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LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL – PRUEBAS GRÁFICAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1998-2021
LIMA NORTE

LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL

Sumilla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que como los ilícitos sexuales en general se caracterizan por ser “clandestinos”, o producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, es habitual y admisible como única prueba de cargo legítima la declaración de la víctima. Esta posición ha sido asumida por nuestro Tribunal Constitucional.

Lima, veinte de octubre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado ROLANDO LUIS TINEO SÁNCHEZ contra la Sentencia del doce de noviembre de dos mil veintiuno emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales A. H. F. T. En consecuencia, le impuso treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la citada agraviada; con lo demás que contiene.

De conformidad con la opinión del fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERACIONES

HECHOS OBJETO DE IMPUTACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

PRIMERO. Conforme fluye de la acusación fiscal, se desprenden los siguientes hechos:

1.1. El 25 de marzo de 2015, en horas de la mañana, la madre de la agraviada identificada con las iniciales A. H. F. T. (12 años al momento de los hechos) se percató que su hija tenía un moretón en el lado izquierdo del cuello. Al preguntarle qué sucedió, la menor le contó que el 24 de marzo de 2015, cuando se dirigía a la bodega a comprar unas galletas, fue interceptada por Rolando Luis Tineo Sánchez, quien era vigilante de la cuadra, el cual, mediante engaños, la condujo a un hostal ubicado en la avenida Túpac Amaru a la altura del Mercado Fevacel en el distrito de Independencia – Lima, donde la obligó a tener relaciones sexuales vía vaginal y contranatura.

1.2. Asimismo, la menor le precisó que tales agresiones ocurrían desde el 2014, y que Tineo Sánchez se aprovechó de que sus padres se ausentaban de su domicilio para ingresar y tener relaciones sexuales con ella.

SEGUNDO. Por estos hechos, el fiscal superior acusó a Rolando Luis Tineo Sánchez por el delito de violación sexual de menor de edad previsto en el inciso 2 de artículo 173 del Código Penal (CP), solicitó la pena de 30 años de privación de libertad y el pago de S/ 5000,00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

DECISIÓN DE LA SALA PENAL SUPERIOR

TERCERO. Producido el debate oral, la Sala Penal Superior emitió la sentencia del 12 de noviembre de 2021, en la que lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en perjuicio de la menor identificada con las iniciales A. H. F. T., le impuso treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil a favor de la citada agraviada. Los fundamentos de la sentencia se analizarán conjuntamente con los agravios de la defensa del sentenciado quien interpuso recurso de nulidad.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

CUARTO. La defensa del sentenciado Rolando Luis Tineo Sánchez, en su recurso de nulidad, sostuvo los siguientes agravios:

4.1. La sentencia se motivó de forma aparente y se afectó el principio de imputación necesaria, pues no se precisaron las fechas y lugares donde se produjeron los hechos.

4.2. La sindicación de la agraviada no cumplió con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116. Además, fue incorrecto el valor positivo que se le dio al testimonio de sus padres y el certificado médico legal.

4.3. El cuartelero o administrador del hotel donde supuestamente se cometieron los hechos no fue a declarar al proceso, tampoco se recabaron los vídeos de las cámaras de seguridad, ni el libro donde se registran los clientes del referido hotel, ni la constatación y verificación de la existencia de dicho hotel, inspección ocular del lugar y/o toma de muestras en dicho lugar.

4.4. No se realizó la diligencia de reconocimiento físico o fotográfico, pese a las diferencias físicas que tenía su patrocinado frente a la descripción que brindó la menor de su agresor. En ese sentido, su agresor pudo ser hasta su padre quien tiene denuncias por violencia familiar e incluso por violación sexual en perjuicio de su mamá.

OPINIÓN DEL FISCAL SUPREMO EN LO PENAL

QUINTO. En el Dictamen N.º 545-2022- MP-FN-SFSP, la fiscal suprema en lo penal opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida. Consideró que la sindicación de la menor cumplió con las garantías de certeza previstas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, y que constituye prueba de cargo idónea para enervar la presunción de inocencia de Tineo Sánchez.

