Incautación, Lanzamiento y Descerraje de predio incautado
18 enero, 2023
LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL – PRUEBAS GRÁFICAS
21 enero, 2023

DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA – Reparación civil y suficiencia probatoria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1628-2021
LIMA

Reparación civil y suficiencia probatoria

Sumilla. No es posible modificar la reparación civil fijada en una sentencia conformada, ya que los imputados se acogieron a los alcances de la conclusión anticipada. Por tanto, aceptaron su responsabilidad sobre los hechos y sobre la reparación civil. De otro lado, debe confirmarse la sentencia que declaró la responsabilidad penal del procesado recurrente, concurre suficiencia probatoria sobre su participación en los hechos imputados.

Lima, doce de octubre de dos mil veintidós

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por i. La defensa técnica de los procesados HUGO JOMNATHAN MENIZ GONZALES y MARTÍN ENRIQUE DIAZ ARGUEDAS contra el extremo de la reparación civil fijada en la sentencia conformada del 21 de septiembre de 2020, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. La cual fijó en S/120 000,00 la reparación civil que deberán abonar los sentenciados en forma solidaria a favor de la entidad agraviada Sunat. ii. La defensa técnica de RICHARD ACUÑA HUARI contra la sentencia del 30 de junio de 2021. La cual condenó a RICHARD ACUÑA HUARI como autor del delito de defraudación tributaria agravada en perjuicio de la Sunat (previsto en el artículo 4 inciso d, concordante con el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 813 – Ley Penal Tributaria) y como a tal le impuso 5 años de pena privativa de libertad, 730 días-multa e inhabilitación por el término de 3 años para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, previsto en el inciso 4, del artículo 36, del Código Penal y para contratar con el Estado. También en lo concerniente a la reparación civil que se fijó en la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2021 y que incluyó al recurrente de forma solidaria. Sin perjuicio de que el citado sentenciado y la empresa RA EXIMPORT S.A.C., tercero civilmente responsable, devuelva también de modo solidario los beneficios económicos que recibieron y/o cobraron indebidamente de la Sunat.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

I. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

Primero. El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331), efectos suspensivos de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

II. HECHOS IMPUTADOS

Segundo. Según la acusación fiscal se imputa al acusado RICHARD ACUÑA HUARI haber registrado e ingresado en la contabilidad de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. operaciones no reales para el periodo 2013. Para ello se valió de facturas simuladas y emitidas por: a) la empresa Señor de los Milagros S.A.C. (Martín Enrique Díaz Arguedas) por un precio de venta de S/1 050 000,00, generando un crédito fiscal de S/160 169,49; b) Héctor Segundo García Colan (persona natural con negocio) por un precio de venta de S/194 320,00, generando un crédito fiscal de S/28 116,61; c) la empresa Corporación Gremi S.A.C. (Grecia Mirella Mauricio Bustamante) por un precio de venta de S/483 336,00, generando un crédito fiscal de S/72 729,00; d) la Comercializadora La Victoriana S.A.C. (Hugo Jomnathan Meniz Gonzales) por un precio de venta de S/1 081 500,00; y e) Shirley Jhoseline Flor Paredes Funes (persona natural con negocio) por un precio de venta de S/487 407,00, generando un crédito fiscal de S/74 350,22. Tales facturas fueron contabilizadas en el REGISTRO DE COMPRAS de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. y fueron declaradas ante la Sunat para lograr la obtención indebida de un beneficio económico ascendente a la suma de S/501 340,12.

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

Cuarto. La defensa de los acusados HUGO JOMNATHAN MENIZ GONZALES y MARTÍN ENRIQUE DIAZ ARGUEDAS, cuestiona que el monto de la reparación civil no es proporcional al daño causado, ya que las labores que desempeñan para lograr su sustento han sido afectadas por la pandemia del Covid-19. Al respecto sostiene:

4.1. En el caso del sentenciado MENIZ GONZALES, se dedica actualmente a vender en la calle equipos contraincendios y de aire acondicionado, actividad por la que percibe un sueldo módico, el cual precariamente le alcanza para solventar los gastos de su familia.

4.2. Por su parte, el sentenciado DIAZ ARGUEDAS, señala que no tiene un trabajo estable (anteriormente se dedicaba esporádicamente a dar clases de fútbol a niños) pero actualmente sus ingresos económicos los obtiene solo a través de cachuelos, lo que escasamente le permiten mantener a su familia.

