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Lavado de activos : Modalidad de traslado de dinero

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 48-2021
LIMA SUR

Lavado de activos: modalidad de traslado de dinero

El contenido del artículo 3 del D. L. 1106, sanciona –entre otros– los actos de transporte de dinero proveniente o vinculado a actividades delictivas. Se caracteriza porque puede presentarse durante cualquiera de las etapas a las que
se refieren los artículos 1 y 2, con la precisión de que se trata de un delito independiente.

Asimismo, pueden ser cometidas por agentes externos, personas que no necesariamente están vinculadas a los actos centrales de lavado, como la conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia, sino contratados con la finalidad de mover el dinero de un lugar a otro.

Lima, veinticinco de mayo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA contra la sentencia del 16 de mayo de 2019 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur1. La cual lo condenó como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte, traslado de activos de origen ilícito en agravio del Estado y, como tal, le impuso 8 años de pena privativa de libertad, 120 días multa y el pago de 40 000,00 soles de reparación civil a favor del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

FUNDAMENTOS

I. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

Primero. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante CPP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano2. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 33) efectos suspensivos de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del CPP.

II. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Segundo. El 8 de abril de 2014, aproximadamente a las 16:45 horas, cuando el acusado MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA regresaba de la ciudad de Tacna conduciendo el vehículo de marca Toyota modelo TIDA con número de placa BOK-457, en compañía de Deisy Fernández Burrillo y Erika Alcántara Mendoza, fueron intervenidos por personal policial de la División de Investigación de Lavado de Activos de la DIREJANDRO-PNP. En dicha intervención, entre el asiento del piloto y el copiloto se encontró un canguro de color negro que contenía 13 500,00 dólares americanos.

Luego, entre las pertenencias del conductor también se encontraron 2400,00 dólares americanos y 2330,00 soles. Asimismo, en la puerta delantera derecha acondicionado en su estructura, se halló un par de medias de color negro con:

i) en una media: cuatro paquetes con billetes de 100,00 dólares americanos; y,

ii) en la segunda media, cinco paquetes con billetes de 100,00 dólares cuyo valor fue de 61 000,00 dólares americanos.

En total, el acusado transportaba 76 900,00 dólares americanos y 2330,00 soles. Cabe especificar que 25 de los billetes tenían adherencias de cocaína.

Cabe también indicar que el procesado MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA es gerente general de la empresa MYC CH SERVICIOS GENERALES S. A. y que constituyó, junto con su hermano Constantino Chumbe Llanca. Este último ha tenido procesos por el delito de tráfico Ilícito de drogas. La aludida empresa se constituyó con un capital de 100 000,00 y solo con bienes materiales. Asimismo, cabe destacar que Constantino Chumbe Llanca y Yeny Telésfora Chumbe Llanca (hermanos del imputado) tienen antecedentes por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Su otro hermano, Homero Segundo Chumbe Llanca también tiene condena por el mismo delito.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Tercero. La defensa impugnó la sentencia. Argumentó:

3.1. Su defendido no ha negado la posesión del dinero que le fue incautado, el cual iba a utilizar para la adquisición de un vehículo camión que incorporaría a su empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C. (que funcionó ocho meses). Él había viajado a Tacna y como no encontró el vehículo que buscaba regresaba a Lima cuando fue intervenido. El dinero lo tenía en efectivo porque los bancos no son seguros. Además, el día que viajó a Tacna para adquirir el vehículo era domingo y esos días los bancos no atienden.

3.2. No se ha probado que el acusado pertenezca a una organización criminal o esté involucrado en actividades ilícitas.

3.3. Su empresa celebró contratos de prestación de servicios con la empresa ENERSUR, así como con la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, en Naranjos, San Martín, por lo que tenía ingresos legítimos. Estos están sustentados con documentos que obran en autos y que no fueron cuestionados por la Fiscalía ni la parte civil. El trato comercial con ENERSUR fue corroborado por el representante legal de la mencionada empresa, Gonzalo Rafael Leo Zopo, quien en la audiencia del 27 de marzo de 2019 manifestó que emitieron órdenes de servicio por el valor de 99 000,00 dólares americanos. En cuanto al contrato con la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, fue para la adquisición de un tanque de enfriamiento de 1000 litros y recibieron en contraprestación 48 000,00 soles que fueron bancarizados por el municipio antes mencionado.