5.1. Entre otros argumentos, señaló que no era necesaria realizar una diligencia de reconocimiento físico, pues la agraviada conocía plenamente a su agresor, a quien individualizó desde el momento en que le contó lo sucedido a sus papás. Asimismo, la falta de pericia psicológica del acusado no evita que con las demás pruebas de cargo se pueda resolver su situación jurídica, entre ellas, la pericia psicológica en la que se concluyó que la menor tenía afectación emocional como resultado del abuso sexual.

5.2. Además, en la entrevista en cámara Gesell detalló cómo sucedieron los hechos. A su vez, si bien en dicha diligencia no participó la defensa, la misma fue notificada debidamente a todas las partes y la falta de concurrencia de la defensa no afecta su validez, pues las fiscales provinciales de la Fiscalía Penal y de Familia sí estuvieron presentes.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

SEXTO.El delito por el cual fue condenado Tineo Sánchez, se encuentra previsto en el inciso 2 del artículo 173 del CP, con la modificatoria de la Ley N.º 300761, el cual sanciona al que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor entre diez años de edad y menos de catorce.

SÉPTIMO.En cuanto al bien jurídico protegido, el Acuerdo Plenario N.° 1- 2011/CJ-1162 señala que en los atentados sexuales en contra de personas que no pueden consentir jurídicamente —por su minoría de edad, entre otros—, lo que se tutela es la intangibilidad o indemnidad sexual. Así que se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima, puesto que lo protegido son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en libertad. Asimismo, el citado acuerdo plenario agrega que cuando los actos de abuso sexual acontecen en cautiverio o un contexto análogo, o dicho abuso es sistemático o continuado, se debe tener en cuenta que usualmente la víctima no explicita una resistencia u opta por el silencio, dada la manifiesta inutilidad de su resistencia para hacer desistir al agente, o asume tal inacción a fin de evitar un mal mayor para su integridad física3.

OCTAVO.Como ya se tiene indicado, en cuanto a la prueba en esta clase de delitos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que como los ilícitos sexuales en general se caracterizan por ser “clandestinos”, o producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales. Por ello, es habitual y admisible como única prueba de cargo legítima la declaración de la víctima4. Esta posición ha sido asumida por el Tribunal Constitucional5.

NOVENO. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-1166, ha establecido que para que la sindicación de la víctima enerve la presunción de inocencia se exigen ciertos requisitos de validez:

i) Ausencia de incredibilidad subjetiva: que no existan relaciones entre el coacusado o agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la sindicación, que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza

ii) Verosimilitud, la cual no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que esta debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo, que le doten de aptitud probatoria

iii) Persistencia en la incriminación dentro de las afirmaciones en el curso del proceso, la cual debe estar referida al núcleo de la imputación que sustenta la tesis acusatoria.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

DÉCIMO. Conforme con lo expuesto en los fundamentos precedentes y los agravios de la defensa, este Supremo Tribunal verificará si el razonamiento seguido por la Sala Penal Superior para determinar la condena de Tineo Sánchez fue correcto o no.

Al respecto, de la revisión de los actuados apreciamos que la principal prueba de cargo de la Sala Penal Superior para concluir por la condena fue la sindicación de la agraviada, quien declaró durante el proceso conforme se detalla a continuación:

10.1. En la entrevista única de la agraviada del 2 de junio de 2015, refirió que conocía al acusado de manera previa a los hechos, porque él hackeaba el internet de su hermano y le mostró fotos de sus chicas desnudas. Indicó que lo consideraba como un amigo, y luego le consultó si sentía algo hacia su persona, a lo cual ella no respondió porque no entendía. Acto seguido, le empezó a molestar y con una mirada amenazante le preguntaba si podía entrar a su casa. A lo que una vez accedió; y mientras ella miraba televisión, el acusado ingresó, apagó las luces, la echó sobre una cama, le quitó sus prendas íntimas y abusó de ella. Cabe precisar que, durante la entrevista a la menor, ella manifestaba su vergüenza al relatar los hechos. Asimismo, indicó que luego del acto sexual, ella sentía dolor y picazón en su cavidad vaginal, y también en la parte anal cuando debía realizas sus deposiciones.

