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HOMICIDIO: Insuficiencia de pruebas en el análisis de responsabilidad penal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1778-2021
CUSCO

Insuficiencia de pruebas en el análisis de responsabilidad penal

Sumilla. la declaración del coimputado no supera el análisis externo de corroboración, carece de entidad y se encuentra limitado ante la ausencia de medios de prueba, lo que impide corroborar la tesis acusatoria, por lo que no es posible determinar la responsabilidad penal del acusado absuelto Noguera Lara ante la imposibilidad de desvirtuar el principio constitucional in dubio pro reo por insuficiencia de pruebas.

En atención a lo expuesto, considerando que la presunción de inocencia del imputado, prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Perú, se mantiene incólume, corresponde confirmar su absolución.

Lima, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Mixta, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco (foja 948), en el extremo que absolvió a José Noguera Labra de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, en agravio del occiso Julián Ccotohuanca Mamani; y por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (en el que se subsume el delito de tenencia ilegal de arma de fuego) en perjuicio de Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca, Yoni Cruz Terán y la Municipalidad Provincial de Canas.

Con lo expuesto en el dictamen del fiscal supremo penal. Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Primero. Conforme dictamen fiscal del dieciséis de junio de dos mil tres (foja 421), aclarada e integrada por dictamen del siete de setiembre de dos mil veintiuno (foja 834) se advierte que los hechos incriminados refieren que:

1.1. A las 03:30 horas del cinco de noviembre de dos mil uno, el agraviado mototaxista Julián Ccotohuanca Mamani se encontraba en custodia del acusado, a quien conjuntamente que sus compañeros de trabajo (Oscar Mamani Aragón, Pío Julio Ccolohuanca Román y Rony Paucara Parí) intervino por agredir físicamente a otro de sus compañeros de nombre Urbano Condori Quispe en las inmediaciones de la avenida Arequipa, y mientras sus compañeros perseguían a un segundo delincuente, el citado mototaxista fue víctima de un intempestivo disparo por arma de fuego a la altura del ojo izquierdo que efectuó el acusado Noguera Labra, que lo dejó casi sin vida en el lugar. El procesado previamente estivo libando licor.

1.2. Posteriormente, conjuntamente con el sentenciado Edgar Velasco Herrera, perpetró el robo agravado en perjuicio de Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca en horas de la noche del treinta de octubre de dos mil uno, oportunidad en la que ingresaron a la vivienda de este ubicada en la localidad de Acopia-Acomayo, luego de reducirlos sustrajeron una motosierra marca Sthill y US$ 1000 (mil dólares americanos).

1.3. De la misma forma, en horas de la madrugada del tres de noviembre de dos mil uno, en las instalaciones del municipio provincial de Canas- Yanaoca, los procesados procedieron a sustraer diversos accesorios de la antena de televisión que no fueron recuperados.

1.4. Por su parte, los últimos días del mes de octubre de dos mil, en horas de la noche, sustrajeron cinco paneles solares de las instalaciones de la empresa Alcatel S. A. ubicada en el distrito de Pitumarca, los que fueron recuperados.

Segundo. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos descritos, el titular de la acción penal postuló la configuración de:

2.1. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio simple, normado en el artículo 106 del Código Penal.

2.2. Delito contra el patrimonio-robo agravado, normado en el artículo 188 (tipo base) concordado con las agravantes previstas en los incisos 1, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del citado Código, modificado por la Ley N.º 27472 vigente a la fecha de los hechos.

DELIMITACIÓN DEL RECURSO IMPUGNATORIO

Tercero. El representante del Ministerio Público en su recurso de nulidad formalizado por escrito del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno (foja 979) denunció la vulneración del deber de motivación, tutela jurisdiccional efectiva y legalidad procesal. Postuló como agravios que:

3.1. En cuanto al delito de homicidio calificado la Sala Superior no tuvo en cuenta la prueba actuada, tales como: manifestación de Pío Julio Callohuanca Román (escuchó el disparo, vio al agraviado tendido de bruces y al autor fugar del lugar), Oscar Mamani Aragón, Rony Pauccara Pari, Miguel Laura Quispe (su hermana le comunicó que su esposo se encontraba buscado por matar a una persona y posteriormente encontró en su casa a este, su cuñado Julio Néstor Noguera Labra ahora identificado como José Noguera Labra, quien en forma desesperada le comunicó que mató a una persona y le mostró un revólver con una tambor y dos cartuchos vacíos, que habría usado para dicho hecho), Rosalia Laura Quispe (el hermano de su conviviente Gustavo Noguera Labra, refiriéndose al acusado, le comunicó que mató a una persona que era mototaxista) y Leoncio Laura Ccanchi (el acusado le refirió que victimó a una persona con arma, la misma que mostró pero que no dio detalles de los hechos).

