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Delito de omisión de prestación de alimentos – [Pago de devengados]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. (NCPP) N.° 626-2019
CUSCO

Delito de omisión de prestación de alimentos

Para la configuración del delito de omisión de prestación de alimentos, tipificado en el artículo 149 del Código Penal, no basta el simple incumplimiento del mandato judicial. Se trata de un tipo penal de omisión dolosa, por lo que es necesario que se acredite la intención injustificada de no pagar el monto de las pensiones alimenticias liquidadas devengadas. Para ello, es requisito sine qua non que se encuentre debidamente determinado dicho monto, así como el periodo al que corresponde, tema que es de estricta competencia de los órganos jurisdiccionales civiles.

SENTENCIA DE REVISIÓN

Lima, veintitrés de agosto de dos mil veintidós

VISTOS: en audiencia pública, la demanda de revisión de sentencia formulada por Carlos Enrique Wilson Pizarro; con los recaudos que se adjuntan al cuaderno correspondiente.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

Primero. Sentencia objeto de revisión

1.1. Es la sentencia emitida el cuatro de octubre de dos mil diecinueve por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco-Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que condenó a Carlos Enrique Wilson Pizarro como autor del delito de omisión de asistencia familiar, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales V. L. W. V., representada por su madre, Vanesa Vera Ramos, a un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo término bajo el cumplimiento de reglas de conducta, el pago de pensiones devengadas ascendentes a un monto de S/ 53,978.00 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y ocho soles) y el abono de S/ 2,500.00 (dos mil quinientos soles) por concepto de reparación civil.

Segundo. Fundamentos de la demanda

2.1. El demandante interpone demanda de revisión contra la sentencia de vista emitida el cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Solicita que se declare la nulidad de esta y se ordene la realización de un nuevo juicio oral por otro Juzgado, y como pretensión accesoria que se ordene la anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales.

2.2. Sustenta su pretensión en el artículo 439.4 del Código Procesal Penal—en adelante CPP—: si con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el proceso que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas son capaces de establecer la inocencia del procesado.

2.3. Sus fundamentos son los siguientes:

Se verificaron irregularidades en el juicio oral.

La sentencia no es fiel reflejo del juicio oral, no se resuelve conforme a los plenos jurisdiccionales, no obran los audios de diferentes fechas (no está el audio en el que planteó cuestión previa contra la acusación) ni se admitieron pruebas excepcionales del imputado.

En forma posterior a la sentencia que lo condenó por omisión de asistencia familiar, el Segundo Juzgado Mixto de Wanchaq- Cusco emitió el ocho de noviembre de dos mil diecinueve la resolución de vista que declaró la nulidad de: (a) la Resolución número 80, del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que aclaró la Resolución número 67, del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, que acumuló el periodo y el monto de pensiones alimenticias devengadas de julio de dos mil doce a mayo de dos mil dieciocho al periodo del veinticinco de enero de dos mil once, siendo el monto total de acumulación el de S/ 53,978.97 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y ocho soles con noventa y siete céntimos), y (b) la Resolución número 67, del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el extremo en el que dispuso requerir al demandado el pago de las pensiones alimenticias devengadas correspondientes al periodo de julio de dos mil doce a mayo de dos mil dieciocho por el monto de S/ 42,671.37 (cuarenta y dos mil seiscientos setenta y un soles con treinta y siete céntimos), y ordenó que se emita nuevo pronunciamiento tomándose en cuenta lo expuesto en dicha resolución.

• Al haberse declarado nulo el mandato judicial de pago de devengados, no se configura el delito que se le imputa.

2.4. Ofrece como pruebas las siguientes:

El auto de citación a audiencia de juicio inmediato.

Los audios de las audiencias del juicio oral.

Copia certificada de la Resolución número 80, del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve.

Copia del escrito de apelación.

Copia certificada de la Resolución número 19, que contiene la sentencia impugnada que lo condenó por el delito de omisión de asistencia familiar.

