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Delito de lavado de activos : Requisitos del requerimiento acusatorio

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 786-2021
LIMA NORTE

Lavado de activos. Nulidad de sentencia condenatoria

Sumilla. Se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba.

Por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. La prueba actuada no permite sustentar la condena del acusado ni tampoco establecer su absolución; por el contrario, representa la nulidad de la recurrida.

Lima, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el acusado Christian Javier Dulanto Marcos contra la sentencia del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Sexta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (foja 4291), que lo condenó, por mayoría, como autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, en perjuicio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa y fijó en S/ 109 470 (ciento nueve mil cuatrocientos setenta soles) el monto por concepto de reparación civil.

Con lo expuesto con el dictamen del fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

MARCO DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. Conforme con la acusación fiscal formulada del catorce de febrero de dos mil veinte (foja 4815) el hecho incriminado refiere que:

1.1. El acusado Christian Javier Dulanto Marcos adquirió ilegalmente el inmueble en cuya posesión se encontraba el denunciante Apolinar Vargas Chávez, predio denominado Celendín, de aproximadamente 23 162 metros cuadrados de extensión, ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Lima-Canta en el distrito de Carabayllo, por la suma de S/ 30 110,60 (treinta mil ciento diez con sesenta soles), con dinero ilícito que provendría de presuntas actividades delictivas, dado que no tendría actividad económica conocida que le hubiese permitido adquirir ese inmueble. Contrariamente, de acuerdo con los movimientos bancarios y financieros que registra, mostraría signos externos de riqueza.

1.2. Además, este acusado mediante escritura pública del primero de septiembre de dos mil nueve, adquirió los derechos y acciones del inmueble ubicado en el kilómetro 29,50 de la carretera Lima-Canta en el distrito de Carabayllo, correspondiente a un área aproximada de 912,40 metros cuadrados, por la suma de S/ 12 000 (doce mil soles), del vendedor asociación agropecuaria Fray Martín. Por último, el siete de diciembre de dos mil nueve, adquirió de Flavio Clemente Obregón Marzano, los lotes 1 y 2, de 105 y 135 metros cuadrados, respectivamente, ubicados en la avenida El Porvenir en el barrio de Chupa del *+distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Áncash, por la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles).

1.3. La información en relación con la data de dichas adquisiciones inmobiliarias permite identificar que se realizaron con ganancias ilícitas, vinculadas con las presuntas actividades criminales que, a la luz de los actuados, estarían relacionadas con actos de usurpación agravada, falsificación de documentos, entre otros. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que mediante Oficio N.° 557-2014-MP-FN-GG-OCTI-OSIS se remitió el reporte de denuncias del acusado en la base del sistema fiscal, que permiten inferir que las actividades ilícitas del acusado se efectuaron mucho antes de la fecha de las compras imputadas, esto es, desde antes de diciembre de dos mil diez, fecha de la última compra.

Segundo. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, previsto en el artículo 1 de la Ley N.° 27765, modificada por Decreto Legislativo N.° 986.

DELIMITACIÓN DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS

Tercero. La defensa del encausado Dulanto Marcos en su recurso formalizado por escrito del tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 4331) solicitó su absolución frente a los cargos incoados en aplicación del principio de in dubio pro reo al haberse creado una incertidumbre fáctica.

Precisó como agravios que:

3.1. En cuanto a lo desglosado en la pericia policial y fiscal se tiene que el inmueble en el kilómetro 32 de la carretera Lima-Canta, se adquirió con dinero lícito. La pericia policial en sus conclusiones (punto B) estableció que en el periodo dos mil diez contó con fondos dinerarios suficientes, Asimismo, el inmueble del Km 29,5 de la carretera Lima-Canta, se adquirió con ingresos propios de su profesión que se declaró en el impuesto a la renta del 2007 al 2013 ante la SUNAT y de los préstamos obtenidos por las entidades financieras (tarjeta de crédito). Por su parte, los lotes 1 y 2 de la avenida El Porvenir-barrio Chupa, distrito de San Marcos de la provincia de Huari en Áncash, no se pudo comprar con ingresos ilícitos, ya que la pericia policial señala que la S.B.S. informó que no presenta operaciones dinerarias sospechosas.