3.2. Respecto al delito de robo agravado se tiene la manifestación del sentenciado Edgar Velasco Herrera, ratificada a nivel de instructiva (en relación con el robo de Ccotohuanca Choquehuanca y la Municipalidad Distrital), así como la manifestación del agraviado Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca, Leoncio Guzmán Clemente y de los menores Luis Alberto Guzmán Larota y Eldibran Guzmán Larota. Dichas diligencias se realizaron con participación del representante del Ministerio Público por lo que tiene plena validez, más aún que estas no fueron objetadas ni cuestionadas por el acusado.

3.3. La Fiscalía de manera expresa solicitó la remisión a la prueba indiciaria; sin embargo, la Sala Superior no emitió pronunciamiento alguno, situación que afecta el principio de congruencia procesal.

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

Cuarto. La Sala Superior, mediante resolución del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (foja 948) concluyó en la absolución del encausado Noguera Labra por considerar que no existen suficientes elementos probatorios de cargo para enervar la presunción de inocencia. Precisó que: En cuanto al delito de homicidio

4.1. Si bien encuentra probado el deceso del occiso como consecuencia de una perforación y hemorragia ocasionada por herida de bala, la responsabilidad del acusado no se encuentra probada pues los testigos presenciales Pío Callohuanca Román, Oscar Mamani Aragón y Rony Pauccara Pari indicaron no conocer al sujeto que atraparon y disparó al agraviado. Si bien describen su fisonomía (pelo corto lacio color negro, cara larga, blancón, nariz recta, mogote en la parte media, ojos relativamente grandes, contextura delgada y talla alta), ello no resulta suficiente para tener certeza absoluta que estas correspondan al imputado. No se practicó una diligencia de reconocimiento.

4.2. Además, en cuanto a las declaraciones testimoniales de Miguel Laura Quispe, Rosalía Laura Quispe y Leoncia Laura Ccanchi, estas no resultan pertinentes para establecer la participación y vinculación del imputado, al no ser testigos presenciales sino testigos de referencia o de oídas, que no tienen mérito probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia, como se ha desarrollado en la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad N.º 173-2012/Cajamarca. Lo referido por estos es el relato autoinculpatorio del acusado, quien en juicio oral niega los cargos e incluso niega conocer a dichos testigos.

4.3. De otro lado, no se probó cuál fue el arma de fuego que percutó el proyectil de bala que impactó al agraviado.
Respecto al delito de robo agravado

4.4. Ninguno de los testigos logra identificar plenamente al imputado. De lo declarado por los menores Luis Alberto y Eldibrant Guzmán Larota se tiene que las cuatro personas que ingresaron al local de la antena de televisión de Canas, estaban encapuchadas.

4.5. En igual sentido, en el robo de los US$ 1000 (mil dólares americanos) y una motosierra, el agraviado Ccotohuanca Choquehuanca no identificó a los autores, contrariamente precisó que estos estaban con pasamontañas.

4.6. Para analizar lo declarado por el sentenciado Edgar Velasco Herrera sobre el robo del motor de lancha y motosierra, debe de tomarse en cuenta la ejecutoria suprema dictada en el presente proceso-Recurso de Nulidad N.º 2576-2016 respecto a la declaración del coimputado, puesto que la incriminación que este formula no se corrobora con otras pruebas.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Quinto. Convoca al presente pronunciamiento el recurso de nulidad postulado por el representante del Ministerio Público frente a la absolución dictaminada a favor de Noguera Lara, en los seguidos en su contra por los delitos de homicidio y robo agravado.

El recurrente postula, en lo medular, la incorrecta valoración de la prueba actuada (declaración de testigos) en el razonamiento desplegado por la Sala Superior para concluir en la absolución dictada.

Sexto. Corresponde establecer como preámbulo del presente análisis que dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de valoración de la prueba en materia penal.

En primer lugar, la garantía de presunción de inocencia normada en el literal 2 del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa1.

En segundo lugar, rige lo normado en el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, según el cual los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados por los jueces, con criterio de conciencia. Si bien el juez o la Sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que sobre la base de una actividad probatoria concreta (nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo), jurídicamente correcta (las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles) se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia (determinadas desde parámetros objetivos) o de la sana crítica, motivándola debidamente2.

