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ROBO : Complicidad secundaria y el aporte irrelevante en la ejecución del delito – Rebaja de la pena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1655-2021
LIMA SUR

NO HABER NULIDAD EN CONDENA DE ROBO CON AGRAVANTES.

Sumilla. La declaración del agraviado y demás pruebas actuadas permitió acreditar la materialidad del delito de robo con agravantes y la responsabilidad de los dos sentenciados, uno como autor y el otro de cómplice secundario. En ese sentido, quedó desvirtuada a presunción de inocencia que como derecho fundamental les asistía al término del juicio oral.

Lima, quince de septiembre de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los sentenciados ENRIQUE LUIS CHIPOCO DEL ÁGUILA Y MARTÍN DANIEL ALZAMORA PAREDES contra la sentencia del siete de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos (en adición de funciones Sala Penal Liquidadora) de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que los condenó como coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de David Gustavo Meneses Murrugarra. En consecuencia, les impusieron catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene.

De conformidad en parte con la opinión del fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y TIPIFICACIÓN JURÍDICA

PRIMERO. Según la acusación fiscal, el 15 de octubre de 2020, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando el agraviado David Gustavo Meneses Murrugarra conducía su vehículo de placa de rodaje N.° SOT-180 en las inmediaciones de las avenidas México y Defensores del Morro Central en Chorrillos, en compañía de su amigo Carlos Alberto Granados Pereyra (copiloto). Debido a la congestión vehicular, su unidad se detuvo. Granados Pereyra bajó la luna de la ventana del lado derecho, mientras él usaba su celular. En ese momento, Enrique Luis Chipoco del Águila, quien estaba en compañía de Martín Daniel Alzamora Paredes, se acercó al vehículo del agraviado e introdujo su torso y provisto de un arma blanca (cuchillo) amenazó de muerte al agraviado y le sustrajo su celular marca Xiami 9C, mientras que Alzamora Paredes esperaba cerca del lugar, vigilando que personal policial no se acerque al lugar y frustre el robo, luego ambos se dieron a la fuga.

El agraviado inició la persecución de los citados acusados y logró detener, con apoyo de las personas que transitaban por el lugar, a Alzamora Paredes, la cual se dio bajo la modalidad de arresto ciudadano y con apoyo de personal de serenazgo se detuvo a Chipoco del Águila.

SEGUNDO. Por estos hechos, la fiscal superior formuló acusación fiscal contra Chipoco del Águila y Alzamora Paredes, como coautores del delito de robo previsto en el artículo 188 del Código Penal (CP), con las circunstancias agravantes de los numerales 2 (durante la noche), 3 (a mano armada), 4 (con el concurso de dos o más personas) y 5 (sobre vehículo automotor) del primer párrafo del artículo 189 CP1.

Solicitó se les imponga catorce años y ocho meses de privación de libertad y el pago de tres mil doscientos soles (S/ 3200,00) por concepto de reparación civil, en forma solidaria, a favor del agraviado Meneses Murrugarra.

SENTENCIA MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

TERCERO. La Sala Penal Superior emitió la sentencia que es materia del recurso de nulidad (foja 358), con base en la sindicación del agraviado Meneses Murrugarra, la que en consideración de los presupuestos establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, dio por probada la responsabilidad de los acusados Chipoco del Águila y Alzamora Paredes en el delito de robo con agravantes. En consecuencia, les impusieron catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva a cada uno y se fijó por concepto de reparación civil el pago de tres mil doscientos soles (S/ 3200,00) en forma solidaria a favor del agraviado. Los fundamentos de la sentencia se analizarán cuando se dé respuesta a los agravios de Chipoco del Águila y Alzamora Paredes, los cuales se detallan a continuación.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

CUARTO. La sentencia fue impugnada por la defensa de Chipoco del Águila, con base en los siguientes agravios:

4.1. La Sala Penal Superior valoró de forma errada la declaración del agraviado y la forma en cómo ocurrieron los hechos, pues asumió una presunta complicidad que no se probó.

