado.

De conformidad en parte con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. Los sentenciados Marvin Maycon Sánchez Acosta y Junior Julio Sánchez Acosta interpusieron recurso de nulidad formalizado, mediante escrito del treinta de septiembre de dos mil veinte (foja 523). Por un lado se postula la absolución de los cargos imputados respecto del imputado Junior Julio Sánchez Acosta y de otro lado se postula reducción de la pena respecto de la participación del imputado Marvin Maycon Sánchez Acosta, denuncian la vulneración de la debida valoración de pruebas y duda razonable respecto de la participación del primero. Así se señalaron lo siguiente:

1.1. El representante del Ministerio Público no agotó reunir los medios probatorios como la ubicación, captura y manifestación de la persona de Jesús Benito Cornejo Montenegro, quien habría participado en los hechos denunciados al haber sido señalado por el procesado Junior Julio Sánchez Acosta como el autor de la comisión del delito.

1.2. Se afirma que si bien el agraviado señaló inicialmente la participación de los coprocesados Marvin Maycon Sánchez Acosta y Junior Julio Sánchez Acosta, posteriormente, en el juicio oral no ha dado una versión uniforme y coherente respecto a su incriminación, ha incurrido en contradicciones al alegar que ambos coprocesados, que son hermanos, son muy parecidos y no pudo distinguir cual de los dos le robó y lesionó.

1.3. Asimismo, indica que no está probado si Marvin Maycon Sánchez Acosta o Jesús Benito Cornejo Montenegro (quien fue llamado a declarar) hayan usado un objeto punzocortante al momento de los hechos, debido a que no se ha realizado una pericia a dicha arma presuntamente utilizada.

1.4. La sentencia incurre en error porque se ha alegado la inocencia de Junior Julio Sánchez Acosta y la rebaja de pena en cuanto a Marvin Sánchez Acosta; no obstante, el Colegiado indica que se alegó la inocencia de ambos.

1.5. La condena de Marvin Maycon Sánchez Acosta debe ser reducida en atención a lo establecido en el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales.

Por su parte, el representante del Ministerio Público en su recurso impugnatorio interpuesto mediante escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte (folio 519), señaló no encontrarse conforme con el quantum de las penas impuestas a los procesados. Arguyó lo siguiente.

1.6. Advierte una indebida motivación de la sentencia recurrida, el tribunal no considero ni tomó en cuenta y aun menos se pronunció sobre la agravante —lesiones graves— del último párrafo, del artículo 189, del Código Penal subsumido en los hechos perpetrados, pese a que esta se encuentra acreditada con el certificado médico practicado al agraviado, en el cual se ha descrito la lesión grave sufrida por arma punzocortante, estableciéndose una incapacidad médico legal de 40 días.

1.7. Asimismo, indica que se ha solicitado la imposición de cadena perpetua contra los acusados, quienes tienen la condición de habituales y como consecuencia de su actuar han producido lesiones graves al agraviado y a su integridad física.

1.8. Finalmente, afirma que se ha vulnerado el principio de legalidad y no se ha justificado las razones por las cuales determinan la decisión impuesta, esto es, respecto de lo establecido en el último párrafo, del artículo 189, del Código Penal.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. La acusación fiscal formalizada por dictamen del tres de septiembre de dos mil dieciocho (foja 206) postuló como hecho incriminado lo siguiente:

