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Delito de violación sexual : Completitud de la prueba para condenar y falta de unanimidad en la imposición de cadena perpetua.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.° 526-2021
LIMA

Completitud de la prueba para condenar y falta de unanimidad en la imposición de cadena perpetua

Sumilla. La Sala Superior es soberana en la apreciación de la prueba, la misma que no es llevada a cabo sin limitación alguna sino con base en una actividad probatoria concreta. Los medios probatorios aportados y actuados durante el transcurso del proceso que revisten las garantías legales exigibles y con arreglo a las normas de la lógica, y han superado el canon de suficiencia para fundamentar la incriminación del imputado.

Este Tribunal Supremo comparte la fundamentación del órgano sentenciador, que fue debidamente motivada. Sin embargo, de ninguna manera puede mantenerse la cadena perpetua al existir un ordenamiento legal sobre la forma y las circunstancias en que debe adoptarse dicha pena, por lo que al surgir tal situación se debe optar por la pena inmediata inferior, que para nuestra ley penal es la de treinta y cinco años de privación de libertad. En atención a lo glosado precedentemente, los agravios esgrimidos no son de recibo y el recurso de nulidad se desestima en su integridad.

La reparación civil ha sido fijada en virtud del principio del daño causado.

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado EMER HUAMANÍ SARAVIA contra la sentencia del trece de octubre de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (foja 695), que lo condenó, con voto en mayoría, como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual en agravio de la menor identificada con clave 48-2019, a cadena perpetua y fijó en S/ 20 000,00 (veinte mil soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá pagar a favor de la agraviada.

De conformidad con lo opinado por el fiscal supremo. Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

FUNDAMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Primero. El sentenciado EMER HUAMANÍ SARAVIA en su recurso de nulidad formalizado por escrito del veintisiete de octubre de dos mil veinte (foja 715), denunció la vulneración a la debida valoración de las pruebas, falta de motivación y motivación insuficiente en la sentencia recurrida, con base en ello solicita la nulidad de la sentencia recurrida. Para ello, sostiene lo siguiente:

1.1. La declaración de la menor agraviada contiene un relato contradictorio, inconsistente, con lagunas, ambiguo, sin detalles y con falta de atención al momento de su relato, su sindicación es injuriosa y tiene ánimo de confundir la verdad de los hechos, pues es poco creíble que cuando sucedieron los hechos que generaron bulla no hubieran alertado a los familiares que se encontraban en las demás habitaciones.

1.2. Señala en un primer momento que el recurrente le baja la blusa y el short, no obstante, luego señala que el recurrente la empuja hacia el rincón y le hace bajar su pantalón y que cuando llegó el denunciante tenía el pantalón abajo para luego decir que tenía una pierna debajo de su trusa. Además, frente a la pregunta de la entrevistadora: “¿Tú me dices que él te bajó tu pantalón?”, la menor no responde solo mueve la cabeza afirmativamente, así como indicó que él se bajó el pantalón y luego a ella; nuevamente se contradice, y señala que ya tenía abajo el pantalón. En dicha declaración no se precisa de qué forma el recurrente habría intentado poner su miembro viril en sus genitales.

1.3. Se realiza un simple análisis de lo declarado por la menor que evidentemente carece de verosimilitud. No se tiene en cuenta que en la pericia psicológica la menor refiere que cuando tenía trece años de edad vivía con su padre, quien además no le permitía que vaya a la casa de su madre porque esta no la cuidaba como era debido, cayéndose de por sí su sindicación.

1.4. La entrevistadora de cámara Gesell induce de forma arbitraria a dar una respuesta a la menor, pese a que las preguntas deben ser abiertas, le pregunta: “¿Esta es la primera vez?”; sin embargo, en el relato espontáneo la menor no señala haber sido víctima con anterioridad a los hechos denunciados, su relato se encuentra, como se ha referido, con contradicciones. Pese a las preguntas arbitrarias efectuadas por la entrevistadora, la menor no señala cómo estaba vestida, tampoco se evidencia una afectación emocional en su relato frente a la entrevistadora.