4.2. Su patrocinado reconoció que sustrajo el celular del agraviado, sin embargo fue sin violencia y amenaza, tal como se aprecia en el video de vigilancia y como declaró Granados Pereyra, por lo que se trataría de un delito de hurto.

4.3. Con relación al robo con arma blanca, al momento de la intervención no se le encontró arma alguna, por lo que no hubo una amenaza real, tal como indica el Recurso de Nulidad N.° 2676-2012/Junín. Además, con el video de cámara de seguridad y la declaración del agraviado no se demostró que portaba arma blanca.

4.4. En cuanto a que el hecho se produjo en la noche, ello debería implicar que facilite el robo; es decir, que la oscuridad contribuya a facilitar el hecho, lo que no ocurrió en este caso pues había iluminación.

QUINTO. La defensa de Alzamora Paredes, quien solicitó que esta Sala Suprema declare la nulidad de la sentencia y absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal. Sostuvo los siguientes agravios:

5.1. No se valoró la declaración del agraviado, cuando señaló que su patrocinado solo estaba en la esquina parado y que se quedó ahí, por lo que se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

5.2. Existen contradicciones entre el agraviado y el testigo Carlos Granados, respecto a que el robo se realizó con un cuchillo. Además, en el acta de intervención no se consignó que el robo se realizó con un cuchillo.

5.3. No se valoraron las declaraciones de los policías Cavero Ramírez y Lizandro Huamán, quienes manifestaron que el agraviado no les mencionó que el robo fue con cuchillo o arma punzocortante. Asimismo, no resulta razonable que después que el agraviado sufrió una grave amenaza baje de su vehículo y en forma cautelosa siga a su patrocinado y Chipoco del Águila.

5.4. El testigo Granados es amigo del agraviado y no quiso declarar en juicio, sin embargo por insistencia del Colegiado Superior concurrió y manifestó que el robo fue con un objeto brillante con punta, pero no señaló que fue un cuchillo.

5.5. No se consideró la declaración de su cosentenciado Chipoco del Águila, quien dijo que es el único responsable del robo.

5.6. Su patrocinado no tenía antecedentes policiales, penales o judiciales, tenía 22 años al momento de los hechos y no tuvo dominio de lo actuado, puesto que no fue la persona que sustrajo el bien.

5.7. No se probó la preexistencia del bien, ya que se presentó una boleta en la que no consta el nombre del agraviado.

DICTAMEN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

SEXTO. El fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia que condenó a Chipoco del Águila y Alzamora Paredes, pues consideró que se acreditó la materialidad del delito y su responsabilidad penal con base en la sindicación del agraviado, la cual cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

PRONUNCIAMIENTO DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

SUSTENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

SÉPTIMO. El inciso 5 del artículo 139 de la Constitución consagra el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Sobre este derecho, el Tribunal Constitucional, en reiteradas decisiones2, sostiene que importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

OCTAVO. Por consiguiente, la respuesta del órgano jurisdiccional debe provenir de la valoración objetiva de la prueba actuada, la misma que debe ser realizada con observancia de las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En ese aspecto, el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales (C de PP) estipula que la sentencia debe apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. Esto es, una valoración conjunta de todos los medios probatorios.

NOVENO. El hecho materia de acusación y juzgamiento es el delito de robo, previsto en el artículo 188 del CP, según el cual el agente se apodera de un bien mueble total o parcialmente ajeno, luego de haberlo sustraído del ámbito de vigilancia que sobre él ejerce su legítimo propietario o copropietario, con empleo de violencia física contra las personas o amenazándolas con un peligro grave e inminente para su vida o integridad física3.

La violencia o amenazas –como medio para la realización típica del robo a diferencia del hurto– han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento. En consecuencia, la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo4.