Fluye de los actuados que con fecha once de febrero de dos mil dieciocho, a las 19:00 horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Guillermo Mudarra Sandoval caminaba por la altura del paradero denominado “la G” (situado en la av. Pachacutec sin número del A. H. Nuevo Progreso 2do sector, en el distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima), fue interceptado por el procesado Junior Julio Sánchez Acosta, quien lo sujetó por el cuello en la modalidad conocida como “cogoteo”, para luego derribarlo sobre el pavimento, a fin de sustraerle sus pertenencias, mientras que el procesado Marvin Maycon Sanchez Acosta, procedió a despojarlo de su mochila, un teléfono celular marca MOTO E4 PLUS valorizado en S/699,00 (seiscientos noventa y nueve soles) y dinero en efectivo por el monto de S/100,00 (cien soles); sin embargo, el agraviado opuso resistencia a entregar sus bienes, motivo por el cual el procesado Marvin Maycon Sánchez Acosta, sacó entre sus prendas un objeto punzocortante con el cual le profirió cortes en ambas manos a la altura de la muñeca al agraviado Guillermo Mudarra Sandoval, ocasionándole las lesiones descritas en el Certificado Médico Legal N.° 003390-V (folio 41), cuyo contenido es el siguiente:

[…] Anamnesis; paciente sufre agresión por terceros con objeto cortante en miembro superior derecho e izquierdo, no refiere pérdida de conciencia, al examen físico; paciente despierto en reg. Lucido, lotep–ferila antebraquipalmar con vendaje elástico en miembro superior derecho- escoriación de 3,5 cm, en cara posterior de tercio proximal de antebrazo izquierdo resto sin alteraciones; diagnósticos: lesión en tendones flexores de muñeca derecha, lesión vascular cubital, descartar lesión nerviosa, se realiza tenorrafia de tendones flexores de muñeca derecha, hallazgos operativos: herida contuso cortante cara volar de muñeca derecha con exposición de tendones flexores superficiales de 4to y 5to dedo profundos de 3er, 4to y 5to dedos de mano derecha; sección completa de arteria cubital con pérdida de pared vesicular […]

Los citados procesados fugaron del lugar con rumbo desconocido, llevándose consigo las pertenencias sustraídas. Posteriormente, el agraviado es auxiliado por los vecinos del lugar, quienes se comunicaron al número de emergencia 105 de la Policía Nacional del Perú, para denunciar lo sucedido, acercándose al lugar personal policial, quienes trasladaron al agraviado al centro de emergencia de Villa El Salvador. Procediendo personal policial a realizar las rondas de inteligencia por la zona a fin de capturar a los procesados, llegando a intervenir a Junior Julio Sánchez Acosta, quien fue trasladado a la comisaría del sector.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del tipo penal previsto en el artículo 188 (tipo base) y agravantes previstas en los numerales 2 (durante la noche o en lugar desolado) 3 (a mano armada) y 4 (con el concurso de dos o más personas) concordante con el último párrafo, del artículo 189, del Código Penal.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. Constituye criterio asentado que toda sentencia condenatoria se debe fundar en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado1. Caso contrario corresponderá concluir en su absolución, sea porque la prueba resultó insuficiente (primer párrafo, del artículo 284, del Código de Procedimientos Penales); o, en su defecto, porque lo actuado presenta un supuesto de duda de la responsabilidad del encausado (la duda favorece al reo o in dubio pro-reo).

En el primer caso, que se trata de algo objetivo, supone que a falta de pruebas la presunción de inocencia (garantía constitucional prevista en el literal 2, del inciso 24, del artículo 2, de la Constitución Política del Estado, que propugna la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa2) no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume. Por otro lado, el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidades que debe reunir estas)3.

Quinto. Por otro lado, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, refiere que los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados por el órgano jurisdiccional con criterio de conciencia. Si bien el juez o la Sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta —nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo—, jurídicamente correcta —las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que les son propias y legalmente exigibles— se ha de llevar a cabo con arreglo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia —determinadas desde parámetros objetivos— y de la sana crítica4.

El juicio conclusivo del operador de justicia debe encontrarse debidamente motivado, lo que exige una precisión detallada de las razones o justificaciones o justificaciones objetivas que lo llevaron tal o cual decisión, esta obligación se reside en la garantía Constitucional, regulada en el numeral 5, del artículo 139, de la norma fundamental.