Séptimo. Además, el juicio conclusivo emitido por el operador de justicia debe encontrarse debidamente motivado3, lo que exige una precisión detallada de las razones o justificaciones objetivas que lo llevaron a tomar determinada decisión.

Esta obligación se reviste en una garantía constitucional frente al ius puniendi estatal, y se encuentra normada en el numeral 5 del artículo 139 de la norma fundamental. A este respecto, la jurisprudencia de esta Sala Suprema ha establecido que:

Toda decisión jurisdiccional, de primera y segunda instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, ha de estar motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que permita entender el porqué de lo resuelto (basta con que se exprese o expliquen las razones jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicos alegadas por la parte)4.

Respecto al delito de homicidio calificado

Octavo. En el presente caso existe uniformidad y certeza respecto a la materialidad del delito, esto es, el deceso de la víctima Julián Ccotohuanca Mamani, mediando del uso de arma de fuego por parte de tercera persona, conforme se advierte del acta de levantamiento de cadáver (foja 59) que describe, de manera preliminar, las lesiones verificadas en el cuerpo del occiso; asimismo, se cuenta con el certificado de necropsia (foja 75) y el Protocolo de Autopsia N.º 180-S-2001 (foja 87) que permitieron establecer como causa de muerte: “Perforación y hemorragia cerebral. Fractura techo orbitrario izquierdo. Herida por bala”; además, precisó como agente causante: “Arma de fuego”.

Noveno. La vinculación del absuelto Noguera Lara en la investigación que dio mérito al presente proceso penal surge en razón a lo depuesto de manera preliminar por los testigos Miguel Laura Quispe (foja 29), Rosalía Laura Quispe (foja 33) y Leoncio Laura Ccanchi (foja 36), como bien refiere el recurrente. No obstante, del estudio de autos se verifica que el relato que estos brindaron se limita a información que a su vez recibieron de terceras personas, incluido el propio acusado, es decir, se trata de testigos de oídas o referencia, que no apreciaron el hecho delictivo de manera directa, esto es, que su relato no nos remite a su propia percepción sensorial.

Así, el testigo Miguel Laura Quispe señala, con presencia del titular de la acción penal que:

Su hermano de Julio Néstor Noguera Lara quien le había comunicado a mi hermana que su esposo se encontraba buscado por cuanto en horas de la mañana había matado a una gente y que por esa razón se encontraba buscado […]. Al llegar a la casa de mi padre, le encontré a mi cuñado Julio Néstor Noguera Lara, quien venía libando licor con mi padre Leoncio Laura Ccanchi, es donde mi cuñado Lara Noguera en forma muy desesperada me comunicó que le había pasado un incidente […]. Contestándome que había matado a una persona en Sicuani, en horas de la madrugada haciéndome ver un revólver con tambor, indicándome que con esta arma lo he matado, asimismo, me hizo ver dos cartuchos vacíos […]; por el estado de ebriedad en que se encontraba no le he creído.

Por su parte, la testigo Rosalía Laura Quispe refirió: “Nos encontramos con el hermano de mi conviviente Alejón (Gustavo Noguera Labra) quien en ese momento me dijo que también estaba buscando a mi conviviente […], toda vez que lo había matado a una persona […], que había victimado a un mototaxista”.

Mientras que el testigo Leoncio Laura Ccanchi señaló:

Julio Noguera se había constituido en mi domicilio […], durante la conversación empezó a contarme que la noche anterior lo había victimado a una persona un arma, el mismo que lo había guardado en su bolsillo del pecho de su casaca, incluso nos hizo mirar a mí y a mi esposa, pero los detalles como los ha matado no me dijo.

La fuerza acreditativa del relato de dichos testigos resulta limitada dadas las características mismas de su fuente de naturaleza directa; no obstante, ello no soslaya de manera limitar su mérito probatorio, por lo que corresponde continuar con el análisis del resto de actuaciones probatorias.

