Delito contra la libertad sexual : Necesidad de que se oralicen y se sometan al contradictorio de los medios probatorios.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 965-2020
HUANCAVELICA

Valoración de la prueba personal

En principio, como se trata de un recurso de apelación que instaura el doble grado de jurisdicción que otorga una potestad de revisión total de lo actuado, el Tribunal ad quem realiza una valoración integral del conjunto de la prueba actuada en primera y segunda instancia, puesto que se trata de una instancia de juicio pleno (de facto y de iure).

El recurso de apelación conlleva que el iudex ad quem asuma plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el iudex a quo no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba (STCE 172/1997, de catorce de octubre).

Si la Sala confiere una valoración distinta a la prueba personal directa recibida en el plenario, sin haber actuado prueba personal en segunda instancia o sin haber señalado en la resolución la existencia de zonas abiertas en la declaración de la agraviada que podrían ser sometidas al examen de la sana crítica (principios de lógica o jurídicos, conocimiento científico contrastable, máximas de la experiencia), justificación epistemológica de revisión que también está ausente en la impugnada, el ad quem trasgrede el numeral 1 del artículo 393 del código adjetivo.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, catorce de septiembre de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista, del veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 193), que revocó la sentencia de primera instancia, del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 94), que condenó a Clodoaldo Camilo García Quispe por la comisión del delito contra la libertad sexual-violación sexual, en agravio de la persona de iniciales S. V. I. M., a siete años de pena privativa de libertad; fijó el monto de la reparación civil en S/ 5000 (cinco mil soles), a favor de la agraviada, y dispuso tratamiento terapéutico; y, reformándola, lo absolvió del delito y agraviada anotados; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo LUJÁN TÚPEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Procedimiento en primera instancia

Primero. El señor fiscal adjunto provincial, mediante requerimiento mixto (foja 3 del cuaderno de sobreseimiento-mixto) y la respectiva subsanación del extremo acusatorio (foja 117 del cuaderno de sobreseimiento-mixto), así como su posterior integración (foja 141 del cuaderno de sobreseimiento-mixto), formuló, en un extremo1, acusación contra CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE como autor directo del delito de violación sexual, en agravio de la persona identificada con las iniciales S. V. I. M., y solicitó que se le imponga la pena de siete años y cuatro meses de privación de la libertad y que se fije como reparación civil la suma de S/ 30 000 (treinta mil soles) a favor de la referida víctima. Posteriormente, en los mismos términos del dictamen fiscal acusatorio, así como de la subsanación e integración indicados, se dictó el auto de enjuiciamiento del catorce de agosto de dos mil dieciocho (foja 4 del cuaderno de debate).

Segundo. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal Unipersonal, mediante sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 94 del cuaderno de debates), condenó a CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE, por la comisión del delito de violación sexual, en agravio de la persona identificada con las iniciales S. V. I. M., a siete años de pena privativa de libertad y fijó, por concepto de reparación civil, la suma de S/ 5000 (cinco mil soles) a favor de la citada agraviada; además, dispuso el tratamiento terapéutico al que debe ser sometido el procesado.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el procesado CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE interpuso recurso de apelación el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 120 del cuaderno de debates). Dicha impugnación fue concedida por auto del siete de enero de dos mil diecinueve (foja 141 del cuaderno de debates). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

§ II. Procedimiento en segunda instancia

Cuarto. Luego del trámite respectivo, se instaló la audiencia de apelación el diez de abril de dos mil diecinueve, conforme corre en el acta respectiva (foja 184 del cuaderno de debates), donde el director de debates dejó constancia de que no se admitieron medios de prueba. Seguidamente, los sujetos procesales concernidos expusieron los alegatos, según emerge del acta de audiencia mencionada. En ese contexto, el Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista del veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 193 del cuaderno de debates), revocó la sentencia de primera instancia que condenó a CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE por la comisión del delito de violación sexual, en agravio de la persona identificada con las iniciales S. V. I. M., a siete años de pena privativa de libertad y fijó por concepto de reparación civil la suma de S/ 5000 (cinco mil soles), que deberá abonar el sentenciado a favor de la referida agraviada; y, reformándola, lo absolvió del delito y agraviada antes mencionados.