3.2. Si bien se toma como prueba la información dada por la Oficina de Sistema de la Fiscalía de la Nación referente a las investigaciones en su contra, de todas estas se generaron solo tres juicios, ninguno de los cuales generó ganancia ilícita (delito de usurpación agravada por querer recuperar su inmueble ubicado en el Km 32 de la carretera Lima-Canta, delito de uso de documento falso privado y fraude procesal por presentar un documento falso en el juicio de beneficios sociales que entabló a su exempleador Leiro Rosales, habiéndose declarado fundada la excepción de prescripción, siendo lo resaltante la demanda contra dicho empleador, delito de apropiación ilícita por 1500 soles de su exempleador Leiro Rosales en el que se le absolvió).

3.3. No existe ninguna teoría científica o norma legal que dé validez al empleo de los índices del INEI para determinar la proyección de gastos. En el juicio oral, los peritos policiales manifestaron que dichos indicadores lo utilizan los economistas y no los contadores, por ello el perito fiscal utilizó en su pericia primigenia la remuneración mínima vital. La perito fiscal no actuó independientemente, pues obra la Resolución N.° 37 donde la fiscal provincial solicita se realice una nueva proyección del gasto de la canasta familiar considerando dichos índices. Además, la canasta familiar está en función a la cantidad de integrantes de la familia, tipo de vivienda, lugar de residencia, estrato social, entre otros. Las pericias incorporaron gastos de sus menores hijas.

3.4. No se valoró la pericia de parte que arrojó un saldo positivo de S/ 1500 (mil quinientos soles).

3.5. En cuanto a los préstamos recibidos, uno se realizó mediante tarjeta de crédito del BCP y el pago de las cuotas se debitó directamente de su cuenta de ahorros. Por su parte, si bien fueron entregados en efectivo después los bancarizó; y el depósito de Mamani Nina se dirigió a la compra de una camioneta, que se materializó conforme con el acta de transferencia vehicular. Por su parte, respecto a los préstamos entregados estos no corresponderían a la modalidad de autolavado, en todo caso podría configurar un delito diferente. Si bien se concluye que no existe documentación que demuestre que las citadas personas facilitaron dinero, sí existen los depósitos, por lo que se debe considerar, al amparo de Ley N.° 28194 y su TUO aprobado por Decreto Supremo N.° 150-2007-EF.

3.6. En el juicio oral se probó que el perito fiscal no requirió información a la Sunat, por ello su pericia no acarrea la confianza debida, sustancialmente en cuanto a los ingresos por el ejercicio profesional que se encuentran registrados ante la Sunat, entre estos los S/ 39 600 (treinta y nueve mil seiscientos soles) de la empresa COPEX COM S. A. C. refrendado en juicio oral por la testigo Condori Cutipa.

3.7. Respecto a su empresa Inversiones Generales JCP S. A. C. esta se constituyó en el 2006, año que no fue materia de investigación, solo con aportes de bienes muebles y no se probó el origen de capital ilícito.

3.8. Las pericias oficial y fiscal no consideraron los ingresos de la bodega Ali&Andrea de propiedad de su esposa mediante declaración jurada mensual del Registro Único Simplificado (RUS) registrado ante Sunat. En todo caso, las utilidades que generó la bodega también debieron efectivizarse sobre la base de las estadísticas del INEI.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

Cuarto. La Sala Superior mediante sentencia del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno (foja 4291), concluyó en la condena de Dulanto Marcos en los actos de lavado de activos en su modalidad de conversión, en atención a lo siguiente:

4.1. Se tiene el Dictamen Pericial Contable N.° 224-2014-DIRINCRI- PNP/OFIPECON (foja 761), elaborada por peritos de la oficina de peritaje contable de la Dirincri, que estableció un saldo negativo de S/ 170 484,78. Por su parte, el Informe Pericial Contable N.° 06-2006 (foja 2458) realizado por una perito auditora contable de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que arrojó un saldo negativo de S/ 40 717.28. Además, se tiene el informe pericial complementario N.° 06- 2016 que especifica la proyección de gastos mediante datos del INEI, con lo cual se estableció un saldo negativo de S/ 54 735,47.

4.2. De dichos informes se desprende que: i. Se reportaron sumas elevadas de dinero cuya procedencia lícita no se acreditó. En la adquisición de los inmuebles, con excepción del kilómetro 32, no se expone su solvencia. ii. El acusado tiene como actividad principal declarada ser profesional de contabilidad, pese a lo cual no presentó su libro de ingresos ante la autoridad tributaria. iii. La empresa que constituyó junto a otras personas, Inversiones Generales J. C. P. no generó ingreso alguno. iv. Visto como unidad familiar, en la bodega Ali&Andrea, de propiedad de la esposa del acusado, no se estableció ingresos ni egresos.