Décimo. Seguido, en la materialización de los hechos se verifica la concurrencia de dos testigos presenciales: Pío Julio Callohuanca Román (foja 22, con presencia fiscal) y Oscar Mamani Aragón (foja 25, con presencia fiscal) quienes se encontraban junto con el agraviado tras haber reducido al presunto acusado con motivo de una gresca previa. No obstante, se advierte que pese a encontrarse en el lugar y momento de ocurrido el evento criminal, ninguno de estos identificó de manera plena al acusado Noguera Lara como el titular de los disparos. Aun cuando proporcionaron las características físicas del autor de los disparos, las mismas que resultan coincidentes, Callohuanca Roman indicó: “Pelo corto lacio color negro, cara larga, blancón, de nariz recta con un mogote en la parte media, ojos relativamente grandes, contextura delgada, de talla alta”. Mamani Aragón señaló: “Sujeto alto, de contextura delgada, blancón, cara larga, pelo corto”. No se practicó diligencia de reconocimiento respectiva, conforme con lo normado en el artículo 146 del Código de Procedimientos Penales, si bien obra en autos la instrumental nominada “Acta de reconocimiento” (foja 65, con participación del representante del Ministerio Público) esta se limitó a poner a la vista de los testigos doce dibujos con rasgos físicos del sujeto descrito, de tal forma que estos identificaron a los sujetos números 8 y 9. En todo caso, resulta manifiesto que el referido reconocimiento de los testigos tampoco es uniforme pues identificaron dos imágenes presumiblemente distintas, la referencia condicionada responde al hecho que no obran en autos las gráficas o dibujos a los que se hizo referencia. Ahora bien, aun cuando en autos se verifica un retrato hablado (foja 154) como anexo del Parte N.º 513-X-RPNP-ORCRI-DIC (foja 152), se trata de tres imágenes disímiles entre sí y que dada su naturaleza impide la identificación plena del acusado, no se advierte la realización de una pericia de homologación u otra evaluación técnica orientada a tal fin.

Decimoprimero. Si bien el sentenciado Edgar Velasco Herrera refirió a nivel preliminar y de instrucción la presencia del acusado Noguera Labra por inmediaciones del lugar e indicó que, en efecto, fueron perseguidos por sujetos mototaxistas, este no evidenció de manera directa ninguno de los acontecimientos que surgieron después de dicho supuesto, pues este huyó del lugar en dirección distinta y dejó a su coimputado, de aquí que su relato tampoco resulta concluyente en la dilucidación de los hechos.

Lo expuesto, de conformidad con lo desarrollado por la Sala Superior, lleva a concluir que no obran en autos mayores elementos de prueba que permitan establecer, aun de manera indiciaria, la participación del acusado Noguera Lara.

Decimosegundo. Conforme jurisprudencia asentada por este Tribunal Supremo, toda sentencia de tenor condenatorio debe sustentarse en una actividad probatoria suficiente, capaz de permitir alcanzar certeza de culpabilidad del acusado5, caso contrario corresponderá concluir en su absolución, sea porque la prueba resultó insuficiente (primer párrafo del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales); o, en su defecto, porque lo actuado presenta un supuesto de duda de la responsabilidad del encausado (la duda favorece al reo o in dubio pro reo).

En el primer caso, que se trata de algo objetivo, supone que a falta de pruebas la presunción de inocencia (garantía constitucional prevista en el literal 2 del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, que propugna la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa6) no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume. Por otro lado, el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidades que debe reunir estas)7.

En el presente caso, nos encontramos ante un supuesto de insuficiencia de pruebas, pese a la plena capacidad probatoria de las partes (no se objetó limitación al respecto), sumado a la data de los hechos (dos mil uno), por lo que corresponde refrendar la absolución del acusado José Noguera Lara por el delito de homicidio calificado.

En cuanto al delito de robo agravado

Decimotercero. La determinación de responsabilidad del acusado Noguera Lara por el delito de robo agravado nos remite, medularmente, a la sindicación que formuló en su contra su coimputado, sentenciado Velasco Herrera, quien desde la etapa incipiente de la investigación, esto es, a nivel preliminar, con presencia del titular de la acción penal (foja 47), posteriormente en instrucción (foja 242, con la precisión que en dicha oportunidad desconoció su participación en los hechos incriminados y alegó que fue objeto de maltratos por parte de los efectivos policiales para autoincriminarse) y luego a nivel de juicio oral seguido en su contra (sesión de audiencia del veintiuno de agosto de dos mil tres, foja 438) detalló la participación del citado recurrente en los latrocinios objeto de procesamiento. Así precisó que José Noguera, junto con su hermano Luis Noguera (sentenciado absuelto), sustrajeron las pertenencias del agraviado Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca, pareja de Yoni Cruz Terán, y de la Municipalidad Provincial de Canas, quienes serían los titulares de las armas de fuego utilizadas para amedrentar a sus víctimas y facilitar la sustracción.

