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ROBO : El testimonio de la víctima, su estatus especial y la necesidad de una corroboración mínima.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 213-2022
LIMA SUR

El testimonio de la víctima, su estatus especial y la necesidad de una corroboración mínima

Ante una sindicación incriminatoria, la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-116, estableció como doctrina legal las garantías de certeza que deberá cumplir la sindicación para que tenga la entidad probatoria de enervar la presunción de inocencia del imputado, las cuales son: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. b) Verosimilitud. c) Persistencia en la incriminación. Uno de los aspectos centrales en esa lógica de valoración probatoria es la necesidad de una corroboración mínima.

Lima, diecisiete de enero de dos mil veintitrés

VISTOS: los recursos de nulidad formulados por Gersson Acmed Santos Flores y Renso Yaranga Gonzales contra la sentencia del treinta de abril de dos mil veinte (folio 563), expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Mediante dicha resolución se condenó a los referidos acusados como coautores del delito de robo con agravantes (previsto en los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189, en concordancia con el artículo 188 del Código Penal), en agravio de Jackelyn Magaly Vásquez Morí (administradora del Gimnasio Instructor G & M) y Rómulo Amador Sosa Soto. Como consecuencia, les impusieron ocho años de pena privativa de libertad con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

PRIMERO. MARCO LEGAL DE PRONUNCIAMIENTO

El recurso de nulidad está regulado en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales (en adelante, C de PP) y constituye el medio de impugnación de mayor jerarquía entre los recursos ordinarios del ordenamiento procesal peruano1. Está sometido a motivos específicos y no tiene (salvo las excepciones de los artículos 330 y 331) efectos suspensivos, de conformidad con el artículo 293 del mismo texto procesal. El ámbito de análisis de este tipo de recurso permite la revisión total o parcial de la causa sometida a conocimiento de la Corte Suprema, tal y como lo regula el contenido del artículo 298 del C de PP.

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Fluye de autos que el 27 de enero de 2017, aproximadamente a las 21:30 horas, cuando los clientes del Gimnasio Instructor G & M (ubicado en el lote 17 de la manzana A en el Sector 3 del Grupo 22 del distrito de Villa El Salvador) salían del local, ingresaron los acusados Gersson Acmed Santos Flores y Renso Yaranga Gonzales, quienes premunidos de armas de fuego le apuntaron al agraviado Rómulo Amador Sosa Soto, y lo hicieron volver a ingresar junto con otros clientes, los llevaron a las escaleras interiores que dan acceso al segundo piso y cerraron la puerta de acceso al segundo piso.

El encausado Yaranga Gonzales rebuscó entre las prendas del agraviado Sosa Soto y lo despojó de un canguro de lona que contenía su carné de identificación policial, una tarjeta Multired, ciento ochenta soles en efectivo y su teléfono celular; facilitando de esta manera que el acusado Santos Flores se dirija a la caja del mencionado gimnasio para sustraer la suma de tres mil soles e inmediatamente acercarse a cada uno de los clientes que se hallaban en el lugar de los hechos y despojarlos de sus pertenencias, tales como teléfonos celulares, billeteras y carteras, entre otros.

En dichos momentos en los demás clientes –que se hallaban en el segundo piso– tomaron los tachos de basura que se encontraban en ese lugar y los lanzaron por las ventanas a la calle, mientras pedían auxilio; razón por la cual los encausados salieron rápido del local y abordaron un mototaxi de placa rodaje A26155, que habían dejado estacionado en la esquina de la calle donde se ubica el gimnasio en referencia con la intención de fugar. Sin embargo, no lograron encenderla, optando por empujarla unos sesenta metros hasta que se estrelló contra la pared de una casa aledaña, así que la abandonaron y efectuaron disparos mientras corrían con dirección al asentamiento humano Chavín de Huantar de Villa El Salvador.

TERCERO. FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

3.1. El sentenciado Gersson Acmed Santos Flores, al fundamentar el recurso de nulidad (folio 609), sostuvo que:

a) No hay imputación necesaria contra el recurrente.

b) No se tuvo en cuenta su declaración durante todo el proceso, en el cual negó haber cometido el delito imputado. Además, ningún testigo lo sindica.

c) La Sala valora las testimoniales de Pilar Rosa Lachapelle y Blanca Azucena Truenque Sáenz, pero estas carecen de sustento legal porque los testigos no concurrieron a la etapa judicial ni al plenario.

d) Si bien los agraviados sindican al recurrente, lo cierto también es que estos solo se basaron en simples referencias de los vecinos que no fueron identificados ni han declarado en el proceso.

e) En cuanto a la sanción penal, no se tuvo en cuenta el principio de humanidad de las penas y la realidad carcelaria.