1.5. La sentencia recurrida argumenta hechos que no obran en la declaración de la menor. Han quedado demostradas las serias contradicciones en que ha incurrido la menor agraviada, lo cual vulnera el principio de imputación necesaria y evidencia que la denuncia interpuesta en su contra es una injuria, la cual tiene como origen conflictos familiares de índole patrimonial con su hermano Román Huamaní, abuelo de la agraviada y Alexis Armas Palma, padrastro de la misma, por no haber autorizado a este último a vivir en el domicilio por ser una persona conflictiva, y como su hermano Román accedió a darle un cuarto en su vivienda, en represalia el señor Alexis ha influenciado en la menor para injuriarlo dolosa y falsamente.

1.6. La declaración del señor Alexis es contradictoria pues dijo que iba a visitar a su pareja, la madre de la menor, pero si esta última llega a las 8:00 p. m. como es que entra a la casa a las 6:00 p. m. cuando sucedieron los hechos, ello quiere decir que en efecto sí vivía en la casa. Señaló hechos distintos a nivel policial y en su declaración en el plenario.

1.7. Advierte la falta de elementos periféricos que corroboren la declaración de la presunta agraviada. Afirma que los certificados médicos no acreditan que haya tenido relaciones sexuales con anterioridad puesto que no arroja desfloración antigua; asimismo, en la pericia biológica forense practicada a la ropa interior de la menor tampoco se encontraron restos de sangre, espermatozoides o seminales y el examen antígeno prostático específico concluyó negativo. Por último, en la pericia psicológica la menor refiere que no ha tenido relaciones sexuales y admite haber falseado su declaración en cámara Gesell puesto que con ello se acredita que nunca fue ultrajada, además advierte que la menor es manipulada por su madre. Por lo tanto, no existen evidencias científicas de una relación sexual no consentida por vía vaginal en contra de la presunta agraviada.

1.8. Finalmente, advierte la ausencia de motivación y motivación aparente de la sentencia recurrida porque no responde a las alegaciones realizadas en el proceso.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. La acusación fiscal formalizada por dictamen del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 312) imputa al procesado en su condición de tío paterno de la agraviada, que el once de mayo de dos mil doce, aproximadamente a las 18:30 horas, el haber ingresado al cuarto donde pernoctaba (ubicado en el jirón Manuel Ugarteche N.° 166 del distrito de Pueblo Libre) la menor agraviada (catorce años), y con empleo de violencia la retuvo en el cuarto, cerró la puerta y apagó la luz, para finalmente violarla sexualmente. En esas circunstancias ingresó Alexis André Armas Palma (padre político de la menor), quien momentos antes había escuchado ruidos en la habitación. Se percató de que el procesado se subía el pantalón y se abrochaba la correa, mientras que la menor permanecía con su ropa interior por debajo de las rodillas. El procesado intentó salir de la habitación, pero Alexis Armas se lo impidió y llamó a su conviviente (madre de la menor), quien dio parte a la policía. Los efectivos acudieron alrededor de las 19:27 horas, conforme con el acta de intervención policial (folio 15), intervinieron al procesado y lo trasladaron a la dependencia policial para las investigaciones respectivas.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del tipo penal previsto en el primer párrafo del numeral 2 del artículo 173, concordante con el segundo párrafo del numeral 2 del Código Penal. Respecto del primer hecho ocurrido entre los meses de marzo a diciembre de dos mil dieciocho, la menor contaba con 13 años de edad. Resulta de aplicación la norma acotada.

Asimismo, se postula lo previsto en el artículo 170, con las agravantes de los numerales 3 y 11 del segundo párrafo del Código Penal (modificado por la Ley 30838). Ello respecto del segundo hecho ocurrido el once de mayo de dos mil diecinueve, por lo que es aplicable la norma legal antes acotada.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Consideraciones generales

Cuarto. La imposición de una condena penal exige que el juzgador alcance un nivel de certeza respecto a la responsabilidad del procesado en los hechos incoados, ello como conclusión del juicio de análisis y valoración razonada de cada uno de los medios de prueba, de cargo y descargo, que fueran sometidos al contradictorio, de forma que le permitan crear convicción de culpabilidad y solo así enervar la presunción de inocencia que como garantía de corte constitucional acompaña al justiciable durante todo el desarrollo del proceso.

