Delito contra la libertad sexual : Necesidad de que se oralicen y se sometan al contradictorio de los medios probatorios.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1909-2021
LIMA

Nula la sentencia condenatoria

Sumilla. La defensa impugnó la condena y de acuerdo con la revisión de los actuados, es preciso amparar su recurso pues la Sala Penal Superior no permitió que las partes procesales oralicen los medios probatorios que consideraban necesarios, y luego pese a que estos no fueron sometidas a contradictorio, los valoró en la sentencia.

En ese sentido, se vulneró el derecho a la prueba, en conexión con el derecho a la debida motivación de las resoluciones, y se incurrió en la causal de nulidad del inciso 1, artículo 298, del Código de Procedimientos Penales, motivo por el cual se declara nula la sentencia y debe llevarse a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior.

Lima, catorce de septiembre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de David Celestino Huamanlazo Lazo contra la sentencia del nueve de noviembre de dos mil veintiuno (foja 484), emitida por la Primera Sala Penal Superior para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la agraviada identificada con las iniciales V. M. C. V. En consecuencia, le impuso dieciséis años de pena privativa de libertad y el pago solidario de cinco mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada; con los demás que contiene.

Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema Susana Castañeda Otsu.

CONSIDERANDO

Imputación fáctica y jurídica

PRIMERO. Conforme con la acusación escrita complementada, fluye que el fiscal superior atribuyó que, en mil novecientos noventa y cuatro, la menor identificada con las iniciales V. M. C. V. de 10 años fue abusada sexualmente por David Celestino Huamanlazo Lazo (37 años) quien era su padrastro. Los hechos ocurrieron hasta en tres oportunidades en su domicilio, contra su voluntad y bajo amenaza. Inicialmente, la agraviada no contó lo sucedido por temor de que el acusado la golpeara, pero luego se lo comunicó a su tía quien formuló la denuncia en contra del acusado.

Así también, el fiscal superior acusó a Pedro Rubén Huamanlazo Martínez (19 años) quien era sobrino de David Celestino Huamanlazo Lazo y aprovechó que tenía la facilidad de frecuentar su domicilio para cometer los hechos.

SEGUNDO. Por este hecho, se acusó a David Celestino Huamanlazo Lazo y Pedro Rubén Huamanlazo Martínez como autores del delito de violación sexual de menor de edad previsto en el inciso 3, del artículo 173, del Código Penal (CP), en concordancia con el último párrafo del mismo dispositivo legal. Solicitó dieciséis años de pena privativa de libertad y el pago de cinco mil soles, por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada.

Sentencia materia del recurso de nulidad

TERCERO. El primer juicio oral se realizó en contra de Pedro Rubén Huamanlazo Martínez y como consecuencia lo condenaron como autor del delito de violación sexual. Cabe anotar que, en su decisión la Sala Penal Superior tuvo en cuenta que el acusado y la agraviada afirmaron durante todo el proceso que fueron enamorados, y en particular que el acusado señaló que terminó su relación porque se fue a vivir con otra tía y David Celestino Huamanlazo Lazo lo celaba con la agraviada. Sin embargo, debido a la edad de la menor, su consentimiento no era válido jurídicamente. En ese sentido, se le impuso siete años de pena privativa de libertad y el pago de dos mil soles por concepto de reparación civil. Esta decisión no fue impugnada por las partes, por tanto, se declaró consentida.

CUARTO. Posteriormente, se realizó el juicio oral en contra de David Celestino Huamanlazo Lazo. A su culminación, la Sala Penal Superior emitió la sentencia del nueve de noviembre de dos mil veintiuno que lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad. Le impuso dieciséis años de pena privativa de libertad y el pago solidario de cinco mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada. Esta decisión fue cuestionada por la defensa, de acuerdo con los agravios que se detallan a continuación.

Agravios que sustentan el recurso de nulidad

QUINTO. La defensa del sentenciado David Celestino Huamanlazo Lazo en su recurso de nulidad sostuvo los siguientes agravios:

5.1. Es falso que su patrocinado haya huido al enterarse de la denuncia porque en aquel entonces era alcohólico y no llegaba varios días a su casa. Además, su esposa estaba embarazada, así que estuvo con ella y se quedó luego a cuidar a su menor hija. Cuando se separaron fue por infidelidad de su pareja.

5.2. No se pueden valorar las declaraciones de la agraviada y su madre porque fueron recibidas sin presencia del fiscal, y no interesa si en la declaración de la primera estuvieron presentes otros familiares, porque ello no le otorga validez. Así que se requieren de otras pruebas actuadas en juicio oral con las garantías de defensa, contradicción e inmediación para sustentar la condena.

5.3. A propósito de la denuncia de la tía, la agraviada pasó reconocimiento médico legal en el cual se concluyó que presentaba signos de desfloración antigua y actos contra natura antigua, sin lesiones traumáticas recientes. Por tanto, se desvirtúa que el día de la denuncia se haya producido los supuestos hechos. Además, no se consideró que existe otra persona condenada por el mismo delito.