Sexto. Ahora bien, las pretensiones recursivas que convocan el presente análisis nos remiten a los cuestionamientos formulados por los procesados Junior Julio Sánchez Acosta y Marvin Maycon Sánchez Acosta.

El primero de ellos postula, en lo pertinente, que no se realizó una adecuada valoración de la prueba que sustentó su condena penal, lo que a su criterio demanda su absolución por no haberse desvirtuado su presunción de inocencia. Por su parte, el procesado Marvin Maycon Sánchez Acosta cuestiona, en exclusivo, el quantum de la pena impuesta.

Respecto a la condena o absolución de Junior Julio Sánchez Acosta

Séptimo. Es de precisar que la materialidad del delito y la determinación de la responsabilidad penal de los procesados, mencionados, se sostienen en la sindicación directa, formulada de manera coetánea a los hechos por parte del agraviado de Guillermo Mudarra Sandoval.

Al respecto, si bien la sindicación del agraviado ostenta capacidad probatoria de entidad suficiente para enervar la presunción de inocencia que asiste a todo justiciable, ello no le otorga por sí mismo fiabilidad absoluta; por el contrario, sus dichos deben ser evaluados en el marco de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal, desarrolladas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, esto es, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación.

Octavo. En el presente caso, se advierte que el agraviado Mudarra Sandoval, rindió su manifestación a nivel policial, la cual contó con la intervención del representante del Ministerio Público, siendo entrevistado en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (foja 14) y ante el Plenario (lllevada a cabo en la tercera sesión de juicio oral el once de septiembre de dos mil veinte, folio 473), detalló el modo y circunstancias del ilícito en su agravio.

Así a nivel policial, indicó que el once de febrero a las 19:00 horas aproximadamente, se encontraba caminado por el lugar de los hechos con dirección a su domicilio, momento en que dos sujetos le interceptan por detrás, uno de ellos lo coge del cuello y lo tumba al suelo, para que luego el otro que estaba por delante le trata de quitar su mochila pero el opuso resistencia es ahí que le lesionan con un arma filuda. Refiere que los conoce de vista hace seis meses a ambos sujetos porque son de su barrio, señalando a los acusados son Junior Julio Sánchez Acosta y su hermano Marvin Maycon Sánchez Acosta. Precisó que Junior Julio Sánchez Acosta es quien lo cogió del cuello y tumbó al suelo y después quiso quitarle su mochila, el segundo sujeto Marvin Maycon Sánchez Acosta ayudó al primero para quitarle su mochila, al ver que ponía resistencia le cortó con un objeto filudo su muñeca a la altura de la vena, en esos momentos se aproximaron los vecinos quienes lo auxiliaron con un patrullero, llegando a perder el conocimiento. Agregó que nunca ha tenido problemas con los procesados y es la primera vez que le roban, que estos viven por su barrio y se dedican a ello y todos los conocen, además causan daño a la sociedad. Precisó que le robaron su mochila de color azul donde tenía su celular MOTO E 4 PLUS y S/100,00 (cien soles) producto de su trabajo como carpintero.

Por su parte, a nivel de juicio oral, el agraviado se ratificó de su versión incriminatoria inicial, preciso que el día de los hechos se iba a su casa, estaba en el paradero G y pasaba por ahí lo agarraron del cuello, lo tumbaron, reconoció a Marvin y le dijo “porque me haces estos si yo soy tu vecino”. Le quitaron su maletín le arrastraron por ahí. Dijo que la cara de Marvin y Junior son parecidas, le quitaron su dinero S/80,00 (ochenta soles) a S/100,00 (cien soles), su maletín y su celular. No sabe con qué objeto le cortaron, pero resultó cortado en la mano derecha. Precisó que recuerda exactamente que le robaron Junior y Marvin pero no pudo distinguir a la persona que lo lesionó porque ambos hermanos son parecidos. Indicó que había luz suficiente como para reconocerlos que ambos son altos miden 1.70 m aproximadamente muchachos y que se recuperó luego de dos meses, y el corte ocasionado tuvo doce puntos por lo que no pudo trabajar y se tuvo que ir a su pueblo.