3.4. Su hermano Constantino Chumbe Llanca fue sancionado por delito de tráfico de drogas en el año 2001 y después de trece años decidieron cofundar M y C CH Servicios Generales S. A. C., con la finalidad de prestar servicios de distintas índoles. El capital social de 100 000,00 soles fue en inmuebles.

3.5. El que los hermanos del acusado, Constantino Chumbe Llanca, Homero Chumbe Llanca y Geny Chumbe Llanca hayan tenido procesos por tráfico de drogas no vincula a su defendido con esas actividades.

3.6. El acusado, entre 1995 y el 2010 se dedicó a trabajar como chofer de transporte público y percibió entre 80,00 y 100,00 soles diarios. Del 2010 al 2013 se dedicó de manera informal a la compra y venta de repuestos de vehículos y percibió entre 1000,00 a 1500,00 dólares americanos. En mayo de 2013 constituyó con su hermano Constantino Chumbe Llanca la empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C., a efectos de prestar servicios generales. La actividad empresarial está acreditada. Si bien no acreditó sus ingresos de los dos primeros trabajos, ello obedeció a que se trataba de actividad informal.

3.7. También celebraron un contrato de mutuo el 8 de noviembre de 2013. Este lo suscribió Marco Antonio Chumbe Llanca con Jorge Ernestor Gálvez Quiroz, ambos en su condición de personas naturales. El mutuante hizo entrega de 96 000,00 soles a su defendido en cuatro armadas con la finalidad de adquirir el camión. Este dinero iba a ser devuelto en dos años y la garantía mobiliaria se acordaría a la adquisición del bien. Esta persona acudió a declarar a juicio y manifestó que el dinero lo había adquirido a través de un préstamo bancario meses antes.

3.8. También recibió un préstamo de 15 000,00 dólares de la religiosa Doris Milena Torres Sánchez. A esta la conoció a través de su sobrina Isela Portocarrero Torres, de quien fue conviviente.

3.9. La Pericia Contable N.° 22-03-2017-IN/PPETID-LAVACTI-EC, la realizaron por actividades comprendidas entre enero de 2010 y el 29 de mayo de 2013. Esta pericia consideró ingresos y egresos imaginativos y no consideró que toda persona debe tener un mínimo de ingresos mensuales para subsistir.

3.10. Presentaron un informe contable de parte que ha sido elaborado sobre el periodo comprendido entre el mes de junio de 2013 y marzo de 2014 fecha en la que su defendido inició actividades económicas formales en su empresa. Fue en este contexto que celebró los contratos con EMERSUR y la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel.

3.11. Hay una pericia que determina que algunos de los billetes incautados tenían adherencias de cocaína. Sin embargo, esto no es cierto y por ese motivo su patrocinado no firmó el acta de descarte de adherencias de drogas en billetes. Además, este dinero no fue lacrado, tal y como lo señaló el efectivo policial Ítalo Llaja Machado cuando declaró en el acto oral.

IV. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Cuarto. La Fiscalía Suprema opinó porque se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia impugnada3. Esto por lo siguiente:

4.1. El acusado fundó la empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C., conjuntamente con su hermano Constantino y aportó el automóvil marca NISSAN, modelo TIDA, de placa BOK-457, color plata y el automóvil marca NISSAN, modelo SUNNY EX SALGON, de placa B1V-241, color plata, valorizados en S/ 59 652,00. Sin embargo, cuando se le preguntó por los documentos que sustentaron las adquisiciones declaró que no los tenía.

4.2. En cuanto al préstamo de 15 000,00 dólares americanos por parte de Doris Torres Sánchez el acusado señaló que lo recibió en mayo de 2013, mientras que la testigo afirmó que fue en el mes de junio de 2013 y que el acusado no firmó documento alguno de recepción del dinero. Adicionalmente, los peritos Freddy Orlando Oliveira Rengifo y Carlos Jaime Jara Corso, que elaboraron la Pericia Contable N.° 22-03-2017-IN/PPETID-LAVACTI-EC, declararon que no encontraron registrado ese monto en el estado de la empresa.