4.3. Las pericias fueron ratificadas en acto oral por sus titulares. Si bien se verifican diferencias, vinculadas con el empleo de los datos de la INEI en la proyección de gastos y las cuotas de los préstamos, quedó esclarecido que, en esencia, tales discrepancias son aparentes pues derivan de la mejor y más completa información recaba.

4.4. Además, se tiene la información de la Oficina de Sistemas de la Fiscalía de la Nación (OCTI-OSIS) sobre investigaciones contra el acusado por delitos anteriores o contemporáneos con el periodo analizado (2007-2013).

4.5. En cuanto a la pericia de parte, esta se limita a levantar tres observaciones frente a la pericia oficial, las cuales fueron previamente formuladas y absueltas por la perito en su documento denominado absolución de observaciones. En todo caso, la tesis de la defensa no explica la amplia disponibilidad dineraria ni permite superar la insolvencia documentaria de las sumas de dinero a título de préstamo recibidas de terceros.

4.6. Por su parte, respecto a la documentación vinculada al acusado que podría remitir la SUNAT (declaraciones juradas de cuarta categoría), esta no altera sustancialmente los cargos y fue, de alguna manera, atendido por dicha autoridad tributaria, en el sentido que tal documentación era reservada en dicho momento.

4.7. Si bien el acusado pretende descargar las imputaciones mediante la presentación de la copiosa documentación corriente en autos que recibe, en cierta manera, el dicho corroborativo de los terceros con los que tuvo tal movimiento dinerario, lo que resulta inconsistente e insuficiente, lo que es más evidente en las declaraciones juradas aportadas. Contrariamente, aparece como común denominador su proceder informal y un manifiesto ánimo de prestar un marco de aparentes ingresos y egresos lícitos al acusado como contador y confiable conocido suyo, lo que resulta infructuoso ante la falta de un soporte documentario. No obstante, la también testigo Condori Cutipa expone una faceta del acusado ajena a una labor profesional correcta y eficiente, a causa de ello, los supuestos honorarios de la empresa de esta testigo COPEX COM S. A. C., no fueron considerados como ingresos en la pericia oficial. En igual sentido, la testigo Valle Silva, cuyos relatos exponen que la falta de profesionalismo del acusado no constituía una excepción.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. La meta del proceso penal se dirige a solucionar un conflicto social, para lo cual se pretende la reconstrucción verdadera —en términos de probabilidad— de los hechos y la aplicación de la norma que — encontrándose previamente establecida en el marco jurídico— alcance cada uno de los aspectos fácticos que requieren pronunciamiento. La consecución de tal fin exige el despliegue de una actividad probatoria capaz de permitir al juzgador alcanzar certeza en su percepción, pues solo la certeza en cuanto a la materialidad del delito y la participación del sujeto permitirá la imposición de una condena penal.

Así, una correcta estructura metodológica de valoración de la prueba (personal, documental y pericial) requiere, en primer lugar, un análisis individual de la misma; y, en segundo lugar, un examen global de los resultados probatorios. Sobre la primera fase, la doctrina especializada ha diseñado cuatro tópicos concretos de ponderación: juicio de fiabilidad, interpretación de los medios de prueba, juicio de verosimilitud, comparación entre los resultados y los hechos alegados. En cuanto a la segunda etapa, se exige que la acreditación de los hechos objeto del proceso se consiga sobre la base de todas las pruebas que hayan sido incorporadas1.

Sexto. De conformidad con lo expuesto, se procederá a evaluar los fundamentos expuestos en la sentencia condenatoria objeto de litis, en el marco de los agravios sostenidos por el impugnante Dulanto Marcos quien, en lo pertinente, cuestiona el juicio valorativo en que la Sala Superior sostiene su –negada– responsabilidad penal en los actos de conversión de activos ilícitos imputados y solicita su absolución en aplicación del principio de in dubio pro reo al haberse creado una incertidumbre fáctica.

Séptimo. Ahora bien, la punición del delito de lavado de activos nos remite a sancionar todo aquel acto, procedimiento u operación orientada a otorgar una apariencia de legitimidad a los bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.