Quinto. Frente a la sentencia de vista acotada, el representante del Ministerio Público promovió el recurso de casación del trece de mayo de dos mil diecinueve (foja 214 del cuaderno de debates). Mediante auto del tres de junio de dos mil diecinueve (foja 228 del cuadro de debates), la citada impugnación fue declarada inadmisible. En ese contexto, el fiscal interpuso recurso de queja, el once de junio de dos mil diecinueve (foja 240 del cuaderno de debates), en mérito de lo cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el veintisiete de enero de dos mil veinte, emitió la ejecutoria respectiva (foja 289 del cuaderno de debates), declaró fundado el recurso de queja promovido y concedió el recurso de casación. El expediente judicial fue remitido a esta sede suprema.

§ III. Procedimiento en la instancia suprema

Sexto. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal, emitió el auto de calificación del veinte de agosto de dos mil veintiuno, por el que declaró bien concedido el recurso de casación (foja 59 del cuadernillo supremo), por los numerales 1, 2 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

Séptimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación —notificaciones (fojas 66 y 67 del cuaderno supremo)—, se emitió el decreto del veinte de julio de dos mil veintidós (foja 71 del cuaderno supremo), que reprogramó la fecha para la audiencia de casación, el veinticuatro de agosto del presente año.
Octavo. Realizada la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación respectiva y por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los motivos que dieron lugar a la calificación positiva del recurso de casación promovido por el representante del Ministerio Público —fundamentos quinto y sexto (foja 59 del cuadernillo supremo)— estriban en que se determinará lo siguiente:

[Si] se le dio diferente valor probatorio a la prueba personal actuada en primera instancia (declaración de la víctima recabada en el juicio), dado que se valoró prueba que no fue ofrecida ni actuada en el plenario ni en la apelación de segunda instancia para revocar la sentencia condenatoria (declaración preliminar de la agraviada). Asimismo, las pruebas valoradas, documental y pericial, si bien fueron actuadas en juicio, no fueron actuadas en sede de apelación, y se les otorgó una valoración diferente.

Si se inobservó el debido proceso en su vertiente del derecho a probar, pues existe norma procesal que regula la valoración de la prueba en segunda instancia, la cual presenta límites; así como que también existen varias sentencias casatorias, como las Casaciones números 03- 2007/Huaura, 54-2010/Huaura, 195-2012/Moquegua y 385-2013/San Martín. El común denominador de todas ellas es afirmar que no se puede dar distinto valor a pruebas personales o documentales que no hayan sido actuadas en sede de impugnación. La excepción es cuando la valoración de primera instancia infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia.

Lo propio también se desprende del recurso de queja promovido y declarado fundado que, en el sexto fundamento, señala (foja 50 del cuadernillo supremo) como argumento lo siguiente:

En el presente caso se tiene un cuestionamiento que se vincula a los poderes del Juez de Revisión en relación a la prueba personal, a los requisitos bajo los cuales puede utilizarse declaraciones anteriores de la víctima para realizar un juicio analítico sobre su fiabilidad, y en qué medida una prueba pericial se actuó legalmente y se puede utilizar como base de análisis lo expuesto por la víctima al ser interrogada con fines de concretar la pericia por el propio perito.

Se trata, sin duda, de aspectos relevantes que exigen un análisis del denominado “juicio sobre el juicio”, propio de la casación.

Los motivos fueron limitados a los numerales 1, 2 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Teniendo como pretensión que se declare fundado el recurso y, casando la sentencia de segunda instancia, que se declare nula; si bien en audiencia ante esta sede suprema la representante del Ministerio Público modificó su inicial pretensión rescindente por una pretensión revocatoria o rescisoria. Por lo que, para ser admitida tal variación, por primacía del principio pro actione y del principio de voluntad impugnativa, el petitorio debe encontrarse alineado con la causa de pedir; de tal suerte que, para aceptar la modificación revocatoria, los fundamentos del recurso deben ser de tal importancia que, de lo contrario, prima el recurso escrito elevado y declarado bien concedido. Una vez revisado, apreciamos que todos los fundamentos son de nulidad y no de revocatoria; razón por la cual, por congruencia procesal, nuestra decisión se desarrollará en ese orden.