DÉCIMO. Las agravantes del robo se encuentran previstas en el artículo 189 del CP5. En el caso que nos ocupa, a Chipoco del Águila y Alzamora Paredes se le atribuyó las agravantes de los incisos 2, 3, 4 y 5, de su primer párrafo, referidas a la comisión durante la noche, a mano armada, pluralidad de agentes y en un medio de locomoción.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

DECIMOPRIMERO. En el presente caso, corresponde determinar si la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada o no respecto a la responsabilidad penal y grado de intervención de Chipoco del Águila y Alzamora Paredes por el robo materia de acusación.

DECIMOSEGUNDO. La defensa cuestionó la valoración de la declaración del agraviado Meneses Murrugarra. Al respecto, este en juicio oral narró que ese día, en compañía de su amigo Carlos Granados, quien estaba de copiloto en su vehículo, pasaron cerca de un KFC y como tenía hambre le hizo un comentario mirando dicho restaurante, por ello logró ver a los acusados parados, lo que llamó su atención. Su vehículo se detuvo por la congestión vehicular y dos minutos después, Chipoco del Águila ingresó por la ventana del copiloto y con una mano sustrajo su celular, mientras que con la otra sostenía un objeto brilloso (cuchillo) que usó para amenazarlos con palabras soeces y decirles que se queden quietos. Agregó que el celular fue sustraído del tablero de su auto, porque seguían el aplicativo waze. Su amigo levantó las manos cuando sucedió el robo. Después del robo, Chipoco del Águila salió corriendo entre los carros, llegó donde Alzamora Paredes y caminaron sin voltear. El agraviado se agachó y caminó entre los carros porque había tráfico y logró llegar donde estaban los acusados. Al verlo, Chipoco del Águila salió corriendo y Alzamora Paredes se quedó en el lugar por lo que lo intervino.

DECIMOTERCERO. La Sala Penal Superior valoró positivamente la declaración del agraviado porque consideró que cumplió con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116:

13.1. Ausencia de incredibilidad subjetiva, el agraviado y los acusados no se conocían previo a los hechos, por lo que no existe móvil de odio, rencor o venganza.

13.2. Verosimilitud, la sindicación del agraviado cuenta con corroboración periférica consistente en las declaraciones de los testigos en juicio oral, consistentes en:

i) Testigo Carlos Alberto Granados Pereyra, quien manifestó que ese día Chipoco del Águila entró por la ventana e introdujo medio cuerpo para alcanzar el celular que estaba a mitad del auto, mientras los amenazaba con palabras soeces y un objeto punzocortante, salió rápido y se llevó el celular. Detalló que para robarles se usó algo brilloso con punta, lo que los dejó impresionados sin saber qué hacer, además todo ocurrió rápido. Después su amigo reaccionó, los persiguió e intervino a uno de ellos y regresó en compañía de las autoridades.

ii) Cristian Hodria García Díaz del serenazgo, ratificó lo expuesto en el acta de arresto ciudadano y refirió que ese día fue alertado por la central de operaciones de su entidad, quienes le informaron de un sospechoso de robo y le brindaron las características, por lo que realizó el arresto ciudadano de Chipoco del Águila a la altura de la avenida Uruguay y fue llevado a la comisaría, donde fue reconocido por el agraviado, quien se encontraba en la entrada.

iii) Marco Cavero Ramírez, efectivo policial, quien ratificó lo expuesto en el acta de intervención y su manifestación policial. Relató que ese día el personal de serenazgo pidió apoyo. Cuando llegó al lugar de los hechos estaba el acusado Alzamora Paredes y el agraviado, quien lo sindicó como una de las personas que le sustrajo el celular. Se realizó el registro personal, en el caso de Alzamora Paredes en el lugar de los hechos, y a Chipoco del Águila en la comisaría, en donde fue reconocido por el agraviado.

iv) River Lizandro Huamán Cahuar, efectivo policial, quien ratificó lo expuesto en el acta de intervención que suscribió y en su declaración. Señaló que ese día se le acercó un personal de serenazgo en compañía del agraviado, a quien le arrebataron del interior de su vehículo su celular. Logró detener a Alzamora Paredes pero Chipoco del Águila se dio a la fuga.