Dada la amplitud de sus alcances como exponente preferido de la criminalidad organizada y su carácter no convencional, a nivel doctrinario y jurisprudencial se ha establecido que este delito reviste una naturaleza pluriofensiva. Como tal, compromete varios intereses jurídicamente relevantes como la eficacia de la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica e, incluso, en un plano sumamente mediato, la incolumidad de la salud pública2.

Desde un plano de tipicidad objetiva se tienen como verbos rectores de este delito: convertir, transferir, adquirir, utilizar, guardar, custodiar, recibir, ocultar, administrar o transportar, conductas que recaen siempre sobre bienes (dinero, títulos valores, efectos o ganancias) de origen delictivo, cuyo fin es justamente el de dificultar la identificación de dicho origen maculado. De aquí que se configure en un delito eminentemente doloso.

Octavo. Cabe precisar que la norma penal es expresa en cuanto a la autonomía del delito de lavado de activos. Resulta innecesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria (artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 986), basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir la actividad criminal antecedente3.

Conforme se ha establecido a nivel de doctrina jurisprudencial, contenida en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 01-2017/CIJ-433, del once de octubre de dos mil diecisiete, cuyos criterios resultan de aplicación por tratarse de pautas de interpretación relacionadas con el carácter autónomo del delito de lavado de activos (que si bien se remite a lo normado en el artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 1106, ya se ha establecido la conectividad en cuanto al fundamento medular de la materia: carácter autónomo de delito) y el estándar de prueba para su persecución procesal y condena, en el desarrollo de la actividad procesal, de investigación, procesamiento, enjuiciamiento y condena del delito de lavado de activos, el estándar o grado de convicción a exigir por el operador de justicia no será el mismo. Supuesto que en ningún sentido implica aceptar la remisión gaseosa al origen del activo maculado bajo el argumento genérico de negocios ilícitos, sin sustento ni respaldo en elemento de prueba alguna.

El titular de la acción penal, en su postulación acusatoria deberá ser claro al establecer los presuntos orígenes maculados de los bienes, dinero o ganancias objeto de blanqueo y dependerá de la valoración por parte del órgano jurisdiccional de la prueba sometida al contradictorio la que permitirá verificar la responsabilidad del agente penal o, en su defecto, dictar su absolución, para tal fin podrá dirigir su análisis indistintamente a la prueba directa y/o indiciaria, siendo esta última la de mayor incidencia en estos casos4.

Noveno. En el caso, fluye de autos que el razonamiento de la Sala Superior para concluir en la condena del encausado radicó sustancialmente en el desbalance patrimonial al que arribaron los informes periciales contables practicados durante el proceso, en los que se reportó que el acusado era titular de sumas elevadas de dinero cuya procedencia lícita no habría acreditado; de tal forma que, si bien se verifican diferencias, quedó esclarecido que, en esencia, estas resultan aparentes y derivan de la calidad de información recaba. Además, refiere que la documentación de SUNAT no alteraría sustancialmente los cargos y que de alguna manera fue atendido por dicha autoridad, la que indicó que esta era reservada en dicho momento.

Por su parte, en cuanto al delito previo se refiere que la Oficina de Sistema de la Fiscalía de la Nación (OCTI-OSIS) remitió un informe sobre investigaciones anteriores y contemporáneas con el periodo analizado (2007-2013).

Décimo. Cabe precisar que si bien el órgano jurisdiccional es soberano en la apreciación de la prueba, conforme con el criterio de conciencia que la ley faculta, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino sobre la base de una actividad probatoria concreta (nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo), jurídicamente correcta (las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles), con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia (determinadas desde parámetros objetivos) o de la sana crítica, razonándola objetivamente5. Verificándose en la presente causa que el razonamiento conclusivo expedido por la Sala Superior resulta menoscabado, medularmente, en el análisis del desbalance económico, que presenta el acusado como factor determinante para establecer la conducta incriminada.