II. Valoración de la prueba por el Tribunal Superior

Segundo. Respecto a la valoración de la prueba, en este punto se presenta una doble posición del Tribunal ad quem sobre el tratamiento de la prueba actuada en segunda instancia y su vinculación a la prueba actuada en primera instancia. En este sentido, en principio, se tiene lo siguiente:

Como se trata de un recurso de apelación que instaura el doble grado de jurisdicción que otorga una potestad de revisión total de lo actuado, el Tribunal ad quem realiza una valoración integral del conjunto de la prueba actuada en primera y segunda instancia, puesto que se trata de una instancia de juicio pleno (de facto y de iure).

El recurso de apelación conlleva que el iudex ad quem asuma plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el iudex a quo, no solo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba (STCE 172/1997, del catorce de octubre).

A. Los criterios básicos de valoración están previstos en el art. 393 NCPP. Así:

i. Solo se valoran los medios de prueba incorporados legítimamente al juicio.
ii. El examen de los medios probatorios se inicia individualmente por cada uno de ellos y, a continuación, globalmente, en su conjunto.
iii. Se abordarán los temas objeto de pretensión impugnativa.

B. Las especialidades que se reconocen a la valoración de la prueba en segunda instancia son dos:

i) Valoración independiente de la prueba actuada en audiencia, así como de las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. Se reconoce en este punto el carácter ‘documental’ del aporte de esos medios de prueba y, por tanto, el ser ajenos a la inmediación o, por lo menos, una clara excepción por razones de no repetibilidad o disponibilidad de la prueba (preconstitución y anticipación de prueba).

ii) Respecto a la valoración realizada por el iudex a quo de la prueba personal: declaraciones en general (declaración del imputado y testificales). Se estima que el principio de inmediación permite al iudex a quo el contacto directo con el material probatorio, por lo cual puede llevar a cabo una más objetiva valoración crítica de los hechos enjuiciados —se entiende que la inmediación es una técnica que sirve para obtener de la fuente de prueba todas las informaciones relevantes [Iacaviello]—. La posición de imparcialidad e inmediación del juez determina una especie de presunción de acierto, sobre la que vienen razonando uniformemente los órganos jurisdiccionales, en el sentido de que entienden que han de reputarse acertadas las conclusiones fácticas a las que llegue, salvo que se demuestre manifiesto error, incongruencia, contradicción o cualquier otro defecto de análoga entidad [Sospedra]. Así lo entiende el NCPP, aunque contemporáneamente con arreglo a las reflexiones modernas de la psicología del testimonio, que se basan en que lo que hay que valorar, no es la persona del declarante, sino su declaración, para lo que la inmediación dice poco, de suerte que es posible examinar otro ángulo del testimonio: su racionalidad, coherencia, precisión, y su relación con las demás pruebas actuadas.

La posibilidad que tiene el iudex ad quem de apartarse de las conclusiones probatorias del iudex a quo con relación a las mencionadas pruebas personales está en función de las actuaciones probatorias realizadas en segunda instancia y a las pruebas documentales, preconstituidas y anticipadas. Es evidente que si las pruebas de cargo que justificaron la condena o la absolución fueron de carácter personal —aquí se incluye el ámbito perceptivo del perito, no el aspecto técnico del informe pericial— no será posible un cambio del sentido del fallo, a menos que esa prueba se repita en segunda instancia —posibilidad aceptada, excepcionalmente y con los límites ya explicados, en el numeral 5 del artículo 422 NCPP2—.

A. Pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la valoración de la prueba personal en segunda Instancia

Tercero. La instancia recursiva implica una serie de limitaciones al objeto de conocimiento, como son lo que piden los recurrentes, a través de sus agravios; la incorporación de prueba, pues solo se admite la nueva; la valoración de la prueba personal, pues, por designio del inciso 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación no puede variar el resultado probatorio sobre la prueba personal realizada en primera instancia, si no hay prueba nueva (fundamento jurídico octavo de la Sentencia de Casación número 96-2014/Tacna, Sala Penal Permanente, del veinte de abril de dos mil dieciséis).

Cuarto. Dicha norma procesal trae consigo una nueva forma de apreciar la prueba actuada en primera instancia, a la que no se le puede otorgar valor probatorio diferente a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que se actúe independientemente prueba en segunda instancia.

Quinto. En efecto, en el fundamento jurídico décimo primero de la Casación número 54-2010/Huaura, del tres de marzo de dos mil once, se define la inmediación de la siguiente forma:

Como principio y presupuesto, [que] permite el acercamiento del Juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir una sentencia justa […] [con la precisión de que] si el Colegiado Superior no tiene ante sí al testigo (prueba personal) es imposible que le otorgue diferente valor probatorio sin la actuación de otros medios probatorios que la cuestionen.

En igual sentido, en la Casación número 195-2012/Moquegua, del cinco de septiembre de dos mil trece, referida a la institución denominada “condena del absuelto”, se desarrolló, en su considerando décimo segundo, el principio de inmediación con relación al juicio oral de primera y segunda instancia; al respecto, se precisa lo siguiente:

La nueva regulación [nuevo Código Procesal Penal] importa una limitación al derecho a los recursos de las partes, pues, si bien puede presentarse un recurso contra una sentencia, en principio no se podrá cuestionar la valoración de la prueba personal, precisamente porque esta requiere inmediación, de la que carece el órgano Ad quem [véase punto 12.2.11 de la referida ejecutoria].

Sexto. Empero, en cuanto a la valoración de la prueba personal, la jurisprudencia emitida por el Supremo Tribunal ha precisado determinadas excepciones al principio de inmediación en su valoración por el Tribunal de mérito. Así, en el fundamento jurídico séptimo de la Casación número 05-2007/Huaura, del once de octubre de dos mil siete, refirió que el Tribunal de alzada no puede modificar la valoración del contenido de la prueba personal, en atención al principio de inmediación y de oralidad; sin embargo, precisó que existen “zonas abiertas” accesibles al control, en situaciones referidas al contenido de la prueba personal. Siguiendo esa línea jurisprudencial, en el fundamento jurídico undécimo de la Casación número 03-2007/Huaura, del siete de noviembre de dos mil siete, reiteró que el contenido de la prueba personal puede ser valorado por el Juzgado de mérito, siempre que esta haya sido entendida con manifiesto error, sea imprecisa, dubitativa, o haya podido ser desvirtuada por prueba practicada en segunda instancia.

Séptimo. En el mismo sentido, en el fundamento jurídico 5.16 de la Casación número 385-2013/San Martín, del cinco de mayo de dos mil quince, respecto a la institución de la “condena del absuelto”, la Corte Suprema señala que si bien el juzgador ad quem no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, está posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación, “si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia”.

B. Análisis del caso concreto

Octavo. La sentencia de primera instancia fundamentó la condena en contra del sentenciado recurrente CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE, en mérito de la sindicación efectuada en el plenario por la agraviada de iniciales S. V. I. M., analizada bajo las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, y se verificó su cumplimiento.

8.1. En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, indicó que no se aprecia algún motivo previo que explique que la agraviada sindicara al acusado como la persona que, ejerciendo violencia, la ultrajó sexualmente; el acusado declaró que era compadre de la agraviada y su esposo, y que antes de los hechos no habían tenido problemas; en concreto, no se evidencia que los cargos en contra del acusado tengan como sustento un motivo espurio como odio, revanchismo o venganza.

8.2. Al examen de coherencia del relato, esto es, verosimilitud interna, afirmó que subyace una versión de los hechos con referencias fácticas suficientes en lo concerniente a la agresión sexual que sufrió la víctima.