3.2. El sentenciado Renso Yaranga Gonzales al fundamentar el recurso de nulidad (folio 616), sostuvo que:

a) Los agraviados refirieron haber tomado conocimiento de que los encausados fueron los agentes del delito, pero no detallaron la fuente ni las circunstancias de haber obtenido esa información. Existen defectos en el surgimiento de la sindicación.

b) La descripción de las características físicas de los autores del delito por parte de los agraviados, no coinciden con las del recurrente, como es el tamaño o estatura.

c) Los agraviados incurrieron en contradicciones entre sus manifestaciones preliminares y en el juicio oral.

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

4.1. Los agraviados, al momento de deponer su declaración, narraron los hechos materia de imputación por parte de dos sujetos que llegaron en un vehículo menor que dejaron estacionado en el frontis del gimnasio, y estaban premunidos con arma de fuego, con el cual amenazaron a los agraviados y a los clientes. Detallaron el momento y las circunstancias de cómo se suscitó el delito imputado y al mismo tiempo sindicaron a los encausados.

4.2. Se tiene, por tanto, que desde un principio efectuaron una sindicación incriminatoria contra los sentenciados recurrentes. Ante esta situación probatoria, la Corte Suprema, mediante el Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-116, estableció como doctrina legal las garantías de certeza que deberá cumplir la sindicación para que tenga la entidad probatoria de enervar la presunción de inocencia del imputado, las cuales son: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. b) Verosimilitud. c) Persistencia en la incriminación2. Estos criterios se aprecian con el rigor que corresponde y se trata de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde a este analizarlos ponderadamente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.

4.3. En ese sentido, en cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, no se ha acreditado que la sindicación de los agraviados haya sido motivada por cuestiones de odio, rencor o venganza contra los recurrentes, originados por un acontecim iento anterior al que se está imputando3. En consecuencia, sí se cumple la primera garantía de certeza.

4.4. Respecto a la verosimilitud y en cuanto a Gerson Acmed Santos Flores este Supremo Tribunal comparte la motivación realizada por la Sala Superior sobre los elementos probatorios de carácter corroborativo que permitieron la construcción judicial de la culpabilidad. Así tenemos que la incriminación efectuada contra él se colige con las actas de reconocimiento efectuadas por los agraviados (fotográfico a folios 58 y 60, y de persona a folios 72 y 73), además de los reconocimientos de los testigos Pilar Rosa Lachapelle Cadillo y Blanca Azucena Truenque Sáenz (fotográfico folios 64 y 68, y de persona 74 y 75).

En dichas diligencias los deponentes, previo al acto de reconocimiento, detallaron las características físicas de los sujetos que habrían cometido el ilícito, las cuales coinciden con las del recurrente Santos Flores. Cabe precisar que se contó con la participación del representante del Ministerio Público.

A esto se debe sumar, a propósito de los elementos objetivos de corroboración, que se demostró que el vehículo que fue utilizado como medio comisivo y fue abandonado cerca al lugar de los hechos (ver actas de reconocimiento vehicular de folios 70 y 71), era utilizado por Santos Flores según la propia declaración de este, aunado a la testimonial de Alex Ricardo Tineo Saldarriaga (folio 40), quien indicó ser el dueño de la mototaxi y que desde diciembre de 2016 cedía el vehículo precisamente a Santos Flores por el concepto de alquiler.

Precisó que el día de los hechos, aproximadamente a las 4 p. m., su moto no se encontraba donde la había dejado, por lo que asumió que Santos Flores la tomó pues este era el único que tenía las llaves y documentos de la mototaxi.

Sucedió que ese día y hasta el día siguiente no obtuvo respuesta por parte del recurrente ni pudo ubicarlo, por lo que decidió denunciar el robo de su vehículo, dándose con la sorpresa de que había sido utilizado para cometer los fácticos del presente caso.

Este último dato, sobre la posesión de ese vehículo menor por parte de Santos Flores, resulta ser sumamente relevante para establecer la corroboración periférica que vincula al recurrente con el ilícito imputado.