Noveno. En el análisis de lo depuesto por el agraviado corresponde evaluar en primer término el aspecto subjetivo de la incriminación. Fluye de autos que no se postuló ni resultan patentes relaciones de animadversión personal, encono, rencillas u otras entre el agraviado y los procesados, con antelación a los hechos, que justifiquen la incoación de una conducta delictiva de tal entidad. Por tanto, dicho relato supera el primer estándar de certeza establecido.

En segundo término, en cuanto a la persistencia en la incriminación, se verifica que el agraviado Mudarra Sandoval desde la etapa preliminar y, posteriormente, en el Plenario, mantuvo la incriminación contra los recurrentes Marvin y Junior, no obstante, indicó que no puede reconocer cual de los dos procesados le habría ocasionado las lesiones puesto que ambos hermanos son muy parecidos; sin embargo, precisó que identificó a Marvin como uno de los autores del robo agravado en su contra y haberle reclamado su actuar por ser su vecino, en tal sentido la versión del agraviado resulta uniforme, coherente y razonable. Lo que nos lleva a concluir que este segundo aspecto si concurre en la presente causa.

Décimo. No obstante lo expuesto, resultan patentes las deficiencias de la prueba actuada en el análisis de respaldo de la conducta incriminada.

Conforme criterio asentado por esta Corte Suprema, lo declarado por el agraviado debe contar con ciertas corroboraciones periféricas capaces de sostener lo depuesto por este. En el presente caso, la Sala Superior respalda la condena de los recurrentes en el mérito del certificado médico legal practicado al agraviado, el acta de reconocimiento fotográfico de ficha Reniec, las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes y el examen toxicológico practicado a los procesados.

Al respecto, del Certificado Médico Legal N.° 003390-V, del doce de febrero de dos mil dieciocho (foja 44) practicado al agraviado el cual indica que el examinado presenta “[…] Anamnesis; paciente sufre agresión por terceros con objeto cortante en miembro superior derecho e izquierdo, no refiere pérdida de conciencia. Al examen físico; paciente despierto en reg. Lucido, lotep –ferila antebraquipalmar con vendaje elástico en miembro superior derecho– escoriación de 3,5 cm, en cara posterior de tercio proximal de antebrazo izquierdo resto sin alteraciones. Diagnósticos: lesión en tendones flexores de muñeca derecha, lesión vascular cubital, descartar lesión nerviosa, se realiza tenorrafia de tendones flexores de muñeca derecha. Hallazgos operativos: herida contuso cortante cara volar de muñeca derecha con exposición de tendones flexores superficiales de 4to y 5to dedo profundos de 3er, 4to y 5to dedos de mano derecha; sección completa de arteria cubital con pérdida de pared vesicular […] CONCLUSIONES: ATENCIÓN FACULTATIVA diez DÍAS. INCAPACIDAD MÉDICO LEGAL 40 DÍAS”. Sin embargo, aun cuando dicha instrumental permite corroborar la violencia ejercía contra la víctima como elemento típico de la conducta incoada —robo agravado— no resulta pertinente en la determinación de la participación del acusado Junior Julio Sánchez Acosta.

En igual sentido, del acta de reconocimiento fotográfico de ficha Reniec, respecto de los acusados, realizado por el agraviado, si bien este al ser preguntado por las fichas Reniec que se le muestran a la vista señalo que, “la persona que me robo es el que aparece con el N.° 2 siendo la persona de Junior Julio Sánchez Sandoval Acosta, también reconozco que participó en el robo el N.° 3 que aparece con el nombre de Marvin Maycon Sánchez Acosta” se advierte que del propio testimonio del agraviado si bien está seguro de la participación de los acusados, solo ha identificado plenamente a Marvin Maycon a quien le ha reclamado su actuar por ser su vecino.