Igualmente, identificó a su agresor sexual como ‘Orlando Tinedo’, quien trabaja como seguridad, y que la última vez que ocurrieron los hechos la llevó por la fuerza a un hotel a donde ingresó con una capucha puesta. Explicó que tal día, cuando iba a la tienda, se lo encontró y la llevó al parque grande.

10.2. El 24 de septiembre de 2021, aproximadamente siete años después de la comisión de los hechos, la agraviada concurrió al juicio oral ya con 19 años de edad. Con relación a los hechos, se ratificó en su declaración brindada en cámara Gesell y añadió que tal día, cuando fue a comprar a la tienda, se lo encontró. El acusado le pidió que lo acompañe para que le pague los cinco soles que le debía. Cuando en el plenario le pidieron que explique qué había sucedido exactamente, la agraviada respondió que no le gustaba hablar de ese tema pues la hacía sentir incómoda. Pero, luego, relató cómo ocurrieron los hechos, y que estos se extendieron desde 2014 hasta 2015.

DECIMOPRIMERO. Al respecto, es preciso que este Supremo Tribunal verifique si la sindicación de la agraviada cumplió con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 y así tener la aptitud para enervar la presunción de inocencia.

11.1. La primera garantía es la ausencia de incredibilidad subjetiva, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la sindicación. Sobre este requisito, la Sala Penal Superior estableció que no se había acreditado que la sindicación de la menor se hubiese originado por sentimientos negativos de ella, de su progenitora o de su familia hacia Tineo Sánchez, tal como pretendió sostener este último a nivel preliminar.

11.2. Por nuestra parte, de la verificación de los actuados apreciamos que, efectivamente, ni el acusado ni la agraviada manifestaron la existencia de vínculos de enemistad o ánimos espurios entre ellos. Por el contrario, la agraviada, incluso, indicó en su primera declaración que ambos eran amigos, y sus papás refirieron llevarse bien con el acusado, aunque no fuesen amigos.

11.3. Por lo anotado, este Supremo Tribunal comparte lo señalado por la Sala Penal Superior, en el sentido que el relato de la agraviada es creíble desde una perspectiva subjetiva.

DECIMOSEGUNDO. En cuanto a la garantía de certeza sobre la verosimilitud, se debe comprobar si el relato de la menor está rodeado de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. En ese aspecto, la Sala Penal Superior consideró que las siguientes pruebas cumplían con lo anotado:

12.1. La testimonial de la madre de la agraviada, quien en juicio oral refirió que el acusado era vigilante en el lugar donde vivía junto con su familia:

12.1.1. Aclaró que no eran amigos, pero que una vez lo halló jugando pelota con su hijo; y cuando este la vio con el celular, le aconsejó que lo guarde para que no le vayan a robar. En otras palabras, era un conocido con quien no tenía ningún problema. Indicó que, en la fecha de los hechos, ella y su esposo iban a la iglesia y su otro hijo entrenaba en una canchita, por lo que su hija se quedaba sola en la casa.

12.1.2. Sin embargo, una noche, ya eran las 22:00 horas y advirtieron que la menor no estaba en la casa, por lo que empezaron a buscarla y la señora de la tienda le dijo que había ido por su local, pero luego se había retirado. Cuando finalmente la hallaron, ella se veía nerviosa y les dijo que había estado jugando. La testigo no desconfió de la palabra de su hija, y, al día siguiente, cuando preparaba desayuno, su esposo le dijo que la menor tenía algo en el cuello para que se lo revisara. Al preguntarle a la menor, ella contó todo lo que había sucedido, así que de manera inmediata acudieron a la comisaría a formular la denuncia correspondiente.

