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ESTAFA : Elementos configuradores del delito de estafa y organización criminal- Pena suspendida.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1020-2020
LIMA

PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE

La prueba de cargo válidamente actuada en el decurso del juicio oral es suficiente para enervar la presunción de inocencia que acompañaba a los acusados; por lo que la sentencia de condena se emitió conforme a ley.

Lima, catorce de julio de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Abel Laurente Peña contra la sentencia del veintisiete de enero de dos mil veinte (folios 413 a 423), expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Mediante dicha sentencia —por mayoría— se le condenó por la comisión de los delitos de estafa, en agravio de Marinella Fadda, y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado. En consecuencia, impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en cinco mil soles el monto de la reparación civil a favor de cada agraviado, sin perjuicio de devolver el dinero depositado; con todo lo demás que al respecto contiene.
De conformidad con la Fiscalía Suprema en lo Penal. Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

Primero. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

1.1. El recurso de nulidad es el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios que regula el Código de Procedimientos Penales. En términos del profesor García Rada: “Se trata de un medio de impugnación suspensivo, parcialmente devolutivo y extensivo que se interpone a efectos de alcanzar la nulidad total o parcial de una decisión superior”1. De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal, el recurso de nulidad permite la revisión total de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema.

1.2. La Sala Penal de la Corte Suprema tiene facultades para modificar o revocar la sentencia o auto dictados por la instancia inferior. En forma previa a la resolución final de la Sala Suprema, el Ministerio Público debe emitir pronunciamiento y lo hará si la causa se encuentra dentro de los supuestos taxativamente contemplados en el artículo ochenta y tres de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Frente a la decisión adoptada no cabe recurso alguno y, por lo tanto, la causa se agota procesalmente dado que la ejecutoria genera estado definitivo del proceso.

Segundo. IMPUTACIÓN FÁCTICA

De acuerdo con el dictamen acusatorio (folios 216 a 229), los cargos atribuidos a Abel Laurente Peña consisten en lo siguiente:

El diecinueve de marzo de dos mil trece, Marinella Fadda recibió una llamada telefónica desde el celular 942-661-726 de una mujer que se identificó como la esposa del señor Raygada, cliente de su establecimiento ubicado en la avenida Flora Tristán N.° 265 de la urbanización Santa Patricia en La Molina). Esta, entre lágrimas, le manifestó que había atropellado a una mujer y necesitaba su ayuda. Le solicitó la suma de S/ 5000,00 para evitar su detención. El dinero fue entregado a un sujeto trigueño de baja estatura, en el distrito de Chorrillos.

El veinte de marzo de dos mil trece recibió otra llamada telefónica de una persona que dijo ser Oscar Mendoza León, oficial de la Policía Nacional del Perú, y donde la supuesta esposa del señor Raygada lloraba y le pidió que le preste más dinero, por lo que realizó cinco depósitos bancarios:

i. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma S/ 3000,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

ii. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 7000,00 a la cuenta de ahorros del Banco Continental N.° 00110261-50-0200093747 a nombre de Abel Laurente Peña.

iii. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 2500,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.° 191-25292752-0-23 a nombre de Samme Kenyo Castellanos Cano.

iv. El veintiuno de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 2000,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

v. El veintidós de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 1500,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

Se estableció que Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe efectuó la llamada desde el teléfono N.° 942661726 de su madre, Alicia Sauñe Melgarejo, y se hizo pasar por el citado efectivo policial. Mientras Samme Kenyo Castellanos Cano y Abel Laurente Peña se encargaron de la apertura de cuentas donde se efectuaron los depósitos.

Tercero. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

La defensa del sentenciado, al fundamentar el recurso de nulidad (folios 430 a 436), sostuvo que:

3.1. No se probó que Abel Laurente Peña haya tenido contacto con la agraviada Marinella Fada, ni la relación y comunicación con los procesados Jorge Eduardo Huancahuari Peña y Samme Kenyo Castellanos Cano.

3.2. Marinella Fada no ratificó su denuncia a nivel policial, instrucción y juicio oral.

3.3. No se acreditó la permanencia en el tiempo para cometer el delito, el rol de funciones de los partícipes y mínimo de personas para que se configure el delito de asociación ilícita para delinquir; tampoco se acreditó la lesión del bien jurídico y el dolo.