4.3. Se cuestiona que la sala no hizo una debida motivación para determinar la reparación civil, pues no se precisó como se llegó a determinar el monto de S/120 000,00, mucho menos, cual es la potencialidad aflictiva del hecho incriminado al que se alude en la sentencia.

Quinto. La defensa del sentenciado RICHARD ACUÑA HUARI cuestiona entre otros fundamentos:

5.1. Que la sentencia se sustenta solo en verdades formales y no reales que han sido otorgadas por el acusado, pero no han sido materia de análisis por el Colegiado, a pesar que según los testimonios de los acusados que reconocieron su responsabilidad, han señalado que ellos no dirigían las empresas, quienes desconocían los documentos que motivaron el crédito fiscal. Por tal razón, el Tribunal los sancionó con penas privativas de libertad suspendidas. Sin embargo, respecto al acusado Richard Acuña Huari no se tomó en cuenta que él también fue engañado por Hugo Barturen León para formar la empresa RA EXIMPORT S.A.C., y que desconocía de las actividades comerciales que realizaba, es por eso que no se acogió a la conclusión anticipada, optando por sostener su inocencia.

5.2. Prueba de que el acusado RICHARD ACUÑA HUARI desconocía de las actividades de Hugo Barturen León, es que los demás coimputados mencionaron que no lo conocen. Es más, los propios auditores de la Sunat, Max Antony Diaz Tapia, Carlos Alberto Inciso Arce y Giovana Patricia Ponce Andrade, en la sesión decimonovena del juicio oral, señalaron que el acusado nunca se aproximó a alguna de las diligencias que se realizó en el domicilio fiscal, sin embargo, si tuvieron contacto con Hugo Barturen León, habiendo los auditores utilizado el método deductivo tipo analítico solicitando información al contribuyente pero sin recibirla del acusado, sino de parte de Hugo Barturen León y Carlos Lescano.

5.3. El acusado no fue el único que fue sorprendido por la ilicitud de otras personas que estuvieron al frente de las empresas que formaron. Es por ello que la documentación que sirvió para la obtención del crédito fiscal, en muchos casos es falsa, de la cual desconocían los acusados, como sucede con Grecia Mirella Mauricio Bustamante, quien recién obtuvo su RUC el 19 de agosto de 2013, sin embargo, ya el 9 de agosto del 2013 habían firmado un contrato por venta de prendas de vestir, consignando un RUC que aún no contaban pero que ya sabían su numeración.

5.4. No se ha valorado la declaración de la madre del acusado, la señora Huari Romero, quien en la sesión decimoctava indicó que su hijo solo se encargaba de embolsar la mercadería que llegaba, además de trabajar como mototaxista, y que era Hugo Barturen León quien hacia todo lo concerniente a la empresa, como ver las operaciones con los proveedores, traer la mercadería, hacer los trámites, gestiones, etc. Esto es, solo cuando necesitaba a Richard Acuña Huari le pedía que lo acompañe y lo hacía firmar, pero que no sabía sobre el tema y solo firmaba en forma inocente.

IV. DICTAMEN FISCAL SUPREMO

Sexto. El fiscal supremo en lo penal opinó porque declare NO HABER NULIDAD en las sentencias impugnadas por los siguientes motivos:

6.1. En la acusación se solicitó como pago de reparación civil la suma de S/200 000,00. Posteriormente, en el juicio oral, los acusados manifestaron acogerse a la conclusión anticipada, solicitando la defensa que se reduzca la pena, así como el monto de la reparación civil, no precisando absolutamente ningún fundamento o razón. A pesar de ello, el Colegiado falló fijando la reparación civil en S/120 000,00, que representa un monto inferior equivalente del 40% de lo solicitado por la fiscalía, monto sumamente significativo, el cual podría tomarse incluso como excesivo, al haber aceptado los acusados acogerse a la conclusión anticipada, que implica reconocer la pena y la reparación civil requerida por la Fiscalía.

6.2. Por otro lado, es de considerar que el argumento de la defensa del procesado Richard Acuña Huari en buena cuenta se reduce a desconocer absolutamente todo lo referido al manejo de la empresa RA EXIMPORT S.A.C., y que fue víctima de Hugo Barturen León, quien se aprovechó de él, haciendo que creara la empresa para su beneficio personal. No obstante, esta hipótesis no resulta creíble porque conforme a la declaración de Carlos Arturo Lescano Córdova (apoderado del acusado) la empresa era un negocio familiar, lo que el propio acusado reconoció en la etapa de la instrucción. Asimismo, es de tener en cuenta que él mismo solicitó ante la Sunat la devolución del saldo a favor en el periodo 2012. En ese sentido, se advierte que el acusado falta a la verdad al negar los hechos imputados.