Quinto. El artículo 283 del Código de Procedimientos Penales refiere que los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados por el órgano jurisdiccional con criterio de conciencia.

Si bien el juez o la Sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta (nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo), jurídicamente correcta (las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que les son propias y legalmente exigibles), se ha de llevar a cabo con arreglo a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia (determinadas desde parámetros objetivos) y de la sana crítica1.

Sexto. El juicio conclusivo del operador de justicia debe encontrarse debidamente motivado2, lo que exige una precisión detallada de las razones o justificaciones objetivas que lo llevaron a tomar tal o cual decisión, esta obligación se reviste en una garantía constitucional, conforme con lo regulado en el numeral 5 del artículo 139 de la norma fundamental.

Análisis del caso concreto

Séptimo. El sustento impugnatorio del recurrente se dirige a cuestionar, en primer término, el principal elemento de cargo de la incriminación valorada y formulada en su contra, esto es, la declaración de la menor agraviada; asimismo, advierte una indebida valoración de los elementos de prueba, así como una insuficiente y aparente motivación en la sentencia recurrida.

Respecto a lo primero, se advierte que las máximas de la experiencia demuestran que los delitos contra la libertad sexual dada la clandestinidad de su materialización, la principal prueba de cargo se erige en la declaración de la víctima, la cual demanda del juzgador extremo cuidado en su análisis.

Estos delitos generan extrema lesividad emocional en las víctimas, lo que puede ocasionar diversas dificultades en la percepción exacta de las circunstancias coetáneas al evento; por lo que el tratamiento adecuado en valoración de la prueba personal en este tipo de delitos no exige una enunciación fáctica idéntica entre una declaración y otra. No obstante, deberá verificarse la concurrencia de puntos esenciales que se constaten incólumes en la investigación, coherencia interna del relato y la presencia de elementos periféricos. Además, deberá considerarse para su evaluación la concurrencia de las garantías de certeza desarrolladas en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ- 116, del treinta de setiembre de dos mil cinco: i) ausencia de incredibilidad subjetiva, ii) verosimilitud del testimonio, persistencia en la incriminación y iii) existencia de corroboraciones externas a esa declaración incriminatoria.

Octavo. La defensa indica que se ha condenado al recurrente sin haber compulsado y valorado adecuadamente los medios probatorios de cargo. Al respecto:

8.1. Advierte que la declaración de la agraviada en la entrevista única de cámara Gesell contiene contradicciones con relación a la forma y modo de cómo sucedieron los hechos.

8.2. Señala que la entrevistadora indujo a la menor a responder lo que no expresaba en su relato espontáneo.

8.3. Sostiene que las pruebas de cargo (certificado médico legal, que concluye que la menor no tiene signos contranatura, y el informe psicológico, donde la menor habría asegurado que no ha mantenido relaciones sexuales) y las pericias efectuadas a las prendas de la menor en las que no se encontraron restos de espermatozoides, no constituyen elementos periféricos para corroborar la declaración incriminatoria de la agraviada, sino más bien demuestran que el recurrente no cometió tal hecho atribuido y que todo se debe a una infamia por parte del padrastro de la menor a quien no le permitían vivir en la casa de su conviviente, es decir, de la madre de la menor.

Sobre lo alegado por la defensa, se advierte que la menor agraviada sindicó claramente al imputado, quien es su tío, hermano de su abuela. Respecto a la incriminación describió los hechos cometidos en su agravio, el modo, la forma y las circunstancias de las veces que fue víctima de abuso sexual por parte del recurrente.