Por otro lado, en cuanto a la prueba personal se verifica que concurrió ante el Plenario el efectivo policial Carlos Daniel Luis Barco Rosales (llevada a cabo en la tercera sesión de juicio oral del once de septiembre de dos mil veinte, folio 471); quien si bien se ratifico de lo dicho a nivel preliminar. Precisó respecto a la participación de Junior Julio que luego de atender al herido retorno al lugar donde vivían los presuntos delincuentes y en dicha casa se encontraba su mama y salió el muchacho y dijo “yo no he sido” con él se dirigió al hospital, y el agraviado lo sindicó diciendo que junto a su hermano lo habían asaltado.

Sin embargo, lo aportado por el efectivo no esclarece el grado de participación del recurrente pues se limita a referir la sindicación del agraviado como preámbulo para la intervención del acusado Junior Julio.

La referencia al resultado positivo del examen toxicológico para alguno de los procesados no resulta suficiente en el razonamiento de probanza de los hechos. Si bien puede representar un indicio de capacidad delictiva, se trata de un indicio no plural ni concurrente con otros, de aquí que no revista fuerza probatoria capaz de enervar la presunción de inocencia del acusado Junior Julio Sánchez Acosta.

Decimoprimero. Contrariamente, se advierte que respecto a la responsabilidad del procesado Marvin Maycon Sánchez, este ha brindado declaraciones contradictorias, a nivel preliminar, cuando fue detenido en la ciudad de Tumbes indicó desconocer de su requisitoria; no obstante, a nivel de instrucción (folio 182) reconoció los hechos imputados en su contra, considerándose culpable, manifestó que para la materialización de los hechos se valió de la participación de la persona de nombre Jesús Cornejo Montenegro. Señaló que él agarró al agraviado por la espalda y quien le ocasionó el corte fue Jesús, un vecino que vive por su barrio. Exculpó a su hermano, el coprocesado Junior Julio de los hechos imputados; no obstante, a nivel de juicio oral, se declaró inocente e indicó que lo han confundido con la persona de Jesús Cornejo que vive por ahí.

El relato expuesto por este coprocesado Marvin Maycon Sánchez Acosta constituye un supuesto fáctico alternativo frente a la tesis fiscal y cuestiona la participación del acusado Junior Julio Sanchez Acosta en la materialización del evento criminal.

Merece indicarse en el análisis de la nueva versión brindada por el acusado Marvin Maycon Sánchez Acosta —pues este previamente negó los cargos en su contra— que su dicho resulta atendible si consideramos que no resulta favorable ni beneficioso para la resolución de su propia situación jurídica, dado que no niega que los hechos se efectivizaron en pluralidad de agentes, conforme refiere el marco de imputación fiscal, que representa la concurrencia de las agravantes contenidas en los 2 (durante la noche o en lugar desolado), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y concordante con el último párrafo, del artículo 189, del Código Penal, el cual prevé que “[…] la pena será de cadena perpetua cuando el agente actué en calidad de integrante de una organización criminal o si como consecuencia del hecho, se produce la muerte en la victima o se le cause lesiones graves a su integridad física o mental”.

Decimosegundo. En atención a ello, la orfandad del respaldo probatorio de la incriminación formulada por el agraviado, la renuente negativa del acusado Junior Julio Sánchez Acosta frente a los cargos en su contra, sumado a la versión alternativa de los hechos que brindó su coimputado Marvin Maycon, nos llevan a colegir que en la determinación de participación del acusado Junior Julio Sánchez Acosta confluyen razones opuestas que además del factum imputativo postulado por el titular de la acción penal podrían responder a un supuesto fáctico incriminatorio distinto, lo que impide arribar a una condena penal plena; ergo, no es posible determinar con certeza plena su responsabilidad penal ante la imposibilidad de desvirtuar el principio constitucional in dubio pro reo.