12.1.3. Agregó que su hija acudía al psicólogo y era una alumna inclusiva. A raíz de los hechos, intentó suicidarse y se escapaba. También, de acuerdo con el relato de la menor, la llevaron a bordo de su carro para averiguar a qué hotel el acusado la había llevado.

12.2. La testimonial del padre de la agraviada, quien en juicio oral manifestó que conocía al acusado porque era el vigilante de la cuadra donde vivía con su familia:

12.2.1. Precisó que antes de la denuncia que formularon en su contra no tuvo ningún problema con él. Más bien, él aparentaba ser una persona amigable y ser personal de confianza de todos los vecinos.

12.2.2. Con relación a los hechos, señaló que una tarde, al regresar de un estudio bíblico, notó que su hija no estaba en casa, así que empezaron a buscarla. La encontraron en la noche y no se bañó, lo cual hacía usualmente luego de llegar de jugar con sus amigos en la calle. Al día siguiente, su mamá la obligó a bañarse y en ese momento se dio cuenta de que tenía un “chupetón” (sugilación) en el cuello. Al preguntarle qué pasó, su hija estalló en llanto y le contó los abusos sexuales que sufrió por parte del acusado.

12.2.3. Le precisó que la última vez que abusó de ella fue el 14 de marzo en un hotel —es decir, el día que desapareció— y detalló que como el acusado a veces no tenía nada que hacer mientras cuidaba la cuadra, le pidió al testigo la clave de wifi, la cual le dio y a cambio le pagaba cinco soles semanales a su hijo. De ahí que el procesado aprovechó para decirle a su hija, al momento de cobrar dicho pago al acusado, que no tenía sencillo y, para efectos de cambiar el dinero, la llevó a otro parque para luego hacerla tomar un autobús y llevarla a un hotel donde abusó de ella. No dijo nada porque él la amenazó con hacerle daño a su hermanito, a quien ella quería mucho.

12.2.4. Agregó que su hija tuvo un accidente a los tres años, razón por la cual recibía tratamiento y era una niña especial. Tenía su certificado de Saanee (Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales), de forma que aunque físicamente aparentaba su edad, mentalmente es una niña y estudiaba en un colegio inclusivo.

12.3. En conexión con las pruebas anotadas, se verifica que el médico legista Christian Chang Lobatón en el juicio oral se ratificó en el Certificado Médico Legal N.º 000772-DL-DCLS del 25 de marzo de 2015. En dicho certificado se consignó que la agraviada tenía himen de orificio amplío membrana dilatable. En lo concerniente a la región anal, tenía una leve hipotonía, es decir, estaba afectado, entreabierto, había un edema en pliegues perianales que estaban edematizados o hinchados. También se encontraron tres fisuras que, en otras palabras, eran heridas recientes y que son signos de actos contra natura reciente. Además, la agraviada presentaba una equimosis violácea en el glúteo derecho ocasionado por un agente contundente.

12.4. Por último, el perito Luis Dante Gallegos Cornejo se ratificó en el Protocolo de Pericia Psicológica N.º 1978-2015 y señaló que el relato de la agraviada fue espontáneo y coherente, sin indicios de que sea estructurado o inducido. Además, concluyó que la menor tenía reacción ansiosa leve al evocar los hechos materia de imputación. Aunque dicha pericia fue practicada a la agraviada a la edad de 13 años, en esta se consignó como resultado que su edad mental era la de una niña de 10 años y 9 meses, lo que corrobora lo narrado por su padre en relación a su discapacidad.

DECIMOTERCERO. En lo que concierne a la persistencia, tal como lo anotamos, la agraviada declaró mediante entrevista en cámara Gesell y en el juicio oral. Por consiguiente, de manera uniforme reiteró la sindicación en contra del acusado.