Su incriminación fue analizada por la Sala Superior conjuntamente con los elementos periféricos de prueba que corroboraron la incriminación efectuada cumpliéndose de esa forma los alcances establecidos en el Acuerdo Plenario 002-2005/CJ-116.

Noveno. Ahora, concierne a este Supremo Tribunal verificar si el análisis de la prueba de cargo (declaración de la agraviada) realizado por el órgano superior, cumplió con las garantías de certeza que permitieron enervar la presunción de inocencia del imputado.

En ese sentido, es menester precisar que, en el caso, en cuanto a la declaración de la menor agraviada en cámara Gesell describió la forma y las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Sindicó al recurrente, quien era su tío abuelo, como la persona que abusó de ella desde que tenía trece años. Al respecto, este Supremo Tribunal observa y advierte que no se vislumbra incredibilidad subjetiva. La defensa del recurrente no ofreció ni el órgano jurisdiccional constató la presencia de elementos de juicio sobre móviles espurios presentes entre la víctima y el encausado, que la hayan impulsado a formular una atribución delictiva tan grave con la única finalidad de perjudicarlo.

Si bien el imputado refiere que existe resentimiento entre él y el padrastro de la agraviada, debido a que a este no le permitieron vivir en la casa del abuelo de la agraviada, en tanto que al procesado le iban a dar una habitación para poder llegar y vivir con sus hijos, motivo por el cual lo estaban calumniando. Además, la madre de la menor agraviada lo discriminaba por ser de la sierra. Se verifica que dicho argumento recursal fue alegado frente al órgano sentenciador, quien ha apreciado la habilidad de la defensa del acusado para crear una historia ficticia con la finalidad de salir airoso de los hechos que se le imputan. Además su versión no es coherente y presenta contradicciones. En la primera señala haber subido a despedirse de la madre de la agraviada con quien se lleva muy bien y a quien conoce desde pequeña, para luego declarar en el plenario que ella siempre lo discriminó por ser de la sierra y que tenían una relación distante, lo cual es ilógico que de tener una relación distante como refiere quisiera ir a despedirse de ella y atreverse a entrar a su cuarto donde se encontraba la menor agraviada.

La defensa técnica del recurrente pretende sorprender a este Supremo Tribunal y denuncia afectación de su libertad con presunciones sin ningún sustento probatorio, con lo cual busca que se realice una nueva valoración del caudal probatorio con el solo hecho de alegar una presunta injuria en su contra, lo cual resulta insuficiente para sostener que ello sea cierto. No obra en autos medio de prueba alguno que demuestre que entre la agravada o los familiares de esta y el procesado haya habido una rencilla o hecho anterior al incriminado que motiven a denunciarlo falsamente. Por el contrario, el mismo imputado ha referido a nivel policial que tenía un trato cordial y bueno con la menor agraviada, así como con su madre y, respecto a su padrastro, que no le unía ningún vínculo de amistad ni enemistad. Si luego ha cambiado su versión, solo pretende ser exonerado de la imputación hecha, la cual ha sido comprobada.

Por lo tanto, pese a lo postulado por la defensa recurrente respecto a la valoración de las pruebas, uniformidad y coherencia en el relato de la menor con relación a la narración de los hechos y más precisamente cuando refiere que el procesado, quien es su tío abuelo, abusó de ella en dos ocasiones. No se aprecian supuestos carentes de logicidad o un relato increíble o que lidie con la imaginación. Su narración reviste uniformidad en cuanto a los elementos propios e intrínsecos de la atribución delictiva formulada contra el encausado.

Décimo. Además, se advierte que lo depuesto por la agraviada cuenta con elementos de corroboración periférica, tales como:

10.1. El Certificado Médico Legal N.° 28204-E-IS (folio 53), practicado a la menor agraviada el once de mayo de dos mil diecinueve, realizado tres horas después del hecho ocurrido en el cual se indicó que la menor tiene un himen amplio, elástico y dilatable, y presenta secreción blanquecina en escasa cantidad sin mal olor.