Decimocuarto. Ahora bien, aun cuando el testimonio de un coimputado puede ser utilizado para formar convicción judicial —pues no existe descalificación procedimental—, justamente por tratarse de hechos cometidos en comunidad, su condición no es asimilable a la de un testigo; por tanto, demanda valorar diversas circunstancias conexas que se erigen en criterios de credibilidad –no de mera legalidad– que permiten establecer si existen datos relevantes que las desnaturalizan o situaciones que explicarían que el coimputado pudiese mentir, conforme lo ha desarrollado el Acuerdo Plenario N.º 02-2005/CJ-116 (fundamento jurídico octavo)8.

En el presente caso, corresponde evaluar la versión incriminatoria del citado coimputado de cara a cada uno de dichos factores de certeza. Así, respecto al análisis subjetivo no se advierte la presencia de relaciones de venganza y animadversión frente a su coimputado. Supuesto que permite concluir que su declaración reviste credibilidad.

Por otro lado, en cuanto a la coherencia y solidez en el relato del coimputado se verifica que el tenor de lo descrito por Velasco Herrera resulta concordado y persistente en cuanto a la incriminación del acusado absuelto.

No obstante, desde la perspectiva externa de la sindicación, conforme adecuadamente ha señalado la Sala Superior, la versión esgrimida por el sentenciado Velasco Herrera en cuanto a la participación de Noguera Lara no se refrenda en ningún elemento de prueba que permita respaldar aun de manera indiciaria su dicho. Si bien obran en autos las declaraciones de los agraviados Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca, Leoncio Guzmán Clemente, y de los menores Luis Alberto Guzmán Larota y Eldibran Guzmán Larota, como adecuadamente postula el recurrente, dichos relatos no resultan determinantes en la identificación del acusado, pues se limitan a precisar el contexto fáctico en que se desarrollaron los hechos, en el que refieren que los agentes penales se presentaron con el rostro cubierto con pasamontañas.

Decimoquinto. De aquí que la declaración del coimputado no supera el análisis externo de corroboración, carece de entidad y se encuentra limitado ante la ausencia de medios de prueba, lo que impide corroborar la tesis acusatoria, por lo que no es posible determinar la responsabilidad penal del acusado absuelto Noguera Lara ante la imposibilidad de desvirtuar el principio constitucional in dubio pro reo por insuficiencia de pruebas.

En atención a lo expuesto, considerando que la presunción de inocencia del imputado, prevista en el apartado e del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Perú, se mantiene incólume, corresponde confirmar su absolución.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Mixta, Liquidadora y de Apelaciones de Canchis de la Corte Superior de Justicia del Cusco (foja 948), en el extremo que absolvió a José Noguera Labra de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, en agravio del occiso Julián Ccotohuanca Mamani; y por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado (en el que se subsume el delito de tenencia ilegal de arma de fuego), en perjuicio de Eusebio Ccotohuanca Choquehuanca, Yoni Cruz Terán y la Municipalidad Provincial de Canas.

II. Se devuelvan los autos al tribunal superior para los fines de ley y se haga saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

Intervino la magistrada Carbajal Chávez por licencia de la jueza suprema Castañeda Otsu.


1 Corte IDH. Caso Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece. Serie C N.º 275, párr. 233.
2 Conforme con lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre del dos mil cinco. Fundamento jurídico 6.
3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N.° 00728-2008-PHC/TC, LIMA, del trece de octubre de dos mil ocho: “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso” (fundamento jurídico 7).
4 SALA PENAL PERMANENTE de la Corte Suprema de Justicia. Casación N.° 05- 2007/HUAURA, del once de octubre de dos mil siete. Fundamento jurídico sexto.
5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6: “La sentencia condenatoria se debe fundar en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado”.
6 Corte IDH. Caso Corte IDH. Caso J. vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil trece. Serie C N.º 275, párr. 233.
7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en el expediente N.° 728-2008-PHC/TC, del trece de octubre de dos mil ocho. Fundamento jurídico 37.
8 En el derecho comparado, la jurisprudencia española ha establecido que: “La declaración incriminatoria de un coimputado se constituye en prueba de cargo válida para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones prestadas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad. […] Es la existencia de alguna corroboración lo que permite proceder a la valoración de esa declaración como prueba de cargo”. TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA. Recurso de Casación número 241-2019, del nueve de mayo de dos mil diecinueve, fundamento jurídico tercero.

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