3.4. La Sala Superior no valoró correctamente los medios probatorios y no tuvo en cuenta que la prueba por indicios requiere de cierta fundamentación.

3.5. Marinella Fada tenía pleno conocimiento que el dinero que aportó era para corromper a un efectivo policial y el derecho penal no ampara actos ilícitos en el delito de estafa, conforme estableció la Casación N.° 421-2015 Arequipa.

3.6. Se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales al no expresarse las razones o justificaciones objetivas para asumir la decisión de condenar. No existió suficiente actividad probatoria y debió aplicarse el in dubio pro reo como regla o criterio interpretativo.

Cuarto. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 512-2021-MP-FN-SFSP (folios 41 a 46 del cuadernillo formado en esta instancia), la fiscal suprema de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida, en tanto no se afectó el deber de motivación de las resoluciones judiciales al determinar la responsabilidad de Abel Laurente Peña por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir.

Quinto. SUSTENTO NORMATIVO

En forma previa a analizar la cuestión de fondo y que es materia de impugnación —si la sentencia condenatoria se encuentra debidamente motivada y, en consecuencia, conforme a ley—, se debe considerar lo siguiente:

5.1. La prueba es aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso2. En ese sentido, como expresa Talavera3 citando a Jordi Ferrer:

Una concepción racionalista acerca de la prueba, consiste en: a) averiguar la verdad como objetivo institucional de la actividad probatoria; b) la aceptación del concepto de verdad como correspondencia; c) recurrir a metodologías y análisis propios de la epistemología general para la valoración de la prueba, sin desconocer la concurrencia de algunas normas jurídicas como criterios racionales para la valoración dentro de un sistema de libre apreciación.

5.2. La presunción de inocencia, como un principio del proceso penal, alude a que por imperio constitucional nadie será declarado responsable de un delito si no existe una sentencia judicial que lo declare de esa manera, para esto se debe haber desarrollado un proceso judicial y, dentro de este, un juicio; en ello reside la construcción judicial de la culpabilidad. Esto significa que solo la sentencia tiene la virtud de declarar la responsabilidad penal, lo cual implica la adquisición de un grado de certeza mediante suficiencia probatoria, descartándose cognitivamente cualquier duda sobre la situación jurídica del encausado.

Sexto. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

6.1. Este Supremo Tribunal se limitará a resolver lo expresado en los agravios invocados en el recurso de nulidad, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales4 (principio conocido como tantum apellatum quantum devollutum), teniendo en cuenta que el derecho a la impugnación constituye el ejercicio de un derecho fundamental y la competencia del órgano de revisión, está delimitada objetiva y subjetivamente, precisamente por los cuestionamientos expresados en los medios impugnatorios (agravios), salvo los supuestos excepcionales de nulidades absolutas.

6.2. La defensa de Laurente Peña sostiene, en esencia, que la agraviada conocía que el dinero depositado iba ser utilizado para un acto ilícito, no configurándose el delito de estafa, asimismo que se carece de medios probatorios que acrediten que tuvo contacto con la agraviada y con sus coprocesados para cometer la estafa, y que no se probó la permanencia, roles y número de participantes de la asociación ilícita para delinquir.

6.3. El delito de estafa está regulado en el artículo 196 del Código Penal, que prescribe: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años”. Para que se configure requiere que sus elementos se presenten de manera secuencial, en el siguiente orden: i. El engaño como el medio determinado para que el sujeto activo induzca al sujeto pasivo a ejercer un acto de disposición patrimonial en su favor; ii. Error en la representación de la realidad, entendido como el vicio en el consentimiento que se genera en el sujeto pasivo producto del engaño; iii. La disposición patrimonial consistente en todo comportamiento que realiza su titular para que el objeto patrimonial salga de su esfera de dominio y se introduzca en la esfera de dominio del autor del delito; y iv. El perjuicio patrimonial, como el menoscabo en el patrimonio del sujeto pasivo5.