Se advierte que, aun cuando el argumento ventilado por los especialistas para justificar la divergencia entre las dos pericias contables practicadas (Dictamen Pericial Contable N.° 224-2014-DIRINCRI-PNP/OFIPECON, foja 761, e Informe Pericial Contable N.° 06-2016, foja 2458) y su ampliatoria (Informe Pericial N.° 06-2016 Complementario, foja 2819), resulta adecuado pues es manifiesta la prolongada data entre una y otra, así como la recopilación de nuevos insumos e información que justifican la diferencia en sus contenidos; no obstante, se erige en un factor determinante la incorporación de la información que remitiera SUNAT respecto a las declaraciones contables que realizó el acusado producto de sus labores como contador de empresas, máxime si justamente dichos montos han sido objeto de ferviente discusión por parte de la defensa durante el contradictorio, entre estos, los aportes con motivo de los pagos por el servicio prestado para la empresa Copex Com S. A. C. por la suma de S/ 35 999,91, cuya titular (gerente Virginia Condori Cutipa) concurrió ante el plenario y reconoció los pagos.

Decimoprimero. De aquí que la referencia que hiciera la Sala Superior a que la información remitida por SUNAT no alteraría sustancialmente los cargos no resulta categórica, pues la propia perito oficial en la absolución de observaciones formuladas por la defensa, contenida en el Informe N.° 060-2016-MP/FN-FCEDCF-LN/UP (foja 2564), refirió la posibilidad de solicitar información a la entidad tributaria-SUNAT para contrastar la efectividad de dichos ingresos, atribuyendo al acusado la obligación de dicho requerimiento y entrega al fiscal. Así también lo señaló ante el plenario (sesión de audiencia de juicio oral N.° 5, del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, foja 4104) que: “En la carpeta fiscal no ha llegado la autorización del levantamiento de la reserva tributaria normalmente de SUNAT lo que hemos analizado son los documentos que el investigado ha enviado”.

No obstante, fluye de autos que con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la SUNAT remitió el Oficio N.° 5488-2018-SUNAT/7E7400 (foja 4211) por el cual adjunta información respecto a la declaración jurada anual del impuesto a la renta del acusado por los periodos de 2007 a 2013, data que pese a resultar necesaria para ser contrastada con la que proporcionó el acusado, en aras de identificar, con el grado de certeza que exige una condena penal, la real situación contable de este, no fue analizada ni incorporada como insumo en el análisis financiero del mismo, por lo que resulta indispensable y sustancial la realización de una nueva pericia contable financiera. Supuesto que también fue solicitado por el titular de la acción penal previo al inicio del juicio oral, como puede verse en su acusación escrita (foja 4815) y durante la diligencia de control en etapa intermedia -así llamada por el Tribunal Superior- (foja 4951), en donde postuló con el carácter de “prueba fundamental” la realización de una pericia contable financiera con toda la documentación recabada.

Decimosegundo. Dicha pretensión resulta medular considerando que la pericia contable constituye un medio probatorio sustancial en las causas penales seguidas por el delito de lavado de activos; por lo que, su elaboración debe efectuarse sobre la base de documentación no solo que proporcione el investigado, sino también de aquella recabada de entidades financieras, tributarias u otras similares, que permitirá establecer la existencia de desbalance patrimonial, lo cual permitirá estructurar el indicio esencial en la configuración de este tipo penal y vincularlo con la actividad criminal previa6.

En tal sentido, aquellas pericias contables que, como en el caso, y con independencia de sus resultados –pues pueden arrojar un saldo a favor o en contra– se limiten a lo postulado por la parte no brindan datos objetivos ni certeza y, como tal, carecen de idoneidad suficiente para su valoración dada la naturaleza científica de dicha evaluación.

Refrendándose en el caso las limitaciones y carencia en la evaluación contable que sustenta la condena penal recurrida, lo que permite establecer que el razonamiento de la Sala Superior conculca el deber de motivación debida7, garantía constitucional según la cual el juicio conclusivo emitido por el operador de justicia debe esgrimir con precisión detallada las razones o justificaciones objetivas que lo llevaron arribar a determinada decisión. Esta obligación se reviste en una garantía constitucional frente al ius puniendi estatal, conforme con lo regulado en el numeral 5 del artículo 139 de la norma fundamental. A este respecto, la jurisprudencia de esta Sala Suprema ha establecido que como correlato de esta garantía se erige la obligación del juez de que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho8 y deben revestir coherencia respecto de los planteamientos formulados:

Toda decisión jurisdiccional, de primera y de segunda instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, ha de estar motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que permita entender el porqué de lo resuelto –basta con que se exprese o expliquen las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicos alegadas por la parte–9.