Subsiste duda razonable en la dilucidación de la imputación contra el procesado Junior Julio Sánchez Acosta, al no haberse acreditado de forma indubitable que participó de manera conjunta en el evento delictivo. Conforme se ha indicado en los párrafos iniciales del presente análisis, la condena demanda un sustento en prueba con fuerza acreditativa suficiente, capaz de superar el nivel probatorio más allá de toda duda razonable5.

En atención a lo glosado precedentemente, resulta imperativa la aplicación del principio in dubio pro reo en favor del imputado Junior Julio Sánchez Acosta, al no haber permitido la actividad probatoria del proceso quebrar la presunción de inocencia que le asiste como estatus constitucional, correspondiendo su absolución ante la duda razonable, al amparo de lo regulado en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales.

El recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Junior Julio Sánchez Acosta se estima.

Respecto a la determinación de la pena de Marvin Maycon Sánchez Acosta

Decimotercero. En cuanto a la determinación de la pena, se tiene por un lado, el escrito impugnatorio del acusado Marvin Maycon Sánchez Acosta quien plantea como pretensión principal la rebaja de la pena impuesta.

Asimismo, por otro lado, se advierte que el representante del Ministerio Público respecto al quantum de la pena, postuló como agravio la falta de motivación y la infracción al principio de legalidad, toda vez que, según refiere, el órgano sentenciador no tuvo en consideración la circunstancia agravante establecida en el último párrafo, del citado artículo 189, del Código Penal, el cual prevé que “[…] la pena será de cadena perpetua cuando […] como consecuencia del hecho, se produce la muerte en la victima o se le cause lesiones graves a su integridad física o mental”. Agravante postulado en dictamen acusatorio.

Sobre ello, se verifica que la Sala Superior tuvo en consideración las condiciones personales, el tiempo de carcelería y determino que para el procesado Marvin Maycon Sánchez Acosta no se cumple el presupuesto de habitualidad debido a que algunas investigaciones fiscales en contra del mismo fueron archivados, así como su edad al momento de los hechos. En tal sentido decidió poner la pena por debajo del mínimo legal atendiendo que el mínimo legal es de doce años de pena privativa de libertad.

Respecto a lo señalado por la Sala Superior, este Supremo Tribunal advierte un defecto en la motivación de la recurrida, puesto que los hechos perpetrados se subsumen en el delito de robo agravado con lesiones graves a la integridad de la víctima, lo que se encuentra sancionado con pena de cadena perpetua, circunstancia que ha quedado acreditado certificado médico legal practicado al agraviado en el cual se verifica el daño ocasionado, facultándole cuarenta días de incapacidad médico legal conformó lo señalado en el Certificado Legal N.° 003390-v (folio 41), medio de prueba que además fue ratificado por el médico que lo suscribió en audiencia de juicio oral.

Aunado a ello, es preciso señalar lo establecido en el ACUERDO PLENARIO N.° 3-2009/CJ-116, del trece de noviembre de dos mil nueve, que prescribe: “[…] que son lesiones graves las enumeradas en el artículo 121 CP. Según esta norma se califican como tales a las lesiones que ponen en peligro inminente la vida de la víctima, les mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente, o infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona, que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. Por consiguiente, la producción en la realización del robo de esta clase de lesiones determinará la aplicación del agravante del párrafo in fine del artículo 189 CP. […]”.

En tal sentido, la gravedad de la lesión sufrida que ha superado los 30 días de asistencia facultativa, por lo que constituye una lesión grave quedando comprobada la intensidad de la violencia ejercida por parte del acusado Marvin Maycon, por lo tanto, la pena debe determinarse en atención a la conminación legal que corresponde a la agravante del párrafo in fine del citado artículo. No obstante, estando lo opinado por el fiscal supremo en lo penal, este Supremo Tribunal estima razonable imponer al acusado Marvin Maycon Sánchez Acosta treinta y cinco años de pena privativa de libertad; precisando que no se verificó la presencia de causales de disminución de la punibilidad o bonificaciones procesales (responsabilidad restringida, confesión sincera, terminación anticipada o conformidad procesal), que permitan una disminución mayor de la referida pena.