6.4. Conforme se aprecia de la denuncia realizada ante Comisaría PNP Santa Felicia de La Molina (folio 3 y oralizado en juicio oral a folio 395v), el diecinueve de marzo de dos mil trece, Marinella Fadda recibió una llamada telefónica de una mujer que se identificó como la esposa del señor Raygada, cliente de uno de sus negocios, quien llorando le manifestó que había atropellado a una mujer y necesitaba su ayuda, por lo que le solicitó inicialmente la suma de S/ 5000,00 para evitar su detención, que fue entregado a un sujeto en el distrito de Chorrillos. El veinte de marzo de dos mil trece recibió otra llamada telefónica de una persona que dijo ser Oscar Mendoza León, oficial de la Policía Nacional del Perú, y donde la supuesta esposa del señor Raygada lloraba y le decía que le preste más dinero, por lo que realizó cinco depósitos bancarios para poder ayudarla.

6.5. Ocurridos así los hechos, permiten apreciar la existencia del engaño con el supuesto accidente de tránsito de la esposa del señor Raygada, generando un error en la representación de esta sobre el hecho, consistente en que dicha persona necesitaba de su ayuda, logrando que disponga de S/ 21 000,00 (S/ 5000,00 entregados en efectivo y S/ 16 000,00 en depósitos) con lo que le ocasionó perjuicio.

Al respecto, la defensa sostiene que la agraviada conocía qué dinero iba a ser destinado a un acto ilícito, corromper a un efectivo policial; sin embargo, conforme se planteó, la solicitud de ayuda era para: “Evitar ser detenida”, situación fáctica en la que no necesariamente se puede referir que el ánimo de ayuda era para un cohecho o el pago de una prebenda, pues dentro de las posibilidades hipotéticas frente a una coyuntura como la descrita, son admisibles supuestos relacionados a que el dinero podría estar destinado al pago de un abogado defensor, atenciones médicas de la persona que supuestamente fue atropellada y de la misma solicitante, temas referidos al principio de oportunidad, entre otros, que importan hacer frente a un accidente de tránsito. Este razonamiento se refuerza con el hecho que la agraviada tenía en ese momento sesenta y nueve años de edad (carné de extranjería a folio 200), no pudiendo exigírsele una previsión escrupulosa sobre el destino del dinero, siendo el imperativo desde su posición brindar la ayuda que le solicitan.

Sobre esto último, y abordando el cuestionamiento sobre que la agraviada no ratificó su denuncia durante la investigación y el juicio oral, debe tenerse en cuenta que la denuncia en sus términos permitió construir con el suficiente detalle la imputación y existen medios probatorios adicionales a la sindicación que permiten acreditar los hechos, en los que actuaron varias personas de manera concertada, no habiéndose logrado, pese a los esfuerzos, su concurrencia que en suma se pudo deber a la mayoría de edad de la agraviada, pues al momento del juicio oral ya contaba con alrededor setenta y seis años de edad.

6.6. Al respecto, cabe acotar que la imputación se encuentra complementariamente corroborada con las constancias de depósito (folios 5 a 8) que se detallan:

i. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma S/ 3000,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

ii. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 7000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Continental N.° 00110261-50-0200093747 a nombre de Abel Laurente Peña.

iii. El veinte de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 2500,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.° 191-25292752-0-23 a nombre de Samme Kenyo Castellanos Cano.

iv. El veintiuno de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 2000,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

v. El veintidós de marzo de dos mil trece, por la suma de S/ 1500,00 a la cuenta de ahorros del BCP N.º 191-25723305-0-35 a nombre de Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe.

El recurrente Laurente Peña ha reconocido en su declaración instructiva (168 a 171) y en el juicio oral (folios 367 a 371) que recibió y cobró dicho depósito, indicando que había sido un favor a un amigo de nombre “Juan José Carrillo” a cambio de una propina de S/ 50,00 o S/ 100,00 soles; sin embargo, dicha justificación resulta inverosímil por las contradicciones en la que incurrió, pues en la instrucción señaló que dicho amigo le solicitó la apertura de la cuenta; en tanto que en el juicio sostuvo que este lo realizó para postular a un trabajo (indicio de mala justificación).

