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EL OBJETO IMPUGNABLE COMO LÍMITE AL RECURSO DE NULIDAD – QUERELLAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 914-2022-
LIMA

EL OBJETO IMPUGNABLE COMO LÍMITE AL RECURSO DE NULIDAD

En el presente caso, los querellantes han formulado su recurso de nulidad contra el auto de vista del 14 de diciembre de 2021, que resolvió confirmar la resolución del 15 de diciembre de 2020 que declaró no ha lugar a la apertura del proceso penal, decisión que no cubre la exigencia legal del objeto impugnable, que condiciona su admisibilidad; es decir, la resolución impugnada no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales. Razón por la cual, el recurso de nulidad planteado deviene en inadmisible, por lo que corresponde declarar nulo el concesorio.

Lima, veintiocho de octubre de dos mil veintidós

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por los querellantes YOMAR PEDRO CUENTAS DE LA CRUZ y LUIS ALFREDO LAM SEDANO, contra la resolución del 14 de diciembre de 2021, emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la resolución del 15 de diciembre de 2020 que declaró no ha lugar a la apertura del proceso penal contra Raquel Milagritos León Goicochea como presunta autora del delito contra el honor, difamación agravada, en agravio de los querellantes.

Con lo expuesto por la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERACIONES

I. IMPUTACIÓN FÁCTICA

1. Según la denuncia penal1, el marco fáctico de imputación es el siguiente:

La querellada Raquel Milagritos León Goicochea, en su condición de clienta de Rímac Seguros y Reaseguros S.A., remitió una carta notarial de fecha 20 de agosto de 2019, a través de la cual, refirió que fue obligada por personal de la empresa aseguradora a suscribir la transacción extrajudicial, al encontrarse supuestamente bajo efectos de medicamentos fuertes y antidepresivos, solicitando se deje sin efecto dicha transacción extrajudicial y se activen los seguros, caso contrario, procedería a iniciar acciones judiciales y a publicar un reportaje en un conocido canal de televisión sobre el supuesto maltrato por parte de Rímac.

Asimismo, el 6 de enero de 2020, remitió un correo al jefe de Análisis y Cobertura Vida y Accidentes de Rímac, Daniel Orbegozo Bringas, con copia a la Gerente de Siniestros Salud de Rímac, Patricia Medranda Villarreal y Yomar Pedro Cuentas de la Cruz, en el que atribuyó a los querellantes la comisión del delito de coacción, al indicar que la obligaron a firmar la referida transacción extrajudicial, aprovechándose de su estado de salud, refiriendo:

“Sr. Orbegoso:
Buenos días, envié una carta notarial y fue respondida por ustedes, indicando que no tienen nada pendiente de pagarme, cosa que no es cierto sus abogados de manera muy astuta el Dr. Lan y Dr. Cuentas, me hicieron firmar un documento extrajudicial donde yo renunciaba a todos mis seguros, cosa que jamás haría, pero se aprovecharon de mi estado de salud y lo lograron […]”

Continuando con su campaña de desprestigio, remitió diversos mensajes por la aplicación de mensajería “WhatsApp” a la subgerente de Comunicaciones de Rímac, Patricia Cortez Angulo, a fin de continuar con sus reclamos económicos, indicando nuevamente que fue obligada a suscribir la transacción extrajudicial y que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de los querellantes durante la reunión del 17 de agosto de 2017.

II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió la resolución materia de impugnación2 sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. Los querellantes Yomar Pedro Cuentas de la Cruz y Luis Alfredo Lam Sedano no han acreditado que la querellada Raquel Milagritos León Goicochea haya proferido frases difamantes en público o haberlo difundido.

2.2. De la carta notarial, el correo electrónico y la mensajería por WhatsApp, se advierte que la querellada emitió versiones en mérito a un reclamo en su condición de asegurada con Rímac Seguros y de cómo fue atendida por los querellantes al solicitar un pago por indemnización, los cuales fueron dirigidos a personas en específico, la primera a Rímac, la segunda a Daniel Orbegozo Bringas, con conocimiento de Patricia Medranda y Yomar Cuencas de la Cruz; y la tercera a Patricia Cortez Angulo, subgerente de Comunicaciones de Rímac, por lo que no se dan los presupuestos que configuran el delito que se denuncia, pues los hechos no se han producido ante varias personas, reunidas o separada, sino de personas de su centro de trabajo.

2.3. No se advierte el animus difamandi, ya que se habría producido en mérito de una investigación interna.

2.4. Respecto al delito de calumnia, los hechos se circunscriben a haberle atribuido la comisión del delito de coacción; sin embargo, no se infiere alguna afectación real a su persona, pues el hecho de poner en conocimiento una presunta comisión del hecho delictivo, de ningún modo por si solo puede constituir un delito de calumnia.