5.4. Durante el proceso, la agraviada se retractó y no concurrió al juicio oral, como tampoco su madre y esta última debía explicar si realmente abandonó su hogar luego de la denuncia, tal como erróneamente lo acreditó la Sala Penal Superior.

Opinión del fiscal supremo en lo penal

SEXTO. En el Dictamen N.° 138-2022-MP-FN-1FSP, el fiscal supremo en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida, por cuanto la responsabilidad del acusado se acreditó con la declaración de la menor agraviada, la cual cumplió con los filtros de validez del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Así pues, tal declaración está libre de subjetividades, se encuentra corroborada con la manifestación de su madre y de la testigo Paulina América Castro Quiroz, así como con el certificado médico legal que le practicaron.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

Marco jurídico y jurisprudencial

SÉPTIMO.El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra previsto en el inciso 5, del artículo 139, de la Constitución Política. Según el Tribunal Constitucional forma parte del debido proceso y uno de sus contenidos esenciales es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos, lo que es acorde con la disposición mencionada. Agrega que la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables1.

OCTAVO.El Tribunal Constitucional ha establecido en qué supuestos produce la vulneración del derecho mencionado, entre estos, cuando existe una motivación insuficiente, es decir, cuando solo se consigna una motivación mínima, que no atienden a las razones de hecho o derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada2.

NOVENO.De otro lado, el derecho a la prueba faculta a las partes procesales a ofrecer todos los medios probatorios pertinentes, a fin de que puedan crear en el órgano jurisdiccional la convicción necesaria de que sus argumentos planteados son correctos. Luego, a que estos sean admitidos, actuados, valorados adecuadamente y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia3.

Cuando se infringen los derechos fundamentales anotados, la consecuencia es la nulidad de la decisión judicial, conforme lo dispone el artículo 298 Código de Procedimientos Penales (C de PP).

Análisis del caso concreto

DÉCIMO. Para analizar los agravios del sentenciado, es preciso tener en cuenta el desarrollo del juicio oral y, a partir de las pruebas actuadas, se verificará si el razonamiento seguido por la Sala Penal Superior en la sentencia impugnada fue correcta o no.

Así pues, de la revisión de los actuados, se aprecia que el juicio oral se inició en septiembre de 2021. El director de debates informó a las partes que, pese a ser un proceso reservado contra un reo ausente, este Supremo Tribunal había establecido que no se podía restringir el derecho a la prueba. Por lo que, les consultó si tenían algún medio de prueba nuevo. A lo cual, la fiscal superior ofreció las declaraciones de la agraviada y su madre, también solicitó que se practique una pericia psicológica a la primera y una psiquiátrica al acusado, y se recabe la ficha penológica y registro penitenciario del acusado. Por su parte, la defensa ofreció la declaración del testigo impropio Pedro Rubén Huamanlazo Martínez. Todos los medios probatorios anotados fueron admitidos.

DECIMOPRIMERO. Se cursaron las cédulas de notificación correspondientes, pero ante la inconcurrencia de los órganos de prueba ofrecidos, las partes se desistieron de su actuación.

Cabe precisar que, se recabaron las pericias practicadas al acusado y el perito Óscar Nicolás Huanca Mendoza concurrió al juicio oral para explicar sus conclusiones. De manera que, solo su declaración y la del acusado fueron recibidas durante el plenario.

Se dejó constancia en el acta de audiencia que, en la etapa de oralización de pruebas instrumentales, el Colegiado Superior dispuso que más bien se siguiera con la requisitoria oral, ya que se trataba de un proceso reservado En tal sentido, no se oralizó ninguna pieza procesal.

DECIMOSEGUNDO. En principio, es preciso señalar que la Sala Penal Superior para condenar a David Huamanlazo Lazo tuvo como principal prueba de cargo las declaraciones de la agraviada brindadas a nivel preliminar e instrucción. En las cuales señaló que el acusado, quien es su padrastro, la violentó sexualmente en tres oportunidades y no dijo nada a nadie porque la amenazaba. Sin embargo, en la última oportunidad decidió contárselo a su tía. Además, explicó que en la ampliación de su declaración preliminar, se retractó porque su mamá estaba embarazada.

En conexión con esta declaración, la citada Sala valoró positivamente la declaración brindada por su madre quien manifestó que se sorprendió cuando su excuñada le dijo que la agraviada le contó que había sido ultrajada por su esposo. Al preguntarle a la agraviada, le dijo que era mentira y solo lo hizo porque tenía cólera de que él le haya maltratado. Después, encontró a su esposo gritándole a la menor porque la había encontrado con su sobrino. Su hija se fue a la casa de su hermana. Posteriormente, llegó la policía con una notificación para su esposo, la testigo se fue a ver a su hija y al regresar, ya no encontró al acusado y no volvió a saber de su paradero.

Asimismo, la Sala Penal Superior tuvo en cuenta el certificado médico legal practicado a la agraviada en el cual se concluyó desgarro himeneal y actos contra natura, así como la denuncia formulada por Paulina América Castro en la cual señaló que la agraviada le contó que el acusado le pegó y abofeteó, para acto seguido, quitarle la ropa y ultrajarla.