En esa línea, se aprecia también el hecho objetivo que Laurente Peña llegó a tener en su cuenta bancaria, al veintiuno de octubre de dos mil trece la suma S/ 24 460,00, conforme se aprecia de la carta remitida por el BBVA Banco Continental (folio 393); no obstante, no existe mayor explicación con relación a la posesión de dicho dinero, sobre todo en atención a que según su declaración instructiva únicamente laboraba como ayudante de carpintería a su padre (folios 168 a 171).

En ese sentido, se puede afirmar que Laurente Peña tenía conocimiento de la ilicitud del movimiento de dinero en su cuenta, acreditándose su participación en la comisión del delito de estafa en coordinación con los otros involucrados en la presente causa (sobre cuyos extremos existen otras condenas vía conclusiones anticipadas), en agravio de Marinella Fadda.

6.7. Ahora bien, el delito de asociación ilícita se encuentra regulado en el artículo 317 del Código Penal, que prescribe: “El que forma parte de una organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido, por el solo hecho de ser miembro de la misma, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”.

Por este tipo penal se sanciona el solo hecho de formar parte de la agrupación a través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de organización, permanencia o estabilidad y número mínimo de personas, sin ser relevante que se materialicen sus planes delictivos. Así, se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo.6

6.8. En el presente caso, se cuestiona que no se acreditaron los elementos que exige el tipo penal para afirmar la comisión del delito en comentario. Al respecto, una apreciación conjunta de los hechos imputados permite apreciar la existencia de una organización con roles establecidos, actos repetitivos, con personas encargadas de engañar y generar que la agraviada incurra en error, que en este caso recayó sobre una mujer que no se logró identificar y Jorge Eduardo Huancahuari Sauñe que se hizo pasar por un efectivo policial. Así mismo, los encargados de recibir y retirar el dinero depositado fueron Samme Kenyo Castellanos Cano y Abel Laurente Peña.

6.9. De otro lado, en el caso se presenta el requisito y vocación de permanencia de este colectivo delictivo por el mismo hecho que los actos ocurridos en agravio de Marinella Fadda no solamente se dieron en un momento y una acción, sino que fueron cinco actos reiterativos y una entrega en efectivo, existiendo elementos de juicio de complementariedad indiciaria puesto que los movimientos de dinero se visualizan hasta octubre de dos mil trece, conforme se aprecia de la carta remitida por el BBVA Banco Continental (a folio 393), por lo que es obvio que han participado varias personas —Huancahuari Sauñe, Castellanos Cano (ya sentenciados), Laurente Peña y la mujer que inicialmente llamó a la agraviada—. Por lo que se tiene la convicción fundada y sustentada objetivamente que Laurente Peña era integrante de dicha asociación ilícita para delinquir.

6.10. Finalmente, se aprecia que no se invocó ningún agravio adicional dirigido a cuestionar la determinación de la pena y la reparación civil, máxime si la privación de libertad fue impuesta por debajo de la solicitada por el Ministerio Público (siete años, folios 216 a 229 en la acusación). En ese sentido, tales aspectos deben mantenerse en los términos expuestos en la sentencia.

6.11. Teniendo en consideración todo lo expuesto, los agravios postulados en el recurso de nulidad no son de recibo y deben ser desestimados.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, acordaron:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintisiete de enero de dos mil veinte, expedida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó por mayoría a Abel Laurente Peña por la comisión de los delitos de estafa, en agravio de Marinella Fadda, y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado. En consecuencia, impuso cuatro años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en cinco mil soles el monto de la reparación civil a favor de cada agraviado, sin perjuicio de devolver el dinero depositado, con todo lo demás que al respecto contiene.

II. DISPONER se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino la jueza suprema Carbajal Chávez por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 981.
2 GIMENO SENDRA. Fundamentos del derecho procesal penal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.
3 TALAVERA ELGUERA. La prueba en el nuevo proceso penal. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, 2009, p. 13.
4 Artículo 300. Ámbito del recurso de nulidad
1. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o reducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto materia de impugnación.
5 Fundamento noveno de la Casación N.° 421-2015 Arequipa.
6 Fundamento 4 del Acuerdo Plenario 4-2006/CJ-116.

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