Copia de la Resolución número 21, del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia condenatoria, y consentida la sentencia.

Copia certificada de la Resolución número 67, del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado del distrito de Wanchaq-Cusco, en el proceso de alimentos número 898-2010, en el que lo requirieron para el pago en el término de cinco días de las pensiones devengadas correspondientes a julio de dos mil doce a mayo de dos mil dieciocho.

Copia certificada del auto de vista del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que declaró la nulidad de la Resolución número 80 y de la Resolución número 67 (que dispuso requerir al demandado para el pago de las pensiones alimenticias devengadas del periodo de julio de dos mil doce a mayo de dos mil dieciocho).

Tercero. Admisibilidad de la demanda

3.1. Mediante el auto de calificación del diecisiete de junio de dos mil veinte, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema admitió la demanda por la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439 del CPP.

3.2. De oficio se DISPUSO que se soliciten los siguientes documentos: (i) el expediente penal y los audios; (ii) la copia certificada del Expediente número 898-2010 sobre alimentos, tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, así como los incidentes derivados de este; (iii) el informe de la jueza del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq para que explique las incidencias suscitadas respecto a la liquidación de las pensiones devengadas, así como también informe si existen otras causas penales archivadas o sentenciadas con motivo de las liquidaciones antes señaladas, y (iv) las copias certificadas de las Fiscalías respecto a las causas señaladas por el Juzgado.

Cuarto. Antecedentes procesales

4.1. El diecinueve de enero de dos mil veintiuno la jueza del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq remitió el Informe número 004- 2020-2JPLW-MTH, solicitado por el Tribunal Supremo, el cual fue complementado el treinta y uno de mayo del año en curso.

4.2. El diecisiete de mayo de dos mil doce el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco remitió el Expediente Penal número 0212-2019-80-1001-JR-PE-02 y sus incidencias, que contiene el proceso seguido contra Carlos Enrique Wilson Pizarro por el delito de omisión de asistencia familiar, en agravio de la menor de iniciales V. L. W. V.

4.3. El nueve de agosto de dos mil diecinueve la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq remitió la Carpeta Fiscal número 501- 2012 solicitada.

4.4. Mediante decreto del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema remitió los actuados a la Sala Penal Permanente, en mérito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa número 000378-2021-CE-PJ, del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.

4.5. Por medio del decreto del dieciocho de enero de dos mil veintidós, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se avocó al conocimiento de la causa.

4.6. Mediante el decreto del doce de julio de dos mil veintidós, se señaló fecha de audiencia de revisión para el jueves once de agosto de dos mil veintidós, la que se llevó a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, con la asistencia del fiscal supremo Ludgardo Ramiro Gonzales, el demandante Carlos Enrique Wilson Pizarro y su defensa técnica, el abogado Percy Farfán Carpio. Una vez concluida la audiencia de revisión, la Sala se reunió en sesión secreta para la deliberación y votación de la causa. Así, por unanimidad, se procedió inmediatamente a la redacción de la sentencia por el juez ponente y se programó para su correspondiente lectura en la audiencia de la fecha.

Quinto. Opinión de la representante del Ministerio Público

5.1. La fiscal representante de la Segunda Fiscalía Suprema Penal opinó que se declare fundada la demanda de revisión.

Sexto. Análisis jurisdiccional

6.1. El incumplimiento de un mandato judicial debidamente notificado para el pago de pensiones alimenticias devengadas en un plazo determinado, emitido bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar, se subsume en el tipo penal tipificado en el artículo 149 del Código Penal, que prescribe lo siguiente: “El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial”.

6.2. Sin embargo, para la configuración de este delito no basta el simple incumplimiento del mandato judicial. Se trata de un tipo penal de omisión dolosa, por lo que es necesario que se acredite la intención injustificada de no pagar el monto de las pensiones alimenticias liquidadas devengadas. Para ello, es requisito sine qua non que se encuentre debidamente determinado dicho monto, así como el periodo al que corresponde, tema que es de estricta competencia de los órganos jurisdiccionales civiles.