V. ANÁLISIS

Séptimo. El recurso impugnativo planteado por la defensa técnica de los procesados MARTÍN ENRIQUE DIAZ ARGUEDAS y HUGO JOMNATHAN MENIZ GONZALES cuestiona el extremo de la reparación civil que se les impuso a sus patrocinados en la sentencia conformada del 21 de septiembre de 2020.

Octavo. Asimismo, se aprecia que la defensa técnica del procesado RICHARD ACUÑA HUARI en la formalización de su recurso de nulidad cuestiona la condena impuesta en la sentencia del 30 de junio de 2021. En consecuencia, este Supremo Tribunal revisará la legalidad y validez de todos aquellos extremos impugnados.

Noveno. Es pertinente precisar que al inicio del juicio oral los procesados MARTÍN ENRIQUE DIAZ ARGUEDAS y HUGO JOMNATHAN MENIZ GONZALES decidieron acogerse a la conclusión anticipada de la audiencia —luego de escuchar los cargos que el representante del Ministerio Público les atribuyó y la información brindada por el director de debates acerca de los alcances y beneficios de la figura de la conclusión anticipada—. Por consiguiente, que los dos acusados aceptaron su responsabilidad penal y también la reparación civil propuesta por el representante del Ministerio Público. Además, se observa de las actas que su defensa tampoco señaló disconformidad alguna con la aceptación de los cargos ni con la reparación civil. En ese sentido, el extremo impugnado de la sentencia conformada del 21 de septiembre de 2020 debe ser confirmado máxime si se fijó como monto de la reparación civil S/120 000,00 en vez de los S/200 000,00 solicitados por el representante del Ministerio Público en su acusación oralizada. Es de precisar que la parte civil no ha recurrido dicho monto.

Décimo. En lo que concierne a la sentencia recurrida del 30 de junio de 2021, es de considerar que los argumentos de la misma y la prueba de cargo acumulada permiten apreciar que la Sala Penal Superior asumió que el delito de defraudación tributaria con agravantes (en la modalidad de compensación indebida por los periodos de agosto, septiembre y octubre de 2013; obtención indebida de saldo a favor del exportador por los meses de agosto y septiembre de 2013; y obtención indebida de devolución por los meses de junio, agosto, septiembre y octubre de 2013) quedó plenamente acreditado. Igualmente, la responsabilidad penal del procesado Richard Acuña Huari. Al respecto sustentó su fallo de condena en los siguientes medios de prueba: a) las fichas registrales2 que acreditan que la empresa RA EXIMPORT S.A.C. se constituyó el 4 de junio de 2012 teniendo como fundadores al imputado Richard Acuña Huari, a quien además se designó como gerente general; b) el INFORME DE PRESUNCIÓN DE DELITO TRIBUTARIO N.° 016-2014-SUNAT/6E4200 elaborado después de la fiscalización realizada a la empresa RA EXIMPORT S.A.C. y que concluyó que entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013 se detectan indicios de defraudación tributaria y compensación indebida como la obtención de saldo a favor del exportador y obtención indebida de devolución de saldo. Además, es de considerar al respecto que los auditores Max Antony Díaz Tapia, Carlos Enciso Arce y Patricia Ponce Andrade concurrieron al juicio oral donde se ratificaron del contenido y conclusiones del citado informe, señalando que las operaciones comerciales entre RA EXIMPORT S.A.C. y sus proveedores reflejados en las facturas que sustentaron el pedido de devolución eran simulados o no reales. Ello permitió que el acusado Richard Acuña Huari obtuviera un beneficio indebido por la suma de S/501 340,00; c) los formularios 4949 de la Sunat y que fueron llenados y firmados por el imputado. A través de ellos se solicitó a la Sunat la devolución de saldo a favor por los siguientes importes: S/31 267,00; S/146 000,00; S/80 000,00 y S/195 000,00; d) los comprobantes de pago3 que prueban el beneficio obtenido por la empresa RA EXIMPORT S.A.C. de la Sunat y que fueron cobrados por el imputado Richard Acuña Huari como gerente general de la citada empresa; y e) el oficio s/n (Exp. N.° 000-TI0003-2014-091618-7)4 a través del cual el Banco Continental informa que las cartas fianzas consultadas por la Sunat son falsas.