DECIMOCUARTO. Este Supremo Tribunal valora que las declaraciones de los padres de la menor agraviada, explican el contexto en que se conocieron los hechos y la actitud que su hija tuvo luego de los mismos. Por otra parte, ponen de manifiesto, tal como lo señaló la agraviada, que el acusado se aprovechó de la confianza que ella depositó en él por ser la seguridad de la cuadra, la confianza en particular que él tenía para con su familia, ya que su hermano le daba la clave del wifi a cambio del pago de una suma mínima. A lo que es preciso sumar la situación de vulnerabilidad en la que se hallaba la menor por tratarse de una persona con capacidades especiales.

A su vez, en reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte, se ha establecido que el himen complaciente de la agraviada y la ausencia de lesiones no excluyen en sí mismas la comisión del delito de violación sexual, sino que es preciso analizar las demás pruebas obrantes7. En este caso, como se anotó, existen otras más de carácter contundente que afirman la responsabilidad del acusado en los hechos.

Por lo tanto, luego de analizar la sindicación de la menor y la prueba periférica, se comparte la conclusión de la Sala Penal Superior, en el sentido de que se cumplió con las garantías de certeza del Acuerdo Plenario N.°2- 2005/CJ-116, y que la valoración probatoria cumplió con los estandares de una debida motivación de las resoluciones judiciales. Por lo tanto, se enervó la presunción de inocencia del acusado, que como derecho fundamental le asistía. De esta manera, se descartan los agravios de la defensa y se ratifica la condena.

EN CUANTO A LA PENA IMPUESTA

DECIMOQUINTO. Para determinar la corrección de la pena impuesta al sentenciado es preciso partir de la conminación legal prevista para el delito materia de condena, que fue el de violación sexual de menor de edad previsto en el inciso 2 del artículo 173 del CP. Está conducta está sancionada con una pena no menor de treinta ni mayor de treinta y cinco años de privación de libertad.

Al respecto, el fiscal superior solicitó el extremo mínimo legal y la Sala Penal Superior, en atención al sistema de tercios y los fines de la pena, le impuso la cantidad de pena solicitada por el fiscal superior.

Con relación a la pena impuesta, consideramos que no existe ninguna causal de disminución de punibilidad o beneficio premial que permita reducir la pena por debajo del mínimo legal. Por consiguiente, esta debe ser ratificada.

SOBRE LA REPARACIÓN CIVIL Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA

DECIMOSEXTO. Con relación a la reparación civil, apreciamos que la Sala Penal Superior fijó el monto de cinco mil soles a favor de la agraviada, extremo que no fue cuestionado por la defensa, por lo que se ratifica. No obstante, es preciso que este Supremo Tribunal advierta que las víctimas en el proceso penal también tienen, entre otros derechos, el de obtener una reparación integral del daño generado por la comisión del delito8, la cual no puede limitarse a la compensación económica que se impone pagar al responsable del daño causado.

De ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su diversa jurisprudencia la procedencia de una reparación que atienda adecuadamente los padecimientos psicológicos e inmateriales sufridos por las víctimas, como obligación a cargo del Estado. Esto comprende el tratamiento psicológico que debe ser brindado de forma gratuita e inmediata, por personal e instituciones especializadas estatales y, en la medida de las posibilidades, en los centros más cercanos a su lugar de residencia. Además, el tratamiento debe considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada víctima9.

Por ende, una reparación integral comprende necesariamente la recuperación psicológica que sufrió la víctima como consecuencia del hecho delictivo en su contra, entre los que, sin duda, cabe considerar los delitos contra la indemnidad y la libertad sexual, con especial atención en el caso de menores de edad y personas con discapacidad10.

DECIMOSÉPTIMO. Conforme con la Convención sobre los Derechos del Niño, citada en diversas Ejecutorias Supremas, el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica del niño víctima de abuso sexual; así como su reintegración social, la cual se llevará a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y su dignidad (artículo 39).