8.3. En lo atinente a la verosimilitud externa, como corroboraciones periféricas se tomaron en consideración la pericia psicológica, la denuncia directa que formuló la agraviada contra el acusado ante el juez de paz de Cochamarca y las declaraciones de los testigos Santos Sixto Ramírez Quispe y Olimpia Nolberto de Mendoza, que contribuyen a reforzar la credibilidad de la sindicación de la víctima.

8.4. Respecto a la persistencia en la incriminación, sostuvo que de la denuncia ante el juez de paz se desprende el relato que se consignó ante el médico legista y ante la psicóloga, así como su declaración en el juicio oral, que mantuvo incólume la incriminación en contra del procesado. Precisó que la pericia médico-legal no reflejó lesiones, lo cual se debió a la fecha de su realización (el juez de paz derivó la denuncia ante el jefe de la Odecma, autoridad incompetente, cuando debió remitirla al Ministerio Público), además que esta puede acreditarse en función de las circunstancias concurrentes en el hecho. Es claro que se ejerció violencia idónea cuando el acusado empujó contra el suelo a la agraviada, le bajó su buzo y le tapó la boca con la mano para que no gritara, neutralizando cualquier tipo de reacción de la agraviada ante la superioridad física del acusado y el miedo que le produjo, dado que el acusado estaba acompañado de su hijo.

De esta forma se enervó la presunción de inocencia del imputado.

Noveno. Llevada a cabo la audiencia de apelación, se precisa que el acusado no ofreció medio de prueba y, en cambio, la Fiscalía concurrió escoltada con las pruebas de cargo que justificaron la condena. No obstante, en la sentencia de vista se observa que la Sala Superior de Apelaciones, sobre la base de los argumentos de apelación, llegó a las siguientes conclusiones:

9.1. La versión de la agraviada no resulta coherente respecto a las circunstancias y forma de la comisión del hecho delictivo, pues a nivel fiscal señaló que el procesado y su hijo “han abusado” de ella; por otro lado, del acta de denuncia, se desprende que el hecho aconteció el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, pero en su última versión señaló que ocurrió en octubre; además, como motivos o causas de la agresión, indicó que al encausado le habían robado su toro y, en otro momento, que sucedió cuando le reclamó el pago de una deuda; asimismo, al narrar los hechos en la pericia psicológica, no señaló la agresión desplegada por el hijo del procesado; en otro momento, dijo que fue únicamente el procesado quien la agredió y, luego, que su hijo también quiso abusar sexualmente de ella; de igual modo, indicó que en lo expuesto ante el reconocimiento médico dio una versión distinta, de todo lo cual se desprende que la víctima dio hasta cuatro versiones diferentes y que no señaló fechas concretas ni circunstancias específicas del vejamen, pese a su edad (39 años).

9.2. La versión de la víctima no superaría la garantía de certeza de ausencia de incredibilidad subjetiva, pues el esposo de la agraviada narró en el plenario que fue agredido por el encausado y su hijo por una deuda impaga; consecuentemente, la incriminación radica en la agresión que sufrió el esposo de la agraviada como consecuencia de la deuda impaga, cuyo hecho fue corroborado tanto con la declaración preliminar del esposo de la agraviada como con la declaración plenarial de Olimpia Nolberto de Mendoza, quien refirió que encontró al esposo de la agraviada un poco ensangrentado.

9.3. En cuanto a la persistencia, la agraviada incurrió en contradicciones, conforme se tiene tanto de la declaración indagatoria prestada ante la Fiscalía cuanto de la denuncia interpuesta ante el juez de paz y ante el plenario, así como de lo expuesto por la testigo Olimpia Nolberto de Mendoza, quien encontró a la agraviada en la madrugada (a las 2:00 horas) del primero de octubre de dos mil dieciséis, y precisó que esta tenía algunas lágrimas y le dijo que una persona llegada de Huancavelica le pegó; además, que en ningún momento indicó que hubiera sido víctima de agresión sexual.