10.2. La Pericia Psicológica N.° 028340-2019-PSC (folio 227) practicado a la menor agraviada el doce de mayo de dos mil diecinueve, el cual concluye que la agraviada presenta indicadores de reacción ansiosa compatibles con el motivo de referencia, personalidad en fase de estructuración, requiere de orientación sexual.

Sobre ello es preciso aclarar que en dicha evaluación psicológica se verifica frente al ítem de vida psicosexual de la agraviada de la perito psicóloga, ha referido que: “Menarquía a los 10 años, menstruo normal […] la pareja de mi papá y mi abuela sabía porque ella me daba para comprar las toallas higiénicas; no he tenido relaciones sexuales. En el colegio dijeron que cuando te acuestas con un hombre ya eres mujer”. Sobre ello, la defensa del recurrente alega temerariamente que la menor ha negado y desmentido que haya sufrido abuso sexual, al respecto se debe advertir que la mención hecha se debe lógicamente al hecho de conocer si la menor a su edad ha tenido o mantenido relaciones sexuales, mas no a si ha sufrido o no abuso sexual por parte del imputado. Queda claro que antes de dicho ítem se verifica la narración de la menor en la cual ha referido y señalado claramente que ha sido víctima de abuso sexual por parte del imputado.

En ese sentido, nuevamente se advierte que la defensa del recurrente pretende sorprender a este Supremo Tribunal realizando análisis a fin de tergiversar la declaración de la agraviada a fin de quedar liberado de toda culpa.

10.3. La declaración del padrastro de la agraviada, Alexis Armas Palma testigo de los hechos ocurridos, quien ratificó y concurrió a juicio oral realizado en la sesión seis del seis de agosto de dos mil veinte.

10.4. La declaración de la madre de la agraviada (Kelly Paloma Huamaní Balanda), quien ratificó su declaración a nivel de juicio oral en la sesión seis del seis de agosto de dos mil veinte.

10.5. La declaración del efectivo policial José Luis Ortiz Lara a nivel policial, con participación del representante del Ministerio Público (foja 17), quien manifestó que ingresó a la vivienda donde ocurrieron los hechos a solicitud de la madre de la agraviada, en la cual habían dos varones, el procesado y el padrastro de la agraviada. Refirió que el procesado no opuso resistencia, no dijo nada y estuvo callado.

La coherencia en la declaración de la menor, así como la prueba personal y pericial practicada, revisten de completitud la condena penal dictada, lo que resulta suficiente para enervar la presunción constitucional de inocencia que ostentó el recurrente durante su procesamiento.

Decimoprimero. Se verifica que bajo la preeminencia del derecho a la presunción de inocencia, la Sala Superior es soberana en la apreciación de la prueba, la misma que no es llevada a cabo sin limitación alguno sino con base en una actividad probatoria concreta, los medios probatorios aportados y actuados durante el transcurso del proceso que revisten las garantías legales exigibles y con arreglo a las normas de la lógica, y han superado el canon de suficiencia para fundamentar la incriminación del imputado, como la declaración de la víctima en fase preliminar y en juicio oral. Aunado a ello, la declaración de la menor agraviada, como única testigo de los hechos, de la cual no se han invalidado sus afirmaciones, reúne las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, que fueron apreciadas con rigor por el órgano sentenciador.

En consecuencia, los agravios esgrimidos no son de recibo para este Tribunal Supremo, la Sala Superior ha cumplido con fundamentar las razones que justifican su decisión. Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso planteado.

Decimosegundo. Finalmente, debemos indicar que, en cuanto a la pena, durante el presente proceso se determinó que los hechos se encuadraron en el primer párrafo del numeral 2 del artículo 173, concordante con el segundo párrafo del numeral 2 del Código Penal. Respecto del primer hecho ocurrido entre los meses de marzo a diciembre de dos mil dieciocho, cuando la menor contaba con trece años de edad.