4.3. La Pericia Contable N.° 22-03-2017-IN/PPETID-LAVACTI-EC, también permite demostrar que el supuesto préstamo de 96 000,00 que recibió el acusado de parte de José Ernesto Gálvez Quiroz tampoco existe porque no se ha demostrado la solvencia económica de este.

4.4. El perito contable Tito Fernando Pereira Portugal que elaboró el informe de parte de la defensa señaló que para elaborar su pericia no tuvo mayor referencia que la información proporcionada por el propio acusado.

4.5. La Pericia Contable N.° 22-03-2017-IN/PPETlD-LAVACTI-EC concluyó que la empresa M Y C CH SERVICIOS GENERALES S. A. C., en el período 2013-2014, presenta un desbalance de 25 926,58, lo que indica que no era rentable, por lo que la disposición en efectivo que presenta al 31 de marzo de 2014, de 137 764,20, no es producto de la rentabilidad de sus operaciones comerciales, por lo que resulta poco creíble dicho resultado que determina el perito de parte, al no contar con documentos legales y fehacientes.

4.6. En 25 de los billetes que transportaba el acusado encontraron adherencias de cocaína. Esto lo concluye el Dictamen Pericial de Adherencias de Drogas N.° 22/2014. Esto guarda vinculación con las actividades de su hermano Constantino Chumbe Llanca, quien ha sido procesado y sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Esto acredita conexión del acusado con este tipo de actividades.

V. ANÁLISIS DEL RECURSO

Quinto. Conforme se aprecia de lo actuado en el proceso, la prueba de cargo actuada en el juzgamiento permite acreditar que el acusado MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA fue intervenido en posesión de 76 900,00 dólares americanos y 2330,00 soles cuando retornaba de Tacna a Lima el 8 de abril de 2014. Así lo demuestra el contenido del acta de registro personal, así como del contenido del acta de registro del vehículo de placa de rodaje N.° B0K-457¸ donde se precisan las circunstancias de la intervención y el hallazgo.

Sexto. Ahora bien, la defensa sostiene que el dinero incautado no es de origen ilícito, tal y como lo afirma el Ministerio Público. Alega, por el contrario, que el dinero tenía fuente legal e iba a ser empleado en la adquisición de un vehículo que sería incorporado al patrimonio de la empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C., la cual fundó conjuntamente con su hermano Constantino Chumbe Llanca.

Séptimo. Analizando el caso sub judice es pertinente precisar que se imputa al procesado el transporte de dinero de origen ilícito, el cual está tipificado en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1106 el cual es un tipo penal independiente.

Octavo. Al respecto, el acusado MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA ha declarado que es una persona cuyo capital se ha generado en la actividad comercial de su empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C., la cual cofundó con su hermano Constantino Chumbe Llanca y que acredita con el contenido del Oficio N.° 1874-2014-SUNARP4, al cual se adjunta la copia literal N.° 13039540 de constitución de la mencionada empresa.

Noveno. Por tanto, a efectos de evaluar si la procedencia del dinero es ilícita o no, resulta pertinente examinar los indicios concurrentes al caso. Se identifican los siguientes:

9.1. Falta de acreditación de ingresos por actividades informales. El acusado ha manifestado que con anterioridad a la constitución de su empresa se dedicaba a la venta informal de repuestos para vehículos. Sin embargo, no ha presentado instrumental ni prueba personal alguna que acredite que haya ejercido tal actividad que le generaba, según su impugnación, de 1000,00 a 1500,00 dólares mensuales. Asimismo, tampoco obra testimonial que corrobore que se dedicaba a conducir un vehículo de transporte público.