En ese sentido, para la Sala de Apelaciones, la sindicación de la agraviada resulta incoherente y existen dudas respecto a si el hecho ocurrió; además, no se determinaron las fechas de las agresiones ni si estas ocurrieron con violencia o amenaza; en suma, que dicha sindicación no superó las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116 y, en consecuencia, la Sala absolvió al acusado CLODOALDO CAMILO GARCÍA QUISPE.

Décimo. En el caso materia de alzada, se advierte que la Sala Superior, para concluir que la declaración plenarial de la víctima durante el juicio oral no le produce convicción o que esta no resulta fiable, utilizó las declaraciones anteriores de la víctima, esto es, su declaración a nivel fiscal, también lo que expuso y se plasmó en el acta de denuncia ante el juez de paz; de igual modo, lo expuesto ante el perito psicólogo y ante el perito médico-legal. Con ello, le confirió una valoración distinta a la prueba personal directa recibida en el plenario, sin que se hubiera actuado prueba personal en segunda instancia o sin que se hubiera señalado en la resolución la existencia de zonas abiertas en la declaración de la agraviada que pudieran ser sometidas al examen de la sana crítica (principios jurídicos o de la lógica, conocimiento científico contrastable, máximas de la experiencia), justificación epistemológica de revisión que también está ausente en la impugnada.

Decimoprimero. En este caso, es claro que las pruebas de cargo que sustentaron la condena en primera instancia contra el encausado se basaron en la prueba de carácter personal (declaración plenarial de la víctima), cuya conclusión fue rebatida por el ad quem y permitió revocar la decisión en favor del procesado, a través de la prueba documental y el informe pericial.

Aquellas son las siguientes:

a) La declaración preliminar de la víctima, recabada ante la Fiscalía.
b) El acta de denuncia ante el juez de paz.
c) La pericia psicológica practicada a la agraviada.
d) El reconocimiento médico-legal practicado a la víctima.

Decimosegundo. Sobre la primera de ellas (declaración preliminar de la víctima), analizados los actuados (auto de enjuiciamiento y actas de juicio oral), se desprende que no fue ofrecida, y por ello, mucho menos actuada a nivel plenarial por el a quo, de modo que no fue materia de análisis ni valoración en dicha instancia; luego, lo realizado por el ad quem transgredió el numeral 1 del artículo 393 del código adjetivo.

En ese sentido, se presenta no solo la deflagración injustificada del principio de inmediación —sin respeto al mandato de la limitación valorativa de revisión sobre la prueba personal, sin inmediación o alguna prueba actuada en segunda instancia—, con infracción de la regla procesal del artículo 425, numeral 2, del código adjetivo, sino que, además, el razonamiento plasmado en la sentencia impugnada, para descartar la prueba personal directa de una víctima, recibida en primera instancia, agrede la garantía procesal de tutela jurisdiccional, pues la motivación plasmada no está fundada en derecho, al interpretar la prueba mediante una valoración irracional, puesto que han identificado las matizaciones del relato de la agraviada con fundamentos nucleares del fáctico3. En esa línea, no toda disparidad autoriza a rescindir el valor epistémico de una testifical. Antes bien, su fiabilidad dependerá de si se trata de detalles centrales, periféricos o colaterales. Solo si se constata lo primero, se restaría virtualidad a la sindicación. En cambio, si se coteja lo segundo y tercero, no existe desmerecimiento objetivo.

Tampoco se aprecia que se haya considerado que, en los casos de delitos clandestinos, en los que resulta muy difícil, si no imposible, que aparezcan otros hallazgos probatorios directos (testigos presenciales, grabaciones fotográficas o videográficas, material genético homologable, etcétera), la valoración probatoria no puede realizarse descontextualizada del escenario criminal (locus sceleris); mucho menos, sin tomar en cuenta la inteligencia, grado educativo (particularmente si es analfabeta o iletrada), edad, lengua materna, habilidades diferentes, discapacidad mental o condiciones de limitación comunicativa de la víctima, datos que, al brotar de la actuación probatoria o del ejercicio de la inmediación del juez que recibe la declaración de la víctima, constituyen baremos de evaluación, que solo justificadamente se podrían descartar.