El citado mandato convencional se ha introducido legalmente a nuestro ordenamiento jurídico, mediante el artículo 38 del Código de los Niños y Adolescentes11 y el artículo 20 de la Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar12.

De modo que, en los casos en que no se disponga del tratamiento psicológico a las víctimas, este Supremo Tribunal, desde el 13 de enero de 202013, estableció que corresponde integrar esta obligación convencional y legal en las sentencias recurridas.

DECIMOCTAVO. En atención a lo anotado, se advierte que la Sala Superior omitió disponer el tratamiento terapéutico y atención integral a favor de la menor agraviada. Por tanto, corresponde integrar la sentencia recurrida, en mérito a las obligaciones del Estado y las normativas convencional y nacional mencionadas, a efectos de que se brinde tratamiento psicológico a la víctima, el cual se efectivizará a través de las dependencias del Ministerio de Salud14, y cuya supervisión estará a cargo del juez de ejecución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas y los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República ACORDARON:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la Sentencia del doce de noviembre de dos mil veintiuno emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a ROLANDO LUIS TINEO SÁNCHEZ como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales A. H. F. T.. En consecuencia, le impuso treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la citada agraviada; con lo demás que contiene.

II. INTEGRAR la referida sentencia en el sentido que la menor agraviada identificada con las iniciales A. H. F. T. sea sometida a un tratamiento psicológico oportuno y adecuado, a cargo del Ministerio de Salud, cuya supervisión estará a cargo del juez de ejecución.

III. ORDENAR que se notifique la presente Ejecutoria Suprema a las partes apersonadas en esta instancia, que se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Coaguila Chávez por licencia del juez supremo Guerrero López.


1 Publicada el 19 de agosto de 2013, vigente al momento de los hechos.
2 Del 6 de diciembre de 2011. Asunto: Apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, fj. 16.
3 F. j. 21.
4 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México. Sentencia del 30 de agosto de 2010. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Fundamento 100. Pronunciamiento que fue reiterado en el caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia del 31 de agosto de 2010. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 89.
5 STC N.° 05121-2015-PA/TC, del 24 de enero de 2018, FJ 12.
6 De 30 de septiembre de 2005. Asunto. Requisitos de la sindicación de coacusado, testigo o agraviado.
7 Recurso de Nulidad N.° 870-2020/Lima Este. Del 25 de marzo de 2022. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu
8 Como así lo reconoció y especificó esta Corte Suprema de Justicia, en el Acuerdo Plenario N.° 4-2019/CIJ-116. Asunto: determinación de la pena y concurso real, FJ 19.
9 Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 235. Asimismo, se tienen sentencias previas que resolvieron en el mismo sentido, como en los casos de Barrios Altos vs. Perú, Masacre de los Dos Erres vs. Guatemala y Anzualdo Castro vs. Perú.
10 Recurso de Nulidad N.° 939-2019/Lima. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu.
11 Dedicado a los Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual y el citado artículo textualmente establece que: “El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico o de violencia sexual merecen que se les brinde atención integral mediante programas que promuevan su recuperación física y psicológica. El servicio está a cargo del Sector Salud. Estos programas deberán incluir a la familia”.
12 El cual prescribe que las sentencias condenatorias que pongan fin a los procesos por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra los integrantes del grupo familiar (entre los que se incluye a menores de edad), como parte de la reparación del daño causado a la víctima de violación sexual, se debe imponer a su favor un tratamiento terapéutico.
13 Recurso de Nulidad N.° 102-2019/Lima Norte. Ponente: jueza suprema Castañeda Otsu. Posición reiterada en los recursos de nulidad números 557-2019 del 6 de mayo, 865-2019 del 27 de mayo, 938-2019 del 1 de junio, 1098-2019 del 17 de junio y 1602-2019 del 1 de septiembre de 2021.
14 Literales a y b del artículo 5 del Decreto Legislativo N.º 1161, Decreto que Aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, publicada el 7 de diciembre de 2013.

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