4.5. Ahora, sobre la persistencia en la incriminación, se advierte que la sindicación preliminar de los agraviados contra el recurrente Santos Flores fue uniforme y sólida, y se mantuvo hasta el juicio oral, relatando la ocasión, lugar y modo de cómo se suscitaron los hechos atribuidos; reconociendo a esta persona como uno de los autores, sin ambaje o dubitación de ninguna naturaleza. Por tanto, también se cumple esta última garantía de certeza.

4.6. Distinta es la situación del recurrente Renso Yaranga Gonzales, que si bien los agraviados ratificaron en el juicio su incriminación, lo cierto también es que además de las actas de reconocimientos citados, no existe algún elemento probatorio periférico que refuerce o ratifique la imputación contra él.

Esta situación debilita la incriminación contra el referido encausado, tornándose así en insuficiente. Asimismo, al efectuar el cotejo de sus características personales, se advierte que la descripción física detallada en las actas de reconocimiento de los agraviados, no coinciden plenamente con Renso Yaranga Gonzales, principal y sustancialmente en cuanto a su estatura, se indicó que este medía 1,68 m; sin embargo, el recurrente mide 1,58 m según el detalle de su ficha Reniec.

Tal detalle biológico evidente le resta capacidad probatoria a la incriminación y diligencias de reconocimiento. Sumado a ello no existe otro elemento que corrobore su participación de tal manera que se demuestre su responsabilidad penal, por lo que este Supremo Tribunal estima que la prueba de cargo es insuficientes en este extremo, por lo que no se cumple de esta manera con la garantía de certeza que se exige (verosimilitud).

En consecuencia, no se ha enervado totalmente la presunción de inocencia que ampara a Renso Yaranga Gonzales, aunque tampoco se ha descartado en forma absoluta su participación, lo que ha sucedido en su caso es el surgimiento de una duda insuperable.

Por tanto, al no existir suficientes elementos de juicio incriminatorias y no existir tampoco mayores posibilidades de esclarecimiento, corresponde revocar la condena y, en consecuencia, absolver al referido recurrente, en armonía con el principio constitucional del in dubio pro reo, estipulado en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

4.7. En el caso de Gerson Acmed Santos Flores, es evidente que la sindicación incriminatoria de las víctimas, de conformidad con los fundamentos desarrollados en la sentencia recurrida y en la presente ejecutoria, cumple con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia), por lo que se ha generado un estado de convicción respecto a la culpabilidad del citado acusado, sobre una lógica racional, precisa y directa, por ser esta última una inferencia categórica deducida de la sucesión de los hechos declarados ut supra. Por tanto, se debe mantener su condena, al igual que las consecuencias jurídicas de carácter penal y civil.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON, NO HABER NULIDAD en la sentencia del treinta de abril de dos mil veinte (folio 563), expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que se condenó a Gersson Acmed Santos Flores como coautor del delito de robo con agravantes (previsto en los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189, en concordancia con el artículo 188 del Código Penal), en perjuicio de Jackelyn Magaly Vásquez Mori (administradora del Gimnasio Instructor G & M) y Rómulo Amador Sosa Soto. Como consecuencia, le impusieron ocho años de pena privativa de libertad, con lo demás que al respecto contiene.

II. HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo que condenó a Renso Yaranga Gonzales como coautor del delito de robo con agravantes (previsto en los incisos 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189, en concordancia con el artículo 188 del Código Penal), en perjuicio de Jackelyn Magaly Vásquez Morí (administradora del Gimnasio Instructor G & M) y Rómulo Amador Sosa Soto; e impusieron ocho años de pena privativa de libertad; y, REFORMÁNDOLA, absolvieron al citado encausado de la acusación fiscal por el mismo delito y agraviados.

III. DISPONER el levantamiento de las órdenes de ubicación y captura contra Renso Yaranga Gonzales por este hecho; siempre y cuando no exista otra orden de detención expedida por autoridad competente.

IV. DISPONER se anulen los antecedentes penales, policiales y judiciales del procesado Renso Yaranga Gonzales generados por este proceso.

V. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados a la sala superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Cfr. MIXÁN MASS, Florencio, en SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio. Derecho procesal penal. Lima: Grijley, 2014, p. 892.
2 “10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c del párrafo anterior”.
3 Los motivos espurios capaces de restar credibilidad a la declaración de la víctima, deben estar relacionados con los hechos anteriores al supuesto ilícito, de forma que la versión de aquellas sea consecuencia de haber urdido la trama delictiva; ver fundamento de derecho quinto de la ejecutoria suprema recaída en el recurso de Casación N.º 1179-2017/Sullana-Sala Penal Permanente.

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