Decimotercero. Además, si bien se cuenta con la información de la Oficina de Sistema de la Fiscalía de la Nación (OCTI-OSIS) sobre investigaciones contra el acusado por delitos anteriores o contemporáneos con el periodo analizado (2007-2013), como puede verse de fojas 737 y 4494, resulta pertinente se oficie a la autoridad respectiva a efectos de solicitar el estado actual de las citadas denuncias y de aquellos procesos penales con que contara el acusado; más aun considerando que, en el hecho fáctico que dio origen al presente proceso –referido a la obtención de ganancias ilícitas por la comisión del delito de usurpación agravada relacionado con el inmueble ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Lima-Canta, distrito de Carabayllo– se determinó –por los propios peritos contables– la inexistencia de origen maculado en la adquisición del bien y que, contrariamente, se sostiene en dinero lícito. Supuesto que además incide de manera directa en la delimitación del espacio temporal del delito objeto de análisis.

Decimocuarto. De acuerdo con lo expuesto, se verifica una deficiente valoración de las pruebas incorporadas y la necesidad de la actuación de nuevos elementos de prueba, conforme con lo descrito en los considerandos precedentes.

Por tanto, resulta necesario el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado que deberá observar los criterios expuestos en el presente análisis. La prueba actuada no permite sustentar la condena del acusado ni tampoco establecer su absolución; por el contrario, representa la nulidad de la recurrida.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Sexta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (foja 4291), que condenó, por mayoría, a Christian Javier Dulanto Marcos como autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, en perjuicio del Estado, a ocho años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa y fijó en S/ 109 470 (ciento nueve mil cuatrocientos setenta soles) el monto por concepto de reparación civil.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, que deberá tener en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema.

III. ORDENARON se proceda a cursarse los oficios correspondientes, a fin de dejar sin efecto las órdenes de captura dictadas en contra de Christian Javier Dulanto Marcos.IMPUSIERON contra el citado encausado mandato de comparecencia con restricciones sujeto a las siguientes reglas de conducta: a) prohibición de alejarse del lugar de su residencia, sin autorización del juez; b) comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico; c) presentarse al nuevo juzgamiento las veces que el tribunal superior lo requiera. Todo ello bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento; se notifique y los devolvieron.

Intervino el juez supremo Coaguila Chávez por licencia del juez supremo Guerrero Lopez


1 TALAVERA ELGUERA, Pablo. La prueba en el nuevo procesal penal. Academia de la Magistratura. Lima 2009, p. 115.
2 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. El delito de lavado de dinero. Su tratamiento penal y bancario en el Perú. Lima: IDEMSA, 1994, p. 65.
3 En el derecho comparado el STSE estableció: “El tipo penal de blanqueo no exige la previa condena del delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan, sino que queda integrado con la mera existencia de bienes o ganancias procedentes de un anterior delito”. STS 198/2003, del diez de febrero de dos mil tres.
4 “Los aportes criminológicos, la experiencia criminalística y la evolución de la doctrina jurisprudencial, ha permitido catalogar algunos supuestos a considerar en el análisis de prueba indiciaria en este tipo de delitos, al constituir supuestos irregulares o atípicos desde una perspectiva financiera y comercial que permiten colegir la clara intención de ocultar o encubrir los objetos materiales del delito, entre estos tenemos: i. Indicios relativos a un incremento inusual del patrimonio del imputado (adquisición de bienes sin justificar ingresos que la expliquen, compra de bienes cuyo precio abona otra persona, transacciones respecto de bienes incompatibles o inadecuados con relación a la actividad desarrollada, etcétera). ii. Indicios relativos al manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, utilización de testaferros,depósitos o apertura de cuentas en países distintos de la residencia de su titular, o por tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. iii. Indicio añadido de inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias. iv. Indicio de ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones detectadas”. ACUERDO PLENARIO N.º 3-2010/CJ-116, del dieciséis de noviembre de dos mil diez, fundamento jurídico trigésimo tercero.
5 ACUERDO PLENARIO N.° 02-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco. Fundamento jurídico 6.

6 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Nulidad N.° 1287-2018, del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, fundamento jurídico.
7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, LIMA, del trece de octubre de dos mil ocho: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso” (fundamento jurídico 7).
8 ACUERDO PLENARIO número 06-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once. Fundamento jurídico 11.
9 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia. Casación número 05- 2007/HUAURA, del once de octubre de dos mil siete. Fundamento jurídico sexto.

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