Asimismo, en lo previsto en el artículo 170 con las agravantes de los numerales 3 y 11 del segundo párrafo del Código Penal (modificado por la Ley 30838). Ello respecto del segundo hecho ocurrido el once de mayo de dos mil diecinueve. En ese sentido el órgano sentenciador decide imponer cadena perpetua en contra del imputado al haberse comprobado el lazo parental y abuso de confianza por parte del imputado frente a la víctima, lo cual generó secuelas irreparables e inconmensurables en su agravio.

Al respecto, este Tribunal Supremo advierte que en atención a lo previsto por la ley procesal y al ser la cadena perpetua una pena atemporal y ser la máxima reconocida por nuestro ordenamiento penal previsto en el artículo 29 del Código Penal, se toma la precaución normativa de que al deliberar sobre dicha sanción no debe haber duda alguna respecto a su determinación; por lo tanto, es la que al sentenciado le corresponde y debe sustentarse la individualización de la pena de manera especial en argumentos fácticos, jurídicos y dogmáticos que expliquen y justifiquen satisfactoriamente, desde la perspectiva legal, el criterio adoptado. Adicional e importante es que esa fundamentación sea adoptada por todos los integrantes del Colegiado; de esa manera se garantiza la certeza y convicción de su aplicación, porque basta que uno de los integrantes del Tribunal que juzga no esté convencido de la necesidad de dicha pena y no comparta la decisión para que no se pueda aplicar en razón de su severidad. Por ende, habrá de aplicarse otra pena.

En el caso, la responsabilidad penal está acreditada. La pena según la norma es la máxima por las circunstancias especiales que rodean el caso, que deriva desde la perspectiva normativa en la aplicación de la pena legalmente conminada (cadena perpetua). Dicha decisión tiene que adoptarse por unanimidad; caso contrario, deberá aplicarse una pena diferente, que en este caso tiene que ser la inmediata inferior en razón de que la máxima pena no se aplica solo por un defecto procesal; corresponde la aplicación de la pena siguiente, que sí es posible aplicar por mayoría. En consecuencia, resulta válido imponer treinta y cinco años de pena privativa de libertad3.

La Sala de Apelaciones, al momento de deliberar, determinó por unanimidad la responsabilidad del acusado (extremo firme que no es materia de control). Sin embargo, al momento de deliberar sobre la pena a imponerse, no todo el Colegiado compartió la misma decisión. Así, por mayoría, se impuso la pena de cadena perpetua y surgió un voto discordante por parte de uno de sus integrantes, cuyo sentido fue por la imposición de veinte años de pena privativa de libertad. En consecuencia, no se tuvo en cuenta lo previsto en el numeral 4 del artículo 392 del Código Procesal Penal, de aplicación extensiva al presente caso.

Ahora bien, este Tribunal Supremo comparte la fundamentación del órgano sentenciador que fue debidamente motivada. Sin embargo, no puede mantenerse la pena de cadena perpetua. Por las consideraciones anotadas precedentemente se debe optar por la pena inmediata inferior, que para nuestra ley penal es la de treinta y cinco años de privación de libertad.

En atención a lo glosado precedentemente, los agravios esgrimidos no son de recibo y el recurso de nulidad se desestima en su integridad.

La reparación civil fue fijada en virtud del principio del daño causado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del trece de octubre de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (foja 695), que condenó a EMER HUAMANÍ SARAVIA, con voto en mayoría, como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual en agravio de la menor identificada con clave 48-2019, a cadena perpetua y fijó en S/ 20 000,00 (veinte mil soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá pagar a favor de la agraviada.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del trece de octubre de dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima (foja 695), en el extremo que impuso la pena de cadena perpetua y, REFORMÁNDOLA, le impusieron treinta y cinco años de pena privativa de libertad por falta de unanimidad en su imposición. Y los devolvieron.

Intervino el magistrado Carbajal Chávez por licencia del juez supremo Guerrero López.


1 Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco, fundamentos jurídicos 6 y 7.
2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, LIMA, del trece de octubre de dos mil ocho: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso” (fundamento jurídico 7).
3 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Primera edición. Lima: INPECCP y CENALES, 2015, p. 413.

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