2.5. En ese sentido, no concurren los presupuestos que establece la norma procesal para la apertura del proceso penal. Por consiguiente, debe confirmarse la resolución venida en grado, por estar conforme a ley.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. Los querellantes Yomar Pedro Cuentas de la Cruz y Luis Alfredo Lam Sedano, en su recurso de nulidad fundamentado3, solicitaron la nulidad de la resolución impugnada. Alegaron los motivos siguientes:

3.1. La Sala Superior incurre en error al señalar que no se ha comprobado que la querellada haya proferido frases difamantes en público o haberlas difundido, omitiendo injustificadamente que la querellada ha propagado noticias falsas respecto a ellos por lo menos a tres personas de forma separada, a través de: i) carta notarial del 20 de agosto de 2019; ii) correo electrónico del 6 de enero de 2020; iii) mensajes por la aplicación de mensajería WhatsApp del 9 de enero de 2020; y, iv) correo electrónico del 28 de enero de 2020.

3.2. Se cumple el elemento objetivo del tipo penal referido a la difusión de mensajes ante varias personas, reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia. En el presente caso, existe pluralidad de destinatarios; por lo cual, la Sala Superior ha incurrido en una indebida interpretación del tipo penal al no considerar que el delito de difamación puede realizarse ante personas separadas. Por tanto, se vulnera la debida motivación de las resoluciones judiciales en la modalidad de deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas y motivación sustancialmente incongruente.

3.3. La Sala Superior ha considerado erróneamente como premisa que es necesario verificar el animus difamandi; sin embargo, ello no forma parte de los elementos típicos ni subjetivos del delito de difamación, ni de alguna de sus modalidades, por lo que existe deficiencias en la motivación externa y justificación de las premisas.

3.4. La Sala Superior incurre en error al interpretar el delito de calumnia, omite que se ha mancillado el honor de los querellantes al atribuírseles la comisión del delito de coacción y delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento sin medio probatorio alguno que los sustente. Por lo que se vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en la modalidad de falta de motivación interna del razonamiento.

IV. TIPIFICACIÓN DEL DELITO DENUNCIADO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados por los querellantes como delito de difamación agravada, previsto en el segundo párrafo, del artículo 132, del Código Penal, que sanciona:

Artículo 132. Difamación
El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa. Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa. […]

V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El derecho a la pluralidad de instancia —previsto en el artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú— se incorpora como una garantía de la función jurisdiccional. Sin embargo, ningún derecho es absoluto, lo que implica que este se encuentra sujeto a limitaciones legales; es decir, debe ser interpuesto en el modo, forma y plazos previstos por ley, por ser un recurso de configuración legal.

6. La característica esencial de los recursos impugnatorios es que están sometidos al principio de taxatividad. No toda resolución judicial es impugnable, solo lo son las que expresamente están precisadas en la ley, cuando así lo autorice la ley procesal —principio de legalidad— y siempre que produzca un efectivo perjuicio cierto e irreparable.

7. El Código de Procedimientos Penales, en su artículo 292, establece que las resoluciones recurribles en recursos de nulidad, procede contra:

a) las sentencias en los procesos ordinarios;
b) los autos expedidos por la Sala Penal Superior en los procesos ordinarios que, en primera instancia, revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio, la pena de multa o las penas de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres;
c) los autos definitivos dictados por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, extingan la acción o pongan fin al procedimiento o a la instancia;
d) los autos emitidos por la Sala Penal Superior que, en primera instancia, se pronuncien sobre la refundición de penas o la sustitución de la pena por retroactividad benigna, o que limiten el derecho fundamental a la libertad personal; y,
e) las resoluciones expresamente previstas por la ley.

8. Al respecto, en el presente caso, los querellantes Yomar Pedro Cuentas de la Cruz y Luis Alfredo Lam Sedano han formulado su recurso de nulidad contra el auto de vista del 14 de diciembre de 2021, que resolvió confirmar la resolución del 15 de diciembre de 2020 que declaró no ha lugar a la apertura del proceso penal contra Raquel Milagritos León Goicochea como presunta autora del delito contra el honor, difamación agravada, en perjuicio de los querellantes, decisión que no cubre la exigencia legal del objeto impugnable, que condiciona su admisibilidad; es decir, la resolución impugnada no se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales. Razón por la cual, el recurso de nulidad planteado deviene en inadmisible, por lo que corresponde declarar nulo el concesorio.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. NULA la resolución del 17 de marzo de 2022, que concedió el recurso de nulidad interpuesto y dispuso se eleve el cuaderno a esta Suprema Corte.

II. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por los querellantes YOMAR PEDRO CUENTAS DE LA CRUZ y LUIS ALFREDO LAM SEDANO, contra la resolución del 14 de diciembre de 2021, emitida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la resolución del 15 de diciembre de 2020 que declaró no ha lugar a la apertura del proceso penal contra Raquel Milagritos León Goicochea como presunta autora del delito contra el honor, difamación agravada, en perjuicio de los querellantes.

III. DISPONER que se archive lo actuado definitivamente, se notifique la presente resolución al tribunal superior y se haga saber.


1 Cfr. páginas 1-12 del expediente principal.
2 Cfr. páginas 204 y ss. del expediente principal.
3 Cfr. página 232 y ss. del expediente principal.

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