Asimismo, se oralizaron las siguientes pruebas documentales, conforme lo estable el artículo 262 del C de PP, estas son:

v) Acta de visualización y trascripción del video, oralizada en juicio oral, en la cual Chipoco del Águila y Alzamora Paredes reconocieron que las personas que salen en el video son ellos. Asimismo, el agraviado indicó que fueron las personas que vio como sospechosas entre las avenidas Defensores del Morro y México; asimismo, reconoció a Chipoco del Águila como la persona que lo amenazó y sustrajo su celular, y a Alzamora Paredes como la persona que logró intervenir cuando intentó darse a la fuga.

vi) Boleta de venta N.° 000663 del 16 de septiembre de 2020, que acreditó la compra del equipo marca Xiami 9C, el cual si bien se encuentra a nombre de Yanina Gates Rojas, se precisó que era la pareja del agraviado quien le obsequió este equipo.

13.3. Persistencia, el agraviado mantuvo su declaración y ratificó en juicio oral la sindicación contra Chipoco del Águila y Alzamora Paredes.

DECIMOCUARTO. Ahora bien, este Tribunal Supremo comparte la opinión de la Sala Penal Superior, en cuanto a la condena de Chipoco del Águila, puesto que la prueba actuada en juicio oral bajo los principios de inmediación, concentración y oralidad, entre otros, permitió acreditar que sustrajo el celular a la agraviada mediante violencia, con lo que afectó el bien jurídico patrimonio. Asimismo, se precisa que el título de imputación es de autor y no coautor, puesto que solo él tuvo el dominio del hecho.

DECIMOQUINTO. En cuanto a Alzamora Paredes, como se anotó en el fundamento décimotercero de la presente ejecutoria se acreditó con la declaración del agraviado y testigos mencionados. Previo al hecho caminó con Chipoco del Águila y luego al momento del robo permaneció parado expectante en una esquina, atento, por si ocurría alguna situación para prestarle ayuda; después ambos se fueron juntos, pero fue retenido por el agraviado. En ese sentido, se acreditó su responsabilidad penal; sin embargo, su nivel de participación en los hechos corresponde a la de un cómplice secundario, pues su aporte en el hecho ilícito no fue determinante para la ejecución del resultado, debido a que Chipoco del Águila podría haber prescindido de su colaboración y aun así lograr ejecutar el robo del celular, por tanto no tuvo dominio del hecho6.

DECIMOSEXTO. Ahora bien, con relación a los agravios de la defensa de Chipoco del Águila, en primer lugar, uno de ellos está referido a que la agravante del inciso 2 del artículo 189, del citado dispositivo legal (durante la noche) no se configuró. Al respecto, si bien los hechos ocurrieron aproximadamente a la 20:00 horas, cuando el agraviado estaba en la avenida Defensores del Morro; también es cierto que en su preventiva indicó que: “Presentaba iluminación y era un lugar transitado tanto vehicular como de personas” y en juicio oral con relación a la zona reiteró que era “sumamente comercial y con bastante luz”. En ese sentido, se tiene que en la zona existe buena visibilidad y es una avenida transitada, por lo que se aprecia que el agente no utilizó la oscuridad producto de la noche, como medio facilitador para cometer el delito7.

DECIMOSÉPTIMO. Otro agravio consistió en que cuando se le intervino no se encontró en su poder el arma (cuchillo). Al respecto, debe tenerse en cuenta que al momento de la detención de Chipoco del Águila ya habían trascurrido cuarenta minutos, tiempo suficiente en el que desapareció el arma que usó y además el celular que sustrajo. En ese sentido, existió una amenaza real en contra del agraviado, pues se utilizó un arma punzocortante, la cual conforme se detalló anuló su capacidad de resistencia8 y la de su copiloto, quien levantó sus manos por el miedo. Además, se tiene la sindicación coherente y sólida del agraviado y del testigo Granados Pereyra, quienes han sostenido que al momento del robo él acusado usó un objeto punzocortante.