6.3. Es en la vía civil en donde el requerido debe hacer uso de los recursos legales para oponerse al cumplimiento de este pago; vencido el plazo para oponerse u observar la liquidación efectuada por la secretaria cursora, se emite el mandato de pago bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar en el caso de no cumplir con este en un plazo fijado por el juez.

6.4. En el presente caso, de la revisión de las copias certificadas de la Carpeta Fiscal número 1278-2018, remitida mediante el Oficio número 292-2022-MP-FN-1FPPW-DF.CUSCO por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq —relacionada con la investigación preparatoria por la comisión del delito contra la familia-omisión de asistencia familiar, seguida en contra de Carlos Enrique Wilson Pizarro—, se desprende lo siguiente:

i. En el Expediente número 898-2010 seguido en el Juzgado de Paz Letrado-sede Wanchaq se emitió sentencia el ocho de noviembre de dos mil once, que declaró fundada la demanda de prestación de alimentos contra Carlos Enrique Wilson Pizarro, interpuesta por Vanessa Vera Ramos, en representación de su menor hija de iniciales V. L. W. V., y se dispuso que el demandado acudiera a la menor con una pensión mensual ascendente a S/ 400.00 (cuatrocientos soles). Dicha sentencia fue confirmada por el superior jerárquico el doce de marzo de dos mil doce, en el extremo en el que declaró fundada la demanda, y fue reformada en el extremo del monto de la pensión alimenticia impuesta y se estableció que esta ascendía a S/ 560.00 (quinientos sesenta soles) mensuales de forma adelantada.

ii. El once de marzo de dos mil dieciocho la demandante presentó en ejecución de sentencia una propuesta de liquidación de devengados por setenta y un meses correspondiente al periodo del primero de julio de dos mil doce al primero de mayo de dos mil dieciocho, por un monto total de S/ 48,690.53 (cuarenta y ocho mil seiscientos noventa soles con cincuenta y tres céntimos), que aunado a una primera liquidación presentada, correspondiente al veinticinco de enero de dos mil once al treinta de junio de dos mil doce por la suma de S/ 9,811.04 (nueve mil ochocientos once soles con cuatro céntimos), ascendía a un monto total de S/ 58,501.57 (cincuenta y ocho mil quinientos un soles con cincuenta y siete céntimos).

iii. En mérito a ello, la secretaria cursora emitió el Informe número 15-2018-2JPLW con la liquidación del total de pensiones de alimentos devengadas desde el mes de enero de dos mil once al mes de mayo de dos mil dieciocho por un monto total ascendente a S/ 53,978.00 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y ocho soles).

iv. Mediante la Resolución número 60, del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se dispuso poner en conocimiento de las partes dicho informe, el cual fue notificado y no fue observado por estas; por ello, mediante la Resolución número 61, del catorce de mayo de dos mil dieciocho, se aprobó y se requirió al demandado para que abonase el íntegro del monto en el plazo del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar.
v. Por Resolución número 65, del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante la Resolución número 61 y se ordenó la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, que dieron origen al proceso penal en el que se emitió la sentencia que es materia de la presente acción de revisión.

vi. Con motivo de la remisión de las copias certificadas, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq dispuso el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho la apertura de investigación preliminar por sesenta días; sin embargo, el investigado no acudió a las citaciones. Vencido dicho término, la Fiscalía formuló el tres de enero de dos mil diecinueve el requerimiento de proceso inmediato y citó a las partes a la audiencia de incoación de proceso inmediato. El catorce de enero de dos mil diecinueve formuló acusación.