Decimoprimero. Es relevante mencionar que frente a las pruebas de cargo mencionadas y que sustentaron la sentencia condenatoria recurrida, este Supremo Tribunal aprecia solamente que concurre en línea de defensa la reiterada negativa del recurrente RICHARD ACUÑA HUARI. Este solo se limita a rechazar las imputaciones en su contra y aducir que su participación en los hechos fue solo de manera representativa y que fue Hugo Barturen León quien manejaba la empresa RA EXIMPORT S.A.C. Lo cual también es reproducido nuevamente en los agravios contenidos en su recurso de nulidad. No obstante, lo primero solo puede apreciarse como mero argumento de defensa que no es suficiente ni consistente para invalidar los elementos de cargo citados precedentemente y los que fueron razonados y valorados por el Tribunal de Instancia en la sentencia recurrida.

Decimosegundo. Respecto a los otros agravios planteados en el recurso de nulidad es de señalar que la defensa técnica del procesado Richard Acuña Huari cuestiona que el Tribunal Penal Superior no habría valorado adecuadamente los medios de prueba que incluyó el proceso. Sobre todo, la declaración de la madre del procesado Nelly Edith Acuña Huari y que ella afirmó en el plenario que era Hugo Barturen León quien se encargaba del manejo de la empresa y el imputado solo se limitaba a embolsar la mercadería. No obstante, este Supremo Tribunal advierte que el acusado, según los escritos del 22 y 29 de octubre, así como del 11 de diciembre de 20135 así como de los diversos formularios 4949 presentados a la Sunat6, fue el procesado quien los tramitó como gerente general de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. Además, fue también él quien solicitó la devolución de saldo a favor. Es más, el acusado en su propia declaración instructiva reconoció haber fundado la citada empresa y solicitado en anterior oportunidad la devolución de saldo a favor ante la Sunat sin inconveniente alguno. Todo ello evidencia pues que el procesado tuvo pleno conocimiento y participación en los hechos.

Decimotercero. En atención a lo expuesto y analizado este Supremo Tribunal estima que la prueba de cargo acumulada es idónea y suficiente para enervar la presunción de inocencia que asistía al recurrente RICHARD ACUÑA HUARI por lo que la sentencia recurrida del 30 de junio de 2021 debe ser confirmada en todos sus extremos.

DECISIÓN

Por los fundamentos expresados y de conformidad con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal, los jueces y juezas de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada del 21 de septiembre de 2020 emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. En el extremo que fijó en S/120 000,00 el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los sentenciados HUGO JOMNATHAN MENIZ GONZALES y MARTÍN ENRIQUE DIAZ ARGUEDAS en forma solidaria a favor de la entidad agraviada Sunat. Asimismo, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia del 30 de junio de 2021. La cual condenó a RICHARD ACUÑA HUARI como autor del delito de defraudación tributaria agravada en agravio de la Sunat (previsto en el artículo 4 inciso d, concordante con el artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 813 – Ley Penal Tributaria). Asimismo, le impuso 5 años de pena privativa de libertad, 730 días-multa e inhabilitación por el término de 3 años para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria, previsto en el inciso 4, del artículo 36, del Código Penal y para contratar con el Estado. Igualmente, en el extremo de la reparación civil por el monto de S/120 000,00 fijado en la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2020 y que incluye al condenado RICHARD ACUÑA HUARI en el pago solidario. Sin perjuicio de que el citado sentenciado y la empresa RA EXIMPORT S.A.C., tercero civilmente responsable, devuelvan también de modo solidario los beneficios económicos que recibieron y/o cobraron indebidamente de la Sunat. Se haga saber.


1 Cfr. MIXAN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, página 892.
2 Obrantes a folios 333 y 335.
3 Véase a folio 380
– El 20 de agosto de 2013 a nombre de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. por el importe de S/31 267,00 recibido por el acusado Richard Acuña Huari (gerente general)
– El 27 de septiembre de 2013 a nombre de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. por el importe de S/146 090,00 recibido por el acusado Richard Acuña Huari (gerente general)
– El 8 de noviembre de 2013 a nombre de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. por el importe de S/80 000,00 recibido por el acusado Richard Acuña Huari (gerente general)
– El 18 de diciembre de 2013 a nombre de la empresa RA EXIMPORT S.A.C. por el importe de S/195 000,00 recibido por el acusado Richard Acuña Huari (gerente general)
4 Véase a folio 405.
5 Véanse a folios 312, 320 y 325.
6 Véanse a folios 376, 381, 385 y 389.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ;

Pin It on Pinterest