DECIMOCTAVO. Por su parte, la defensa de Alzamora Paredes también cuestionó que no se valoraron debidamente las declaraciones de los efectivos policiales, quienes indicaron que el agraviado no les comentó que el robo fue con un objeto punzocortante (cuchillo). La Sala Penal Superior respondió este agravio en su momento e indicó que los referidos policías no son testigos presenciales de los hechos sino de la intervención del citado Alzamora Paredes,

Además, cuestionó la acreditación de la preexistencia de los bienes materia de despojo. Al respecto, se debe precisar que Chipoco del Águila en juicio oral reconoció que sustrajo el celular del agraviado y este último presentó una boleta con la que se acreditó la preexistencia del bien, tal como se desarrolló en el fundamento decimotercero.

DECIMONOVENO. Por las razones anotadas, existe suficiente prueba de cargo que acredita la responsabilidad penal de Chipoco del Águila en calidad de autor (tuvo el dominio del hecho) y Alzamora Paredes en calidad de cómplice secundario en los hechos materia de imputación. En ese sentido, se desvirtuó la presunción de inocencia que asistía a Chipoco del Águila y Alzamora Paredes.

SOBRE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA Y LA REPARACIÓN CIVIL

VIGÉSIMO. En lo que respecta a la pena impuesta, el delito de robo con agravantes, al momento de los hechos se sancionaba con una pena de privación de libertad no menor de doce ni mayor de veinte años9. Al respecto, la fiscal superior solicitó catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad.

La Sala Penal Superior consideró que la pena para Chipoco del Águila y Alzamora Paredes debió ser mayor en atención a que el robo se dio con cuatro circunstancias agravantes, esto es 2, 3, 4 y 5 del artículo 189 del CP; sin embargo, en atención al principio acusatorio y que no se presentaba la concurrencia de alguna causal de disminución de punibilidad, la fijó en catorce años y ocho meses de privación de libertad.

VIGESIMOPRIMERO. Ahora bien, como se anotó, no es aplicable la circunstancia agravante del inciso 4 del artículo 189 del CP, referido a la comisión durante la noche. En ese sentido, este Supremo Tribunal con base en el principio de proporcionalidad y las agravantes señaladas estima que a Chipoco del Águila (autor) le corresponde una pena de doce años y seis meses de privación de libertad. La que computada desde el 15 de octubre de 2020 vencerá el 14 de abril de 2033.

VIGESIMOSEGUNDO. En cuanto a Alzamora Paredes, quien como ya se indicó participó en calidad cómplice secundario, le corresponde una pena menor, conforme con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del CP10, y en atención a su mínima intervención en el robo que le fue imputado, la pena se fija en cuatro años de privación de libertad.

VIGESIMOTERCERO. Por tanto, al haber determinado la pena en cuatro años de privación de libertad, nos encontramos ante una pena de corta duración, y tal como lo ha sostenido este Supremo Tribunal, el ordenamiento jurídico para estos casos establece como sanciones alternativas, la aplicación de penas limitativas de derechos, las cuales están diseñadas para afectar la disposición del tiempo libre del condenado, durante los fines de semana o en otros días de descanso, en los cuales deberá realizar trabajos o servicios gratuitos en beneficio de la comunidad. De tal forma, a través de la prestación de servicios a favor del Estado, el sentenciado retribuye el daño causado con la comisión del delito11.

VIGESIMOCUARTO. En atención a lo anotado, los cuatro años de pena privativa de libertad impuestos, se convierten en doscientas ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, pena prevista en el inciso 1 del artículo 31 del CP, concordado con los artículos 34 y 52 del acotado Código.