DECIMOTERCERO. Ahora bien, antes de verificar si la Sala Penal Superior valoró correctamente las pruebas de cargo —entre ellas de la agraviada—, consideramos conveniente determinar si dicha prueba fue incorporada válidamente al proceso o no.

Así pues, tal como lo anotamos, no concurrió a declarar al juicio oral, ni la agraviada, ni su madre. Tampoco se oralizaron sus declaraciones previas, ni ninguna otra pieza procesal o documental, ya que la Sala Penal Superior consideró erróneamente que por tratarse de un proceso contra reos ausentes, no correspondía aquello. Lo que claramente implica una restricción del derecho a la prueba, porque precisamente el artículo 321 del C de PP establece que en el caso de reos ausentes, se leerá la instrucción, el acta de los debates orales, la sentencia contra los reos que estuvieron presentes y la resolución de la Corte Suprema, si la hubiese. Este dispositivo legal debe ser concordado con el inciso 1, del artículo 262, del C de PP, el cual prescribe que, terminados los interrogatorios de los testigos y el examen de los peritos, se procederá a oralizar la prueba instrumental.

Por consiguiente, la Sala Penal Superior indebidamente no permitió que las partes procesales oralicen los medios probatorios que consideraban necesarios, y luego pese a que estas no fueron sometidas a contradictorio, los valoró en la sentencia.

En ese sentido, no compartimos la opinión del fiscal supremo en lo penal y consideramos que en el presente caso, se vulneró el derecho a la prueba, en conexión con el derecho a la debida motivación de las resoluciones, y se incurrió en la causal de nulidad del inciso 1, artículo 298, del C de PP, motivo por el que se debe declarar nula la sentencia y llevarse a cabo un nuevo juicio oral, en el que se observe el procedimiento legal indicado previamente.

DECIMOCUARTO. En el nuevo juicio oral, a fin de determinar la responsabilidad o no del acusado, el fiscal superior debe evaluar la concurrencia de la agraviada al juicio oral, conforme con lo establecido en el Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116. Asimismo, se debe practicar la declaración de su madre, Paulina América Castro, el testigo impropio Pedro Rubén Huamanlazo Martínez y el perito que suscribió el certificado médico legal practicado a la agraviada. Sin perjuicio de los solicitados que ofrezca el fiscal superior, las partes procesales y las que la Sala Penal Superior considere útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

DECIMOQUINTO. Con relación a la situación jurídica del acusado, se verifica que David Celestino Humanlazo Lazo se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario por el mérito de esta sentencia condenatoria desde el 13 de julio de 2021. Si bien, al iniciarse instrucción le ordenaron mandato de detención (sin fijar plazo), es preciso señalar que el Código Procesal Penal de 1991 aplicable a su caso, establecía que el plazo de detención para procesos ordinarios era de nueve meses. Pero a la fecha ha cumplido catorce meses de reclusión. Por tanto, debe ordenarse su inmediata libertad, la que se ejecutará siempre que no exista otro mandato de detención en su contra.

DECIMOSEXTO. Ahora bien, a efectos de asegurar la presencia del acusado al nuevo juicio oral, se fijan las siguientes restricciones: i) No variar de domicilio sin previo aviso escrito a la Sala Penal Superior. ii) Cumplir con las citaciones y mandatos judiciales, en especial concurrir puntualmente a las audiencias de juicio oral. iii) Informar y justificar sus actividades mensualmente a la Sala Penal Superior.

Estas restricciones deberán ser cumplidas bajo apercibimiento de revocatoria de la comparecencia con las restricciones impuestas, por el mandato de prisión preventiva, en caso de incumplimiento de las mismas.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar NULA la sentencia del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Primera Sala Penal Superior para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a David Celestino Huamanlazo Lazo como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la agraviada identificada con las iniciales V. M. C. V. Le impuso dieciséis años de pena privativa de libertad y el pago solidario de cinco mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la agraviada; con los demás que contiene. En consecuencia, se ORDENA la realización de un nuevo juicio oral en contra de David Celestino Huamanlazo Lazo por otro Colegiado Superior, en el cual se actuarán los medios probatorios señalados en el fundamento decimocuarto de la presente ejecutoria suprema, los solicitados por el fiscal superior, por las partes procesales y las que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

II. Disponer la INMEDIATA LIBERTAD de David Celestino Huamanlazo Lazo, siempre y cuando no existan órdenes de detención dictadas en su contra emanadas de autoridad competente, para cuyos efectos debe oficiarse en el día al órgano jurisdiccional de origen. Le IMPUSIERON las restricciones indicadas en el fundamento decimosexto, bajo apercibimiento de revocatoria de la comparecencia con las restricciones, por el mandato de prisión preventiva, en caso de incumplimiento de las mismas.

III. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.

1 STC N.º 04729-2007-HC. Sostiene, además, que mediante este derecho, por un lado, se garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Entre otras, las STC números 8125-2005-PHC/TC, 3943-2006-PA/TC, 728-2008-PHC/TC y 0896-2009-PHC/TC.
2 STC N.° 728-2008-PHC/TC, FJ 7.
3 STC N.° 01557-2012-PHC, FJ 2.

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