El recurso de nulidad formalizado por el representante del Ministerio Público es estimado en dicho extremo.

En cuanto a la reparación civil, es preciso advertir que esta se fijó en virtud al daño causado, por lo que corresponde su confirmación.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintidós de septiembre de dos mil veinte emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur (foja 491) que condenó a Marvin Maycon Sánchez Acosta como autor del delito contra el patrimonio- robo agravado, en perjuicio de Guillermo Mudarra Sandoval.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la citada sentencia en el extremo que impuso contra Marvin Maycon Sánchez Acosta doce años de pena privativa de libertad; y, REFORMÁNDOLA, le impusieron treinta y cinco años de pena privativa de libertad el acusado Marvin Maycon Sánchez Acosta, la que con el descuento de la carcelería que sufrió por mandato de detención del 15 de febrero de 2018 (folio 130) (del 20 de marzo de 2018 hasta el 24 de enero de 2019) y de la fecha de su recaptura al haberse revocado el mandado de comparecencia restringida (folio 457), vencerá el diecinueve de abril de 2054 (dos mil cincuenta y cuatro).}

III. DECLARARON HABER NULIDAD en la citada sentencia en el extremo que condenó al encausado Junior Julio Sánchez Acosta como autor del delito contra el patrimonio–robo agravado, en perjuicio de Guillermo Mudarra Sandoval, a diez años y doce días de privación de libertad y fijó en S/10 000,00 (diez mil soles), el monto que por concepto de reparación civil; y, REFORMÁNDOLA, ABSOLVER a Junior Julio Sánchez Acosta de la acusación fiscal en su contra por el delito contra el patrimonio–robo agravado, en perjuicio de Guillermo Mudarra Sandoval

IV. ORDENARON la inmediata libertad de Junior Julio Sánchez Acosta que se ejecutará siempre y cuando no existe mandato de detención o prisión preventiva emanada de autoridad competente. OFICIÁNDOSE vía fax, a fin de concretar su libertad, a la Sala Superior que corresponda.

V. MANDARON se archive definitivamente lo actuado respecto al encausado absuelto, se anulen sus antecedentes policiales y judiciales generados con motivo del presente proceso.

VI. DISPUSIERON se remita la causa al tribunal de origen para los fines de ley correspondientes y se haga saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.


1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6.
2 Corte IDH. Caso Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece. Serie C N.º 275, párr. 233.
3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el Expediente N.° 728-2008-PHC/TC, del trece de octubre de dos mil ocho. Fundamento jurídico 37.
4 Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, fundamentos jurídicos 6 y 7.
5 “Es incuestionable que es un corolario del principio madre que es el de la ‘presunción de inocencia’. […] el valor cognoscitivo jurídico de la duda en el proceso penal radica en que no se ha logrado establecer fidedignamente ni la verdad ni el error respecto de la culpabilidad del procesado, a causa de la insuficiencia de los elementos probatorios; en cuando a su efecto, que viene a ser la absolución del procesado, se parece a la inocencia probada; pero en cuanto a su fundamento, difiere totalmente, por cuanto en la duda no se ha probado plenamente su inocencia, pero tampoco fehacientemente la culpabilidad. la duda resulta, a nuestro juicio, del hecho de que el juzgador ha logrado solamente el grado probable del conocimiento respecto a la culpabilidad del procesado, de modo que la trayectoria del conocimiento hacia la verdad objetiva tiene mucho todavía de error como de verdad; por lo tanto, resulta riesgoso condenar a alguien sin haber establecido nítidamente que es el culpable; entonces, en aras de evitar el riesgo de resultar condenado un inocente, se ha optado porque en tal circunstancia el procesado sea absuelto”. MIXÁN MASS, Florencio. El juicio oral. Segunda edición. Trujillo: Editorial Gráfica El Liberal, 1978, p. 23.

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