Ahora bien, a esta cantidad se deben descontar los días que sufrió detención desde el 15 de octubre de 2020 hasta la fecha en que se emite esta ejecutoria suprema, esto es, un año y once meses, las que equivalen a noventinueve (99) jornadas de prestación de servicios, lo que da como resultado ciento nueve (109) jornadas de prestación de servicios, que deberá cumplir en la Unidad Beneficiaria que el juez competente precise, en el marco de la ejecución de la sentencia, bajo apercibimiento de revocarle la conversión de la pena y hacerla efectiva.

VIGESIMOQUINTO. Con relación a la reparación civil, fue fijada en tres mil doscientos soles, tal como lo solicitó el fiscal superior. Al respecto, las defensas de los sentenciados no fundamentaron agravio alguno para disminuirla, por lo que no cabe pronunciamiento al respecto y se debe ratificar este extremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del siete de julio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos (en adición de funciones Sala Penal Liquidadora) de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a ENRIQUE LUIS CHIPOCO DEL ÁGUILA como coautor –en estricto autor– del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo con agravantes, en perjuicio de David Gustavo Meneses Murrugarra. Con lo demás que contiene.

II. Declarar haber NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que impuso a ENRIQUE LUIS CHIPOCO DEL ÁGUILA la pena de catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad y, REFORMÁNDOLA, le impusieron doce años con seis meses de privación de libertad. La que computada desde el quince de octubre de dos mil veinte vencerá el catorce de abril de dos mil treinta y tres.

III. Declarar HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que condenó MARTÍN DANIEL ALZAMORA PAREDES como coautor del referido delito y le impuso la pena de catorce años y ocho meses de pena privativa de libertad. REFORMÁNDOLA, lo condenaron como cómplice secundario del delito de robo con agravantes y le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad, la que se convierte en doscientos ocho jornadas de prestación de servicios a la comunidad, de la que se descuentan los días que sufrió detención desde el quince de octubre de dos mil veinte hasta la fecha en que se emite esta ejecutoria suprema, esto es, un año y once meses de reclusión, y que equivalen a noventa y nueve jornadas de prestación de servicios, lo que da como resultado CIENTO NUEVE JORNADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR EFECTUAR, bajo apercibimiento de revocarle la conversión de la pena y hacerla efectiva.

IV. ORDENAR la inmediata libertad de MARTÍN DANIEL ALZAMORA PAREDES, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente; para cuyos efectos debe oficiarse en el día al órgano jurisdiccional de origen.

V. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Modificado por la Ley N.º 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.
2 STC N.° 896-2009-PHC, del 24 de mayo de 2010, entre otras.
3 Prado Saldarriaga, Víctor Roberto. Delitos y penas una aproximación a la parte especial. Lima: Ideas Solución Editorial, 2017, p. 117.
4 Acuerdo Plenario N.° 3-2009/CJ-116, fundamento 10.
5 Con el texto de la Ley N.° 30076, publicada el 19 de agosto de 2013.
6 Casación 367-2011/Lambayeque. Juez supremo ponente: Pariona Pastrana. En la que se estableció que los actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito serán considerados como de cómplice primario; y aquel cuya contribución no sea esencial para la comisión del delito, es decir, aportes no indispensables, serán propios de los cómplices secundarios.
7 Recurso de Nulidad N.° 1707-2016/Lima. Juez supremo ponente: Lecaros Cornejo.
8 Acuerdo Plenario N.° 5-2015/CIJ-116. Asunto: El concepto de arma como componente de la circunstancia agravante “a mano armada” en el delito de robo. Publicada el 21 de junio de 2016.
9 Ley N.° 30076 del 19 de agosto de 2013.
10 Artículo 25. Complicidad primaria y complicidad secundaria
A los que, de cualquier modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena.
11 R. N. N.° 607-2015, Lima Norte, de 4 de mayo de 2016.

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