9.2. Carencia de acreditación de los bienes muebles con los que constituyó la empresa. El acusado ha reconocido que al constituir la empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C. aportó como capital dos automóviles marca NISSAN (uno modelo TIDA, de placa BOK-457, color plata y el otro modelo SUNNY Ex Saloon, de placa B1V-241, color plata). Ambos vehículos tenían un valor de 59 652,00, tal como se especifica en la escritura pública de constitución de la empresa5. Sin embargo, tampoco se ha podido acreditar la forma y el modo de la adquisición de mencionados vehículos. Es más, en juicio el procesado se limitó a decir que los pagó al contado.

9.3. Falta de acreditación del origen de 15 000,00 dólares prestados por la testigo Doris Milena Torres Sánchez. Esta testigo acudió a nivel de la instrucción y declaró que le prestó dinero al acusado, ya que lo conocía pues fue expareja de su sobrina Isela Portocarrero Torres con quien tiene dos hijos6. Al respecto, cabe precisar que se habría tratado de un préstamo que no ha sido bancarizado y del que tampoco hay documentación cierta. No es creíble que una persona preste a otra 15 000,00 dólares sin que medie documento que acredite la obligación de devolución.

9.4. Ausencia de acreditación de los supuestos 96 000,00 soles que recibió el acusado en calidad de préstamo, por parte de José Ernesto Gálvez Quiroz. El acusado ha pretendido acreditar que parte de dinero que le fue incautado le fue prestado por el testigo antes mencionado. Sin embargo, dicho testigo al declarar en el juicio oral7 no pudo explicar ni proporcionar datos ciertos sobre el origen del dinero que prestó. Dijo que el dinero lo entregó en cuatro armadas de manera directa y que suscribió con el acusado un contrato de mutuo que cuenta únicamente con firma legalizada ante notario8.

La primera observación que debemos realizar es el hecho de que se trata de una alta cantidad de dinero por lo que era esperable una bancarización, lo cual no se produjo. Por su parte, el testigo señaló que parte del dinero que prestó lo obtuvo de un préstamo y de sus actividades comerciales. Sin embargo, tales afirmaciones tampoco fueron acreditadas. Cabe considerarse también que el testigo no proporcionó ningún dato claro sobre las actividades que realizaba al punto de no recordar ni siquiera la ubicación exacta de su tienda comercial al punto de que cuando se le preguntó el nombre de quien fue su contador se limitó a decir que era de la Sunat.

9.5. Ausencia de capacidad económica. La defensa señaló en su impugnación que el acusado tenía solvencia como consecuencia de las actividades comerciales de su empresa M y C CH Servicios Generales S. A. C.

En este punto cobra relevancia el contenido de la Pericia Contable N.° 22-03- 2017-IN/PPETID-LAVACTI-EC (que tuvo como periodo de estudio del 2010 al 2014), suscrita por los peritos Freddy Orlando Oliveira Rengifo y Carlos Jaime Jara Corso9, quienes realizaron un estudio detallado que abarcó datos objetivos como fueron los ingresos por actividad comercial (contratos), egresos (compras, pago de planillas, aportes a ESSALUD y pago de tributos al Gobierno Central), así como el dinero con que contaban en el Banco de Crédito del Perú (información obtenida por levantamiento de secreto bancario). El estudio, que además confrontó la pericia de descargo presentada por la defensa, tuvo como resultado un desbalance de 25 926,58 soles, por lo que no cabe sostener que el dinero que le fue incautado sea producto de sus actividades comerciales.

Frente a este indicio concurre como contraindicio de la defensa su Pericia de Parte10 (que tuvo como periodo de estudio de junio de 2013 a marzo de 2014). Este informe técnico fue ratificado en audiencia pública por el perito Tito Fernando Pereira Portugal. Sin embargo, abarcó un periodo menor y consideró el préstamo de mutuo pese a que no consta que los 96 000,00 soles hayan ingresado a la empresa o al acusado como persona natural. Además, según el propio perito no tuvo a la vista los documentos que justificaban egresos por pago de planillas. En atención a todo ello cabe concluir que esta pericia no contó con la información necesaria para validar su contenido, por lo que pierde consistencia para el análisis de autos.