Resulta especialmente insubsanable, la falta de cuidado de los derechos y garantías procesales de la víctima y la tutela jurisdiccional que posee el juez, no solo por mandato constitucional4, sino también convencional5, soslayando el compromiso internacional que el Estado peruano posee. Al haberse interpretado irrazonablemente la declaración de la agraviada, sin la existencia de alguna prueba personal, prueba anticipada o prueba preconstituida actuada en segunda instancia, que permita tal modificación valorativa o, peor aún, exigiendo narrativa detallada, sin matices, ignorando no solo su condición de iletrada, sino de mujer del ámbito rural, y soslayando, además, que en casos de agresión sexual, la condición de vulnerabilidad de la víctima exige un tratamiento acorde del interrogatorio y la subsecuente valoración con ese contexto (por ello la existencia de la cámara Gesell y la prueba anticipada, debido a la labilidad de la información, que resulta indispensablemente urgente); en cualquier caso, un examen de mayor cuidado que implica comprender el estado de vulnerabilidad que el evento sexual violento le habría causado.

Decimotercero. Seguidamente, sobre el acta de denuncia ante el juez de paz, la pericia psicológica y el certificado médico-legal (que fueron actuados a nivel plenarial), en cuanto no fueron actuados en la audiencia de apelación, el ad quem se encontraba imposibilitado de cambiar el sentido del fallo; en efecto, el numeral 5 del artículo 422 del Código Procesal Penal señala:

También serán citados aquellos testigos —incluidos los agraviados— que han declarado en primera instancia, siempre que la Sala por exigencias de inmediación y contradicción considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia a menos que las partes no hayan insistido en su presencia, en cuyo caso se estará a lo que aparece transcrito en el acta del juicio.

Decimocuarto. Conforme lo estatuido, el procesado no ofreció prueba alguna para rebatir el juicio de hecho; además, conforme se desprende del acta de audiencia de apelación, no se actuó la prueba documental (no fue oralizada en la audiencia de apelación) por lo que las partes no tuvieron ocasión de contradecir (acta de denuncia), en este caso la parte acusadora, por lo que el ad quem no se encontraba facultado para analizar la racionalidad de la valoración probatoria efectuada por el juez de primera instancia.

Decimoquinto. Con relación a la prueba pericial, respecto al suceso narrado por la agraviada, conforme a las reglas de valoración de la prueba pericial, se debió incluir el ámbito perceptivo de los peritos que fueron examinados en el plenario, quienes además expusieron lo concerniente al aspecto técnico. Dado que la pericia, como señala Michele Taruffo.

No resulta ser un mero instrumento retórico sino un instrumento epistémico, o sea el medio con el que en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación de la verdad de los hechos […] están dirigidas a aportar al juez elementos de conocimiento de los hechos que se sustraen a la ciencia común de que dispone. El principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón, lo que implica que el juez efectúe sus valoraciones según una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación racional6.

En esa inteligencia el Acuerdo Plenario número 4-2015/CIJ-116, del dos de octubre de dos mil quince, establece que los requisitos del artículo 178 del Código Procesal Penal aparecen en el juzgamiento en los tres momentos detallados a continuación: a) información del soporte para elaborarla, b) informe escrito y c) sustentación oral. En consecuencia,

La prueba pericial tiene un aspecto documental referido a la redacción de los métodos usados para llegar a la conclusión que se presenta respecto del objeto peritado —que está precedido de la actividad perceptiva y analítica del perito—. Además, necesita de un órgano de prueba, el cual es necesario que comparezca al juicio y explique el significado de su pericia —que es lo que define su carácter de prueba personal, en cuanto declaración de conocimiento del perito—. [fundamento jurídico 7].

De modo que los motivos por los cuales considera que el razonamiento de primera instancia no es el correcto, discrepando de la conclusión de la prueba pericial, no se encuentran ajustados a derecho, toda vez que su descarte exige la recepción de la misma o nueva declaración epistémica o la justificación de que la ciencia operada resulta inadecuada, en virtud de conocimiento científico contrastable.