vii. Posteriormente, mediante la Resolución número 67, del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se consideró que hubo superposición de periodos en la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas correspondientes al periodo del veinticinco de enero de dos mil once a mayo de dos mil dieciocho por un monto total de S/ 53,978.97 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y ocho soles con noventa y siete céntimos); se señaló que se debían reducir de esta liquidación los capitales e intereses considerados de enero de dos mil once a junio de dos mil doce por un total de S/ 11,307.60 (once mil trescientos siete soles con sesenta céntimos), ya que estos habían sido materia de una anterior liquidación, cuyas copias certificadas ya habían sido remitidas al Ministerio Público, por lo que nuevamente requirió al obligado Wilson Pizarro para que dentro de cinco días de notificado cumpliera con el pago de las pensiones alimenticias devengadas por la suma de S/ 42,671.37 (cuarenta y dos mil seiscientos setenta y un soles con treinta y siete céntimos), correspondiente al periodo de julio de dos mil doce a mayo de dos mil dieciocho.

viii. El diecinueve de agosto de ese año se emitió la Resolución número 80, que aclaró la Resolución número 67 en un extremo y la declaró nula en otro, ya que se consideró que transgredió el debido proceso al habilitar un nuevo plazo para el cumplimiento de la obligación, además de señalar que no existía documento alguno que acreditase el pago de las pensiones alimenticias devengadas del periodo del veinticinco de enero de dos mil once al treinta de junio de dos mil dieciocho, por lo que, indicó, el demandado debía cumplir con el pago íntegro de las pensiones devengadas ascendentes al monto de S/ 53,987.97 (cincuenta y tres mil novecientos ochenta y siete soles con noventa y siete céntimos), correspondiente al periodo de enero de dos mil once a mayo de dos mil dieciocho; que no había superposición de periodos, ya que no se estaba cobrando dos veces un periodo, sino que únicamente se estaban actualizando los intereses del primer periodo impago.

6.5. De acuerdo con lo informado a la Sala Penal Transitoria Suprema por la señora jueza Maritza Tolentino Herrera del Segundo Juzgado de Paz Letrado, en su Informe número 004-2020-2JPLW-MTH, del treinta de diciembre de dos mil veinte, el demandado apeló la Resolución número 80, en virtud de lo cual el ocho de noviembre de dos mil diecinueve se emitió el auto de vista —que ofreció como prueba nueva en el presente proceso—, que declaró la nulidad tanto de la Resolución número 80 como de la número 67 y ordenó que se emita nuevo pronunciamiento respecto a la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas y al periodo al que corresponden.

6.6. El accionante fundamenta su demanda de revisión en que no se configura el delito que se le imputa, al haberse declarado nulo el mandato judicial de pago de devengados.

6.7. Asimismo, el Ministerio Público en su dictamen opina que al declararse nula la Resolución número 80, así como la número 67, quedó sin efecto la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas contenidas en el Auto número 61, que requirió al procesado para su pago, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar, por lo que, señala, decayó el requisito de procedibilidad necesario para la formulación de la denuncia penal por el delito de omisión de asistencia familiar.

6.8. Señala la fiscal suprema que la resolución que declaró nulas las Resoluciones números 67 y 80 indicó que existe vulneración del debido proceso en la liquidación de alimentos devengados, al evidenciarse dos periodos distintos que arrojarían liquidaciones disímiles y que habrían motivado la remisión de dos oficios diferentes al Ministerio Público, lo que no fue tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional de instancia, por lo que resulta necesario que se emita un nuevo pronunciamiento en el que se establezcan claramente cuáles son los periodos de alimentos impagos liquidados y respecto a cuáles se habrían remitido copias certificadas al Ministerio Público.

6.9. Lo expuesto evidencia un problema en la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas, que indudablemente guarda relación directa con el proceso penal, en el que se emitió la sentencia por el delito de omisión de asistencia familiar, objeto de la presente demanda de revisión, ya que incide directamente en la Resolución número 61, del catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se aprobaron las liquidaciones de las pensiones devengadas correspondientes al periodo de enero de dos mil once a mayo de dos mil dieciocho y se requirió al demandado para que abonase el íntegro del monto en el plazo del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar.