Antes de finalizar este punto, es pertinente precisar que la pericia de cargo identificó que en la cuenta de la empresa en el Banco de Crédito del Perú se hallaron montos cuyo origen se desconoce (158 650,00 soles y 9754,28 soles en cuentas distintas).

9.6. Indicio de mala justificación. El acusado ha señalado que el dinero tuvo como destino la compra de un vehículo de carga pero que al no encontrar uno de su interés decidió retornar de Tacna con el dinero. Enfatizó en que no lo bancarizó porque no es seguro debido a que hay asaltos con frecuencia. Al respecto, no obra instrumental ni prueba personal que acredite gestiones de esa naturaleza (quien realiza dichas gestiones siempre genera proformas). Adicionalmente, las personas que fueron intervenidas con él, Deisi Fernández Burrillo11 y Erika Alcántara Mendoza12, manifestaron en presencia de un fiscal que desconocían sobre aludidas actividades.

9.7. Vínculo directo con personas implicadas en actos de tráfico ilícito de drogas. Los hermanos del acusado, Geny Chumbe Llanca y Constantino Chumbe Llanca tienen condenas por delito de tráfico ilícito de drogas (la primera a 15 años de pena privativa de libertad y el segundo a 8 años). Además, fue con Constantino Chumbe Llanca, con quien el acusado constituyó la empresa M Y C CH Servicios Generales S. A. C., cuyos ingresos no son sostenibles, tal como se apreció en la pericia de cargo.

9.8. Vestigios de drogas en parte del dinero incautado. Se ha acreditado que 25 de los billetes que fueron incautados al acusado tenían adherencia de cocaína, tal y como lo precisa el Dictamen Pericial de Adherencia de Drogas N.° 22/201413.

Décimo. Los indicios son concurrentes entre sí y permiten acreditar que los 76 900,00 dólares americanos y 2330,00 soles incautados que transportaba el acusado no tenían origen lícito, por lo que es irrelevante el destino que estos activos fueran a tener: “El objetivo o las razones específicas del transporte son intrascendentes para que la conducta adquiera tipicidad”14.

En conclusión, el comportamiento del acusado se adecúa a la modalidad típica descrita en el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1106, que sanciona el transporte de dinero de origen ilegal.

VI. DE LAS PENAS IMPUESTAS

Decimoprimero. La conminación penal por el delito cometido es no menor de 8 ni mayor de 15 años de privación de libertad y como pena conjunta de 120 a 350 días multa.

Al acusado se le impuso 8 años de pena privativa de libertad y 120 días multa, las cuales son adecuadas, pues no se han configurado causales de disminución de punibilidad (tentativa, complicidad secundaria, responsabilidad restringida u otra eximente imperfecta) ni reglas de reducción por bonificación procesal (confesión sincera o conformidad procesal).

Decimosegundo. Finalmente, en cuanto a la reparación civil, al no haberse cuestionado, se confirma el monto fijado en primera instancia.

DECISIÓN

Por estos fundamentos y de conformidad con el fiscal supremo en lo penal, los jueces y las juezas de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del 16 de mayo de 2019 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur15. La cual condenó a MARCO ANTONIO CHUMBE LLANCA como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte, traslado de activos de origen ilícito en agravio del Estado y, como tal, le impuso 8 años de pena privativa de libertad, 120 días multa y el pago de 40 000,00 soles de reparación civil a favor del Estado.

II. MANDARON que se remitan los autos al tribunal de origen para los fines de ley.

Intervino la jueza suprema Carbajal Chávez por licencia del magistrado Guerrero López.


1 Folio 2316.
2 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
3 Folio 54 del cuadernillo formado a esta instancia.
4 Folio 716.
5 Folio 1192.
6 Folio 1544.
7 Folio 2288.
8 Folio 1250.
9 Folio 2129.
10 Folio 1165.
11 Folio 376.
12 Folio 384.
13 Folio 897.
14 Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. “El delito de transporte y traslado de dinero o títulos valores de origen ilegal”. En: El delito de lavado de activos. Aspectos sustantivos, procesales y de política criminal. Tomo II. Lima: Grijley, 2017, p. 56.

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