Lo expuesto permite amparar la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Por los mismos fundamentos (expuestos ut supra) queda justificada también la causal del 2 del artículo 429 del mismo código, en cuanto se configuró también la inaplicación del numeral 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal, concordante con el numeral 5 del artículo 422 y el numeral 1 del artículo 393 del mismo cuerpo normativo. Por lo que resulta sobreabundante analizar la otra causal (inciso 5 del artículo 429 del referido código adjetivo), dado que se concluye que la recurrida ha completado los requisitos del test de nulidad7, como se ha fundamentado en esta decisión, lo que conlleva la nulidad de la audiencia de apelación que la originó.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista, del veinticinco de abril de dos mil diecinueve (foja 193), que revocó la sentencia de primera instancia, del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 94), que condenó a Clodoaldo Camilo García Quispe por la comisión del delito contra la libertad sexual- violación sexual, en agravio de la persona de iniciales S. V. I. M., a siete años de pena privativa de libertad; fijó el monto de la reparación civil en la suma de S/ 5000 (cinco mil soles), a favor de la agraviada, y dispuso tratamiento terapéutico; y, reformándola, lo absolvió del delito y agraviada anotados; con lo demás que contiene; y, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista recurrida.

II. ORDENARON que otro Colegiado Superior cumpla con dictar nueva sentencia de vista, previa audiencia de apelación, respetando las garantías constitucionales, y que, cumplidas las formalidades, dicte la sentencia correspondiente.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia privada y que, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en la instancia, incluso a las no recurrentes; y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por periodo vacacional del señor juez supremo Sequeiros Vargas.


1 En el otro extremo, solicitó el sobreseimiento de la causa en favor del procesado Víctor Raúl García Llanos, por el delito de violación sexual en grado de tentativa, y fue amparado el sobreseimiento parcial en su favor, conforme se desprende del auto del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (foja 3 del expediente judicial).
2 SAN MARTÍN CASTRO, César. (2015). Derecho procesal penal-Lecciones. Inpeccp, Lima, pp. 692 a 694.
3 Considerar que “debe observarse la coherencia y solidez del relato; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso”. Cfr. Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, del 26 de noviembre de 2005, fundamento jurídico 9.c.
4 Artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú.
5 El derecho de acceso a la justicia ha sido reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por Decreto Ley 22231 y ratificada por el Perú desde el 28 de julio de 1978, en los artículos 8 y 25 y en el artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa n.° 13282, del 15 de diciembre de 1959. Igualmente, en el artículo 7, numerales c, d, e, f, g de la Convención de Belém do Pará, Brasil, del 09 de junio de 1994, aprobada por el Perú, mediante Resolución Legislativa n.° 26583, el 22 de marzo de 1996; ratificada el 4 de abril de 1996, cuyo depósito se hizo el 4 de junio de 1996. Finalmente, entró en vigor a partir de 4 de julio de 1996. En ella se señala que los Estados parte se encuentran obligados a establecer procedimientos legales, justos y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos y a «establecer mecanismos judiciales y administrativos que garanticen a la mujer víctima de violencia [física, sexual y psicológica] a una reparación y a medios de compensación justos y eficaces».
6 TARUFFO, M. (2005). “Tres observaciones sobre ‘Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar’” de Larry Laudan, traducción de Ferrer Beltrán, Jordi, en DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28, p.5.
7 Es decir, que se cumpla con acreditar concurrentemente la existencia de los tres principios necesarios para configurar nulidad que son: el principio de taxatividad, el principio de lesividad o trascendencia y el principio de oportunidad. Los cuales deben aparecer, cualquiera sea el caso de la nulidad procesal invocada. Por el principio de taxatividad, la causal invocada tiene que encontrarse expresamente señalada en la ley o provenir de la afectación al ius constitutionis; por el principio de oportunidad, debe invocarse en la primera ocasión que se tenga o cuando lo obliga la ley; y por la trascendencia, el acto no puede ser subsanado o integrado o convalidado. Tal como ocurrió en este caso.

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