6.10. Sin embargo, cabe anotar que, conforme también se deriva de lo expuesto, la controversia por este tema de la liquidación surgió de manera posterior a la emisión de la Resolución número 65, del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que hizo efectivo el apercibimiento decretado de remisión de copias certificadas al Ministerio Público.

6.11. No se aprecia de las copias certificadas remitidas que el accionante haya observado oportunamente en el cuaderno de ejecución el monto liquidado, puesto en conocimiento mediante la Resolución número 60; por el contrario, en la Resolución número 80 declarada nula se señaló que no existía documento alguno que acreditase el pago de las pensiones alimenticias devengadas del periodo del veinticinco de enero de dos mil once al treinta de junio de dos mil dieciocho; y, en el Informe número 0072-2020-2°JIP-PJ-CSJC-JBM, del treinta y uno de enero de dos mil veinte, la especialista legal de Juzgado, Janet Barrios Medrano, dio cuenta de que a dicha fecha el demandado solo había realizado tres depósitos judiciales por un monto total de S/ 500.00 (quinientos soles) .

6.12. Tal circunstancia evidenciaría que al menos al momento en que se hizo efectivo el apercibimiento decretado existía un incumplimiento injustificado del mandato de pago, requisito de procedibilidad de la denuncia penal por el delito de omisión de asistencia familiar.

6.13. La controversia actual respecto a esta liquidación no convierte en inexigible el pago de las pensiones devengadas, simplemente condiciona su exigibilidad al pronunciamiento previo en la vía civil, en que se establezcan claramente cuáles son los periodos de alimentos impagos liquidados y respecto a cuáles se habrían remitido copias certificadas al Ministerio Público.

6.14. A partir de ello, el a quo deberá analizar si resulta exigible el monto de pensiones alimenticias devengadas liquidadas, cuyo incumplimiento de pago generó que se hiciera efectivo el apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar. Por otro lado, se advierte del expediente que existe intensa actividad procesal tendiente a retrasar y justificar negativamente el cumplimiento de una obligación primaria (alimentos para la prole), por lo que es preciso que los órganos judiciales, como garantes de los derechos fundamentales, propicien su cumplimiento, para contribuir en favor de los derechos del niño, dentro del marco de la ley.

6.15. En tal sentido se debe declarar sin valor la sentencia objeto de la presente revisión y ordenar la realización de un nuevo juicio oral, en el que se tenga presente lo que se disponga en la vía civil respecto a la liquidación de las pensiones alimenticias devengadas. En resumen, a la fecha de esta decisión, hay deudas alimentarias no pagadas y se ha producido error en los periodos liquidados y no pagados, lo que determina que se haya incurrido en vicio formal; en consecuencia, lo sustancial del hecho ilícito permanece incólume, por lo que debe producirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto una vez corregido el error sobre los periodos devengados.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADA en parte la demanda de revisión interpuesta por Carlos Enrique Wilson Pizarro, al amparo del artículo 439.4 del CPP, por la causal de prueba nueva. En consecuencia, SIN VALOR la sentencia materia de revisión emitida el cuatro de octubre de dos mil diecinueve por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Cusco-Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que lo condenó como autor del delito de omisión de asistencia familiar, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales V. L. W. V., representada por su madre, Vanesa Vera Ramos, a un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo término bajo el cumplimiento de reglas de conducta, el pago de pensiones alimenticias devengadas ascendentes a un monto de S/ 53,978.00 (cincuenta y tres mil novecientos setenta y ocho soles) y el abono de S/ 2,000.00 (dos mil soles) por concepto de reparación civil; reformándola, ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral una vez que se subsane el vicio de nulidad que advirtió la Sala respecto al monto de pensiones alimenticias devengadas.

II. ORDENARON que se lea la presente sentencia en audiencia pública, que se publique en la página web del Poder Judicial y que se notifique a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema; hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Coaguila Chávez por vacaciones de la señora juez suprema Carbajal Chávez.

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